La ruptura de Leila Gianni con La Libertad Avanza acaba de subir varios escalones en la interna libertaria bonaerense. La concejala de La Matanza, que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se convirtió en una de las voces más visibles y combativas del oficialismo, abandonó definitivamente el espacio y ahora lanzó una acusación particularmente sensible: sostuvo que dirigentes vinculados al armado libertario solicitan parte del salario a militantes que consiguen incorporarse a organismos públicos.

El señalamiento fue formulado después de su salida del espacio y apunta especialmente contra la estructura política de La Libertad Avanza en La Matanza, vinculada al armado bonaerense de Sebastián Pareja. Gianni sostuvo que algunos referentes se concentran en conseguir cargos y manejar estructuras estatales y afirmó que militantes le contaron que les pedían dinero de los salarios obtenidos en organismos como ANSES y PAMI.

La frase que concentra la denuncia es contundente: “Piden retornos del sueldo a los militantes que meten en ANSES y PAMI”, según declaraciones difundidas por distintos medios. La acusación fue reproducida por Tiempo Argentino, Telefe, MDZ, CódigoBAIRES y otros medios durante las últimas horas.

Pero hay una cuestión que resulta indispensable para dimensionar el caso: hasta el momento no existe una prueba pública que permita afirmar que esos retornos efectivamente fueron cobrados, ni una resolución judicial que determine responsabilidades sobre los dirigentes señalados. La propia Gianni reconoció en una entrevista con Infobae que todavía está reuniendo documentación y testimonios para realizar presentaciones formales.

De espada de Milei a crítica de su propio espacio

La trayectoria reciente de Gianni explica por qué sus acusaciones tienen un impacto político mayor al de una denuncia proveniente de una dirigente opositora.

La abogada fue funcionaria del Ministerio de Capital Humano durante la primera etapa de la administración Milei y se convirtió en una de las principales defensoras públicas del Gobierno. En septiembre decidió romper con La Libertad Avanza, pero aclaró que no abandonaría su banca como concejala.

Al anunciar su salida, sostuvo que se trataba de una decisión “profundamente meditada” y que ya no reconocía en el espacio político aquello por lo que había decidido luchar. También cuestionó que el proyecto económico del Gobierno no estuviera llegando de la misma manera a los sectores que ella encuentra en los barrios de La Matanza.

En una entrevista posterior con LA NACION, Gianni profundizó sus críticas contra Sebastián Pareja y contra dos dirigentes que identifica como parte de su estructura de confianza en La Matanza: el diputado bonaerense Luis Ontiveros y la concejala Lorena Ramos. Allí aseguró que había advertido sobre distintas situaciones y que no recibió respuestas satisfactorias.

La dirigente también modificó el nombre de su espacio político y pasó a denominarlo Las Fuerzas del Pueblo, manteniendo su banca en el Concejo Deliberante.

¿A quiénes apunta la denuncia?

Gianni no presentó públicamente una lista de funcionarios de ANSES a los que acuse de cobrar directamente esos supuestos retornos. Su señalamiento apunta, en términos generales, contra dirigentes del armado político libertario de La Matanza que, según su versión, intervienen en la distribución de cargos y luego exigen dinero a quienes ingresan a organismos estatales.

En sus declaraciones, vinculó esta práctica con la estructura territorial encabezada por Pareja y mencionó particularmente a Ontiveros y Ramos como dirigentes con peso dentro del armado local. También cuestionó que algunos referentes hayan recorrido anteriormente distintos espacios políticos y ahora utilicen la estructura libertaria para acceder a cargos.

El señalamiento, por lo tanto, tiene dos dimensiones diferentes que no deberían confundirse. Una es política: Gianni acusa a determinados dirigentes de utilizar la estructura partidaria para conseguir cargos y construir poder territorial.

La otra es eventualmente penal o administrativa: si existieran efectivamente personas que cobran una parte del salario de empleados públicos a cambio de haberlos incorporado a un organismo estatal, podrían existir responsabilidades que deberían ser investigadas por las autoridades competentes.

Hasta ahora, la primera cuestión está expuesta públicamente por Gianni. La segunda necesita pruebas.

ANSES tiene auditoría y canales para investigar irregularidades

La acusación adquiere una dimensión particular porque ANSES no es un organismo sin mecanismos de control.

El actual director ejecutivo es Guillermo Héctor Arancibia, designado por el Gobierno nacional mediante el Decreto 162/2026. La norma oficial estableció su llegada al cargo a partir del 18 de marzo de este año.

Además, en agosto se produjo una reunión institucional entre la Sindicatura General de la Nación y ANSES para presentar al nuevo auditor interno del organismo, Diego Fuentes. El encuentro contó con la presencia de Arancibia y tuvo como eje declarado el fortalecimiento de la gestión y del control.

La SIGEN registra oficialmente a Fuentes como auditor interno titular de la Unidad de Auditoría Interna de ANSES desde el 1 de agosto de 2026. Esto significa que, si la acusación de Gianni se traduce en nombres, documentos, recibos, transferencias, testimonios o cualquier otro elemento verificable, existe una vía institucional para determinar si hubo irregularidades dentro del organismo.

ANSES ya tiene un canal específico de denuncias

Otro elemento relevante es que ANSES cuenta con mecanismos formales para recibir denuncias.

El organismo informa que las personas que hayan sido víctimas de una estafa o conozcan un caso de ese tipo pueden denunciar a través de Mi ANSES, personalmente, por escrito o mediante la línea 130. También establece canales para denunciar situaciones ocurridas en sus oficinas.

ANSES había anunciado además una línea específica para denuncias vinculadas con maltrato, fraude y violencia institucional durante la atención al público. El organismo señaló que esos mecanismos buscan fortalecer la transparencia y la mejora de los procesos.

Por eso, el próximo paso será clave: si existen trabajadores que efectivamente hayan entregado parte de sus salarios, la denuncia podría pasar del terreno político al administrativo y judicial si aparecen pruebas concretas.

La acusación no se limita a ANSES

Aunque ANSES aparece como uno de los organismos mencionados, Gianni también hizo referencia a PAMI.

En declaraciones posteriores a su ruptura, sostuvo que militantes le habían contado que dirigentes les solicitaban dinero por los cargos obtenidos en distintos organismos. La concejala presentó esa situación como parte de una lógica de financiamiento político que, según su mirada, contradice el discurso anticasta con el que La Libertad Avanza llegó al poder.

La diferencia es importante: no se está denunciando públicamente un esquema institucional probado dentro de ANSES o PAMI, sino una práctica que Gianni atribuye a dirigentes políticos vinculados al armado territorial de LLA.

Ese matiz es central para evitar transformar una acusación política en un hecho judicialmente acreditado.

La pelea de fondo es por el control de La Matanza

Detrás de la denuncia aparece además una disputa de poder mucho más amplia.

La Matanza es el distrito más poblado de la provincia de Buenos Aires y constituye una pieza central para cualquier estrategia electoral bonaerense. El oficialismo libertario intenta construir allí una estructura capaz de competir con el peronismo local, históricamente asociado al liderazgo de Fernando Espinoza.

Gianni, sin embargo, sostiene que la estructura de LLA en el distrito no está cumpliendo ese objetivo.

En una entrevista con Infobae afirmó que los referentes libertarios locales “no son la oposición de Fernando Espinoza” y llegó a sostener que son funcionales al oficialismo municipal. También cuestionó el funcionamiento de la fiscalización electoral y aseguró que existieron maniobras con boletas durante las elecciones de 2023, acusación que dijo estar reuniendo elementos para llevar a la Justicia.

La concejala también relató otro episodio vinculado con un predio en Villa Celina y afirmó que se habría solicitado dinero a feriantes para acceder al lugar. Según su versión, encontró un expediente que consideró irregular y comenzó a pedir explicaciones a distintos referentes. Estas acusaciones tampoco fueron acompañadas públicamente, hasta ahora, por una resolución judicial que determine responsabilidades.

El conflicto con Pareja viene de antes

La ruptura no apareció de un día para otro. Gianni ya había protagonizado enfrentamientos con el sector de Sebastián Pareja durante la disputa por el control del bloque libertario en el Concejo Deliberante. Según reconstruyeron distintos medios, la dirigente aspiraba a ocupar la presidencia de la bancada y buscaba posicionarse políticamente de cara a la disputa por la sucesión de Fernando Espinoza en 2027.

En febrero, Gianni había relatado públicamente otro episodio de tensión interna y afirmó que después de una disputa por el liderazgo de la bancada recibió disculpas y que Pareja no había avalado determinadas acciones contra ella. Con el paso de los meses, la disputa dejó de ser solamente una pelea por lugares dentro del Concejo y terminó convirtiéndose en una ruptura política definitiva. Ahora, las acusaciones sobre los supuestos retornos salariales llevan el conflicto a un terreno mucho más delicado.

El problema político para Milei

La contradicción que plantea Gianni es difícil de ignorar.

La Libertad Avanza construyó buena parte de su identidad política denunciando a la llamada “casta”, cuestionando los privilegios de la dirigencia tradicional y prometiendo terminar con mecanismos de utilización partidaria del Estado.

Por eso, si algún dirigente utilizara un cargo público para exigir parte del salario a un militante beneficiado con una designación, la conducta chocaría directamente con uno de los principales argumentos fundacionales del oficialismo. Pero una cosa es señalar esa contradicción política y otra afirmar que efectivamente existe un esquema de cobro de retornos. Para que la denuncia pase de la acusación a un caso concreto se necesitan nombres, hechos, fechas, cargos, mecanismos de pago y, sobre todo, pruebas. Gianni asegura que está trabajando para conseguirlas.

El silencio también abre una pregunta

Hasta el momento, la repercusión pública de las acusaciones se concentró principalmente en la denuncia de Gianni y en la cobertura periodística de sus declaraciones.

La cuestión que queda pendiente es si los dirigentes señalados responderán formalmente y si el Gobierno nacional o ANSES abrirán algún procedimiento para determinar si existen elementos que justifiquen una investigación.

En el caso de ANSES, además, la existencia de una Unidad de Auditoría Interna y de canales formales de denuncia permite que el caso pueda ser sometido a mecanismos institucionales si aparecen elementos concretos. Por ahora, no corresponde presentar la acusación como un hecho probado. Pero tampoco debería ser descartada simplemente porque proviene de una dirigente que acaba de romper con el espacio.

La salida de Gianni puede ser interpretada como una disputa política interna. Sin embargo, si efectivamente existen empleados o militantes que entregaron parte de sus salarios, la cuestión dejaría de ser una pelea entre dirigentes y pasaría a convertirse en un problema institucional.

De la denuncia política a la prueba: el próximo capítulo

Gianni abandonó La Libertad Avanza, conserva su banca y ahora intenta construir una identidad política propia en La Matanza. Su ruptura ya generó repercusiones dentro del espacio y, según afirmó, recibió mensajes de otros dirigentes que atravesarían situaciones similares.

Pero el verdadero desafío para la concejala será demostrar sus acusaciones. Si tiene testimonios, documentos, transferencias, chats, recibos o cualquier otra evidencia que permita identificar a quienes supuestamente exigieron dinero, el caso podría adquirir una dimensión completamente diferente.

Si no aparecen pruebas, la denuncia quedará, al menos por ahora, como parte de la feroz interna política que atraviesa al oficialismo bonaerense. La pregunta que queda instalada es sencilla y, al mismo tiempo, incómoda: ¿La Libertad Avanza está frente a una nueva denuncia sin pruebas o frente a un esquema de retornos que puede ser comprobado y llevado ante la Justicia? La respuesta ya no dependerá solamente de las declaraciones de Leila Gianni. Dependerá de las pruebas que pueda presentar y de lo que hagan ANSES, la SIGEN y la Justicia si esas pruebas aparecen.