A casi tres años de haber llegado a la Casa Rosada, Javier Milei volvió a colocar la causa Malvinas en el centro de la escena política. Lo hizo con una cadena nacional en la que anunció sanciones más severas contra las empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las islas, una nueva ley de Defensa de la Soberanía Nacional, un Consejo de Seguridad Nacional y el fortalecimiento de la presencia militar argentina en Tierra del Fuego.

El discurso buscó transmitir la imagen de un Gobierno que finalmente responde ante el avance del proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado por la israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. El problema para la épica oficial es que, cuando se revisa la letra chica de las medidas y se reconstruye la historia reciente del proyecto, aparece una conclusión bastante menos novedosa: la principal herramienta legal utilizada como bandera del anuncio existe desde hace quince años y el proyecto petrolero que ahora se presenta como una amenaza urgente avanzó durante la administración Milei hasta alcanzar su decisión final de inversión en diciembre de 2025.

La propia documentación oficial deja poco margen para la discusión. La Ley 26.659 fue sancionada el 16 de marzo de 2011 y establece que las actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina requieren autorización nacional. La norma también prohíbe participar directa o indirectamente de esas actividades, prestarles servicios o realizar operaciones comerciales, financieras, logísticas, técnicas o de asesoramiento vinculadas con ellas. Su régimen de sanciones, modificado en 2013, contempla inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, además de otras consecuencias penales y administrativas.

Por eso, cuando Milei anunció que endurecería el castigo a las compañías que operen en Malvinas, no estaba descubriendo una herramienta jurídica inexistente. El Decreto 868/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial, lo confirma de manera particularmente explícita: reconoce que la Ley 26.659 y su modificatoria 26.915 ya establecen las prohibiciones, que permiten inhabilitar a empresas entre cinco y veinte años y que incluso diez empresas ya habían sido declaradas clandestinas desde la sanción de la legislación. Lo que hace ahora el Gobierno es modificar el procedimiento para acelerar las investigaciones y sanciones, designar a Cancillería como autoridad de aplicación y establecer plazos concretos para los descargos y las resoluciones.

La ley que Milei presenta como ofensiva ya había sido utilizada

La historia vuelve todavía más incómodo el anuncio presidencial. En abril de 2022, durante el gobierno de Alberto Fernández, Argentina ya había aplicado la Ley 26.659 contra Navitas Petroleum, justamente una de las dos empresas que hoy protagonizan el proyecto Sea Lion.

La entonces Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades de Navitas vinculadas con la exploración hidrocarburífera en la Cuenca Malvinas Norte y la inhabilitó durante veinte años para desarrollar actividades en territorio argentino. El procedimiento había comenzado previamente contra Harbour Energy y Navitas, y la Cancillería había advertido a las empresas que podían quedar alcanzadas por las sanciones de la legislación argentina.

No fue tampoco la primera vez. El propio sistema jurídico registra sanciones anteriores contra empresas vinculadas con la exploración hidrocarburífera en la zona, entre ellas Rockhopper. La normativa oficial muestra que el mecanismo sancionatorio estaba operativo mucho antes de la llegada de Milei al poder.

La novedad de 2026, por lo tanto, está en la velocidad y el alcance administrativo que el Gobierno pretende darle al régimen, y en la intención de ampliar las consecuencias hacia quienes presten determinados servicios o participen de la cadena económica de los proyectos. Eso es relevante, pero no equivale a decir que recién ahora Argentina haya creado una prohibición contra esas actividades.

De hecho, el propio decreto presidencial reconoce que el cumplimiento de la Ley 26.659 ya era una condición aplicable al régimen de incentivos para grandes inversiones. Es decir, tampoco allí se estaba descubriendo una incompatibilidad jurídica completamente nueva.

Mientras tanto, Sea Lion avanzó durante la gestión Milei

La otra parte de la historia es todavía más significativa. Mientras el Gobierno argentino mantiene su reclamo de soberanía y ahora endurece su posición, Sea Lion recorrió durante la gestión Milei buena parte del camino que lo llevó desde un proyecto petrolero largamente discutido hasta una inversión concreta.

El yacimiento fue descubierto por Rockhopper en 2010. Después de distintos cambios societarios, Navitas asumió el 65% del proyecto y la operación, mientras Rockhopper conserva el 35%. El 10 de diciembre de 2025, ambas empresas anunciaron la decisión final de inversión —FID, por sus siglas en inglés— para desarrollar la primera fase del yacimiento. Esa decisión implicó que el proyecto dejara atrás la etapa de evaluación para ingresar formalmente en su fase de desarrollo.

La propia Navitas informa actualmente que el proyecto se encuentra “Under Development”, con una participación del 65%, y que la primera producción de petróleo está prevista para marzo de 2028. La empresa sostiene que ya consiguió las aprobaciones y el financiamiento necesarios para la ejecución a gran escala de la primera fase.

Rockhopper, por su parte, informó que el financiamiento del proyecto quedó cerrado después del FID y que la aprobación del Field Development Plan por parte del Gobierno de las Islas Malvinas permitió avanzar hacia la etapa de desarrollo.

El dato político más incómodo llegó incluso desde la propia empresa. En marzo de este año, uno de los directivos de Navitas destacó que el proyecto había conseguido financiamiento, seguros contra riesgos políticos y contratos con empresas internacionales sin que la cuestión geopolítica hubiera impedido su avance. En declaraciones reproducidas por la prensa, la compañía llegó a interpretar que las posiciones anteriores de Milei indicaban que el Presidente no consideraba el proyecto como una cuestión que requiriera intervención política.

La reacción argentina recién tomó la forma de una ofensiva mucho más contundente en septiembre de 2026, cuando el proyecto ya tenía FID, financiamiento y fecha prevista para comenzar a producir.

El dato que complica todavía más la narrativa oficial

El propio Gobierno argentino había reconocido en junio, ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas, que el anuncio de diciembre de 2025 había sido un punto de inflexión para Sea Lion. El canciller Pablo Quirno sostuvo entonces que Navitas y Rockhopper habían anunciado el desarrollo del yacimiento y que Argentina había expresado su rechazo.

La diferencia es temporal: el Estado argentino conocía desde 2021 y 2022 las actividades de las compañías, tenía una ley para sancionarlas y ya había aplicado esa legislación, pero el proyecto igualmente llegó a la decisión final de inversión durante el gobierno de Milei.

No significa que el Ejecutivo argentino haya autorizado el proyecto Sea Lion. Las licencias fueron otorgadas por las autoridades de las islas y respaldadas por el Reino Unido, cuya soberanía sobre el archipiélago Argentina no reconoce. Pero tampoco puede ignorarse que el proyecto avanzó durante estos casi tres años de gobierno libertario sin que las medidas argentinas consiguieran detenerlo.

Las propias empresas lo dejaron claro después del anuncio presidencial de septiembre. Navitas y Rockhopper sostuvieron que sus licencias son válidas y que no esperan efectos materiales de las nuevas medidas sobre el desarrollo ni sobre el cronograma de Sea Lion.

La otra gran “novedad”: una base que empezó en 2022

La segunda pieza del anuncio de Milei tiene una historia todavía más evidente.

El Presidente volvió a colocar a la Base Naval Integrada de Ushuaia como una pieza estratégica para reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. El proyecto, sin embargo, no nació con Milei.

El 4 de marzo de 2022, el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana encabezó en Ushuaia el acto de inicio de la construcción de la nueva base. El Gobierno de Alberto Fernández la presentó como parte de una estrategia para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur y mejorar las capacidades logísticas hacia la Antártida.

Dos meses después, el propio Gobierno fueguino informó que las máquinas ya estaban trabajando y que se había comenzado con el movimiento de suelo. En abril de 2023, el Ministerio de Defensa volvió a informar oficialmente que las obras se habían iniciado a comienzos de 2022 y que ya se habían ejecutado estudios preliminares y movimientos de suelo destinados a preparar la construcción de los galpones modulares.

En otras palabras, la base que ahora aparece como parte de la respuesta de Milei frente al nuevo escenario de Malvinas ya tenía piedra basal, trabajos realizados y recursos ejecutados antes de que el actual Presidente asumiera.

Y aquí aparece una precisión importante que fortalece la crítica en lugar de debilitarla.

Un informe oficial elaborado a partir de información del Ministerio de Defensa señaló que el proyecto tenía un avance físico del 9,13% al 31 de diciembre de 2023. También indicó que durante todo 2024 no se efectuó inversión presupuestaria y que el avance físico permaneció sin modificaciones. El mismo informe explica que TANDANOR había interrumpido en diciembre de 2023 una actividad vinculada a la construcción de la estructura de fundación de un galpón modular.

Por eso, sería incorrecto afirmar que Milei ordenó personalmente la paralización de esa obra en diciembre de 2023. Pero sí es un hecho que la administración libertaria atravesó su primer año de gobierno sin inversión presupuestaria en el proyecto y con la obra detenida en términos de avance físico.

Y la historia no terminó ahí. En mayo de 2025, TN informó que los planos estaban listos pero que todavía no existían avances materiales debido a la falta de presupuesto. El proyecto aparecía incluido en las conversaciones con Estados Unidos y se analizaba incluso la posibilidad de cooperación para su desarrollo.

Así, cuando Milei vuelve a anunciar la base como parte de su nueva estrategia para el Atlántico Sur, la pregunta inevitable es por qué una infraestructura considerada ahora estratégica estuvo prácticamente congelada durante buena parte de su propia administración.

Milei ya la había presentado como propia en 2024

Hay otro antecedente que vuelve todavía más interesante la reconstrucción.

En abril de 2024, apenas cuatro meses después de asumir, Milei viajó a Ushuaia para encontrarse con la entonces jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson. En aquella oportunidad dijo que se encontraba allí para “monitorear los avances” de la Base Naval Integrada y la presentó como un gran centro logístico hacia la Antártida.

El Gobierno incluso sostuvo oficialmente que la construcción de la base representaba un avance para la soberanía y que se buscaba fortalecer la cooperación con Estados Unidos.

Pero dos años después, la obra todavía necesitaba una nueva inyección de recursos. La propia prensa especializada señaló que terminarla podría demandar entre US$400 millones y US$500 millones, una cifra que explica en parte por qué el proyecto quedó sujeto a discusiones presupuestarias y a la búsqueda de financiamiento externo.

Incluso el escenario de 2026 muestra una realidad más compleja que el anuncio político: en abril TANDANOR había completado la estructura del primer módulo y comenzado a avanzar sobre el segundo, mientras el Gobierno analizaba cómo financiar las siguientes etapas.

La obra, entonces, no aparece de la nada en septiembre de 2026. Viene de 2022, tuvo avances durante 2023, quedó prácticamente estancada durante 2024, continuó con dificultades presupuestarias en 2025 y recién durante 2026 comenzó a recuperar ritmo en algunas etapas.

La pregunta que queda después de la cadena nacional

El nuevo discurso presidencial sobre Malvinas tiene elementos concretos. El Decreto 868 modifica procedimientos, acelera los tiempos administrativos y coloca a Cancillería en el centro de la aplicación de la Ley 26.659. El Gobierno también modificó el Presupuesto 2026 para fortalecer las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas y anunció un paquete legislativo destinado a ampliar la respuesta estatal.

El problema político está en otro lugar.

Durante casi tres años, el proyecto Sea Lion pasó de ser una iniciativa petrolera controvertida a convertirse en un desarrollo con decisión final de inversión, financiamiento asegurado y producción prevista para 2028. Y la Argentina ya tenía desde 2011 una herramienta legal para actuar contra empresas vinculadas con esas actividades. Incluso una de las principales protagonistas, Navitas, ya había sido sancionada por el Estado argentino en 2022.

Al mismo tiempo, la infraestructura que Milei presenta ahora como símbolo de una nueva política de soberanía había sido iniciada por el gobierno anterior y permaneció durante 2024 sin inversión presupuestaria y sin aumento de su avance físico.

Por eso, más que preguntarse si Milei finalmente descubrió Malvinas, la discusión política debería ser otra: ¿por qué la reacción llegó cuando el proyecto petrolero ya había atravesado uno de sus pasos más decisivos y cuando la base que ahora se anuncia como estratégica llevaba años esperando financiamiento?

La causa Malvinas es una política de Estado y excede a cualquier gobierno. Precisamente por eso, la discusión no debería quedar atrapada en quién pronuncia el discurso más duro.

Porque en soberanía, como en cualquier política de Estado, una cosa es anunciar que se va a actuar y otra muy distinta es haber actuado cuando todavía había tiempo para cambiar el escenario.