La causa por presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) acaba de entrar en una nueva etapa de disputa sobre una de las pruebas que dieron origen al escándalo. El juez federal Ariel Lijo rechazó el planteo presentado por la defensa de Diego Spagnuolo para frenar la pericia de 58 archivos de audio y ordenó que los forenses de la Gendarmería Nacional continúen con el análisis.

El planteo de los abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera apuntaba contra el material almacenado en un pendrive que el periodista Mauro Federico entregó a la fiscalía en agosto de 2025. La defensa sostuvo que los archivos que ahora están siendo analizados no habían sido incorporados formalmente al expediente, que el dispositivo no había sido inventariado de manera suficiente y que tampoco existía, según su interpretación, una correspondencia acreditada entre esos archivos y las grabaciones difundidas públicamente.

Lijo rechazó ese argumento. Según la resolución difundida este lunes, el juez consideró que la cuestión planteada por la defensa no era novedosa ni implicaba una modificación sobreviniente del objeto de la pericia. El magistrado sostuvo que el material había sido identificado previamente como los audios aportados a la fiscalía por Federico y remarcó que la propia defensa de Spagnuolo había intervenido en el proceso pericial: había pedido estudios sobre autenticidad e integridad, designado perito de parte y propuesto puntos para profundizar el análisis.

La defensa, de todos modos, anticipó que apelará la decisión. Por ahora, el resultado concreto es que la pericia continúa.

Qué busca determinar la pericia

El estudio no tiene como objetivo establecer por sí solo si las presuntas coimas existieron. Su función es mucho más específica: determinar características técnicas de las grabaciones, entre ellas su autenticidad, integridad, origen y eventual existencia de cortes, modificaciones o manipulaciones.

Gendarmería comenzó formalmente el trabajo el 26 de agosto, cuando se abrió el sobre lacrado que contenía el dispositivo. El procedimiento se desarrolla con participación de peritos oficiales y representantes técnicos de las partes, con reuniones periódicas para avanzar sobre los puntos establecidos.

La discusión técnica adquiere importancia porque durante el último año las distintas defensas utilizaron argumentos diferentes para cuestionar el valor de los audios. En algunos planteos se discutió su origen; en otros, la forma en que fueron obtenidos y su eventual utilización como prueba. Spagnuolo llegó incluso a sostener que las grabaciones podían haber sido manipuladas mediante inteligencia artificial, aunque posteriormente fue él mismo quien reclamó que se realizara una pericia para determinar su autenticidad.

Ahora la Justicia busca que una evaluación técnica despeje parte de esa discusión.

La causa ya no depende solamente de los audios

Uno de los puntos centrales para entender dónde está hoy el expediente es que la investigación judicial no se sostiene exclusivamente sobre las grabaciones.

En febrero de 2026, el juez Sebastián Casanello procesó a Spagnuolo como presunto jefe de una asociación ilícita y procesó a otras 18 personas, entre exfuncionarios, empleados de ANDIS y empresarios vinculados al sector farmacéutico. La Procuración informó entonces que la resolución se apoyó en una reconstrucción de la actividad de una organización que, según la hipótesis fiscal y judicial, habría utilizado contrataciones públicas para generar beneficios indebidos. Spagnuolo recibió además un embargo de $202.000 millones.

La resolución alcanzó también a Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, señalados como presuntos integrantes de la estructura investigada, además de empresarios y otros exfuncionarios.

Esto es importante porque el expediente avanzó sobre documentación, dispositivos electrónicos, contrataciones y movimientos económicos aun mientras se discutía la validez y el origen de los audios.

De hecho, la Justicia avanzó sobre los celulares, computadoras y servidores vinculados con los directivos de la droguería Suizo Argentina, propiedad de la familia Kovalivker, con el objetivo de reconstruir comunicaciones y operaciones relacionadas con licitaciones y contrataciones.

Suizo Argentina, el otro gran eje

La droguería Suizo Argentina ocupa un lugar central en la investigación porque aparece vinculada al presunto circuito de contrataciones bajo análisis.

Las defensas de Jonathan y Emmanuel Kovalivker intentaron cuestionar la utilización de los audios y solicitaron la nulidad de la investigación. El juez Casanello rechazó esos planteos y sostuvo que una denuncia puede funcionar como punto de partida de una investigación sin que necesariamente todos los elementos contenidos en ella se conviertan automáticamente en prueba definitiva.

La discusión sobre los audios, por lo tanto, no es un detalle formal. Puede modificar el valor de una de las piezas más conocidas del expediente, pero no necesariamente determina por sí sola el futuro de toda la investigación.

Ese es precisamente uno de los motivos por los que la pericia ordenada por Lijo tiene tanta relevancia.

El antecedente que vuelve a poner a Cerimedo en el centro

En este punto aparece Fernando Cerimedo.

El consultor político había sido cercano a Spagnuolo desde la campaña presidencial de 2023. En septiembre de 2025 declaró como testigo ante el fiscal Franco Picardi y confirmó que el exdirector de ANDIS le había hablado previamente sobre presuntos hechos de corrupción y coimas dentro del organismo. Cerimedo negó haber sido quien grabó las conversaciones difundidas públicamente.

Su declaración tuvo particular relevancia porque introdujo un elemento independiente de los audios: Cerimedo afirmó que había recibido de boca de Spagnuolo referencias a un supuesto esquema de retornos antes de que las grabaciones se conocieran públicamente.

Según lo publicado a partir de su declaración, Cerimedo relató conversaciones mantenidas con Spagnuolo durante 2024 y describió referencias a proveedores, contrataciones y supuestos porcentajes vinculados con las compras de medicamentos. También sostuvo que Spagnuolo le había contado que había hablado con Javier Milei y con Sandra Pettovello sobre lo que estaba ocurriendo. Estas afirmaciones forman parte del testimonio de Cerimedo y no equivalen, por sí mismas, a una comprobación judicial de que esos hechos hayan ocurrido.

La diferencia es fundamental: una cosa es lo que un testigo afirma haber escuchado y otra es aquello que la Justicia logra acreditar mediante pruebas independientes.

Beller abre una nueva línea

Ahora el nombre de Cerimedo vuelve a aparecer, pero por otra vía.

Nadia Beller, abogada boliviana y expareja de Cerimedo, afirmó desde Bolivia que posee grabaciones de conversaciones con él y que esas conversaciones podrían aportar información sobre el origen y la circulación de los audios atribuidos a Spagnuolo.

La situación adquirió relevancia judicial después de que la diputada Marcela Pagano pidiera que Beller fuera convocada como testigo y que se preservara la eventual evidencia digital que pudiera estar en su poder. El pedido fue incorporado al expediente por Lijo y enviado al fiscal Franco Picardi, quien deberá evaluar si corresponde convocarla.

Al 7 de septiembre, Beller no es una testigo incorporada formalmente a la causa ni sus supuestas grabaciones constituyen todavía prueba judicial incorporada al expediente. Lo que existe es un pedido para que declare y la evaluación fiscal sobre la utilidad de su eventual testimonio.

La diferencia no es menor.

Beller sostiene públicamente que Cerimedo habría tenido conocimiento de la filtración de los audios y que posee conversaciones que podrían respaldar esa afirmación. Es una versión que deberá ser corroborada o descartada por la Justicia.

¿Qué conecta a Beller con la causa ANDIS?

La conexión tiene tres niveles.

El primero es Cerimedo-Spagnuolo: ambos tenían una relación de amistad y Cerimedo declaró ante Picardi que Spagnuolo le había hablado de presuntos hechos de corrupción en ANDIS.

El segundo es Cerimedo-audios: Beller afirma que su expareja le habría contado cuestiones vinculadas con la filtración de las grabaciones y que esas conversaciones quedaron registradas.

El tercero es Beller-Justicia argentina: esas afirmaciones ya llegaron formalmente al expediente a través del pedido de Pagano, y Lijo las puso en conocimiento del fiscal para que determine si corresponde avanzar.

Por ahora, el punto más importante es que la Justicia todavía no confirmó las afirmaciones de Beller. Su eventual declaración podría servir para establecer cuándo ocurrieron las conversaciones, qué dijo exactamente Cerimedo, si existen efectivamente las grabaciones y si esos archivos pueden ser autenticados y relacionados con la investigación ANDIS.

Una coincidencia que la fiscalía deberá mirar

La aparición de Beller adquiere especial interés porque parte de sus afirmaciones coincide, al menos en términos generales, con elementos que Cerimedo ya había aportado bajo juramento en 2025.

Cerimedo declaró que Spagnuolo le había hablado de presuntos hechos de corrupción y coimas. Beller, por su parte, sostiene que Cerimedo conocía el origen de las grabaciones y que existen conversaciones que podrían demostrarlo.

Eso no significa que Beller haya confirmado la declaración de Cerimedo ni que sus supuestas grabaciones sean auténticas. Pero sí explica por qué la fiscalía analiza si vale la pena incorporar ese testimonio al expediente.

La eventual evidencia de Beller podría convertirse, además, en un elemento para reconstruir cómo aparecieron los audios, quién tuvo acceso a ellos y si existió algún proceso de edición o manipulación antes de su difusión pública.

Y ese punto conecta directamente con la pericia que ahora Lijo decidió mantener.

El juez quedó frente a dos caminos que empiezan a cruzarse

Por un lado, Gendarmería analiza los 58 archivos aportados originalmente a la fiscalía.

Por el otro, la Justicia analiza si Beller puede aportar información y eventualmente archivos diferentes, relacionados con conversaciones que habría mantenido con Cerimedo.

Si ambos caminos prosperaran, la investigación podría terminar examinando no solamente qué dicen los audios, sino también cómo fueron obtenidos, quién los tenía, quién los difundió y si existieron otras conversaciones relacionadas con su circulación.

Ese escenario puede resultar especialmente relevante para las defensas, porque la autenticidad y trazabilidad del material son cuestiones que vienen siendo discutidas desde el comienzo del expediente.

La causa avanzó incluso con las dudas sobre los audios

El recorrido judicial muestra que la investigación no quedó congelada por la discusión sobre las grabaciones.

En abril, la fiscalía logró que se ordenaran las indagatorias de 29 personas, incluidos varios de los procesados originalmente. Los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez sostuvieron entonces que nuevos elementos permitían profundizar la hipótesis de que funcionarios que debían defender los intereses públicos habrían actuado en favor de intereses privados.

También hubo avances sobre el patrimonio de Spagnuolo. En febrero, la Cámara Federal confirmó la inmovilización de US$80.000 y €2.000 secuestrados de una caja de seguridad vinculada al exfuncionario. La medida fue confirmada por la Sala II, que mantuvo esos fondos afectados al proceso penal.

La investigación, por lo tanto, combina varias líneas: contrataciones públicas, vínculos entre funcionarios y proveedores, dispositivos electrónicos, movimientos patrimoniales, testimonios y ahora pericias sobre los audios.

El Gobierno y una causa que nunca terminó de cerrarse

El escándalo provocó en agosto de 2025 la salida de Spagnuolo de la conducción de ANDIS. El Poder Ejecutivo limitó formalmente su designación mediante el Decreto 599/2025 y justificó la decisión en la necesidad de que el Poder Judicial realizara las investigaciones correspondientes.

Al día siguiente, otro decreto dispuso la intervención de la Agencia.

Desde entonces, el expediente se convirtió en una de las investigaciones de corrupción más sensibles para el Gobierno de Javier Milei porque involucra a un exfuncionario que había sido cercano al Presidente y porque algunas de las acusaciones contenidas en los audios apuntaron hacia personas del círculo de poder de la Casa Rosada.

La Justicia, sin embargo, todavía no estableció mediante sentencia que esas acusaciones sean verdaderas.

Ese límite debe mantenerse claro.

¿Qué puede pasar ahora?

El primer frente es la apelación de Spagnuolo contra la decisión de Lijo. Si la defensa insiste ante la Cámara, los jueces superiores deberán revisar el planteo sobre los 58 archivos y la forma en que fueron incorporados y peritados.

El segundo frente es el resultado de la pericia de Gendarmería. Si los especialistas encuentran indicios de edición, cortes o manipulación, la discusión sobre la autenticidad de las grabaciones podría adquirir una dimensión completamente diferente. Si, en cambio, concluyen que los archivos presentan integridad y características compatibles con grabaciones originales, el material podría ganar peso dentro del expediente.

El tercer frente es Beller. El fiscal Picardi deberá decidir si corresponde citarla. Si lo hace, tendrá que determinar también qué valor puede otorgarse a las grabaciones que la mujer afirma conservar y si pueden ser sometidas a peritajes independientes.

El cuarto es Cerimedo. Su declaración de 2025 ya forma parte de la historia procesal del expediente, pero la eventual aparición de nuevas conversaciones podría llevar a contrastar sus dichos con otros elementos de prueba.

La pregunta que queda abierta

La causa ANDIS dejó de ser solamente una investigación sobre unos audios filtrados.

Hoy existe un expediente con 19 personas procesadas, una investigación que avanzó sobre empresas y dispositivos electrónicos, nuevas indagatorias ordenadas, pericias patrimoniales y digitales, y una disputa todavía abierta sobre el origen y autenticidad de las grabaciones.

La decisión de Lijo de mantener la pericia evita, por ahora, que la discusión sobre la incorporación de los 58 archivos frene el análisis técnico.

Pero el verdadero punto de inflexión llegará cuando la Justicia tenga que responder dos preguntas diferentes: qué dicen realmente los audios y cómo llegaron esos audios hasta los medios.

La posible aparición de Nadia Beller agrega una tercera: qué sabía Fernando Cerimedo sobre esa filtración y si existen registros capaces de demostrarlo.

Por ahora, ninguna de esas respuestas está cerrada.

Lo que sí está confirmado es que la Justicia decidió seguir avanzando.

Y en una causa que desde su origen puso bajo sospecha la relación entre funcionarios, empresarios, contrataciones públicas y el círculo político del Gobierno, la próxima etapa puede ser decisiva para separar definitivamente tres cosas que hasta ahora conviven en el mismo expediente: lo que está probado, lo que los testigos aseguran haber visto o escuchado y lo que todavía es apenas una hipótesis de investigación.