La ofensiva de Javier Milei por Malvinas todavía no terminó de comenzar y ya enfrenta su primera prueba de coherencia.

El Presidente anunció en cadena nacional que Argentina endurecerá las sanciones contra empresas que participen directa o indirectamente de la explotación de hidrocarburos en el archipiélago y presentó la cuestión como una defensa estratégica de la soberanía nacional. La Oficina del Presidente informó luego que la Cancillería inició procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las islas. La medida alcanza no solamente a operadores directos, sino también a accionistas y empresas proveedoras de servicios.

Pablo Quirno fue todavía más lejos. Ante empresarios, aseguró que existe un universo de aproximadamente 180 compañías vinculadas directa o indirectamente con las operaciones hidrocarburíferas y advirtió que deberán elegir entre continuar con sus negocios en Malvinas o exponerse a sanciones en Argentina. El canciller incluyó entre los posibles afectados a proveedores petroleros, financieros y aseguradores.

El mensaje oficial fue contundente: Malvinas o Argentina.

El problema es que la primera pregunta incómoda apareció prácticamente al mismo tiempo: ¿qué ocurre cuando los negocios relacionados con las islas tienen vínculos con empresarios cercanos al propio Gobierno?

El caso Elsztain: el amigo de Milei que tiene acciones en una empresa de Malvinas

Eduardo Elsztain no es un empresario desconocido para Javier Milei. El titular de IRSA forma parte del círculo empresarial cercano al Presidente y su nombre aparece desde hace años asociado a la relación entre el mundo empresario y el actual mandatario.

Ahora, además, quedó en el centro de la discusión por Malvinas.

El propio Elsztain reconoció que mantiene una participación cercana al 2% de Falkland Islands Company, actualmente integrada en FIH Group, una compañía con actividades inmobiliarias, agropecuarias, hoteleras y comerciales en las islas.

La participación no es nueva.

Según explicó el empresario, comenzó a comprar acciones entre 2005 y 2006. En 2017 incluso intentó avanzar sobre una participación mayoritaria, en una operación que finalmente no prosperó frente a la oposición británica.

Elsztain sostiene que aquella inversión no tuvo una motivación exclusivamente económica. Según su explicación, buscaba reproducir una estrategia que, en su interpretación, podía contribuir al reclamo argentino: incrementar los vínculos económicos, sociales y productivos con las islas mediante capital argentino.

El empresario recordó incluso que Juan Domingo Perón había intentado comprar la Falkland Islands Company y que el empresario argentino César Cao Saravia también había explorado esa posibilidad en 1977.

En 2017, según la reconstrucción de los documentos corporativos disponibles, el fondo Dolphin vinculado a Elsztain evaluó avanzar sobre FIH. La operación finalmente no prosperó y la participación minoritaria permaneció. Una investigación periodística reciente también señala que el relato del empresario sobre el bloqueo británico debe distinguirse de los documentos corporativos de aquella época, que registraron el fracaso de la operación.

La cuestión central, sin embargo, no es solamente qué ocurrió en 2017. Es qué hará ahora el Gobierno argentino.

Quirno salió a defenderlo

La reacción oficial fue inmediata.

Cuando comenzaron a circular críticas contra Elsztain y algunos usuarios reclamaron que las sanciones anunciadas por Milei también alcanzaran al empresario, el canciller Pablo Quirno salió públicamente en su defensa.

“Todo lo contrario a traidor”, escribió Quirno en redes sociales. La intervención del canciller es políticamente significativa porque se produjo después de que el propio Gobierno hubiera presentado las actividades empresariales vinculadas con Malvinas como una cuestión de soberanía nacional que exige aplicar todas las herramientas económicas y legales disponibles.

Pero existe una diferencia jurídica importante.

La Ley 26.659 establece restricciones para personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina sin autorización nacional. El nuevo Decreto 868/2026 aceleró los procedimientos administrativos derivados de esas prohibiciones.

Por eso, con la legislación vigente, no alcanza con tener una inversión comercial en una empresa que opera en las islas para concluir automáticamente que Elsztain deba ser sancionado bajo el régimen anunciado por Milei.

Y esa precisión es fundamental. El problema político, entonces, no es necesariamente que el Gobierno esté obligado hoy a sancionarlo. El problema es que Quirno tuvo que explicar por qué una inversión argentina en una empresa británica de Malvinas puede ser defendida como una estrategia soberanista mientras otras inversiones vinculadas con las islas son presentadas por el Gobierno como una amenaza contra la soberanía.

La explicación de Elsztain

Elsztain intentó despejar la polémica con una extensa explicación pública.

El empresario sostuvo que su objetivo era utilizar la inversión como una herramienta para aumentar los vínculos argentinos con las islas y que, en 2017, quiso convertir esa participación minoritaria en el control de la compañía. Según su versión, la oportunidad apareció cuando empleados de FIH intentaron comprar la empresa y él decidió competir por el control. La operación, afirmó, fue bloqueada por las autoridades británicas.

La explicación tiene un elemento particularmente interesante para la discusión actual: Elsztain asegura que si pudiera volver a intentarlo, lo haría nuevamente. Es decir, no está anunciando el retiro de la inversión.

Según informó Infobae, allegados al empresario señalaron que, por ahora, mantendría su participación y que no tendría previsto venderla, aunque podría hacerlo si las circunstancias lo exigieran. Incluso existiría disposición a intentar nuevamente una adquisición mayoritaria, aunque el propio empresario considera improbable que Londres la autorice. Eso coloca al Gobierno ante una situación peculiar. Milei acaba de decir que quienes lucren con actividades que Argentina considera ilegales deberán enfrentar la firmeza del Estado. Uno de sus empresarios más cercanos mantiene, al mismo tiempo, una participación en una empresa económicamente relevante de las islas y no anuncia que vaya a retirarse.

Pero el caso Elsztain no es el único

La otra conexión incómoda aparece mucho más cerca del núcleo económico del Gobierno: Mercado Libre.

Durante los últimos meses comenzaron a aparecer registros sobre la estructura accionaria de Navitas Petroleum, la petrolera israelí que controla el 65% del proyecto Sea Lion junto con la británica Rockhopper Exploration.

La información periodística obtenida a partir de documentación financiera señala que algunos fondos e instituciones con participaciones en Navitas también tienen acciones de Mercado Libre.

Entre ellos aparece Meitav Investment House, que tendría una posición relevante en Navitas y que también registra acciones de Mercado Libre por más de US$9,7 millones, según documentación citada por La Política Online. También aparece Harel, otro inversor vinculado con Navitas, dentro del universo de inversores de Mercado Libre. Marcos Galperín no aparece como accionista de Navitas por el solo hecho de que determinados fondos tengan acciones tanto de Navitas como de Mercado Libre. La conexión es financiera.

Y justamente por eso resulta interesante políticamente: si el Gobierno pretende ampliar las sanciones hasta alcanzar accionistas, proveedores financieros y otros eslabones de la cadena, tendrá que establecer con mucha precisión hasta dónde llega la responsabilidad de un fondo que tiene inversiones en compañías diferentes.

Porque de lo contrario, el criterio podría volverse imposible de aplicar de manera consistente.

El verdadero campo de batalla es Sea Lion

La ofensiva de Milei no se concentra en las actividades comerciales tradicionales de las islas. El gran objetivo es el petróleo.

Sea Lion, ubicado al norte del archipiélago, es el proyecto hidrocarburífero que transformó la disputa de soberanía en una cuestión económica mucho más sensible.

Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35%. Ambas compañías avanzaron con la decisión de inversión para desarrollar el yacimiento y proyectan comenzar la producción hacia 2028. Rockhopper informó oficialmente en mayo que el proyecto contempla inicialmente un FPSO, con una capacidad de producción de hasta 55.000 barriles diarios, y que se estudia incluso una expansión posterior.

La Argentina considera ilegítimas esas actividades y sostiene que se desarrollan sobre recursos pertenecientes a su plataforma continental. El Gobierno anunció que utilizará la Ley 26.659, la reglamentación recién modificada y un proyecto de ley para ampliar el poder sancionatorio del Estado.

Milei presentó la cuestión como una amenaza concreta: según la Casa Rosada, si Argentina no actúa, en pocos meses las empresas podrán comenzar a apropiarse de recursos petroleros que el país considera propios. La retórica oficial, por lo tanto, es mucho más dura que la utilizada por gobiernos anteriores.

Y ahí aparece la pregunta más incómoda: ¿será igual de dura cuando las consecuencias afecten negocios vinculados con empresarios cercanos al poder?

El caso Noble puede ser la primera prueba real

Existe además un problema que podría resultar todavía más difícil para la Casa Rosada.

Noble Corporation es uno de los principales contratistas internacionales de perforación offshore. La compañía ya trabajó en Argentina: su plataforma Noble Regina Allen fue utilizada por TotalEnergies para perforar los pozos del proyecto Fénix frente a Tierra del Fuego.

Pero en febrero de 2026 Noble informó a la SEC estadounidense que la plataforma semisumergible Noble Endeavor había conseguido un contrato para perforar 11 pozos en Sudamérica, con inicio previsto hacia fines de 2026 y una tarifa de aproximadamente US$300.000 diarios. El cliente no fue identificado públicamente.

La coincidencia con Sea Lion es difícil de ignorar. La primera fase del proyecto contempla exactamente 11 pozos y el calendario coincide con la ventana anunciada por Noble. La Política Online reconstruyó la conexión y señaló que el contrato podría corresponder a Sea Lion. Sin embargo, Noble no identificó oficialmente al cliente, por lo que no corresponde presentar esa asociación como un hecho confirmado.

Si finalmente se confirma, el Gobierno tendrá una contradicción mucho más concreta que el caso Elsztain. Porque Noble no es solamente una empresa extranjera que trabaja alrededor de Malvinas. Noble también es una empresa necesaria para el desarrollo energético argentino.

La misma empresa que sirve a Argentina podría quedar bajo sanción

Ese es el dilema que aparece detrás de la épica nacionalista. Noble trabajó en Fénix, en Tierra del Fuego, un proyecto estratégico para el abastecimiento energético argentino. La empresa también forma parte del mercado global de servicios offshore que Argentina necesita para desarrollar sus propios recursos.

Una eventual sanción que le impidiera operar en Argentina podría terminar afectando proyectos que el propio Gobierno considera estratégicos. La cuestión tampoco se limita a Noble. Harbour Energy, por ejemplo, tiene una participación del 37,5% en la Cuenca Marina Austral y participa de proyectos energéticos relevantes en Argentina. La propia empresa informa que su producción argentina se concentra en Tierra del Fuego y Vaca Muerta y que posee recursos 2C superiores a 700 millones de barriles equivalentes de petróleo en el país.

Esto demuestra que las cadenas empresariales del offshore no respetan las fronteras políticas. Una misma compañía puede tener operaciones que Argentina considera estratégicas y, simultáneamente, vínculos comerciales internacionales con empresas o proyectos que el Gobierno considera ilegítimos. El desafío de Milei será determinar dónde pone la línea.

“Caiga quien caiga” contra los propios aliados

El Gobierno insiste en que la nueva política será transversal. El Decreto 868/2026 busca acelerar los procedimientos sancionatorios y establece un plazo de diez días hábiles para que los presuntos infractores realicen su descargo.

La Oficina del Presidente aseguró además que el procedimiento alcanzará a operadores, accionistas y prestadores de servicios. Y Quirno explicó que el Gobierno pretende incluso utilizar el acceso al RIGI como mecanismo de presión: las empresas que pretendan obtener beneficios deberán acreditar que no están violando la legislación argentina sobre hidrocarburos en Malvinas.

El mensaje es claro. Pero ahora falta la parte más difícil: aplicarlo sin excepciones.

Porque si una empresa extranjera puede ser sancionada por prestar un servicio a Sea Lion, mientras que un empresario argentino cercano al Presidente conserva una participación en una empresa estratégica de las islas, el Gobierno deberá explicar públicamente cuál es la diferencia.

La respuesta jurídica puede ser sencilla: una inversión comercial en FIH Group no es lo mismo que participar en una explotación hidrocarburífera prohibida por la Ley 26.659.

Pero políticamente la pregunta permanece.¿Por qué una inversión en Malvinas puede ser defendida como una estrategia para recuperar la soberanía cuando proviene de un empresario cercano al poder, mientras otras inversiones son consideradas una violación de esa misma soberanía?

La otra pregunta: ¿qué pasa con Galperín?

El caso de Mercado Libre presenta un escenario diferente. Los fondos que invierten en Navitas y también tienen posiciones en Mercado Libre no convierten a Galperín en socio de Sea Lion. Pero el propio Gobierno amplió deliberadamente el universo de análisis.

No habla únicamente de las empresas que perforan. Habla de accionistas, proveedores, entidades financieras, aseguradoras y otros participantes de la cadena. Por eso la pregunta política será inevitable si las investigaciones avanzan: ¿hasta qué nivel de vinculación financiera llegará el Gobierno?

Porque prácticamente todos los grandes fondos internacionales tienen carteras diversificadas. Si poseer acciones de una compañía que participa en Sea Lion fuera suficiente para activar sanciones sobre todas las demás empresas de su cartera, el alcance de la medida podría multiplicarse hasta tocar compañías que operan legalmente y estratégicamente en Argentina.

El propio Quirno parece entender el problema. Según explicó, el Gobierno quiere crear mecanismos para que las empresas puedan abandonar las operaciones en Malvinas y luego volver a operar en Argentina, en lugar de quedar excluidas definitivamente.

Eso revela que la estrategia no es solamente castigar. Es cambiar los incentivos económicos.

Malvinas como causa nacional y como estrategia política

Milei aseguró en su cadena nacional que Malvinas no pertenece a ningún gobierno ni partido político y que constituye una causa nacional.

El Gobierno también rechazó las interpretaciones que atribuyeron el giro reciente a las declaraciones de Donald Trump o al episodio de la bandera de Malvinas durante el Mundial. Quirno sostuvo que la estrategia venía siendo trabajada desde meses atrás junto al Ministerio de Defensa.

Sin embargo, el contexto político no puede ignorarse. La ofensiva llega en un momento de dificultades internas, con una discusión electoral creciente y después de un período en el que distintos medios internacionales señalaron la utilización política del reclamo soberano.

Reuters informó que Milei endureció su posición frente a las actividades petroleras de las islas y que la decisión se produjo en un contexto de caída de aprobación presidencial y creciente preocupación por la explotación de recursos naturales en el archipiélago.

Eso no demuestra que la causa Malvinas sea solamente una herramienta electoral. Pero sí convierte la aplicación de las medidas en una prueba política especialmente relevante. Si el Gobierno pretende transformar la soberanía en uno de los grandes ejes de su identidad, deberá demostrar que esa política no tiene excepciones cuando el conflicto alcanza a empresarios amigos, inversores cercanos o compañías necesarias para sus propios proyectos económicos.

El verdadero desafío empieza ahora

Milei ya hizo el anuncio. Quirno ya lanzó la advertencia. La Cancillería ya inició procedimientos contra 45 personas y empresas. El Gobierno dice tener identificado un universo de unas 180 compañías.Y el Ejecutivo prepara nuevas herramientas legales para ampliar el alcance de las sanciones. Ahora viene la parte que puede resultar mucho más incómoda: decidir quién queda efectivamente adentro y quién queda afuera.

Eduardo Elsztain ya tiene una respuesta propia: mantiene su participación cercana al 2% en FIH Group y sostiene que aquella inversión fue concebida como una herramienta para acercar a la Argentina a las islas. Quirno, lejos de cuestionarlo, salió públicamente a respaldarlo.

En el caso de Mercado Libre, la conexión con Sea Lion es todavía más distante y no existe evidencia de que Galperín sea socio de Navitas o de Rockhopper. Pero fondos que participan de la estructura financiera de Navitas también tienen posiciones en MELI, lo que abre interrogantes sobre hasta dónde llegará el criterio sancionatorio.

Y si se confirma que Noble Endeavor será utilizada para perforar Sea Lion, aparecerá un problema todavía mayor: sancionar a una empresa que al mismo tiempo resulta necesaria para el desarrollo energético argentino.

La causa Malvinas puede convertirse así en mucho más que una disputa diplomática con el Reino Unido. Puede transformarse en la primera gran prueba de consistencia del nacionalismo económico de Javier Milei. Porque una cosa es anunciar en cadena nacional que las empresas que exploten los recursos de las islas serán sancionadas.

Otra muy distinta es hacerlo cuando las conexiones llegan a empresarios amigos, a inversores vinculados con empresas argentinas estratégicas o a multinacionales que el propio Gobierno necesita para desarrollar Vaca Muerta y el offshore nacional.

La pregunta ya está planteada. ¿Milei aplicará el “caiga quien caiga” también cuando el caído tenga amigos dentro del propio poder?