El endeudamiento de las familias argentinas dejó de ser una cuestión encerrada en las planillas de los bancos. Cuando una deuda se transforma en otra deuda, cuando una tarjeta sirve para pagar otra tarjeta y cuando un préstamo deja de financiar una compra extraordinaria para convertirse en el mecanismo que permite llegar a fin de mes, el problema deja de ser exclusivamente financiero y empieza a convertirse en un síntoma social. Ese es el escenario que llevó a Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, a reclamar públicamente una respuesta del Estado frente al crecimiento de la morosidad.

La advertencia del mendocino llegó en un momento particularmente incómodo para el Gobierno de Javier Milei. Los últimos datos oficiales del Banco Central muestran que la irregularidad del crédito destinado a las familias llegó al 12,8% en junio de 2026, frente al 2,5% registrado en octubre de 2024. En paralelo, un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina a partir de información del BCRA y de la Central de Deudores revela que, cuando se incorporan los proveedores no financieros de crédito —entre ellos las billeteras virtuales—, la situación alcanza otra dimensión: la irregularidad conjunta de las familias ronda el 15,5%.

Colombo eligió un terreno especialmente sensible para plantear su crítica. No pidió simplemente que se borren las deudas ni cuestionó que una persona tome un crédito. Su planteo apuntó a algo más profundo: qué ocurre cuando el sistema financiero ofrece dinero con tanta facilidad que una familia termina comprometiendo una porción creciente de sus ingresos para sostener gastos que antes podía afrontar con su salario.

En declaraciones a Radio Mitre Mendoza, el presidente de la CEA reclamó establecer criterios sobre cuánto del sueldo de una persona puede quedar comprometido con obligaciones financieras y advirtió sobre la existencia de deudas que calificó como “leoninas”, además de otras que se acumulan “a gotas” hasta dejar al deudor en una situación cada vez más difícil. El religioso también vinculó el fenómeno con la expansión de las billeteras electrónicas y recordó la preocupación que la Iglesia había manifestado anteriormente frente a la ludopatía online.

La frase que terminó de darle dimensión política al planteo fue todavía más directa: Colombo sostuvo que no se puede tener una mirada superficial ni decir “no nos interesa o que se arreglen”. En otras palabras, la Iglesia está reclamando que el problema sea leído no sólo desde la responsabilidad individual de quien firma un contrato, sino también desde las condiciones económicas que llevan a millones de personas a recurrir al crédito.

El dato que encendió la alarma

Los números permiten entender por qué el debate dejó de ser marginal. Según el último informe sobre bancos publicado por el BCRA, en junio la irregularidad del crédito al sector privado fue de 7,6%, mientras que para las familias alcanzó 12,8%. La mora empresarial, en cambio, se ubicó en 3,5%. Es decir, el deterioro está claramente más concentrado en los hogares que en las empresas. El propio Banco Central señala que la evolución estuvo vinculada a un aumento real del crédito total y a una desaceleración del crecimiento de la cartera irregular.

El informe de CEPA agrega una fotografía todavía más contundente. En junio había 20,96 millones de deudores considerando bancos y billeteras virtuales, de los cuales 5,91 millones estaban en situación de morosidad. Casi la mitad de esos morosos —2,90 millones— tenía deudas irregulares exclusivamente con billeteras virtuales; otros 1,66 millones registraban mora sólo con bancos y 1,36 millones estaban en incumplimiento con ambos sistemas.

La comparación con febrero de 2024 también resulta difícil de ignorar: desde entonces se incorporaron 2,60 millones de nuevos deudores morosos. Los morosos exclusivos del sistema bancario aumentaron 157,6%, mientras que los correspondientes exclusivamente a billeteras virtuales crecieron 93,6%. Al mismo tiempo, el universo total de personas endeudadas aumentó en 1,60 millones.

Y hay un dato que explica buena parte del cambio de escenario. La morosidad de los proveedores no financieros de crédito pasó del 7,3% en noviembre de 2024 al 30,1% en junio de 2026. El porcentaje incluso superó el 27,1% registrado durante la pandemia, en mayo de 2020. Es una señal de que la expansión del crédito por fuera de la banca tradicional también generó un nuevo foco de vulnerabilidad.

Cuando la billetera deja de ser comodidad y se convierte en salvavidas

La transformación es importante porque las billeteras virtuales modificaron la relación cotidiana de millones de argentinos con el crédito. El acceso es inmediato, los montos pueden ser pequeños y la contratación se realiza desde el teléfono, muchas veces sin la percepción de estar tomando un compromiso financiero de la misma magnitud que un préstamo bancario tradicional.

El problema aparece cuando esa facilidad se combina con ingresos que no alcanzan. Un crédito de bajo monto puede parecer una solución razonable para pagar una compra puntual; otro puede servir para cubrir una factura; el siguiente, para cancelar el anterior. El monto individual parece pequeño, pero la acumulación puede terminar comprometiendo una parte significativa del ingreso mensual.

El informe de CEPA muestra precisamente que las billeteras virtuales explican por sí solas 2,90 millones de los deudores morosos relevados en junio. Además, el fenómeno tiene un fuerte componente generacional: los menores de 34 años concentran el 38,7% de los deudores irregulares y el 72,6% de los jóvenes endeudados tiene obligaciones con billeteras virtuales.

No significa que las billeteras sean responsables por sí mismas del problema. También funcionan como una vía de acceso al financiamiento para personas que históricamente tuvieron dificultades para ingresar al sistema bancario. El punto crítico es otro: qué sucede cuando el acceso al crédito crece más rápido que la capacidad de pago de quienes lo utilizan.

Una deuda de más de $39 billones

La dimensión del fenómeno también puede observarse desde otra medición. Un relevamiento de Focus Market difundido durante abril estimó que las familias argentinas acumulaban más de $39 billones de deuda, de los cuales $32,1 billones correspondían a deuda bancaria y $6,9 billones a compromisos no bancarios. El estudio, basado en una muestra de 2.670 hogares y complementado con datos de la EPH y del BCRA, estimó además que seis de cada diez hogares tenían algún tipo de deuda.

La composición de esa deuda también revela un cambio en los hábitos de financiamiento. La deuda no bancaria incluye realidades muy diferentes: préstamos personales por fuera del sistema financiero, obligaciones con familiares o amigos, impuestos atrasados, cuotas educativas, expensas y servicios impagos. Un análisis publicado por Los Andes a partir de ese estudio mostró que, al comienzo de 2026, la deuda no bancaria alcanzaba a más de seis millones de hogares y que aumentaban algunos compromisos vinculados directamente con gastos corrientes.

Ahí aparece el punto que conecta las estadísticas financieras con la advertencia de Colombo. No toda deuda es mala deuda. Financiar una vivienda, un vehículo, un electrodoméstico o una inversión puede ser una decisión económica perfectamente racional. La señal de alarma aparece cuando el crédito comienza a reemplazar al ingreso y se utiliza para comprar alimentos, pagar servicios, cubrir gastos escolares o sostener consumos básicos.

Ese cambio de función es el que transforma el endeudamiento en vulnerabilidad.

El Gobierno responde: responsabilidad individual y acuerdos privados

Frente a este diagnóstico, el Gobierno eligió hasta ahora una posición diferente. Milei sostuvo que la morosidad debe resolverse fundamentalmente entre privados y cuestionó la posibilidad de que el Estado termine socializando el costo de las deudas asumidas por particulares.

En agosto, al ser consultado por las familias que tomaron créditos y ahora no pueden pagarlos, el Presidente respondió: “¿Les pusieron una pistola en la cabeza?”. Milei sostuvo que endeudarse implica una decisión individual y argumentó que una intervención estatal significaría trasladar el costo a otros ciudadanos. Al mismo tiempo, defendió la refinanciación que ofrecen los bancos y planteó que la mejora macroeconómica debería contribuir a reducir las tasas y extender los plazos.

El argumento oficial tiene una lógica económica concreta: el Estado no debería asumir indiscriminadamente las obligaciones privadas porque eso puede generar incentivos negativos y terminar trasladando pérdidas a quienes no tomaron esos créditos. Además, el Gobierno sostiene que la estabilización macroeconómica y la reducción de la inflación permitirán mejorar las condiciones del crédito.

Pero el planteo de Colombo abre otra discusión. Una cosa es quién firmó el contrato y otra es si existen condiciones de mercado que requieren reglas de protección para evitar que una persona comprometa una porción desproporcionada de sus ingresos. Esa es precisamente la frontera que ahora empieza a discutirse en el Congreso.

Diputados se prepara para una pulseada política

El conflicto ya salió del terreno de las declaraciones. La oposición logró reunir 133 votos en la Cámara de Diputados para impulsar una sesión especial prevista para el 9 de septiembre, con proyectos vinculados al endeudamiento familiar y la morosidad, además de la emergencia en discapacidad.

La respuesta de La Libertad Avanza fue convocar a la Comisión de Finanzas para este 2 de septiembre. La reunión tiene previsto abordar 34 proyectos relacionados con el sobreendeudamiento familiar. Desde la oposición interpretaron la convocatoria como una maniobra para evitar que el tema llegue directamente al recinto; el oficialismo, por su parte, puede presentar la discusión en comisión como la vía institucional adecuada para estudiar las iniciativas.

No es un debate que haya aparecido de la nada. En abril, la Comisión de Defensa del Consumidor de Diputados ya había convocado a especialistas para analizar el sobreendeudamiento producido por tarjetas de crédito y billeteras virtuales. En aquella jornada se expusieron alrededor de 18 proyectos y se planteó que las familias acumulaban entonces unos $39 billones de deuda, mientras se advertía por el incremento de la morosidad.

Incluso existen antecedentes legislativos más antiguos que muestran que el sobreendeudamiento viene siendo discutido desde hace años. La Comisión de Defensa del Consumidor ya había trabajado sobre mecanismos específicos para consumidores sobreendeudados y sobre créditos otorgados bajo condiciones consideradas abusivas.

Por eso, la discusión que llegará al Congreso no será simplemente “Estado sí o Estado no”. En realidad, el debate pasa por qué regulación debe existir sobre el crédito al consumo, cuánto puede comprometer una persona de sus ingresos, cómo se controlan las tasas y costos, qué información reciben los usuarios y qué mecanismos de refinanciación pueden evitar que una deuda pequeña termine convirtiéndose en una deuda impagable.

Una Iglesia que vuelve a meterse en la discusión económica

La intervención de Colombo tampoco puede separarse del papel que la Iglesia viene desempeñando frente a distintos problemas sociales. En esta oportunidad, la voz no surgió de un dirigente opositor ni de una organización de consumidores, sino del presidente del Episcopado argentino, que además es arzobispo de Mendoza.

Y hay un dato político que agrega una cuota de tensión al episodio: el mismo 31 de agosto en que Colombo cuestionó públicamente la falta de respuestas frente al endeudamiento, fue recibido en Casa Rosada por Karina Milei. El encuentro estuvo formalmente vinculado a los preparativos de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre, y no fue presentado por el Gobierno como una reunión específica sobre la crisis de endeudamiento.

La coincidencia temporal, sin embargo, resulta significativa. Mientras el Gobierno mantiene una postura de prudencia frente a una intervención directa sobre las deudas privadas, la principal autoridad de la Iglesia argentina reclama que el problema no sea reducido a una cuestión contractual.

En el fondo, la discusión plantea una pregunta que excede al Gobierno, a la oposición y a la Iglesia: ¿cuándo una deuda deja de ser una decisión individual y empieza a ser un problema social?

Los números muestran que no se trata de unos pocos casos aislados. Hay casi seis millones de personas en situación de morosidad dentro del universo analizado por CENDEU, millones de nuevos deudores morosos incorporados desde 2024 y una expansión especialmente fuerte de los incumplimientos en el crédito no bancario.

El Gobierno puede sostener que nadie fue obligado a pedir un préstamo. La Iglesia puede reclamar que no se abandone a quienes quedaron atrapados en ellos. La oposición puede intentar convertir el tema en una bandera política. Pero detrás de esas posiciones hay una realidad bastante menos ideológica: cuando una familia necesita pedir dinero para comprar comida, pagar la luz o llegar al próximo sueldo, el crédito ya no está resolviendo un problema de consumo. Está intentando tapar un agujero en el ingreso.

Y cuando ese agujero se tapa con otra deuda, el problema deja de crecer en cuotas: crece como una bola de nieve.