Un nuevo episodio volvió a poner bajo la lupa los controles dentro de los establecimientos de privación de libertad de Mendoza. Dos adolescentes alojados en el sistema de Responsabilidad Penal Juvenil aparecieron durante aproximadamente seis minutos en una transmisión en vivo del canal JotaPeShow, emitida por la plataforma Kick, luego de conectarse mediante OmeTV, una aplicación que permite establecer videollamadas aleatorias con desconocidos.

El caso genera especial impacto porque ocurre después de que el Gobierno provincial anunciara una ofensiva contra el uso irregular de celulares en los lugares de encierro. Mientras la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, impulsa controles más estrictos en las cárceles de adultos, dos jóvenes detenidos lograron salir en vivo desde el ex COSE.

Durante la conversación, los adolescentes dijeron estar alojados en un centro de detención de Mendoza y hablaron abiertamente sobre delitos, violencia y drogas. Uno de ellos incluso se identificó como el adolescente conocido públicamente como el “tirador de la bicicleta”, investigado por un violento ataque ocurrido en el barrio 8 de Abril de Las Heras.

El episodio fue detectado y generó una investigación interna de la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil (DRPJ), que durante el fin de semana realizó requisas para intentar establecer qué dispositivos fueron utilizados y cómo se produjo la comunicación. El director del área, Daniel Patiño, confirmó que se adoptaron medidas para impedir nuevas comunicaciones no autorizadas y que se inició una investigación administrativa.

Prometieron controles y volvieron a aparecer en vivo desde un lugar de encierro

El nuevo streaming se conoce pocas semanas después del escándalo protagonizado por internos del Complejo Penitenciario San Felipe, quienes también habían participado de una transmisión mediante OmeTV.

Aquel episodio provocó requisas, secuestro de celulares, sanciones y traslados a un módulo de muy alto perfil. Además, reforzó el discurso oficial sobre la necesidad de impedir que las personas privadas de la libertad utilicen teléfonos para comunicarse sin autorización con el exterior.

En ese contexto, el caso del ex COSE vuelve a dejar expuesta una falla en los controles, aunque con una diferencia importante: en el sistema juvenil los celulares no están prohibidos de manera absoluta, sino que pueden utilizarse bajo determinadas condiciones y autorización.

El problema, según explicó Patiño, es que la comunicación con el streaming no estaba autorizada.

Seis minutos que dejaron expuesto al sistema

La transmisión se produjo a través de OmeTV y terminó en el canal JotaPeShow de Kick. Durante unos seis minutos, los adolescentes conversaron con los conductores del programa, que se encontraban fuera de Mendoza.

La charla rápidamente derivó hacia las causas judiciales de los jóvenes. En determinado momento, uno de ellos desafió a los interlocutores a buscar información en internet sobre su identidad y les indicó que escribieran “Las Heras”, “barrio 8 de Abril” y “el tirador de la bicicleta”.

La referencia coincide con un ataque ocurrido el 3 de octubre de 2025 en la zona de las calles 41 y Cruz Castaño, en Las Heras, donde tres jóvenes que circulaban en una camioneta fueron atacados a tiros. Dos resultaron heridos y uno de ellos sufrió una lesión grave en la zona de la carótida.

El adolescente señalado en aquella investigación tenía 16 años al momento del hecho y fue detenido posteriormente durante un control policial, cuando circulaba como acompañante en un Toyota Corolla. La Justicia lo investigó por homicidio agravado en grado de tentativa.

Durante el nuevo streaming, el joven dio su propia versión del ataque y habló de una supuesta disputa entre bandas. También hizo referencias a otros delitos y se describió junto con el otro adolescente como una especie de “referente” dentro del lugar de alojamiento.

Es importante aclarar que las afirmaciones realizadas durante la transmisión son dichos de los propios adolescentes y no constituyen una confesión judicial ni prueban por sí mismas la comisión de nuevos delitos.

“Tenemos droga”: la frase que encendió otra alarma

Uno de los momentos más sensibles de la transmisión se produjo cuando los jóvenes hicieron referencia a la presencia de drogas dentro del lugar donde se encontraban alojados.

Uno de ellos afirmó que allí tenían droga y también habló de delitos violentos, secuestros, extorsiones y sicariato. En otro tramo sostuvo que robaban a personas con dinero y que mataban por dinero.

Las declaraciones deben tomarse con cautela porque se produjeron durante una conversación informal frente a desconocidos y todavía no fueron corroboradas por la autoridad penitenciaria.

Pero justamente por eso abren una segunda línea de investigación: además de determinar cómo se realizó la comunicación, las autoridades deberán establecer si alguna de las afirmaciones realizadas durante el vivo contiene información verificable sobre drogas, armas u otras situaciones dentro del establecimiento.

Hasta ahora no existe información oficial que confirme que efectivamente haya droga dentro del centro como consecuencia de esas declaraciones.

La investigación ya está en marcha

Daniel Patiño confirmó que durante el fin de semana se realizaron requisas para intentar localizar los teléfonos utilizados durante la transmisión.

El funcionario explicó que se trata de una investigación abierta y que se están analizando distintas hipótesis sobre la forma en que los adolescentes accedieron a los dispositivos y cómo lograron realizar una comunicación que no estaba autorizada.

“Es la primera vez que sucede” un episodio de este tipo mediante streaming, señaló Patiño, aunque reconoció que en otras oportunidades se encontraron teléfonos dentro del sistema juvenil y fueron retirados.

El punto que ahora deberá determinarse es si los aparatos utilizados pertenecían a los propios jóvenes, si fueron ingresados irregularmente, si estaban autorizados para otro tipo de uso o si existió alguna falla de supervisión.

Por el momento, ninguna de esas hipótesis puede darse por confirmada.

El antecedente que vuelve incómodo el episodio

El nuevo caso aparece apenas semanas después de otro escándalo, esta vez en el sistema penitenciario de adultos.

A fines de julio, cuatro internos del Complejo Penitenciario San Felipe participaron de una videollamada en vivo con el streamer Valentín Melo mediante OmeTV. Durante la conversación reconocieron que se encontraban dentro del penal.

La repercusión fue inmediata.

El Servicio Penitenciario realizó una requisa en el pabellón donde estaban alojados los internos y secuestró cinco teléfonos celulares. Se iniciaron actuaciones administrativas, disciplinarias y judiciales, y posteriormente los involucrados fueron trasladados al Módulo de Alojamiento de Muy Alto Perfil de Almafuerte I.

La diferencia con el caso actual es que aquellos teléfonos estaban directamente prohibidos dentro de la cárcel de adultos.

El episodio de septiembre, en cambio, vuelve a plantear una pregunta más amplia: ¿hasta dónde llegan los controles sobre los dispositivos electrónicos dentro de todo el sistema de privación de libertad de Mendoza?

Rus había prometido endurecer los controles

El contexto político vuelve particularmente incómodo el nuevo episodio.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, convirtió la eliminación de celulares de las cárceles de adultos en una de las banderas de su gestión. Después del caso San Felipe, sostuvo que la Provincia incauta teléfonos de manera permanente y que el objetivo es reducir las posibilidades de que desde los penales se organicen delitos hacia el exterior.

Según datos difundidos por la propia funcionaria, Mendoza llegó a retirar alrededor de 5.000 celulares de las cárceles y, en declaraciones posteriores, afirmó que se secuestraban en promedio entre 15 y 16 dispositivos por día.

En agosto, además, Rus consiguió que el Gobierno nacional acompañara el pedido de Mendoza para avanzar ante el ENACOM con mecanismos que permitan bloquear las comunicaciones de celulares detectados dentro de las cárceles provinciales.

La Provincia ya cuenta con tecnología destinada a detectar y localizar señales telefónicas y busca avanzar hacia un sistema que permita bloquearlas dentro de los establecimientos penitenciarios.

Pero ese esquema está diseñado principalmente para el sistema penitenciario de adultos.

El nuevo episodio obliga a mirar qué sucede en el sistema juvenil.

Una política de control que tiene dos velocidades

El Gobierno provincial sostiene que desde diciembre de 2023 comenzó una transformación profunda del sistema penitenciario para eliminar el uso de teléfonos celulares por parte de las personas privadas de libertad adultas.

En 2024, además, se consolidó la prohibición y comenzaron a aplicarse sanciones ante el hallazgo de dispositivos. Posteriormente se implementaron sistemas de control de ingreso, cámaras, escáneres y tecnología de comunicaciones.

La estrategia incluyó el denominado Sistema Único de Ingreso, controles con detectores, registro fílmico, palpado físico y nuevas herramientas tecnológicas. La Provincia también anunció más de 300 cámaras para reforzar los sectores de ingreso y visitas.

El Gobierno incluso informó en abril que una requisa en San Felipe había permitido secuestrar celulares, drogas y otros elementos prohibidos. Sin embargo, el caso de julio demostró que un teléfono podía atravesar los controles y terminar siendo utilizado públicamente desde el interior de un penal. Y ahora aparece un episodio distinto en el ámbito juvenil. La pregunta ya no es solamente cuántos teléfonos se secuestran. La pregunta es cómo se controla lo que ocurre con los dispositivos una vez que están dentro del sistema.

La tecnología existe, pero el factor humano sigue siendo decisivo

La Provincia ha invertido en cámaras, escáneres, sistemas de comunicación, inhibición de señales y herramientas de inteligencia.

En la Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil también se incorporaron sistemas de videovigilancia, radios TETRA y herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la supervisión y capacidad de respuesta.

Pero ningún sistema tecnológico reemplaza completamente los controles humanos. El streaming plantea precisamente ese interrogante. Si los jóvenes tenían acceso autorizado a determinados dispositivos, habrá que establecer quién autorizó su uso, bajo qué condiciones, qué controles existían y por qué una herramienta destinada a comunicación personal terminó permitiendo una transmisión pública de varios minutos.

Si, por el contrario, el teléfono utilizado no estaba autorizado, la investigación deberá establecer cómo ingresó y por qué no fue detectado. Son dos escenarios diferentes y ambos requieren respuestas.

El sistema juvenil también enfrenta otros desafíos

El episodio se produce en un sistema que está atravesando cambios vinculados con el nuevo régimen penal juvenil.

La Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil trabaja actualmente con adolescentes que cumplen medidas de privación de libertad y también con jóvenes que permanecen bajo medidas alternativas. El Gobierno informó recientemente que la DRPJ tiene alrededor de 38 jóvenes alojados en internación y unos 350 adolescentes bajo seguimiento territorial.

Patiño también viene participando públicamente de debates sobre el funcionamiento del sistema y los desafíos que presenta el abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal. En ese contexto, el objetivo institucional no es solamente custodiar a los jóvenes, sino garantizar educación, tratamiento, capacitación y herramientas para la reinserción. El problema es encontrar el equilibrio entre ese objetivo y la necesidad de impedir que los espacios de encierro se conviertan en lugares sin controles efectivos.

No es el mismo escándalo, pero sí vuelve a exponer una vulnerabilidad

El episodio de San Felipe y el nuevo caso del ex COSE no son idénticos.

En uno se trató de adultos que tenían celulares cuya tenencia estaba expresamente prohibida. En el otro, adolescentes que pueden tener acceso a dispositivos bajo determinadas condiciones y supervisión.

Pero ambos hechos comparten algo: personas privadas de libertad lograron establecer una comunicación audiovisual hacia el exterior que no estaba contemplada por el sistema de control.

Y eso es precisamente lo que vuelve políticamente incómodo el episodio. El Gobierno de Mendoza viene presentando la modernización del sistema penitenciario como una política integral basada en controles, tecnología y eliminación de comunicaciones clandestinas. El caso de los menores demuestra que el desafío no termina en impedir el ingreso de un teléfono. También hay que controlar quién lo utiliza, cuándo, para qué y bajo qué autorización.

La respuesta que ahora debe dar el Gobierno

La investigación interna tendrá que determinar responsabilidades concretas. Primero, deberá establecer la procedencia de los teléfonos. Segundo, determinar si alguno de los aparatos estaba autorizado y bajo qué régimen. Tercero, establecer cómo se produjo la conexión con OmeTV y por qué pudo prolongarse durante aproximadamente seis minutos sin ser detectada. Cuarto, verificar si hubo alguna irregularidad del personal encargado de la supervisión. Quinto, analizar si las afirmaciones realizadas durante la transmisión sobre drogas u otros hechos tienen algún correlato con situaciones reales dentro del establecimiento. Y, finalmente, determinar si hace falta modificar los protocolos de utilización de dispositivos electrónicos dentro del sistema juvenil.

El problema no es solamente el streaming

El video puede parecer, a primera vista, una escena absurda de adolescentes hablando con desconocidos por internet. Pero detrás hay una cuestión de seguridad institucional. Un teléfono dentro de un lugar de privación de libertad permite establecer contactos sin supervisión, difundir información sobre el establecimiento, coordinar acciones con personas del exterior y, eventualmente, acceder a herramientas digitales que pueden utilizarse para cometer delitos.

Por eso el debate sobre los celulares no puede reducirse a una cuestión disciplinaria. La discusión es si el Estado tiene capacidad suficiente para saber qué dispositivos existen dentro de sus establecimientos, quién los utiliza y qué comunicaciones realizan. Mendoza viene invirtiendo recursos para responder esa pregunta en el sistema penitenciario de adultos.

Ahora deberá demostrar que también puede hacerlo dentro del sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Porque seis minutos de streaming fueron suficientes para volver a dejar una grieta a la vista. Y la pregunta que queda instalada es incómoda: si el Estado prometió reforzar los controles sobre los celulares en los lugares de encierro, ¿por qué dos jóvenes detenidos pudieron conectarse durante seis minutos con un streaming público sin que nadie lo detectara hasta que el video comenzó a circular?