La negociación salarial del Poder Judicial de Mendoza volvió a entrar en zona de conflicto.

Después de varias semanas de conversaciones, la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial rechazó la propuesta del Ejecutivo provincial para el segundo semestre y trasladó la discusión a las dependencias judiciales con una sucesión de asambleas, movilizaciones y acciones de visibilización.

El planteo oficial consiste en un incremento del 7% en agosto y otro 4% en noviembre, ambos calculados sobre el básico de junio y sin acumulación entre sí. La propuesta representa, sobre esa misma base, un 11% nominal hasta noviembre.

Para el gremio, el problema no es solamente el porcentaje.

La discusión de fondo es cuánto salario real perdió un trabajador judicial en los últimos años y cuánto de esa pérdida puede recuperar con una pauta que deja buena parte de la recomposición para noviembre.

Pero hay un dato que el Gobierno no puede seguir esquivando: en 2020 Mendoza fue la única provincia del país que no otorgó aumento a sus empleados estatales. Esa decisión significó un golpe directo al poder adquisitivo y dejó una brecha que nunca fue recuperada.

Desde entonces, los trabajadores no solamente enfrentan la inflación de cada año. También cargan con una pérdida de origen que el Ejecutivo provincial jamás compensó de manera integral.

Una semana de asambleas y protestas

La respuesta sindical se hizo visible en distintos sectores del Poder Judicial.

Según la organización gremial, durante los últimos días hubo asambleas y acciones en los fueros de Familia, Oficinas Fiscales, Edificio 2 y Polo Judicial, con participación de trabajadores que reclaman no solamente por los haberes sino también por las condiciones en las que deben prestar el servicio.

El sindicato denuncia sobrecarga laboral, deterioro salarial y trato desigual dentro de la estructura judicial y anticipó que analizará nuevas medidas si el Ejecutivo no mejora la propuesta.

La escalada coincide además con una protesta de abogados autoconvocados que este viernes 28 de agosto se concentraron en las escalinatas del Palacio de Justicia bajo la consigna “Justicia de Luto”.

Los profesionales denunciaron demoras en los expedientes, audiencias fijadas con meses de anticipación, dificultades para obtener respuestas de organismos y problemas de funcionamiento que, según sostienen, terminan afectando tanto a quienes trabajan en el sistema como a quienes esperan una respuesta judicial.

La coincidencia temporal no implica que ambos reclamos sean idénticos. Pero sí configura una fotografía incómoda para la administración de justicia mendocina: empleados y abogados están haciendo visibles, desde lugares diferentes, problemas que convergen en un mismo punto: el funcionamiento cotidiano de un sistema que acumula demoras, falta de personal y decisiones políticas postergadas.

El Gobierno ofreció 11%; los empleados dicen que no alcanza

La propuesta provincial fue formalizada en junio. La directora provincial de Recursos Humanos, Mariana Lima, explicó entonces que el esquema contemplaba una suba del 7% al básico en agosto y del 4% en noviembre. Los representantes de funcionarios y empleados judiciales debían llevar la oferta a sus respectivas bases.

El esquema tuvo una particularidad política: los Funcionarios Judiciales aceptaron la propuesta, mientras que el sindicato que representa a los empleados judiciales mantuvo su rechazo.

La diferencia no es menor.

El Gobierno consiguió cerrar acuerdos con numerosos sectores de la administración pública y utilizó esos entendimientos para mostrar un amplio nivel de aceptación de su política salarial. Pero esa estrategia no resuelve el problema de fondo: una mayoría de acuerdos no convierte automáticamente una oferta insuficiente en una recomposición justa.

El Ejecutivo pretende presentar la pauta como una solución general, pero evita responder una pregunta central: ¿cómo se recupera la pérdida salarial provocada por la decisión de no otorgar aumentos en 2020? La respuesta oficial parece ser que los trabajadores deben conformarse con aumentos parciales, escalonados y siempre por detrás de la pérdida acumulada. Por eso, el problema para la Casa de Gobierno no es solamente económico. También es político y gremial. Y, sobre todo, es una responsabilidad que el Ejecutivo intenta diluir entre porcentajes, acuerdos sectoriales y argumentos fiscales.

El número puede parecer grande, pero el calendario cambia la discusión

Un 11% puede parecer, en términos nominales, una recomposición.

El problema aparece cuando se lo compara con la inflación acumulada y con el momento en que cada aumento llega al bolsillo. Además de tener en cuenta que ese monto tiene que soportar por al menos 10 meses hasta una nueva discusión salarial lo que en principio parecería quedar lejos de los objetivos básicos de no perder poder adquisitivo.

Y esa es precisamente una de las principales objeciones sindicales. Si la inflación acumulada durante el período supera la recomposición nominal ofrecida, el aumento no será una recuperación sino una pérdida menor. Además, el Gobierno pretende discutir el presente como si el salario estatal comenzara a medirse desde junio. No es así.

El salario de los trabajadores judiciales llega a esta negociación con una deuda previa, originada en 2020 y nunca saldada. El Ejecutivo no está ofreciendo una recuperación: está administrando una pérdida que él mismo contribuyó a consolidar.

2020: el año en que Mendoza dejó caer a sus estatales

La referencia a 2020 no es una consigna gremial aislada.

Ese año, mientras otras provincias otorgaron aumentos o mecanismos de recomposición a sus empleados públicos, Mendoza fue la única jurisdicción que no concedió aumentos salariales a los estatales. La decisión fue presentada en aquel momento como una consecuencia de la crisis económica y de las restricciones fiscales. Pero el problema es que la excepcionalidad nunca fue compensada.

El congelamiento de 2020 se transformó en una pérdida permanente. Los aumentos posteriores se aplicaron sobre salarios que ya habían quedado retrasados, de modo que cada porcentaje nuevo no hizo más que consolidar una base deteriorada.

La consecuencia es sencilla de explicar: aunque los trabajadores hayan recibido aumentos nominales en los años siguientes, nunca recuperaron el poder adquisitivo que tenían antes de aquella decisión. Por eso, comparar solamente el aumento actual con la inflación de los últimos meses resulta insuficiente y funcional al discurso oficial.

La discusión real debería incluir:

• la pérdida provocada por la ausencia de aumento en 2020;

• la inflación acumulada desde entonces;

• los incrementos otorgados posteriormente;

• la evolución del salario básico;

• y la diferencia entre el salario nominal y el costo real de vida.

El Gobierno evita esa comparación porque deja expuesta la magnitud de la deuda.

La herida salarial no es una opinión: empezó en 2020 y nunca se cerró

Desde la representación de los empleados judiciales sostienen que existe una pérdida salarial acumulada que se arrastra desde 2020 y que todavía no fue recuperada.

En este caso, el origen de esa pérdida no es solamente una interpretación sindical.

El dato político y administrativo es concreto: Mendoza no otorgó aumentos a sus empleados estatales en 2020, cuando otras provincias sí lo hicieron.

Lo que puede discutirse es la magnitud exacta de la pérdida acumulada, porque depende del índice utilizado, de la categoría, de los adicionales y de la evolución de cada escala. Lo que no puede discutirse seriamente es que aquella decisión dejó a los trabajadores mendocinos en una posición de atraso que nunca fue reparada.

La discusión salarial, entonces, no puede reducirse a preguntar si el Gobierno otorgó un 7%, un 10% o un 11%.

La pregunta relevante es:

¿cuánto puede comprar hoy un trabajador judicial con el salario que recibe y cuánto habría podido comprar si Mendoza no hubiera congelado sus salarios en 2020?

Ahí aparece el verdadero conflicto. Y también aparece la responsabilidad del Ejecutivo: no alcanza con otorgar aumentos parciales sobre una base salarial previamente licuada.

Un Poder Judicial que también discute su propia capacidad de funcionamiento

La disputa salarial se produce, además, mientras el propio sistema judicial reconoce problemas relacionados con la carga de trabajo.

En documentos oficiales de años anteriores, el Gobierno provincial ya había reconocido públicamente la existencia de una sobrecarga laboral en el Poder Judicial, vinculándola con problemas organizacionales y con la necesidad de revisar el funcionamiento institucional.

En 2026, la propia Suprema Corte continúa impulsando transformaciones internas.

El Poder Judicial informó en agosto sobre modificaciones en su funcionamiento y otras iniciativas destinadas a mejorar procesos, mientras que entre los temas que atraviesan actualmente a la Justicia provincial aparecen la modernización, la reorganización de estructuras y la búsqueda de mayor eficiencia.

La contradicción es evidente.

Se pretende un servicio de justicia más rápido y eficiente mientras los trabajadores denuncian sobrecarga, salarios deteriorados y falta de reconocimiento.

La Suprema Corte habla de modernización, eficiencia y transformación, pero esas palabras pierden credibilidad cuando no están acompañadas por personal suficiente, salarios dignos y una política clara para resolver la sobrecarga laboral.

No se puede exigir productividad infinita a trabajadores que sostienen oficinas saturadas, expedientes acumulados y atención permanente con salarios que todavía arrastran la pérdida de 2020.

Una cosa no necesariamente invalida la otra. Pero cualquier reforma que busque mejorar los tiempos de la Justicia necesita trabajadores suficientes, capacitados y con condiciones laborales sostenibles. La Corte no puede reclamar eficiencia mientras administra el deterioro.

La paradoja de una Justicia que necesita funcionar mientras sus trabajadores protestan

El problema adquiere una dimensión adicional porque el Poder Judicial no es una oficina administrativa cualquiera.

Cuando un conflicto laboral paraliza parcialmente una dependencia, las consecuencias pueden trasladarse a personas que esperan una audiencia, una resolución, una medida de protección, una notificación o el avance de un expediente.

Por eso el conflicto salarial judicial tiene una característica particular: los costos de una negociación que fracasa pueden terminar pagándolos también quienes no participan de la discusión.

Esto no significa que el derecho a reclamar deba ser relativizado. Significa que Gobierno y gremio tienen una responsabilidad adicional para evitar que la disputa termine deteriorando todavía más un servicio que ya enfrenta cuestionamientos por demoras y sobrecarga.

Pero esa responsabilidad no puede utilizarse como una amenaza contra los trabajadores. El Ejecutivo y la Corte no pueden pedir que los empleados resignen sus reclamos en nombre del servicio de justicia mientras ellos mismos sostienen una política salarial que profundiza el deterioro.

Si la Justicia funciona con dificultades, la respuesta no puede ser exigir silencio a quienes la sostienen. La respuesta debe ser recomponer salarios, incorporar personal, transparentar las escalas y asumir las responsabilidades políticas acumuladas.

Y ahora, ¿qué puede pasar?

El sindicato ya advirtió que, si no aparece una propuesta superadora, podría profundizar las medidas. Las asambleas de esta semana funcionan como una primera señal de advertencia. El escenario puede evolucionar hacia nuevas movilizaciones, asambleas en dependencias y otras medidas gremiales si la negociación permanece trabada.

El Gobierno, mientras tanto, tiene dos caminos. Puede sostener la pauta ofrecida y defenderla como parte de una política salarial uniforme y compatible con las cuentas provinciales. O puede abrir una negociación específica con los empleados judiciales para intentar evitar que el conflicto se transforme en una disputa prolongada.

Pero existe una tercera alternativa, que es la que el Ejecutivo parece estar eligiendo: sostener una oferta insuficiente, esperar que el desgaste divida a los trabajadores y presentar cualquier acuerdo como una victoria política.

Esa estrategia puede funcionar en el corto plazo. Difícilmente resuelva el problema. Porque mientras no se reconozca la pérdida provocada desde 2020, cada nueva paritaria será apenas una discusión sobre cómo administrar el atraso.

Una negociación que ya no se trata solamente de un porcentaje

La discusión salarial de los judiciales expone algo más profundo que una diferencia entre un 7%, un 10% o un 11%. Expone la distancia que existe entre los números que cierran en una planilla presupuestaria y los números que cierran en el bolsillo de un trabajador.

Para el Gobierno, la propuesta tiene una lógica fiscal. Para los empleados, llega después de años de inflación, pérdida de poder adquisitivo, reclamos pendientes y una creciente percepción de sobrecarga laboral.

Pero también llega después de una decisión concreta: Mendoza fue la única provincia que no otorgó aumentos a sus estatales en 2020 y esa pérdida nunca fue recuperada.

La deuda no comenzó con la inflación de este año. Comenzó cuando el Estado provincial decidió que sus trabajadores podían esperar. Y todavía siguen esperando. En el medio queda la Justicia. Un servicio público que necesita trabajadores que puedan sostenerlo y una sociedad que necesita que funcione. La pelota vuelve a estar en la mesa paritaria.

Pero después de una semana de asambleas, movilizaciones y protestas, una cosa parece clara: los judiciales ya no están discutiendo solamente cuánto aumenta el sueldo; están discutiendo cuánto vale hoy su trabajo, cuánto les quitó la decisión de 2020 y cuánto tiempo más están dispuestos a esperar para que el Gobierno y la Suprema Corte asuman la responsabilidad que les corresponde.