La escena tuvo una fuerte carga simbólica este miércoles en Mendoza: mientras el viento Zonda obligaba a Defensa Civil a multiplicar intervenciones y volvía a poner sobre la mesa la vulnerabilidad de la provincia frente a las emergencias, bomberos voluntarios de distintos departamentos se instalaron frente a Casa de Gobierno para reclamarle respuestas al mismo Estado al que asisten cuando la emergencia llega.

La movilización reunió a representantes de Maipú, Rivadavia, Junín, Barriales, Tunuyán, San Carlos y otros puntos de la provincia. El reclamo tuvo un lema que sintetizó el conflicto: “Muchas obligaciones, pocos derechos”.

Los voluntarios llegaron con una lista que excede largamente el pedido de dinero: cuestionan el financiamiento de los cuarteles, el combustible disponible, las comunicaciones con el sistema de emergencias, el equipamiento, la coordinación frente a catástrofes y el cumplimiento de beneficios que están expresamente contemplados en una ley provincial vigente desde hace casi dos décadas.

Y también pidieron algo que, en cualquier administración pública, debería ser elemental: una mesa de diálogo que funcione de manera permanente y no solamente cuando el conflicto llega a la puerta de Casa de Gobierno.

La ley existe. La discusión es cuánto se cumple

La Ley Provincial 7.679, sancionada en 2007, no presenta a los bomberos voluntarios como una simple organización de ayuda comunitaria.

Los reconoce como un servicio público no estatal y establece obligaciones concretas: deben responder ante incendios y colaborar, cuando sean requeridos, en tareas de prevención y emergencias provocadas por agentes naturales o artificiales.

La misma norma determina que el Poder Ejecutivo debe incluir anualmente en el presupuesto una partida equivalente al 50% de lo asignado al Departamento de Bomberos dependiente de Defensa Civil, destinada a la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios para atender las necesidades operativas de sus asociaciones.

No es un detalle menor. Es una obligación presupuestaria establecida por ley. Y precisamente allí aparece uno de los principales puntos de fricción: los cuarteles sostienen que el esquema de financiamiento no alcanza para garantizar la operatividad que se les exige.

La ley también contempla otros beneficios: acceso a OSEP bajo determinadas condiciones, un cupo no menor al 5% de determinadas operatorias de vivienda del IPV para quienes tengan más de diez años de servicio, becas de estudio equivalentes al 1% del presupuesto anual de becas de la DGE y gratuidad del transporte público para los integrantes activos acreditados.

Los bomberos denuncian que varios de esos derechos no se estarían aplicando de manera efectiva. Y esa es una de las partes más incómodas del conflicto: el Estado provincial exige requisitos para que los cuarteles funcionen dentro del sistema, pero los voluntarios cuestionan que la contrapartida estatal no tenga el mismo nivel de cumplimiento.

$50.000 de combustible contra un camión que necesita más de $360.000

El ejemplo del combustible terminó convirtiéndose en la imagen más contundente del reclamo. Según explicaron los bomberos durante la protesta, el aporte provincial para ese concepto pasó de $6.000 a $50.000.

El problema es que un camión puede necesitar unos 180 litros para llenar su tanque y, con un valor del gasoil superior a los $2.000 por litro, esa carga supera los $360.000. La cuenta es brutal. El aporte oficial cubriría apenas una fracción de una carga completa. Y un cuartel que realiza decenas o incluso más de un centenar de intervenciones mensuales no puede funcionar con una lógica en la que cada salida depende de conseguir recursos adicionales.

Desde Maipú señalaron que algunos cuerpos realizan entre 100 y 120 intervenciones por mes. En otros casos, los propios bomberos aseguran que tuvieron que recurrir a colectas para mantener las unidades en condiciones de salir. La pregunta entonces deja de ser cuánto dinero reciben los bomberos. La pregunta es cuánto cuesta realmente mantener operativo un sistema de emergencias que el Estado utiliza cuando lo necesita.

La paradoja: voluntarios, pero con exigencias de un servicio profesional

La provincia reconoce legalmente la actividad como servicio público. Defensa Civil controla la operatividad de los cuarteles. Los bomberos deben cumplir requisitos administrativos, seguros, capacitación, inventarios, certificaciones, guardias y condiciones para poder formar parte del esquema de respuesta.

Pero quienes realizan esas tareas no reciben un salario por hacerlo. El propio Gobierno provincial ha reconocido históricamente esa característica: en 2016, Alfredo Cornejo destacó la labor de los bomberos voluntarios y sostuvo que se trataba de un servicio prestado sin remuneración, además de reclamar un mayor compromiso ciudadano para sostenerlo.

El problema es que la apelación permanente a la vocación puede convertirse en una peligrosa excusa si termina desplazando obligaciones institucionales. La vocación no reemplaza combustible. La solidaridad no compra equipos. El voluntariado no repara una radio.

Y una colecta no debería ser el mecanismo estructural mediante el cual se sostiene una parte de la respuesta ante emergencias.

Radios, TETRA y una coordinación que todavía está en discusión

Otro de los reclamos centrales está relacionado con las comunicaciones.

Los cuarteles denunciaron que existen equipos TETRA fuera de servicio, móviles sin radio y pedidos de equipos portátiles pendientes. La preocupación no es tecnológica: es operativa.

Cuando un cuartel recibe una emergencia, la comunicación con el Centro Estratégico de Operaciones —CEO— y con Defensa Civil resulta determinante para saber qué dotaciones están disponibles, qué recursos ya están desplegados y qué refuerzos pueden movilizarse.

La propia provincia anunció el 10 de agosto un nuevo esquema para ampliar el sistema TETRA al 100% de los cuarteles de bomberos voluntarios que se encuentren autorizados. El Gobierno sostiene que esto permitirá mejorar la coordinación con el CEO, conocer la disponibilidad y desplazamiento de las dotaciones y administrar mejor los recursos.

La medida es positiva. Pero también expone una contradicción: si el Ejecutivo anuncia ahora que debe fortalecer la comunicación y coordinación con los cuarteles, significa que el sistema todavía tenía una falla que debía ser corregida.

Y eso ocurre justamente cuando los bomberos llevan semanas denunciando ese problema.

El Gobierno dice que dialoga; los bomberos dicen que no alcanza

El Ejecutivo provincial respondió a la protesta con un argumento concreto: la mesa de diálogo existe.

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó que hubo una reunión el 10 de agosto en el CEO del Gran Mendoza, otra el 12 en Junín con bomberos de la Zona Este y una tercera el 19 con representantes de San Martín. También aseguró que se convocó a los 20 cuarteles a una instancia de trabajo y que representantes del sector decidieron no asistir.

La explicación oficial tiene, por lo tanto, elementos que deben ser considerados. Pero no responde completamente al reclamo. Porque los bomberos que llegaron este miércoles no estaban reclamando solamente una reunión. Estaban reclamando resultados.

Y allí aparece la diferencia entre las dos versiones. Para el Gobierno, hay canales institucionales funcionando. Para los cuarteles movilizados, esas instancias no resolvieron los problemas de fondo. Es una diferencia que no se arregla con comunicados.

Rus no recibió a los manifestantes

Uno de los momentos que más molestia generó entre los bomberos fue que la ministra Mercedes Rus no los recibiera personalmente.

Santiago Cronenberg, integrante de la Comisión Directiva de Bomberos Voluntarios de Maipú, explicó que desde el Gobierno les ofrecieron ingresar para firmar un acuerdo con el secretario de Asuntos Gubernamentales, pero los dirigentes rechazaron la alternativa porque pretendían plantear sus reclamos directamente ante la ministra.

Los voluntarios también denunciaron que inicialmente se les indicó que debían entregar el petitorio y retirarse. La explicación oficial fue que la ministra mantenía otros compromisos de agenda y que los canales institucionales estaban abiertos.

El episodio puede parecer protocolar. No lo es. Cuando un grupo de personas que presta un servicio de emergencia se moviliza hasta el edificio central del Gobierno provincial y pide ser recibido por la funcionaria responsable del área, la ausencia de esa funcionaria también es un mensaje político. Más todavía cuando el conflicto lleva meses.

El problema de fondo: ¿quién sostiene la emergencia?

La protesta también puso en discusión un problema estructural de Mendoza. El sistema no está compuesto únicamente por bomberos de la Policía. Los voluntarios forman parte de una red de respuesta que involucra a Defensa Civil, municipios, CEO/911 y distintos organismos provinciales.

La normativa de Defensa Civil establece que los bomberos voluntarios funcionan como entidades auxiliares frente a emergencias y que, en situaciones de mayor gravedad, la estructura provincial debe coordinar los recursos disponibles.

Eso significa que cuando un cuartel tiene problemas para cargar combustible, comunicarse o mantener una unidad operativa, no estamos frente a un inconveniente exclusivamente privado de una asociación civil.

Estamos hablando de una pieza de la infraestructura pública de respuesta. Y por eso la discusión sobre el financiamiento no puede reducirse a cuánto dinero puede o no puede conseguir cada comisión directiva.

Hay un antecedente que vuelve más incómoda la discusión

La crisis no apareció de un día para otro. En la Legislatura provincial ya se había advertido sobre la situación económica de los cuerpos de bomberos.

Documentación del Senado mendocino registra planteos sobre una “grave situación económica” y señala que algunos cuarteles atravesaban una situación que se había vuelto insostenible, junto con referencias al artículo 21 de la Ley 7.679 y a la obligación presupuestaria del Estado provincial.

En febrero de 2026, además, un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados solicitó información al Ejecutivo sobre los aportes realizados a las asociaciones de bomberos durante 2024 y 2025, discriminados por asociación y concepto, así como sobre los recursos recibidos desde Nación y su destino.

Es decir: la pregunta por la plata de los bomberos no nació esta semana. La movilización de este miércoles es el resultado visible de un problema que ya venía siendo advertido en ámbitos institucionales.

Una Federación en el centro del conflicto

Otro punto particularmente delicado es la situación de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios.

Los cuarteles movilizados cuestionan su situación institucional y sostienen que esa irregularidad complica la representación del sector y el canal mediante el cual deberían distribuirse determinados recursos.

La cuestión tiene importancia porque la propia Ley 7.679 reconoce a la Federación como la entidad representativa de las asociaciones ante el Poder Ejecutivo y establece que la partida del artículo 21 debe ser asignada a esa organización para atender las necesidades operativas de sus miembros.

Por eso, si existe un problema institucional en la Federación, no es un asunto secundario. Puede afectar directamente el modo en que el Estado organiza, controla y financia al sistema.

Y aquí también aparece una responsabilidad compartida: el Estado tiene obligaciones de control, pero las asociaciones y su Federación también deben mantener regularizada su estructura para poder operar correctamente dentro del sistema.

El Gobierno también puede mostrar avances

La crítica al Ejecutivo no debería borrar los datos que muestran acciones concretas.

Defensa Civil ha avanzado durante 2026 en la incorporación de nuevos cuarteles y en la regularización operativa de distintas asociaciones. El Gobierno informó, por ejemplo, la incorporación del cuartel de Bomberos Voluntarios de San Martín y destacó que el nuevo cuerpo quedó operativo para coordinar tareas con Bomberos de la Policía y Palmira.

También anunció trabajos con municipios para incorporar y refuncionalizar cuarteles y la incorporación de nuevas asociaciones en zonas consideradas vulnerables. Y semanas atrás la Provincia anunció la ampliación del sistema TETRA y un nuevo esquema de coordinación para los bomberos voluntarios.

Incluso existe un antecedente reciente de aporte directo: en un convenio para fortalecer la respuesta de Bomberos Voluntarios de Ciudad en el Parque General San Martín, la Provincia comprometió $4 millones para equipamiento. El problema es que esas medidas puntuales no parecen haber cerrado la discusión estructural.

También existe un problema nacional

El conflicto mendocino se desarrolla, además, en un contexto nacional complejo para el sistema de bomberos voluntarios.

Un informe oficial elevado al Congreso señaló que durante 2025 se percibieron $85.883 millones correspondientes al recurso de la Ley 25.054 destinado a subsidios para bomberos voluntarios y que el crédito vigente para la actividad de asistencia a Bomberos Voluntarios alcanzó $52.285 millones, con $39.095 millones devengados.

Los reclamos provinciales también hacen referencia a fondos nacionales que, según el documento difundido por los cuarteles, no estarían llegando en los tiempos esperados. Esto no elimina la responsabilidad provincial. Al contrario: obliga a distinguir los problemas.

Una cosa es el financiamiento nacional del sistema. Otra es el cumplimiento de la Ley 7.679 en Mendoza. Mezclar ambas discusiones puede servir para explicar el contexto, pero no para diluir responsabilidades.

La emergencia no puede esperar una licitación

El punto más crítico de toda esta discusión es sencillo. Los bomberos no trabajan con tiempos administrativos. Cuando hay un incendio, una persona atrapada, un accidente vial, una inundación o una emergencia climática, el camión tiene que salir.

No puede esperar a que llegue el próximo subsidio. No puede esperar a que se repare una radio. No puede esperar a que dos organismos terminen de definir quién debía convocarlo.

Por eso la discusión que explotó frente a Casa de Gobierno debería ser tomada como una advertencia sobre el funcionamiento integral del sistema de emergencias de Mendoza. Si el Estado necesita que los voluntarios estén disponibles las 24 horas, también necesita garantizar que estén realmente en condiciones de responder.

Del reconocimiento en los discursos a los recursos en los cuarteles

Durante años, los bomberos voluntarios han recibido diplomas, homenajes y discursos oficiales. El Gobierno provincial reconoce su vocación. Los municipios agradecen su trabajo. La sociedad los aplaude cuando entran en un incendio y los abraza cuando rescatan a alguien.

Pero después llega la pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando hay que pagar el combustible? Porque ahí ya no alcanza el reconocimiento. La Ley 7.679 tiene casi 20 años. No es una norma recién sancionada que el Estado pueda alegar desconocer. Establece obligaciones, derechos y mecanismos de financiamiento.

Por eso, el conflicto de este miércoles no debería terminar con una nueva foto ni con un comunicado que enumere reuniones. Tiene que terminar con números, plazos, responsables y mecanismos de control.

Cuánto recibe cada cuartel. Cuánto necesita para funcionar. Qué equipamiento está operativo. Qué radios funcionan. Qué beneficios de la ley se están aplicando. Cuáles no. Cuándo se cumplirán. Y quién será responsable de verificarlo.

Porque si el Estado pretende que los bomberos voluntarios sean una pieza esencial de la respuesta ante emergencias, no puede tratarlos como una institución que debe arreglarse sola hasta que llegue la próxima emergencia.

La protesta frente a Casa de Gobierno dejó algo más que un reclamo sectorial: dejó expuesta la distancia entre el reconocimiento político de los bomberos y las condiciones materiales con las que se les pide responder cuando Mendoza está en peligro.