El Gobierno de Javier Milei encontró una nueva pieza para intentar destrabar en el Senado una de las reformas que más resistencia generó entre las provincias: la modificación del régimen de Zona Fría.

El movimiento político fue concreto. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acordaron con gobernadores del Norte Grande avanzar hacia un esquema de subsidios eléctricos diferenciales para las regiones con temperaturas elevadas. El entendimiento busca atender un reclamo histórico del norte, pero llega acompañado de una negociación mucho más amplia: la Casa Rosada necesita esos votos para avanzar con el recorte de los subsidios al gas que hoy alcanza a millones de hogares de provincias como Mendoza, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

Y allí aparece el problema para Mendoza.

Hasta hace pocos días, la posibilidad de que el proyecto quedara trabado en el Senado era una herramienta de negociación para las provincias afectadas. Ahora, el acuerdo entre Nación y el Norte Grande reconfiguró ese escenario.

El oficialismo sostiene que el entendimiento puede permitirle reunir los votos necesarios para llevar el proyecto al recinto en septiembre. Incluso ya se habla de emitir dictamen durante agosto.

Para Mendoza, el costo potencial es alto: si la reforma se convierte en ley, Malargüe conservaría el beneficio por su inclusión histórica en el régimen, mientras que buena parte del resto de la provincia perdería el descuento automático.

El intercambio que cambió el escenario

La discusión dejó de ser solamente una pelea por el precio del gas.

El Gobierno nacional encontró una fórmula para dividir el problema territorial: quitar parte del beneficio a las denominadas zonas frías y ofrecer una compensación energética a las provincias cálidas.

La propuesta para el Norte consiste en ampliar la cantidad de kilovatios alcanzados por subsidios durante los meses de mayor temperatura, especialmente entre noviembre y marzo. La implementación se realizaría mediante decisiones de la Secretaría de Energía.

Los gobernadores del Norte llevan años reclamando un tratamiento diferencial para sus usuarios debido al fuerte consumo eléctrico provocado por las altas temperaturas.

La particularidad política es que ahora esa demanda histórica quedó vinculada a una reforma que perjudica a otras provincias.

En términos simples: el Gobierno ofrece una mejora tarifaria para determinadas regiones y, al mismo tiempo, necesita que esas provincias acompañen una reducción del beneficio que reciben otras.

Ese mecanismo fue cuestionado incluso desde el Senado. Un legislador citado por Infobae resumió la tensión como un problema en el que algunos gobernadores reciben una compensación mientras otros pierden un beneficio que ya tenían.

¿Qué quiere cambiar Milei?

El régimen actual tiene su origen en la Ley 25.565 y fue ampliado significativamente en 2021 mediante la Ley 27.637.

La legislación vigente establece un descuento del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos para determinadas regiones históricamente incorporadas, mientras que las zonas sumadas posteriormente tienen diferentes niveles de beneficio. La ampliación de 2021 extendió el régimen a numerosas localidades de provincias que hasta entonces no estaban incluidas.

La iniciativa impulsada por el Gobierno busca revertir buena parte de esa expansión.

El proyecto que obtuvo media sanción en Diputados propone que el beneficio automático vuelva a concentrarse en la Patagonia, Malargüe y la Puna, mientras que en las zonas incorporadas en 2021 la asistencia pase a depender de criterios de vulnerabilidad económica.

El nuevo esquema ya no tendría como principal criterio dónde vive una persona, sino cuánto gana su hogar.

Según el proyecto, el acceso al subsidio focalizado estaría vinculado a ingresos familiares de hasta tres canastas básicas totales para un hogar de referencia, además de determinadas situaciones específicas de vulnerabilidad.

Hay otra modificación que puede resultar relevante para los usuarios: el subsidio dejaría de calcularse sobre el total de la factura y se aplicaría sobre el precio del gas, según el texto aprobado por Diputados.

El número que explica la pelea

El Gobierno presentó la reforma como parte de su estrategia de reducción del gasto.

La media sanción obtenida en mayo fue aprobada por 132 votos contra 105 y cuatro abstenciones, y el ahorro fiscal estimado ronda los $272.099 millones. El problema político es que ese ahorro nacional se traduce en una transferencia de costos hacia determinados usuarios.

En Mendoza, esa discusión puede adquirir una dimensión especialmente sensible porque el beneficio dejó de estar concentrado exclusivamente en Malargüe y alcanzó desde 2021 a numerosas localidades de la provincia.

Por eso, la pregunta ya no es solamente cuánto ahorra Nación. La pregunta es cuánto terminarán pagando los hogares que dejen de recibir el descuento automático y no califiquen para el nuevo sistema focalizado.

Mendoza: una provincia dividida entre Diputados y Senado

El expediente también dejó expuesta una diferencia política dentro de la propia representación mendocina.

En Diputados, Lisandro Nieri y Pamela Verasay, ambos radicales y alineados con el oficialismo provincial, votaron a favor de la reforma. También acompañaron legisladores mendocinos de La Libertad Avanza. La votación nominal de la Cámara baja confirma el respaldo de Nieri y Verasay.

Pero en el Senado ocurrió algo diferente. Mariana Juri y Rodolfo Suarez anticiparon que no acompañarán el proyecto. La tercera representante mendocina, Anabel Fernández Sagasti, también se manifestó en contra.

Así, los tres senadores de Mendoza quedaron alineados en el rechazo, aunque provengan de espacios políticos completamente diferentes. El dato tiene una importancia adicional: Mendoza necesita que esos tres votos se mantengan unidos si pretende utilizar su representación en el Senado como herramienta de presión sobre la Casa Rosada.

El problema para Cornejo

La posición mendocina también genera una tensión dentro del oficialismo provincial. Los diputados que responden al gobernador Alfredo Cornejo acompañaron la reforma en mayo. Los senadores radicales, en cambio, se pronunciaron en contra.

Esa diferencia muestra que el vínculo político entre Cornejo y Milei tiene un límite cuando aparece una medida con impacto directo sobre los usuarios mendocinos.

La propia discusión legislativa provincial dejó registrado el debate sobre qué ocurriría con los usuarios que perderían el beneficio. En la Legislatura mendocina incluso se planteó la posibilidad de que la Provincia financiara transitoriamente parte de la diferencia si el régimen nacional fuera modificado.

Pero esa salida también tiene un problema. Si Mendoza tuviera que compensar con recursos propios una decisión nacional, el costo del ajuste dejaría de recaer exclusivamente sobre el Tesoro nacional y comenzaría a trasladarse al presupuesto provincial.

Es decir, Nación ahorra y Mendoza eventualmente debería decidir si absorbe parte del costo.

La discusión que se viene: ¿quién paga el invierno?

El debate adquiere una dimensión todavía mayor porque el gas no es un consumo suntuario en Mendoza. Las bajas temperaturas y la extensión de la temporada de calefacción hacen que el impacto de una modificación tarifaria pueda ser considerable para los hogares.

Y allí aparece una paradoja. El Gobierno sostiene que el sistema actual subsidia de manera indiscriminada y pretende pasar a un modelo focalizado en quienes realmente necesitan asistencia. Ese argumento fue defendido por legisladores mendocinos que apoyaron la reforma.

Lisandro Nieri, por ejemplo, cuestionó que el régimen ampliado en 2021 haya incorporado zonas que, desde el punto de vista bioambiental, no presentan las mismas características que la Patagonia o Malargüe y sostuvo que el objetivo debería ser concentrar el subsidio en quienes no pueden afrontar el costo.

El argumento tiene una lógica fiscal. Pero la objeción mendocina también tiene una lógica territorial: una familia puede quedar fuera del subsidio por superar un determinado ingreso y, sin embargo, enfrentar una factura de gas muy elevada durante el invierno.

Ese es justamente el punto donde chocan los dos modelos.

El Gobierno cambió el tablero

Hasta principios de agosto, el proyecto parecía atrapado en el Senado. Mendoza había adquirido un papel relevante porque sus tres senadores estaban en contra y el oficialismo necesitaba negociar con bloques provinciales para alcanzar una mayoría.

El 10 de agosto, señalaba que la iniciativa podía caerse por falta de votos y que Mendoza tenía un papel central en esa definición. Pero el acuerdo con el Norte Grande modificó el escenario.

Ahora el oficialismo proyecta una mayoría integrada por sus 21 senadores y potenciales aliados de la UCR, PRO y bloques provinciales. Infobae consignó un escenario de 21 senadores de La Libertad Avanza más otros 17 legisladores de distintos espacios, aunque el número final dependerá de cómo se comporte cada bloque y de la negociación del texto.

Eso no significa que la aprobación esté garantizada. Pero sí significa algo políticamente importante: Mendoza perdió parte del poder de bloqueo que tenía hace apenas unos días.

El pacto con el Norte también tiene letra chica

Hay otra cuestión que todavía no está completamente cerrada.

El acuerdo entre Nación y el Norte Grande fue presentado como un entendimiento para crear un esquema de “zona cálida”, pero su implementación requiere definiciones administrativas posteriores. El Cronista señaló que el Gobierno planea instrumentar la ampliación de los subsidios eléctricos mediante una resolución de Economía, mientras que las provincias afectadas por la eliminación de Zona Fría reclaman precisiones y buscan frenar o demorar el tratamiento del proyecto.

Por eso, el acuerdo político existe, pero todavía resta conocer con precisión cómo funcionará el beneficio eléctrico, cuánto costará y bajo qué condiciones quedará formalizado.Ese detalle es fundamental. Porque mientras el recorte de Zona Fría está contenido en un proyecto de ley que ya obtuvo media sanción, la compensación para las zonas cálidas todavía depende de su instrumentación.

Y allí aparece una de las principales incertidumbres de la negociación.

Un subsidio para unos a cambio de otro que desaparece

La ecuación política diseñada por la Casa Rosada es sencilla de explicar. El Norte reclama ayuda frente al alto consumo eléctrico provocado por el calor. Mendoza, Córdoba, Santa Fe y sectores de Buenos Aires reclaman mantener el beneficio por las bajas temperaturas. El Gobierno no quiere sostener ambos esquemas en su formato actual.

Entonces propone reordenar los subsidios y concentrarlos según las características climáticas y económicas de cada región. El problema es que el acuerdo genera ganadores y perdedores visibles. Las provincias norteñas obtienen una promesa de mayor cobertura eléctrica. Las provincias frías enfrentan la posibilidad de perder una reducción tarifaria que llevan años utilizando.

Y Nación obtiene algo que necesita: votos para avanzar con su programa de reducción de subsidios.

Mendoza queda atrapada entre dos negociaciones

El verdadero problema para la provincia no está solamente en la matemática del Senado.

Está en la política. Mendoza tiene una relación de cooperación con el Gobierno nacional en varias reformas, pero en Zona Fría sus intereses chocan con los de la Casa Rosada. Cornejo necesita preservar su vínculo con Milei, mientras sus senadores buscan defender una posición provincial que puede ser electoralmente costosa si miles de hogares reciben facturas más altas.

Y ahora el Gobierno tiene una nueva carta: el respaldo de los gobernadores del Norte. La negociación deja de ser Gobierno nacional contra Mendoza. Pasa a ser una disputa mucho más grande por el reparto territorial de los subsidios energéticos.

Y en esa discusión Mendoza representa una parte del país que pierde capacidad de presión frente a un bloque de provincias que encontró una compensación concreta para acompañar la estrategia oficial.

El riesgo de una compensación que todavía no está asegurada

El punto más delicado para Mendoza es que el nuevo esquema cambia una garantía automática por una asistencia condicionada. Hoy el usuario alcanzado por Zona Fría recibe el beneficio por pertenecer a una zona incluida en el régimen. Con la reforma, buena parte de esos hogares debería demostrar que cumple determinados criterios para mantener una asistencia.

Eso significa pasar de un subsidio territorial a un subsidio focalizado. La ventaja, según el Gobierno, es que se evita subsidiar a hogares que tienen capacidad económica.

El riesgo, para sus críticos, es que familias que efectivamente necesitan ayuda queden afuera por superar un umbral de ingresos o por las dificultades propias de los sistemas de inscripción y acreditación.

La batalla no terminó

El proyecto todavía necesita ser tratado por el Senado. El Gobierno busca dictamen en agosto y tratamiento en septiembre, aunque el calendario y los acuerdos pueden volver a modificarse.

Los senadores mendocinos tienen ahora una posición mucho más incómoda. Si mantienen el rechazo, deberán explicar por qué se oponen a una reforma que el oficialismo presenta como una herramienta para ordenar subsidios y focalizar la asistencia.

Si cambian su voto, deberán explicar a los usuarios de Mendoza por qué aceptaron una reforma que puede dejar fuera del beneficio automático a buena parte de la provincia. Y mientras tanto, la Casa Rosada puede argumentar que consiguió una solución federal: menos subsidio al gas en las zonas frías y más asistencia eléctrica en las zonas cálidas.

Pero esa explicación deja afuera la pregunta central. ¿Es realmente un reordenamiento federal de los subsidios o una negociación política en la que unas provincias reciben una compensación a cambio de votar el ajuste que pagan otras?

Para Mendoza, esa diferencia no es semántica. Puede terminar apareciendo directamente en la boleta de gas.