Manuel Adorni tendrá ahora que dar explicaciones ante la Justicia sobre cómo construyó y financió parte de su patrimonio durante su paso por el Gobierno de Javier Milei.

El fiscal federal Gerardo Pollicita presentó este lunes ante el juez Ariel Lijo un requerimiento de justificación patrimonial de 207 fojas, en el marco de la causa que investiga al exjefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito. La fiscalía enumeró 20 puntos concretos que considera inconsistentes y le otorgó 15 días para presentar documentación y explicar el origen de los fondos.

El pedido no implica una condena ni determina que Adorni haya cometido un delito. Se trata de una instancia procesal dentro de una investigación penal. Pero sí marca un avance significativo: si las explicaciones son consideradas insuficientes, Pollicita podría solicitar que el exfuncionario sea citado a declaración indagatoria, una decisión que deberá tomar el juez Lijo.

La cuenta que no cierra

Uno de los principales ejes del requerimiento está en la reconstrucción económica realizada sobre Adorni y su esposa, Bettina Angeletti.

Según el análisis incorporado al expediente, durante el período investigado el matrimonio registró $229.752.283,20 de ingresos comprobados, mientras que los gastos relevados alcanzaron $272.820.832,20.

La diferencia es de $43.068.549.

La cifra surge de computar salarios y otros ingresos acreditados y compararlos con seguros, expensas, servicios, impuestos, viajes, tarjetas de crédito, electrodomésticos y otros desembolsos registrados durante el período.

Pero el interrogante no termina en los pesos.

La investigación también detectó US$402.578,12 en gastos y movimientos en dólares que, de acuerdo con la fiscalía, no encuentran hasta ahora un correlato suficiente con los ingresos lícitos comprobados.

La suma comprende operaciones vinculadas con viajes, alquileres, refacciones, muebles y otros gastos abonados en efectivo en moneda estadounidense.

Por eso, el requerimiento busca que Adorni no solamente explique cuánto dinero tenía, sino también de dónde salió, cuándo lo obtuvo y cómo puede acreditar su recorrido financiero.

Los 20 puntos que ahora deberá responder

El requerimiento fiscal abarca el período comprendido entre el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni ingresó a la función pública durante el gobierno de Milei, y el 27 de junio de 2026, fecha en que dejó el cargo de jefe de Gabinete.

Entre los puntos que Pollicita exige aclarar aparecen:

• El origen de los dólares en efectivo incluidos en las declaraciones juradas.

• La documentación que permita reconstruir la trazabilidad de esos fondos.

• La adquisición de la vivienda ubicada en el country Indio Cuá.

• El motivo por el cual esa propiedad figura a nombre de su esposa.

• El origen de los US$245.000 entregados al contratista que realizó las refacciones.

• El financiamiento de los muebles y equipamiento de las propiedades.

• La compra del departamento de la calle Miró, en Caballito.

• Los fondos utilizados para viajes al exterior.

• Alquileres temporarios y otros desembolsos en dólares.

• Expensas, cuotas escolares y gastos familiares.

• El uso reiterado de terceras personas para efectuar compras o pagos.

• El origen del dinero utilizado para iniciar inversiones en criptomonedas.

• Los honorarios de la escribana que intervino en operaciones inmobiliarias.

La fiscalía también reclama documentación que permita establecer fechas, montos y trazabilidad bancaria o bursátil de las operaciones cuestionadas.

Indio Cuá, una de las operaciones bajo la lupa

Una de las propiedades que ocupa un lugar central en la investigación es la vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

La propiedad fue adquirida a nombre de Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y la fiscalía busca determinar el origen del dinero utilizado para concretar la operación.

Pero además aparecen los costos posteriores. El contratista Matías Tabar declaró ante la Justicia que recibió US$245.000 en efectivo por las refacciones realizadas en la vivienda. Según su testimonio, el pago fue efectuado sin factura.

Ese dato pasó a formar parte de la reconstrucción patrimonial y ahora aparece expresamente entre los puntos que Pollicita pretende que Adorni explique.

La investigación también había pedido información sobre las obras realizadas, los movimientos de personas dentro del country y otros aspectos vinculados con la propiedad.

El departamento de Caballito y los préstamos

Otra de las operaciones que generó interrogantes fue la adquisición de un departamento ubicado en la calle Miró, en Caballito.

La operación quedó bajo análisis por la forma en que se financió. Distintas investigaciones periodísticas reconstruyeron que el inmueble fue comprado por unos US$230.000 y que parte sustancial de la operación se habría financiado mediante un préstamo otorgado por las propias vendedoras.

La escribana Adriana Nechevenko, que intervino en operaciones inmobiliarias del matrimonio, declaró como testigo ante Pollicita y fue consultada específicamente por esas transacciones.

Ahora el fiscal quiere que la defensa aporte documentación que permita reconstruir el origen y recorrido de los fondos utilizados en esa compra.

Las criptomonedas, otra pieza de la investigación

El patrimonio de Adorni también quedó vinculado con operaciones en criptoactivos.

En su declaración patrimonial correspondiente a 2025, el exjefe de Gabinete informó un patrimonio de $944.575.052, incluyendo tenencias en dólares, y declaró movimientos vinculados con criptomonedas. También consignó deudas por más de $317 millones.

El argumento expuesto públicamente por Adorni fue que parte de su patrimonio provenía de inversiones en Bitcoin realizadas antes de su llegada a la función pública.

Sin embargo, la fiscalía busca determinar cuál fue el capital inicial utilizado para esas inversiones y cómo evolucionaron posteriormente los fondos.

Durante la investigación se solicitaron informes a plataformas vinculadas con criptomonedas y otros organismos para reconstruir los movimientos financieros.

El punto es relevante porque no alcanza con demostrar que una determinada suma provino de una inversión rentable: para la investigación también debe establecerse cuál fue el origen del capital inicial y cuándo se realizaron las operaciones.

Una declaración jurada que fue modificándose

La causa tuvo un giro importante en junio, cuando Adorni presentó ante la Oficina Anticorrupción nuevas declaraciones patrimoniales y rectificativas.

La presentación modificó información previamente declarada y elevó considerablemente el patrimonio informado. Según los datos publicados entonces, la declaración correspondiente a 2025 consignó más de $944 millones de patrimonio, incluyendo USD 216.181, mientras que también aparecían deudas por más de $317 millones.

La fiscalía incorporó esas rectificaciones a su análisis. Por eso, el requerimiento de este lunes no se basa solamente en una declaración jurada aislada: Pollicita señala que cruzó las presentaciones originales y sus rectificaciones con información financiera, patrimonial y fiscal reunida durante meses de investigación.

Cómo empezó la causa

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

Posteriormente se incorporaron ampliaciones realizadas por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro. En marzo, Pollicita había solicitado al juez Lijo una batería de medidas de prueba para reconstruir el patrimonio del entonces jefe de Gabinete.

Desde entonces, la fiscalía avanzó sobre registros patrimoniales, información de ARCA, operaciones inmobiliarias, movimientos financieros, criptomonedas y testimonios de personas vinculadas con las operaciones investigadas.

En junio, Pollicita había ordenado nuevas medidas y solicitado información a ARCA, al country Indio Cuá y a plataformas vinculadas con criptoactivos, entre otros organismos y entidades.

En julio llegó a la fiscalía el informe técnico elaborado por organismos especializados de la Procuración, que detectó inconsistencias en la evolución patrimonial de Adorni y Angeletti. Ese informe terminó siendo uno de los elementos centrales para avanzar ahora con el requerimiento.

Qué significa el requerimiento de Pollicita

El mecanismo utilizado por el fiscal tiene una particularidad importante. El artículo 268 inciso 2 del Código Penal establece el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios y contempla el supuesto de quien, debidamente requerido, no logra justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial apreciable producido después de asumir un cargo público.

Pero que exista un requerimiento de justificación no significa que Adorni haya sido condenado ni que el enriquecimiento ilícito esté probado.

La fiscalía plantea que existen diferencias patrimoniales que necesitan explicación. Ahora corresponde a la defensa aportar la documentación y los argumentos que considere pertinentes.

El paso siguiente dependerá de esas respuestas. Si Pollicita entiende que las explicaciones no alcanzan, podrá solicitar la indagatoria. La decisión de convocar a Adorni como imputado, sin embargo, corresponde al juez Lijo.

Quince días para explicar el patrimonio

El reloj judicial ya empezó a correr.

Adorni tiene 15 días para responder el requerimiento de 207 fojas y explicar los 20 puntos señalados por la fiscalía.

La investigación lleva varios meses y ahora entra en una etapa decisiva: por primera vez, el exfuncionario deberá responder formalmente y con documentación a las inconsistencias que Pollicita identificó después de cruzar declaraciones juradas, ingresos, gastos, bienes y movimientos financieros.

El dato que queda sobre la mesa es contundente: la fiscalía reconstruyó una diferencia de $43.068.549 entre ingresos y gastos familiares, además de US$402.578,12 en operaciones cuyo origen, según el expediente, todavía necesita ser explicado.

La causa todavía no determinó que exista enriquecimiento ilícito. Pero desde este lunes la pregunta dejó de ser solamente cuánto aumentó el patrimonio de Manuel Adorni.

Ahora la Justicia le reclama que explique, punto por punto, de dónde salió el dinero.