La imagen resulta difícil de ignorar: por un lado, el propio Gobierno de Mendoza reconoció que las condiciones climáticas representaban un riesgo suficiente como para suspender la actividad escolar en gran parte del territorio provincial. Por otro, los diputados nacionales alineados con el gobernador Alfredo Cornejo acompañaron en el Congreso el proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de Zona Fría y reduce el beneficio automático en la tarifa de gas para millones de usuarios, entre ellos cientos de miles de mendocinos.

La iniciativa ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y propone dejar atrás el esquema vigente desde 2021, que incorporó a Mendoza y a otras provincias al régimen ampliado de subsidios por bajas temperaturas. Si la reforma finalmente se convierte en ley, gran parte de los usuarios dejará de recibir el descuento automático y solo accederán al beneficio quienes acrediten determinadas condiciones de vulnerabilidad económica. Malargüe mantendría un régimen diferencial por formar parte de la zona histórica alcanzada por el beneficio.

La discusión adquiere una dimensión especial en Mendoza. La provincia atraviesa una de las olas polares más intensas de los últimos años, con temperaturas bajo cero, nevadas en distintos departamentos y una decisión inédita de la Dirección General de Escuelas de suspender durante dos jornadas consecutivas las clases presenciales para resguardar a estudiantes, docentes y personal educativo.

Ese contexto climático alimentó las críticas de distintos sectores políticos y sociales, que cuestionan la aparente contradicción entre reconocer oficialmente que el frío extremo obliga a paralizar la actividad escolar y, al mismo tiempo, respaldar un proyecto que podría encarecer uno de los servicios esenciales para atravesar el invierno: la calefacción.

Sin embargo, el escenario político comenzó a modificarse en las últimas horas. Tras la aprobación del proyecto en Diputados y el fuerte impacto que generó en provincias alcanzadas por el régimen de Zona Fría, el tratamiento en el Senado encontró nuevos obstáculos. Según diversas versiones parlamentarias, Alfredo Cornejo habría reevaluado el costo político que implicaría avanzar con la reforma en Mendoza y los senadores nacionales Mariana Juri y Rodolfo Suárez no acompañarían el texto tal como llegó desde la Cámara baja, complicando la estrategia del Gobierno nacional para convertir la iniciativa en ley.

El cambio de postura refleja la tensión que atraviesa al oficialismo provincial. En Diputados, el cornejismo acompañó una propuesta alineada con la política de reducción del gasto impulsada por la Casa Rosada. Pero en el Senado, donde el impacto sobre las facturas de gas aparece cada vez más presente en la agenda pública, el costo político de respaldar la iniciativa parece haber alterado el tablero.

Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma busca focalizar los subsidios en quienes realmente los necesitan y reducir el costo fiscal del sistema. Quienes rechazan el proyecto responden que el criterio climático no puede quedar subordinado exclusivamente a variables económicas y advierten que miles de familias de Mendoza deberían afrontar facturas más altas justamente en una provincia donde el invierno volvió a demostrar su dureza.

La discusión todavía no está cerrada. El oficialismo nacional necesita reunir los votos para aprobar la ley en el Senado y, por ahora, no los tiene asegurados. Mientras tanto, la imagen de escuelas cerradas por el frío extremo convive con un debate que trasciende la política energética: si una provincia debe suspender las clases porque las bajas temperaturas ponen en riesgo a los alumnos, también resulta inevitable preguntarse cuál debería ser el papel del Estado para garantizar que calefaccionar una vivienda no se convierta en un lujo para miles de mendocinos.