Las declaraciones corresponden a Gisela Kocsis, exsecretaria privada de la Vocería Presidencial, y a Luis Enrique Alujú, coordinador de Información de Gobierno y uno de los colaboradores más cercanos al exfuncionario. Ambos comparecieron como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien lleva adelante la investigación que busca determinar si existió un mecanismo destinado a canalizar gastos personales mediante tarjetas de terceros para evitar que esas operaciones quedaran directamente vinculadas al patrimonio de Adorni.
De acuerdo con las declaraciones incorporadas al expediente, Kocsis reconoció haber efectuado compras de electrodomésticos, ropa de cama y otros artículos de alto valor utilizando su tarjeta de crédito. Según su testimonio, esas adquisiciones fueron realizadas a pedido de Adorni y, días después, él le entregó dinero en efectivo para reintegrarle el monto abonado. Entre las operaciones mencionadas aparecen un lavarropas, un lavavajillas, colchones, sommiers y otros productos destinados, presuntamente, a una propiedad vinculada al exfuncionario.
La declaración de Luis Enrique Alujú fue en el mismo sentido. El funcionario admitió haber utilizado sus propios medios de pago para realizar compras solicitadas por Adorni y aseguró que luego recibió el dinero en efectivo correspondiente. Su testimonio coincidió con el relato de Kocsis y reforzó una línea de investigación que ya había comenzado a delinearse con la declaración de otra funcionaria durante la jornada anterior. Con estos nuevos aportes, ya son al menos tres los integrantes del entorno del exjefe de Gabinete que describieron un mecanismo similar ante la Justicia.
Los testimonios adquieren especial relevancia porque la investigación no se limita a reconstruir compras aisladas. El expediente intenta establecer si existió un patrón sistemático mediante el cual Adorni habría recurrido a tarjetas de crédito y cuentas de colaboradores para realizar consumos que luego cancelaba en efectivo. Ese esquema es uno de los aspectos que analiza el fiscal para determinar si existen inconsistencias entre el patrimonio declarado por el exfuncionario, sus ingresos y el nivel de gastos detectado durante los últimos años.
La causa se encuentra en una etapa de recolección de prueba testimonial y documental. Entre las medidas impulsadas por la Fiscalía figuran el análisis de resúmenes de tarjetas, movimientos bancarios, adquisiciones de bienes y declaraciones patrimoniales, además de las compras efectuadas para una vivienda cuya financiación también forma parte del expediente. Hasta el momento, Adorni no fue condenado por ningún delito y mantiene vigente su derecho de defensa.
El avance de la investigación llega pocos días después de la salida de Adorni del Gobierno nacional, una decisión que aceleró la crisis política dentro de la administración de Javier Milei. Su renuncia se produjo en medio del creciente desgaste provocado por las denuncias judiciales y de las presiones políticas para apartarlo del cargo, mientras el oficialismo intenta recomponer su agenda legislativa tras uno de los episodios más delicados desde el inicio de la gestión.
Con cada nueva declaración, el expediente incorpora elementos que la Justicia deberá contrastar con la documentación contable y patrimonial reunida durante la investigación. El resultado de ese análisis será determinante para establecer si las operaciones relatadas por los testigos constituyeron simples préstamos entre particulares o si formaron parte de un mecanismo destinado a ocultar gastos incompatibles con los ingresos declarados por el exfuncionario.
