Por Qué tal tu Día
La política mendocina acaba de escribir un capítulo que, de no ser por la gravedad de la denuncia original, parecería una sátira de la incoherencia. Marcelo D’Agostino, el funcionario que durante una década fue el brazo ejecutor de las reformas judiciales de Alfredo Cornejo, se encuentra hoy en un laberinto legal donde la salida implica prender fuego su propio legado.
Tras su renuncia forzada el pasado 10 de abril —acorralado por una denuncia de abuso sexual y violencia de género interpuesta por su expareja—, D’Agostino pasó de ser el “guardián de la ley” a un investigado que teme el encierro preventivo. Lo que nadie previó fue el nivel de pirueta jurídica de su defensa: para evitar que el exfuncionario espere el proceso tras las rejas, sus abogados han planteado formalmente que la actual ley de prisiones preventivas es inconstitucional.
La ironía es tan pesada que corta el aire en los pasillos de Tribunales. Fue el propio D’Agostino quien, en 2016, defendió a capa y espada la Ley 8.869 ante la Legislatura y los medios. En aquel entonces, con un discurso punitivista y celebratorio, aseguraba que “nadie podía decir qué artículo de la Constitución violaba” su reforma. Para el D’Agostino de la gestión, endurecer las condiciones para mantener la libertad era una “necesidad social” para terminar con la delincuencia. Para el D’Agostino denunciado en 2026, esa misma ley es, de repente, un atropello a las garantías individuales.
Este giro no es solo una estrategia judicial; es un síntoma de una forma de ejercer el poder donde las reglas son herramientas de control para los demás, pero “excesos inconstitucionales” cuando tocan la piel propia. Mientras la fiscalía avanza con el análisis del teléfono oficial que el exsubsecretario entregó y se esperan los resultados de los peritajes psicológicos, el sistema político mendocino asiste a la caída de uno de sus cuadros más técnicos y, paradójicamente, al cuestionamiento del sistema que él mismo moldeó.
La llegada de Juan Carlos Jaliff para ocupar su despacho intenta traer calma y “honestidad intelectual” a un área prendida fuego. Sin embargo, el “caso D’Agostino” ya dejó al desnudo una verdad incómoda: en la cima del poder, la “mano dura” es una bandera que se arría apenas asoma el primer patrullero en la puerta de casa.
