El Gobierno de Mendoza avanzará con la implementación de un sistema de peajes una vez que finalicen las obras viales comprometidas, según confirmó el gobernador Alfredo Cornejo. La decisión instala una discusión de fondo: mientras la Provincia sostiene que tomó el control de trabajos que Nación no estaba ejecutando, los usuarios mendocinos serán quienes deberán afrontar el nuevo costo para transitar por rutas que históricamente estuvieron bajo jurisdicción nacional.

"El peaje no va a funcionar hasta tanto no estén terminadas al 100% las obras", afirmó Cornejo al explicar que el cobro llegará después de la finalización de los trabajos de infraestructura. El mandatario aseguró además que las tarifas serán "muy razonables", con descuentos para quienes utilicen frecuentemente las vías y beneficios especiales para residentes.

La definición forma parte de un esquema que la administración provincial viene construyendo desde el acuerdo alcanzado con la Nación para intervenir sobre distintos tramos de rutas nacionales dentro del territorio mendocino.

Rutas nacionales, obras provinciales y una nueva factura para los usuarios

El punto central del debate es que las rutas nacionales pertenecen a la órbita del Estado nacional a través de Vialidad Nacional. Sin embargo, mediante un convenio firmado entre Mendoza y Nación, la Provincia quedó habilitada para ejecutar obras de mantenimiento, conservación y mejoras en sectores de las rutas nacionales 7, 40 y 143.

El acuerdo establece que Mendoza asumirá la ejecución de trabajos con financiamiento propio y bajo supervisión técnica nacional. Entre los tramos incluidos aparecen sectores estratégicos como la Ruta Nacional 7 entre Palmira y el Gran Mendoza, distintos sectores de la Ruta 40 y la conexión de la Ruta 143 entre Pareditas y San Rafael.

Desde el Gobierno provincial argumentan que la medida responde a la necesidad de avanzar con obras que no estaban ejecutándose y que afectan la conectividad, la seguridad vial y la producción. Cornejo sostuvo que la Provincia decidió hacerse cargo porque "es una necesidad para Mendoza" y anticipó que luego de las mejoras se incorporaría un sistema de peajes para sostener el mantenimiento.

Pero el cambio implica una consecuencia concreta para los mendocinos: una vez habilitado el sistema, circular por determinados corredores tendrá un costo adicional. Es decir, parte del financiamiento de la infraestructura vial dejará de salir exclusivamente de los presupuestos públicos y pasará a recaer directamente sobre quienes utilicen esas rutas.

Un modelo similar al transporte público: descuentos para frecuentes y residentes

Cornejo adelantó que el esquema buscará evitar que el impacto sea igual para todos los usuarios. Según explicó, quienes utilicen las rutas con mayor frecuencia tendrán tarifas reducidas, bajo una lógica similar a la aplicada en el sistema de transporte público mendocino.

"El que viaja frecuentemente tiene tarifas infinitamente más bajas que el que viaja de vez en cuando", señaló el gobernador al describir el mecanismo que se analiza.

La intención oficial es que el usuario ocasional pague una tarifa diferente al vecino que debe trasladarse diariamente por motivos laborales, educativos o familiares.

Sin embargo, todavía no fueron informados los valores finales ni la cantidad exacta de estaciones de cobro que tendrá el sistema. El Ejecutivo provincial indicó que esos detalles se comunicarán cuando el proyecto esté completamente definido.

El transporte de cargas tendrá un esquema propio

Otro de los puntos anunciados por Cornejo será el tratamiento diferencial para camiones y vehículos de gran porte. El gobernador explicó que el transporte pesado genera un mayor desgaste sobre la infraestructura y que por eso tendrá un régimen específico.

Además, anticipó la instalación de sistemas de balanzas para controlar el peso de los vehículos y establecer criterios de cobro vinculados a la carga transportada.

La discusión apunta especialmente al impacto del tránsito productivo sobre las rutas, ya que Mendoza concentra corredores utilizados para la actividad agrícola, industrial, minera y logística.

El debate político detrás del peaje

La implementación del sistema abre una discusión política sobre el rol del Estado nacional y provincial en el mantenimiento de la infraestructura vial.

Desde la administración de Cornejo plantean que Mendoza debió avanzar ante la falta de inversiones nacionales y que el peaje permitirá garantizar la conservación futura de las rutas intervenidas.

Desde otra mirada, el punto cuestionado es que los habitantes de la provincia terminarán financiando mediante un nuevo pago una infraestructura que corresponde a la red nacional.

La discusión será cómo se equilibra la necesidad de contar con rutas en mejores condiciones con el impacto económico que tendrá para quienes las utilizan todos los días.

Por ahora, el Gobierno provincial mantiene una condición: no habrá peajes hasta que las obras estén finalizadas. Pero una vez que el sistema entre en funcionamiento, los mendocinos deberán incorporar un nuevo costo asociado a la movilidad dentro de la provincia.