El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) vuelve a quedar en el centro de la tormenta política y judicial. Tras la reciente renuncia de su director, Marco Lavagna, y la decisión del Gobierno de suspender la implementación de la nueva canasta de consumo para medir el Índice de Precios al Consumidor (IPC), las denuncias por manipulación y falta de transparencia se han multiplicado en las últimas 48 horas.
El foco del conflicto: un índice "vintage"
La controversia estalló luego de que se confirmara que el Gobierno decidió postergar indefinidamente la actualización del IPC, que debía comenzar a aplicarse este mes. El nuevo esquema metodológico buscaba modernizar la canasta de consumo (basada en datos de 2017/2018) para reflejar los gastos actuales de los argentinos, otorgando un mayor peso a los servicios y tarifas, y reduciendo la incidencia de bienes que han quedado obsoletos.
Para los técnicos del organismo y representantes gremiales de ATE INDEC, esta decisión constituye una "intervención de hecho". Argumentan que mantener la metodología actual permite que los fuertes aumentos en servicios públicos (luz, gas, agua) tengan un impacto menor en el número final de la inflación, "maquillando" la realidad económica.
Denuncias penales contra Caputo y funcionarios
La tensión ya se trasladó a los tribunales. El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el ministro de Economía, Luis Caputo; el nuevo titular interino del INDEC, Pedro Lines; y la responsable del IPC, Josefina Rim. Se los acusa de presunto abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
A esta presentación se sumó la de Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén, quien denunció formalmente al Gobierno por "manipulación de estadísticas oficiales". Según el dirigente, un IPC distorsionado afecta directamente los acuerdos salariales atados a la inflación, perjudicando el poder adquisitivo de miles de trabajadores estatales.
Datos bajo la lupa
El dato de inflación de enero, que marcó un 2,9%, fue recibido con escepticismo por consultoras privadas. Aunque el número oficial estuvo cerca de las proyecciones, analistas como Miguel Kiguel señalaron la "paradoja" de que, con la nueva metodología (que el Gobierno frenó), la inflación podría haber dado incluso menos en enero, pero mucho más en los meses venideros debido al peso de las tarifas.
Desde la Casa Rosada, el ministro Caputo negó cualquier irregularidad y justificó la suspensión del nuevo índice alegando que "se están diciendo mentiras" y que no hay nada que ocultar. Sin embargo, la creación de una nueva "Oficina de Respuesta Oficial" para refutar versiones periodísticas no ha hecho más que alimentar las sospechas de una mayor vigilancia política sobre los datos técnicos.
