Marcos Calvente atraviesa el tramo más incómodo de su gestión desde que asumió la conducción de Guaymallén. Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos separados terminó convirtiéndose en un problema político de varias dimensiones: una explicación pendiente sobre su viaje a Estados Unidos durante el Mundial, reclamos vecinales por líquidos cloacales que ingresaron a viviendas, una crisis financiera que desembocó en un fuerte ajuste sobre los trabajadores y un volumen de gasto publicitario que quedó bajo la lupa precisamente cuando el municipio argumentaba que no tenía recursos suficientes para sostener los ingresos de su personal.
El segundo semestre de 2026 también expuso una contradicción difícil de disimular. Mientras la administración de Calvente defendía la necesidad de ordenar las cuentas y reducir gastos, las investigaciones sobre la pauta oficial revelaban cifras millonarias destinadas a publicidad y propaganda. Al mismo tiempo, el gobernador Alfredo Cornejo debió quedar involucrado en la discusión financiera de uno de los municipios más importantes de Mendoza, y dentro del propio radicalismo comenzaron a moverse dirigentes que ponen en duda la continuidad política del actual intendente.
No es solamente una acumulación de malas noticias. Es una gestión que empezó a enfrentar preguntas sobre sus prioridades, su capacidad de administración y su relación con los vecinos y los trabajadores. Y, como si el calendario electoral no alcanzara para complicar el escenario, la disputa por el poder municipal ya tiene nombres propios.
Miami: el viaje durante el Mundial y una respuesta que dejó preguntas abiertas
El primer episodio de esta secuencia se remonta al comienzo de julio. Según una investigación publicada por Ecos Mendocinos el 20 de agosto, un registro atribuido al sistema migratorio I-94 de Estados Unidos ubicaría movimientos de Marcos Calvente por Miami entre el 2 y el 4 de julio de 2026. La coincidencia llamó la atención porque el viernes 3 de julio la Selección argentina enfrentó a Cabo Verde en esa ciudad, por los dieciseisavos de final del Mundial, en un partido que terminó con victoria argentina por 3 a 2.
La información periodística incluyó una captura del historial migratorio que, según el medio, contiene un número coincidente con el documento atribuido al intendente. La publicación también señaló que dos fuentes consultadas vincularon el desplazamiento con el Mundial. El registro difundido constituye un elemento concreto que merece una explicación, aunque por sí solo no permite establecer quién pagó el viaje, cuál fue su finalidad ni si Calvente ingresó al estadio para presenciar el encuentro. Hasta el momento tampoco se publicó una rendición que permita conocer el costo total del eventual desplazamiento.
La polémica tomó dimensión institucional cuando los concejales Sonia Sedano y Exequiel Morales, del bloque PRO-PD, impulsaron un pedido de informes para que el Departamento Ejecutivo aclarara si el intendente había salido del país entre el 1 y el 7 de julio. La presentación solicitaba fechas de salida y regreso, destino, motivo del viaje y carácter oficial o particular. También reclamaba información sobre una eventual comunicación previa al Concejo Deliberante, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Orgánica de Municipalidades.
La respuesta municipal, según la documentación difundida por Ecos Mendocinos, se concentró en afirmar que Calvente no había realizado ningún viaje oficial durante ese período y que la comuna no administraba información sobre movimientos migratorios personales. La contestación dejó sin resolver el interrogante central: si el intendente efectivamente estuvo fuera de Argentina por razones particulares, ¿cuál fue el motivo del viaje y por qué no hubo una explicación pública completa?
El episodio terminó dejando una postal incómoda: un pedido institucional concreto, una respuesta que negó únicamente la existencia de un viaje oficial y una investigación periodística que aportó documentación sobre movimientos migratorios. Desde entonces, el interrogante sobre Miami continúa abierto y la explicación política del intendente sigue pendiente.
Cloacas desbordadas: el problema llegó al interior de las viviendas
En octubre, la crisis dejó de concentrarse en los expedientes administrativos y volvió a aparecer en las calles de Guaymallén. El 1 de octubre comenzaron nuevos desbordes en la zona de Tirasso y Rópolo, en Buena Nueva. Los vecinos denunciaron que los líquidos cloacales se acumulaban en veredas, patios y viviendas, con olores persistentes y dificultades para mantener habitables algunos sectores de sus casas. Hubo familias que improvisaron barreras con arena para impedir que el agua contaminada siguiera ingresando.
La situación se conoció públicamente el 6 de octubre. Una vecina relató que el líquido había ingresado a su domicilio y que el problema alcanzaba a familias con niños, bebés, personas mayores y personas postradas. Días después, el 20 de octubre, nuevas imágenes de líquidos cloacales sobre calle Tirasso, mientras otros reportes periodísticos documentaban reclamos en distintos puntos del departamento.
La emergencia no apareció de la nada. En marzo, el propio municipio había declarado la emergencia ambiental y sanitaria por el colapso del colector cloacal de Tirasso y Profesor Mathus, operado por Aguas Mendocinas (Aysam). El Decreto Municipal 1068 reconoció el deterioro estructural de la infraestructura, los socavones, los derrames de efluentes y las afectaciones sobre la calzada y los drenajes. La medida alcanzó sectores de El Sauce y Buena Nueva y dejó asentado que el problema tenía consecuencias ambientales y sanitarias.
La repetición de los episodios durante octubre mostró que las intervenciones realizadas no habían eliminado la vulnerabilidad del sistema. Los reclamos se extendieron a Dorrego, San José y otros sectores, mientras vecinos de Buena Nueva denunciaban que los desbordes habían llegado a sus casas. El 30 de octubre se sumó otro episodio en la zona de Mathus Hoyos y Mitre: frentistas aseguraron que por las canillas salía agua de color marrón y que había líquidos que brotaban desde el pavimento en un sector donde se desarrollaban trabajos de cloacas y cañerías.
El impacto sanitario de estos episodios exige respuestas técnicas y controles sobre la calidad del agua. Los testimonios describen contacto con efluentes cloacales, olores y agua de aspecto contaminado; no se difundieron análisis de laboratorio que permitan caracterizar sustancias tóxicas específicas. La gravedad del problema ya está suficientemente documentada por las condiciones denunciadas y por las propias declaraciones de emergencia.
Calvente decidió trasladar buena parte de la responsabilidad a Aysam. El 19 de octubre reclamó públicamente a la empresa un plan de contingencia con guardias, equipos y cuadrillas disponibles las 24 horas. En declaraciones radiales sostuvo que los desbordes habían dejado de afectar únicamente a Los Corralitos y que la infraestructura cloacal recibía también aportes de otras jurisdicciones. El intendente cuestionó que el protocolo habitual de la empresa no alcanzara para responder a los episodios provocados por las tormentas y reclamó un esquema específico para Guaymallén.
El planteo tiene un fundamento institucional: Aysam es la responsable de operar el sistema cloacal. Sin embargo, el municipio también tiene la obligación de coordinar las respuestas, controlar las condiciones ambientales dentro de su jurisdicción y proteger a los vecinos. El 23 de octubre se realizó una recorrida conjunta en Los Corralitos con el presidente de Aysam, Darío Hernández, y el superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli. Allí se anunció un plan de contingencia que incluye identificación de puntos críticos, refuerzo de guardias, equipamiento y un sistema de alerta temprana.
El anuncio representa un avance, pero también confirma la dimensión del problema: a fines de octubre, después de meses de reclamos y emergencias, los organismos todavía estaban definiendo cómo responder de manera coordinada ante nuevos desbordes. La pregunta para Calvente y para el Gobierno provincial es cuánto tiempo más deberán convivir los vecinos con una infraestructura que se desborda cada vez que las condiciones climáticas ponen a prueba su capacidad.
La crisis financiera y el ajuste que cayó sobre los municipales
El conflicto salarial de octubre terminó por exponer el deterioro de las cuentas municipales. La administración justificó las medidas de ajuste por una caída de entre el 20% y el 30% de los recursos disponibles, según las declaraciones públicas de Calvente. El intendente señaló que la recaudación propia y los fondos coparticipables habían quedado por debajo de las previsiones presupuestarias y que el municipio necesitaba reducir gastos para sostener los servicios, las obras y las obligaciones salariales.
Una parte de la explicación oficial se relaciona con el incendio del centro de procesamiento de datos municipal, ocurrido el 14 de abril. El siniestro afectó servidores y sistemas utilizados para la administración y la gestión tributaria. La comuna declaró la emergencia administrativa, tecnológica y operativa, recibió dos servidores en comodato de la Dirección General de Escuelas y contó con asistencia técnica de la Suprema Corte para recuperar servicios. La emisión de tasas quedó afectada durante aproximadamente tres meses y recién en julio el municipio anunció la distribución de cerca de 100.000 boletas correspondientes a distintos períodos.
El incendio tuvo consecuencias reales sobre la recaudación, pero los datos difundidos posteriormente muestran que el cuadro financiero tenía otros componentes. Un informe publicado el 20 de octubre, basado en planillas presentadas ante el Tribunal de Cuentas y en información de la Ley de Responsabilidad Fiscal, señaló que Guaymallén cerró el primer semestre con un resultado negativo de $17.266 millones. El mismo relevamiento indicó que los ingresos propios habían caído un 62% y que, durante los primeros seis meses, el municipio había ejecutado más del 70% del presupuesto anual previsto para personal.
El dato más delicado es que, según ese análisis, la caída de los ingresos municipales ya se advertía antes del incendio del centro de datos. Eso obliga a mirar más allá del siniestro de abril: el fuego agravó una situación que ya mostraba dificultades de recaudación y una estructura de gastos que necesitaba mayor previsión. También se conocieron cuestionamientos sobre modificaciones presupuestarias, deudas y diferencias entre los registros de ejecución y los informes contables.
El concejal Manuel Moreno Serrano presentó un análisis crítico de la planificación presupuestaria. Según los datos que difundió, el municipio había devengado durante 2025 más de $75.041 millones en gastos de personal, mientras que el presupuesto inicial de 2026 había previsto aproximadamente $63.794 millones para ese rubro. También señaló que, al 30 de junio, ya se había comprometido el 73% de los recursos previstos para personal y que hasta el 9 de octubre se habían realizado modificaciones presupuestarias por casi $14.912 millones para incrementar esa partida.
El presupuesto municipal 2026 fue aprobado mediante la Ordenanza 10.297, sancionada el 27 de noviembre de 2025, y posteriormente recibió modificaciones. El Concejo Deliberante tomó conocimiento de una nueva modificación presupuestaria en septiembre. Ese recorrido documental es importante porque permite reconstruir cómo se fue adaptando la planificación durante el año, en lugar de reducir toda la crisis a una explicación posterior.
El recorte: 40% menos en el bolsillo para miles de trabajadores
La decisión que detonó el conflicto fue la eliminación del bono de Compensación y Estímulo para la mayor parte de la planta municipal. El adicional rondaba los $325.000 a $350.000 mensuales, según las distintas comunicaciones y coberturas periodísticas. La medida alcanzó a unos 2.450 trabajadores, más del 80% del personal, mientras que alrededor de 500 empleados con ingresos netos inferiores a $1.200.000 conservaron el beneficio.
La comuna sostuvo que el sueldo básico no se reducía y que la eliminación del adicional era una medida necesaria para ordenar las cuentas. Desde la representación gremial, en cambio, se advirtió que el bono formaba parte del ingreso mensual habitual y que su pérdida, sumada a las restricciones sobre otros adicionales y a la falta de actualización salarial, representaba una caída de entre el 30% y el 43% de los ingresos de algunos trabajadores.
El conflicto escaló durante la segunda semana de octubre. El 8 de octubre se quebró la negociación paritaria y comenzaron las medidas de fuerza. El 9, Calvente anunció que también se reduciría un 10% su remuneración y la de los funcionarios políticos, con un congelamiento por seis meses. La propuesta fue presentada como una señal de austeridad de la conducción municipal, aunque el impacto sobre los trabajadores era considerablemente mayor: miles de empleados perdían un ingreso mensual que representaba una parte importante de sus haberes, mientras la planta política enfrentaba una reducción del 10%.
El 14 y 15 de octubre se desarrollaron paros y movilizaciones. Los gremios denunciaron una fuerte adhesión en las áreas operativas y reclamaron que el Ejecutivo diera marcha atrás con la quita del adicional. La protesta llegó a la explanada municipal y obligó a intervenir a la Subsecretaría de Trabajo, que dictó la conciliación obligatoria para frenar las medidas de fuerza y encauzar la negociación.
El viernes 16 de octubre, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la reducción del 10% en los salarios del intendente, funcionarios políticos y concejales. La ordenanza estableció que la remuneración de Calvente pasaría del 95% al 85% del sueldo del gobernador, además de disponer un congelamiento salarial de seis meses para los cargos alcanzados. La decisión fue presentada como un gesto de austeridad, pero no modificó el núcleo del conflicto: la pérdida del bono para miles de empleados seguía vigente y sin un plazo definido.
La comparación es inevitable. La conducción política redujo sus haberes un 10% durante seis meses, mientras los trabajadores afectados perdieron un adicional que, según los cálculos gremiales, representaba entre un tercio y más del 40% de sus ingresos mensuales en determinados casos. El esfuerzo no fue equivalente y esa diferencia explica buena parte del malestar que se extendió dentro de la municipalidad.
Los $1.700 millones de Cornejo: ¿salvataje o coparticipación por ley?
En medio del conflicto salarial, el Gobierno provincial autorizó una transferencia de $1.703.603.319 a favor de Guaymallén, incluida en la liquidación de la segunda quincena de septiembre. La noticia generó una fuerte lectura política: con el municipio recortando ingresos de sus trabajadores y mostrando dificultades para sostener sus obligaciones, la Provincia apareció como una fuente de recursos indispensable para aliviar la situación.
Sin embargo, hay una precisión que debe quedar clara. La transferencia no fue un rescate extraordinario diseñado por Cornejo para evitar la quiebra del municipio. Según la Resolución 223 del Ministerio de Hacienda y Finanzas y las explicaciones posteriores de la propia comuna, se trata de una compensación prevista en el régimen de coparticipación, vinculada con la distribución per cápita de los recursos. La normativa establece que la Provincia debe compensar a los municipios que reciben una participación menor por habitante. Guaymallén, pese a ser el departamento más poblado de Mendoza, figura entre los que menos recursos coparticipables reciben por vecino.
La Municipalidad salió a aclarar que el dinero no era un adelanto de fondos futuros ni una asistencia extraordinaria por la crisis salarial. Pero eso no elimina la dimensión política del episodio: la transferencia llegó cuando el municipio atravesaba una crisis financiera, acababa de anunciar un ajuste sobre sus trabajadores y necesitaba recursos para sostener su funcionamiento.
La pregunta de fondo es por qué una administración con un presupuesto millonario terminó el primer semestre con un resultado negativo de más de $17.000 millones, necesitó modificar partidas para cubrir gastos de personal y debió retirar un adicional salarial a miles de trabajadores.
$887 millones en publicidad mientras se ajustaba a los trabajadores
La discusión sobre las prioridades presupuestarias encontró otro capítulo con la difusión de un relevamiento de Fiscalía Ciudadana, publicado por Ecos Mendocinos. Según ese trabajo, Guaymallén destinó $887.158.961 a publicidad y propaganda entre enero y agosto de 2026. La cifra equivale a un promedio cercano a los $3,65 millones diarios y representa aproximadamente el 80% de los $1.105 millones que la comuna había distribuido durante todo 2025.
El informe también señala una concentración importante de los recursos. Durante los primeros ocho meses de 2026, doce prestadores habrían recibido alrededor de $539,8 millones, equivalentes al 60,8% del gasto publicitario registrado. Entre los principales receptores aparecen empresas de cartelería, medios de comunicación, productoras y prestadores vinculados con plataformas digitales. La cantidad de proveedores también se redujo: de 324 durante 2025 a 111 en el período enero-agosto de 2026.
El dato adquiere otra dimensión cuando se lo cruza con el ajuste salarial anunciado en octubre. Mientras el municipio explicaba que debía retirar un bono de aproximadamente $325.000 a miles de trabajadores para ahorrar recursos, el relevamiento ubicaba el gasto en publicidad y propaganda cerca de los $900 millones en apenas ocho meses. La pregunta no es si un municipio debe comunicar sus obras o informar sus servicios: eso forma parte de sus obligaciones. La discusión es qué criterios justifican semejante volumen de gasto, cómo se distribuyen los fondos, qué resultados se obtienen y qué prioridad tienen esas partidas frente a las necesidades de funcionamiento y los salarios.
Además, la discusión sobre la pauta se mezcla con otra crítica política: la sobreexposición de la figura del intendente en la comunicación municipal. En los últimos años, Calvente convirtió sus recorridas, anuncios, inauguraciones y actividades cotidianas en una presencia constante en las redes oficiales. La comunicación institucional puede mostrar la gestión, pero cuando cada obra o actividad termina organizada alrededor de la imagen del jefe comunal, aparece una frontera delicada entre informar a los vecinos y construir posicionamiento personal con recursos públicos.
El relevamiento de los $887 millones corresponde a publicidad y propaganda en general, no exclusivamente a redes sociales ni a publicaciones personales del intendente. Tampoco permite atribuir cada peso a una estrategia de promoción individual. Pero sí aporta una base concreta para exigir que el Ejecutivo publique el detalle de los contratos, los proveedores, los montos efectivamente pagados, los criterios de contratación y los objetivos de cada campaña. En una administración que reclama sacrificios a sus trabajadores, la transparencia sobre la comunicación oficial deja de ser un asunto secundario.
El radicalismo empieza a discutir quién se queda con Guaymallén
La crisis de gestión se desarrolla mientras el calendario político empieza a poner la mira en 2027. Calvente ya anunció que pretende buscar la reelección y, en una entrevista con Radio Nihuil difundida por Diario UNO el 21 de septiembre, dejó en claro que está dispuesto a competir en una PASO radical contra Marcelino Iglesias si el exintendente decide regresar al municipio.
La posibilidad tiene una carga política particular. Iglesias fue el jefe comunal que impulsó la llegada de Calvente a la conducción municipal y durante años fue su principal referencia política. La relación se deterioró con el paso del tiempo y las diferencias dentro del radicalismo de Guaymallén dejaron de ser un secreto. El sector identificado con Iglesias mantiene dirigentes y concejales que no siempre acompañan la estrategia del actual intendente, mientras Calvente busca consolidar su propio liderazgo y evitar que la interna termine condicionando su gestión.
El 2 de noviembre, Iglesias se reunió en la Legislatura con el exgobernador Rodolfo Suarez. El encuentro alimentó las especulaciones sobre posibles movimientos políticos de cara al próximo año. Iglesias sostuvo que no estaba pensando en una candidatura, aunque tampoco cerró definitivamente la puerta a un eventual regreso. La reunión se produjo pocos días antes del congreso ordinario de la UCR previsto para el 12 de noviembre, donde el partido deberá discutir su estrategia y los acuerdos electorales hacia 2027.
El escenario no se limita a una disputa personal entre el actual intendente y su antiguo mentor. Guaymallén es el departamento con mayor padrón electoral de Mendoza y su conducción tiene un peso importante en cualquier armado provincial. Por eso, la discusión sobre quién sucederá a Calvente —o si el propio Calvente continuará— excede las fronteras municipales. En el oficialismo también aparecen otros sectores y nombres que observan la oportunidad de disputar protagonismo.
El intendente cuenta con el respaldo político de Cornejo y tiene la ventaja institucional de ocupar el Ejecutivo. Pero las dificultades financieras, el conflicto con los trabajadores, los reclamos por servicios y los cuestionamientos sobre sus prioridades comunicacionales complican la construcción de una candidatura sin internas. En política, el apoyo del gobernador puede ordenar una estructura, pero no reemplaza la necesidad de sostener una gestión que llegue con respuestas concretas a los vecinos.
Un semestre que dejó demasiadas preguntas
El segundo semestre de Marcos Calvente expuso una serie de contradicciones que ya no pueden analizarse por separado. El viaje a Miami permanece sin una explicación pública completa; los derrames cloacales volvieron a afectar a vecinos y obligaron a reclamar un plan de contingencia; las cuentas municipales exhibieron un resultado negativo significativo y una ejecución acelerada del gasto en personal; miles de trabajadores perdieron un adicional que representaba una parte importante de sus ingresos; y el gasto publicitario quedó bajo cuestionamiento justo cuando la administración pedía austeridad.
La Provincia transfirió recursos a Guaymallén, pero esa compensación no resuelve los interrogantes sobre la planificación presupuestaria. Del mismo modo, la responsabilidad operativa sobre los colectores cloacales corresponde a Aysam, pero la gestión municipal no puede limitarse a señalar a otra repartición mientras los vecinos siguen reclamando soluciones.
Calvente tiene por delante una tarea mucho más difícil que ordenar una interna partidaria: recuperar credibilidad. Para eso necesita explicar el viaje a Estados Unidos, transparentar el destino de los recursos publicitarios, mostrar cómo se utilizaron las modificaciones presupuestarias, resolver el conflicto salarial y exigir resultados concretos sobre la infraestructura sanitaria. Son asuntos distintos, pero todos terminan en el mismo lugar: la obligación de rendir cuentas.
En 2027 se discutirá quién gobierna Guaymallén. Antes de esa elección, sin embargo, hay una pregunta mucho más urgente: ¿qué respuestas tiene hoy la gestión de Marcos Calvente para los trabajadores que perdieron parte de sus ingresos, los vecinos que conviven con los desbordes cloacales y los contribuyentes que financian una administración que todavía debe explicar cómo llegó a esta situación?
