Hay promesas de gobierno que se incumplen en un comunicado y otras que dejan marcas en el territorio. En Perdriel, la distancia entre lo que anunció Alfredo Cornejo y lo que hoy muestra el Vivero Provincial no se mide solamente en discursos: se mide en árboles que ya no están, hectáreas intervenidas, millones de pesos destinados a trabajos forestales y un proyecto ambiental que terminó archivado antes de alcanzar las metas que el propio Ejecutivo había difundido.
El 5 de junio de 2024, durante el Día Mundial del Ambiente, la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, presentó el plan para convertir las 25 hectáreas del vivero en un establecimiento modelo para la producción forestal. La iniciativa tenía objetivos concretos: producir 10.000 ejemplares durante 2025, alcanzar los 40.000 árboles para 2028, abastecer a los municipios y sumar actividades educativas para estudiantes de escuelas técnicas agrícolas.
Dos años después, la misma ministra que había presentado aquella iniciativa terminó reconociendo en la Legislatura que no se concretará. La frase que pronunció el 15 de octubre de 2026, durante la presentación del Presupuesto 2027, fue contundente: «Rectifico mi compromiso, no vamos a desarrollar un vivero modelo en ese lugar».
La rectificación tiene un peso político que va mucho más allá de una modificación de planes. Porque no se trataba de una idea en evaluación ni de una posibilidad que nunca llegó a anunciarse: fue un proyecto presentado oficialmente, con metas de producción, convenios institucionales y una promesa de recuperación ambiental. Ahora, sin que esas metas hayan llegado a materializarse en los términos anunciados, el Gobierno de Cornejo propone otro destino para el terreno.
Y hay una contradicción que atraviesa toda la historia: mientras se prometían miles de árboles para reforestar Mendoza, la Provincia contrataba trabajos para retirar ejemplares de ese mismo predio. El vivero que iba a ser modelo terminó convertido en el escenario de una intervención forestal millonaria y de una disputa política que todavía está lejos de cerrarse.
La promesa de Latorre y la rectificación que llegó dos años después
El anuncio de 2024 no dejaba demasiado margen para interpretar cuál era el rumbo elegido. El Ministerio de Energía y Ambiente comunicó que trabajaba en la puesta en valor del vivero y que, junto con Irrigación, había avanzado en obras para aprovechar el agua de escurrimiento y mejorar el riego de las plantas. La ministra habló de recuperar las 25 hectáreas y producir 40.000 forestales para 2028.
También se había anunciado un convenio con la Dirección General de Escuelas y el Departamento General de Irrigación para incorporar prácticas profesionalizantes, formación en agricultura regenerativa y actividades vinculadas con la cultura del árbol. El establecimiento iba a cumplir una función productiva, ambiental y educativa. Era, según la propia presentación oficial, una apuesta para toda la provincia.
Pero el 15 de octubre de 2026, cuando el diputado Lucas Ilardo volvió a preguntar por el destino del predio, la respuesta de Latorre terminó desarmando aquel anuncio. La ministra no presentó una actualización de las metas ni informó sobre una etapa demorada: reconoció que el vivero modelo no se desarrollará y planteó una alternativa vinculada con productores privados y el sector educativo.
La escena política merece detenerse. Una funcionaria que había presentado públicamente un proyecto ambiental con objetivos medibles terminó rectificando su compromiso ante una pregunta legislativa. No hubo una inauguración, una evaluación pública de resultados ni una explicación integral sobre el fracaso de las metas anunciadas. Hubo una nueva propuesta.
En una provincia donde el discurso oficial suele ubicar la protección ambiental entre las prioridades de gestión, el caso de Perdriel expone una distancia incómoda entre las declaraciones y las decisiones concretas. Cornejo conduce el Gobierno que asumió aquel compromiso y Latorre es la ministra que lo anunció y luego comunicó su abandono. La responsabilidad política no desaparece porque el proyecto haya cambiado de nombre o porque ahora se lo presente bajo otra etiqueta.
$29 millones para talar en el lugar donde iban a producir árboles
La contradicción se vuelve todavía más fuerte cuando se observa lo que ocurrió en el predio durante el tiempo en que el vivero modelo debía empezar a tomar forma.
La respuesta oficial a un pedido de informes impulsado por Ilardo y aprobado por la Cámara de Diputados mediante la Resolución 410/2026 reconoció una contratación por $29.000.000 a MMEP Constructora, vinculada a Javier Alberto Castro. El trabajo comprendió tareas de relevamiento, tala, trozado, extracción, transporte y disposición de ejemplares forestales en una superficie de 12 hectáreas.
La contratación quedó registrada en el expediente EX-2025-02342836-GDEMZA-CCC y, según la información oficial difundida, los trabajos finalizaron en diciembre de 2025. La empresa también publicó que había concluido las tareas de tala, trozado, carga, traslado y disposición final de ejemplares forestales secos que presentaban riesgo de incendio.
El argumento de la intervención fue la existencia de árboles secos con riesgo de incendio. Sin embargo, los vecinos cuestionan los criterios utilizados y sostienen que no todos los ejemplares retirados estaban en esas condiciones. También afirman que parte de la vegetación se habría deteriorado por falta de riego y mantenimiento. Esa explicación pertenece a los testimonios vecinales y no equivale a un peritaje independiente, pero pone en discusión algo central: cómo se llegó a una situación en la que un predio que iba a ser recuperado para producir árboles terminó con 12 hectáreas intervenidas.
La documentación difundida tampoco permite reconstruir con precisión cuántos ejemplares fueron retirados, qué volumen de madera se obtuvo ni cuál fue su destino final. Tampoco aparecen suficientemente detallados todos los costos de las demás intervenciones realizadas en el inmueble, entre ellas trabajos de infraestructura hídrica, modificaciones eléctricas y la demolición de una construcción antigua.
La cuenta política es difícil de esquivar: el Estado anunció una inversión ambiental para recuperar el vivero, destinó millones a trabajos forestales y, finalmente, abandonó el proyecto que justificaba la puesta en valor del establecimiento. El dato de los $29 millones no es un detalle contable: es parte de una historia que todavía no tiene una explicación completa sobre sus resultados.
El nuevo proyecto privado: otra promesa sobre las mismas 25 hectáreas
Después de reconocer que el vivero modelo no se hará, Latorre presentó un nuevo horizonte para el terreno: un polo socioproductivo con participación de productores privados y del sector educativo. La propuesta cambia el sentido de la iniciativa original. Ya no se habla de recuperar un vivero provincial de gran escala para abastecer el arbolado público de Mendoza, sino de desarrollar un esquema productivo con actores privados.
La respuesta oficial conocida no identifica con precisión quiénes serían esos productores, bajo qué condiciones participarían, qué superficie ocuparían ni cuál sería el instrumento administrativo que formaliza el cambio de destino. Tampoco permite conocer con claridad qué sucederá con las instalaciones y los recursos que se habían proyectado para el funcionamiento del vivero.
El problema no es que un terreno público pueda ser parte de una iniciativa productiva. El problema político es la secuencia: primero se anuncia un proyecto ambiental con metas concretas, después se interviene el predio y se retiran ejemplares forestales, y finalmente aparece una propuesta diferente con participación privada. Entre una etapa y otra, la ciudadanía recibió anuncios, rectificaciones y respuestas parciales, pero no una explicación integral de por qué fracasó el plan original.
En ese contexto, la palabra «socioproductivo» no alcanza para despejar las dudas. El nuevo proyecto todavía necesita definiciones públicas sobre sus participantes, sus condiciones y el destino de un inmueble provincial de 25 hectáreas. La discusión ya no es solamente qué actividad se desarrollará allí, sino qué ocurrió con el compromiso ambiental que justificó la intervención inicial.
Cornejo, Latorre y una responsabilidad que no se resuelve con cambiar el proyecto
El caso de Perdriel no puede reducirse a una decisión técnica de un ministerio. La iniciativa fue presentada como parte de la política ambiental del Gobierno provincial que encabeza Alfredo Cornejo. Latorre la anunció desde su cartera, difundió sus objetivos y luego reconoció ante la Legislatura que no se concretará.
Por eso, la responsabilidad política alcanza a los dos. Cornejo es el gobernador de una administración que comunicó el proyecto y que ahora cambia el destino de esas tierras. Latorre es la funcionaria que puso su firma política en el anuncio y que, dos años más tarde, protagonizó la rectificación. No se trata de atribuirles una responsabilidad penal que no está determinada, sino de señalar una responsabilidad de gestión que surge de la propia cronología oficial.
La ministra habló de un vivero modelo, de 40.000 árboles, de recuperación ambiental y de formación educativa. Después, el Gobierno contrató trabajos forestales en 12 hectáreas y ahora plantea un polo socioproductivo. La sucesión de decisiones deja una pregunta política elemental: ¿qué cambió para que aquello que en 2024 era una apuesta estratégica de la Provincia dejara de serlo dos años después?
Tampoco es menor que la rectificación haya llegado durante una presentación presupuestaria, ante el cuestionamiento de un legislador y no como parte de una evaluación pública del proyecto. La iniciativa había sido presentada con despliegue institucional y objetivos ambiciosos; su abandono terminó apareciendo en medio de un debate legislativo y de reclamos por el estado actual del predio.
Allasino y el papel de Luján: una ausencia que también merece explicación
Aunque la contratación de los trabajos forestales y las decisiones ministeriales corresponden al Gobierno provincial, la historia del vivero también tiene una dimensión municipal. El predio fue gestionado conjuntamente por la Provincia y la Municipalidad de Luján de Cuyo hasta 2023. Luego pasó a la conducción íntegra del Gobierno de Mendoza, según informó el propio Ministerio en el anuncio de junio de 2024.
Ese antecedente permite distinguir responsabilidades, pero no borra el papel político de Esteban Allasino. El intendente conduce el municipio donde se encuentra el establecimiento, conoce la importancia territorial de un espacio que durante décadas funcionó como pulmón verde y convive con los reclamos de los vecinos de Perdriel. Su gestión no ejecutó la contratación provincial de $29 millones ni aparece como responsable directa de la tala, pero eso no la deja al margen del debate sobre el destino de un predio que forma parte de la historia ambiental y comunitaria de Luján.
Hay además un antecedente que merece atención. En el cuarto trimestre de 2024, ante una solicitud de información pública sobre el estado del vivero, el Concejo Deliberante de Luján respondió que no había tomado conocimiento de reclamos o denuncias y aclaró que el inmueble pertenecía a la Provincia, no al municipio. La respuesta puede ser correcta en términos de titularidad, pero también refleja una forma de tomar distancia de un conflicto que afecta directamente a una comunidad del departamento.
Allasino no tiene la responsabilidad administrativa de la contratación provincial, pero su posición política como intendente no se agota en señalar quién es el dueño del terreno. La discusión también involucra el espacio verde, el patrimonio ambiental y el futuro de Perdriel. Mientras la Provincia anuncia un nuevo proyecto con privados, los vecinos siguen reclamando por el estado del predio y por la pérdida de un lugar que consideran parte de su identidad.
El municipio no aparece como protagonista de la recuperación del vivero ni como impulsor de una alternativa pública para el terreno. En una historia donde Provincia y comuna compartieron la gestión durante años, la distancia institucional también forma parte del problema político.
Los vecinos hablan de un arboricidio y muestran lo que quedó
Las imágenes actuales del vivero son uno de los elementos que explican la dimensión del conflicto. Durante una recorrida, vecinos de Perdriel mostraron sectores despejados, troncos cortados, restos de vegetación y caminos que, según recuerdan, antes estaban rodeados por una arboleda mucho más densa.
Uno de los testimonios recogidos sostuvo que cerca del 90% de los ejemplares retirados estaban secos, pero atribuyó ese estado a la falta de riego y mantenimiento previo. Otros vecinos afirmaron que no todos los árboles estaban secos y cuestionaron que se haya perdido una parte importante de la vegetación sin que la comunidad conociera los criterios utilizados para decidir qué ejemplares retirar.
Los habitantes de la zona también señalaron que parte de la madera fue retirada en camiones y con ayuda de grúas. La falta de información precisa sobre el volumen extraído y el destino final del material alimenta el reclamo. En el expediente aparecen las tareas contratadas, pero la reconstrucción completa del recorrido de la madera sigue siendo uno de los puntos pendientes.
La intervención no se limitó a los árboles. Los vecinos denunciaron la demolición de una antigua casona que consideran de valor histórico y que, según sostienen, podía ser recuperada. También señalaron que se instalaron un portón, cámaras y luminarias que posteriormente desaparecieron, sin que el predio recuperara un sistema de seguridad visible.
El deterioro que describen no es solamente una cuestión paisajística. Para quienes viven en Perdriel, el vivero era un espacio verde, productivo y comunitario. La pérdida de buena parte de su arboleda modificó un entorno que durante años formó parte de la vida cotidiana de la zona. Por eso, los vecinos hablan de «arboricidio» y cuestionan que el Estado haya intervenido el predio sin una comunicación clara con la comunidad.
Una laguna, una casona y un proyecto ambiental que ya tenía antecedentes
En 2024, el Gobierno también había anunciado trabajos para recuperar una laguna de laminación de aproximadamente 1,25 hectáreas, vinculada al sistema de defensa aluvional de la zona. La Dirección de Hidráulica había iniciado tareas de limpieza y retiro de unos 50.000 metros cúbicos de sedimentos para mejorar el funcionamiento del reservorio y aprovechar el agua de escurrimiento en el riego del vivero.
El agua era una pieza central del proyecto anunciado por Latorre. La recuperación del reservorio y la canalización de los escurrimientos se presentaban como herramientas para sostener la producción forestal. Por eso, las denuncias vecinales sobre falta de riego y árboles que se habrían secado antes de la tala abren otra contradicción: una de las obras destacadas por el Gobierno como parte de la recuperación del vivero convivió con un deterioro de la vegetación que hoy denuncian quienes conocen el lugar.
Además, la idea de recuperar el predio no había nacido en 2024. El 27 de septiembre de 2023, un grupo de guardaparques presentó una propuesta para refuncionalizar el vivero y crear el Área Natural Protegida Cerrilladas de Perdriel. El plan incluía recuperar la producción de especies nativas, proteger unas 3.525 hectáreas de ambiente de secano, desarrollar tareas científicas y educativas y generar vínculos con instituciones como la UNCuyo, el INTA y el Conicet.
La propuesta contemplaba también recuperar las instalaciones, incorporar personal guardaparque y convertir el lugar en un espacio de investigación, capacitación y educación ambiental. Era una alternativa que vinculaba al vivero con un territorio más amplio y con la protección de un ecosistema que, según el diagnóstico de sus impulsores, ya sufría distintas formas de degradación.
Ninguna de esas iniciativas terminó consolidándose en los términos anunciados. Primero quedó atrás la propuesta de los guardaparques; luego, el vivero modelo de Cornejo y Latorre. Ahora aparece un polo socioproductivo con participación privada. La sucesión de proyectos deja una pregunta que atraviesa todos los anuncios: ¿cuál es, finalmente, el destino que el Estado provincial quiere darle a esas tierras?
La donación de los años 40 y el destino de un terreno público
Los vecinos también mencionan un antecedente histórico que consideran central. Según sus testimonios, documentación de la década de 1940 daría cuenta de una donación del terreno al Estado provincial para instalar un vivero o un establecimiento educativo con fines agrícolas. Esa referencia forma parte de los argumentos de la comunidad para cuestionar un eventual cambio de uso del inmueble.
Hasta ahora no se cuenta con la escritura original ni con una verificación documental completa de las condiciones de aquella donación. Por eso, no corresponde afirmar que exista una restricción jurídica vigente que impida modificar el destino de las tierras. Pero el antecedente merece atención, especialmente porque el Gobierno ya reconoció que el proyecto original será reemplazado por otro esquema.
El inmueble pertenece a la Provincia y su conducción quedó en manos del Gobierno mendocino. La Municipalidad de Luján no es la titular del terreno ni aparece como responsable de los trabajos forestales contratados. Sin embargo, la discusión sobre el uso de un espacio público ubicado en Perdriel involucra también a la comunidad y a sus representantes locales.
En octubre de 2026, la gestión de Allasino anunció junto con Banco Galicia y la Red de Innovación Local un Consorcio de Articulación Público-Privada para analizar el desarrollo urbano y el potencial de tierras públicas subutilizadas. No existe documentación que vincule ese consorcio con el nuevo proyecto del vivero. Sin embargo, el anuncio se suma a un debate más amplio que atraviesa a Luján: qué lugar ocupan las tierras públicas en los planes de desarrollo y bajo qué condiciones se incorpora al sector privado.
Una denuncia anunciada y una historia que todavía no termina
El conflicto ya llegó al plano político y amenaza con trasladarse a la Justicia. Después de conocer la respuesta oficial al pedido de informes, Lucas Ilardo anticipó que denunciará penalmente a Jimena Latorre por lo ocurrido en el vivero. El legislador cuestionó el abandono del proyecto, la intervención forestal y el cambio de destino del predio. También utilizó la expresión «arboricidio» para describir lo sucedido.
Al cierre de esta nota, no había confirmación documental suficiente de que la denuncia anunciada se hubiera formalizado ni de que existiera una causa penal abierta. Esa distinción es importante: hay cuestionamientos políticos, documentación administrativa y testimonios vecinales, pero no una determinación judicial de responsabilidades.
Lo que sí está acreditado es que el Gobierno anunció un vivero modelo con metas concretas, que Latorre reconoció después que no se realizará, que la Provincia contrató por $29 millones trabajos forestales en 12 hectáreas y que ahora se impulsa una alternativa socioproductiva con participación privada. También están documentados los reclamos de los vecinos y la existencia de preguntas que la información oficial difundida no termina de responder.
Cornejo y Latorre quedan frente a una contradicción de gestión que no se resuelve con una nueva presentación ni con otro nombre para el proyecto. Allasino, por su parte, tampoco puede quedar reducido a la condición de espectador de un conflicto que afecta a una comunidad de su departamento, aunque la responsabilidad administrativa directa por las decisiones cuestionadas corresponda a la Provincia.
En Perdriel, el Estado prometió producir árboles para toda Mendoza y terminó interviniendo forestalmente una parte importante del predio. Anunció un vivero modelo y ahora habla de un polo socioproductivo. Entre una promesa y otra hay 25 hectáreas públicas, millones de pesos, una arboleda que los vecinos dicen haber perdido y un futuro que todavía no tiene contornos claros.
La pregunta que queda no es solamente qué pasó con los árboles. Es qué pasó con la palabra empeñada por el Gobierno, quién se hace cargo del fracaso de aquel proyecto y qué intereses terminarán definiendo el destino de un terreno que alguna vez fue presentado como un patrimonio ambiental de todos los mendocinos.
