El Gobierno de Javier Milei parece tener una dificultad recurrente para explicar las cuentas de algunos de sus principales dirigentes. Cuando todavía resuenan las repercusiones del caso Manuel Adorni, una nueva investigación periodística coloca a otro integrante del círculo de confianza de Karina Milei frente a preguntas incómodas sobre su patrimonio.
Esta vez el protagonista es Sebastián Pareja, diputado nacional, principal armador de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y actual presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. Su nombre quedó involucrado en una investigación que reconstruyó movimientos bancarios millonarios, fondos que no aparecerían en sus declaraciones juradas y una operación inmobiliaria en Puerto Madero realizada por su madre.
La información fue anticipada por el periodista Juan Luis González en la revista Noticias y ampliada por otros medios a partir de documentación bancaria y registral. Los registros habrían llegado a la Justicia en el marco de un litigio por la cuota alimentaria de la hija que Pareja tiene con su expareja, Luciana Díaz.
El dato que concentra la atención no es solamente el valor de un departamento de lujo. Es la coincidencia entre una extracción de dólares de una cuenta vinculada al diputado y la escrituración de una propiedad por parte de su madre, en la misma fecha. Una coincidencia que todavía necesita explicaciones, especialmente cuando los movimientos financieros no encontrarían correspondencia con el patrimonio informado ante la Oficina Anticorrupción.
Los US$300.678 que salieron del Santander y el departamento de Puerto Madero
El episodio central de la investigación tiene fecha precisa: 30 de enero de 2026.
Según la reconstrucción publicada por Noticias, ese día se retiraron por ventanilla US$300.678,27 de una cuenta del Banco Santander vinculada a Sebastián Pareja y sus padres. En esa misma jornada, Matilde Hilda Benzi, madre del diputado, escrituró un departamento de 133 metros cuadrados, con cochera, en el complejo La Porteña II, en Puerto Madero.
El valor consignado en la operación inmobiliaria fue de US$350.000.
La propiedad quedó registrada a nombre de Benzi, de 80 años. De acuerdo con la investigación, tanto ella como su esposo, Miguel Ángel Pareja, tampoco registrarían actividad laboral reciente que permita explicar, a partir de la información conocida, semejante capacidad financiera.
La coincidencia entre ambas operaciones es uno de los puntos más sensibles del caso. Sin embargo, hay una distinción importante: la documentación difundida permite señalar que el retiro y la escritura se produjeron el mismo día, pero no demuestra por sí misma que los dólares extraídos hayan sido entregados para pagar el inmueble.
Lo que sí deja planteado es un interrogante patrimonial: ¿de dónde surgieron los recursos para una operación inmobiliaria de esa magnitud y cuál fue la participación económica de cada integrante de la familia?
Una cuenta compartida y transferencias por $107,5 millones
La investigación no se limita a la compra inmobiliaria. También reconstruye el movimiento de una cuenta bancaria del Santander que durante buena parte de 2025 estuvo a nombre de Pareja y su padre, y a la que en noviembre de ese año se incorporó su madre.
Según los resúmenes bancarios difundidos, entre junio y agosto de 2025 ingresaron seis transferencias por un total de $107,5 millones.
El detalle informado fue el siguiente:
-
Junio: una transferencia de $40 millones.
-
Julio: dos movimientos por $5 millones y $21 millones.
-
Agosto: tres transferencias por $21,5 millones, $11 millones y $9 millones.
Los extractos consultados por los periodistas no permitían identificar a los remitentes de esas operaciones. Una parte importante del dinero habría sido colocada rápidamente en plazos fijos.
Al 31 de diciembre de 2025, la cuenta registraba un saldo de $15.880.972 y US$236.676. También figuraban aproximadamente $13 millones en depósitos a plazo fijo y $2.792.500 en acciones de YPF.
La cuestión es que, de acuerdo con el contraste realizado por la investigación de Noticias, esos saldos no aparecerían reflejados en la declaración jurada patrimonial presentada por Pareja ante la Oficina Anticorrupción.
En otras palabras, el problema no pasa solamente por cuánto dinero había en una cuenta compartida con sus padres, sino por establecer a quién pertenecían efectivamente los fondos, cuál era su procedencia y por qué no se encontrarían reflejados en la información patrimonial del legislador.
Lo declarado ante la Oficina Anticorrupción y lo que muestran los movimientos
La comparación patrimonial es uno de los capítulos que más compromete políticamente al dirigente libertario.
Según la información publicada, en su última declaración jurada Pareja consignó US$12.000 en efectivo y otros US$7.484 en una cuenta en Uruguay. También declaró el 50% de un departamento de aproximadamente 80 metros cuadrados, valuado en $38,5 millones, que habría recibido mediante una herencia.
Frente a esos datos, los registros bancarios atribuidos a la cuenta compartida muestran una disponibilidad en dólares considerablemente mayor.
Hay que tener en cuenta que la titularidad conjunta de una cuenta no significa automáticamente que la totalidad del dinero pertenezca a uno solo de sus titulares. Pero tampoco elimina la obligación de explicar la participación patrimonial del funcionario, especialmente cuando existen fondos que podrían corresponderle y que no figurarían en su presentación ante el organismo de control.
La Oficina Anticorrupción dispone de un sistema público para consultar las declaraciones juradas de los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética Pública. La documentación bancaria y la declaración patrimonial son, precisamente, los elementos que deben cruzarse para establecer si existe una inconsistencia que amerite una explicación administrativa o una investigación judicial.
La cuota alimentaria que terminó exponiendo los movimientos financieros
Hay otro elemento que explica cómo salió a la luz esta información.
Los movimientos bancarios fueron incorporados a un expediente judicial que tramita en San Nicolás, en el marco de una disputa iniciada por Luciana Díaz, expareja de Pareja, quien reclama una actualización de la cuota alimentaria de la hija que tienen en común.
En ese procedimiento se solicitaron informes a distintas entidades bancarias. La documentación obtenida permitió reconstruir operaciones en cuentas del Santander y otros movimientos financieros del diputado.
La discusión familiar también dejó al descubierto diferencias entre los argumentos económicos que Pareja habría presentado ante la Justicia y el nivel de recursos que surge de los extractos bancarios.
Según las publicaciones, el legislador sostuvo que su situación laboral es inestable por tratarse de cargos políticos. Entre los gastos que reconoce afrontar figuran la escolaridad de su hija, la cobertura médica de OSDE y una parte de las actividades extracurriculares.
También trascendió que pidió que se computara como parte de la cuota alimentaria el pago de la membresía de socia de San Lorenzo que realiza para su hija.
El contraste resulta llamativo: mientras se discute judicialmente cuánto corresponde aportar para la manutención de una menor, aparecen registros de una cuenta con cientos de miles de dólares y una operación inmobiliaria de cientos de miles de dólares en el entorno familiar.
La controversia no consiste en cuestionar el derecho de una hija a recibir alimentos, sino en determinar si la capacidad económica expuesta ante la Justicia coincide con la que surge de los documentos financieros.
Pareja, el hombre de Karina que también controla la Bicameral de Inteligencia
El caso adquiere una dimensión institucional adicional por el lugar que ocupa Pareja dentro del Gobierno y de La Libertad Avanza.
No se trata de un diputado más. Es el principal organizador político del espacio en la provincia de Buenos Aires, uno de los territorios centrales para la construcción de poder del oficialismo y un dirigente de estrecha confianza de Karina Milei.
Además, desde mayo de 2026 preside la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso, el ámbito parlamentario encargado de controlar el funcionamiento de los organismos de inteligencia y sus gastos reservados.
Es decir, uno de los hombres que tiene responsabilidades institucionales sobre mecanismos sensibles de control estatal quedó ahora en el centro de preguntas sobre sus propios mecanismos de transparencia patrimonial.
La relevancia del cargo no convierte las sospechas en hechos probados, pero sí vuelve indispensable que las explicaciones sean completas y documentadas.
El espejo de Adorni: otra vez las explicaciones patrimoniales llegan tarde
La comparación con Manuel Adorni aparece casi inevitable, aunque las situaciones no son idénticas y deben analizarse por separado.
El exjefe de Gabinete terminó dejando el Gobierno el 27 de junio de 2026, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Su patrimonio, las operaciones inmobiliarias, los dólares en efectivo y los gastos familiares quedaron bajo revisión judicial.
En su caso, la fiscalía requirió explicaciones sobre la procedencia de fondos utilizados para adquirir propiedades, realizar refacciones y afrontar gastos que, según la reconstrucción de los investigadores, no encontraban una correspondencia inicial con los ingresos acreditados. Adorni presentó posteriormente una justificación patrimonial y sostuvo que sus recursos provenían de ahorros, inversiones y otras fuentes que dijo poder documentar.
La historia de Pareja presenta otro recorrido, pero tiene un punto de contacto que el Gobierno difícilmente pueda ignorar: la necesidad de explicar cómo se construyeron determinados patrimonios y por qué algunos movimientos financieros no aparecen reflejados en las declaraciones públicas.
En el caso del diputado libertario, además, la operación inmobiliaria quedó escriturada a nombre de su madre, mientras que los movimientos bancarios que despertaron sospechas aparecen en una cuenta compartida por los integrantes de la familia.
La ironía es difícil de esquivar. El Gobierno que convirtió la austeridad, la transparencia y la crítica a los privilegios de la política en una de sus principales banderas vuelve a encontrarse con dirigentes de su propio espacio obligados a dar explicaciones sobre dólares, propiedades y movimientos que no terminan de encajar en sus declaraciones patrimoniales.
Después de Adorni, ahora aparece Pareja. Cambian los nombres, cambian las propiedades y cambian los protagonistas familiares, pero se repite una pregunta elemental: ¿de dónde salió el dinero?
Las explicaciones que todavía faltan
La investigación periodística también generó consultas a dirigentes del entorno de Pareja. Según informó elDiarioAR, desde ese entorno no respondieron sobre los documentos y las operaciones reveladas. Otras publicaciones atribuyeron a personas cercanas al diputado un rechazo de las sospechas y la interpretación de que existe una intencionalidad política detrás de las revelaciones.
Hasta el momento, la información difundida no permite afirmar que Pareja haya cometido un delito ni que el dinero retirado del Santander haya financiado directamente la compra del departamento de su madre. Tampoco debe confundirse el expediente alimentario, que permitió acceder a los registros bancarios, con una eventual causa penal por irregularidades patrimoniales.
Pero hay preguntas concretas que no pueden resolverse con descalificaciones políticas: quién aportó los $107,5 millones transferidos a la cuenta, cuál era el origen de los US$236.676 registrados al cierre de 2025, a quién correspondían los fondos retirados en enero y cómo se financió la adquisición de la propiedad de Puerto Madero.
Pareja tiene la posibilidad de despejar esos interrogantes mediante documentación y explicaciones verificables. La Oficina Anticorrupción, por su parte, tiene herramientas para contrastar lo declarado con la información patrimonial disponible.
En un Gobierno que hizo de la motosierra y del ajuste un símbolo de identidad, la discusión sobre los patrimonios de sus propios dirigentes adquiere un peso particular. Porque la transparencia no puede ser una exigencia reservada para los adversarios políticos ni una consigna que se abandona cuando las preguntas llegan a la propia mesa.
Adorni ya tuvo que dar explicaciones. Ahora las miradas se posan sobre Pareja, el hombre de Karina Milei en Buenos Aires. Y esta vez, el interrogante no está en el costo de una obra pública ni en el gasto de un ministerio: está en una cuenta bancaria, una extracción de dólares y un departamento de Puerto Madero.
