La postal es incómoda para un Gobierno que hizo de la llegada de inversiones extranjeras una de las piezas centrales de su programa económico. Según el último informe de la CEPAL, América Latina y el Caribe recibió US$194.233 millones de inversión extranjera directa (IED) durante 2025, apenas 1,7% más que el año anterior. Pero Argentina quedó lejos de los grandes receptores y terminó novena, con unos US$3.134 millones, por detrás de Brasil, México, Chile, Perú, Colombia, Guyana, Costa Rica y, especialmente, República Dominicana, que recibió US$5.033 millones.

La comparación con el pequeño país caribeño es uno de los datos que más incomodan al relato oficial. República Dominicana captó alrededor de US$1.900 millones más que Argentina en 2025, pese a tener una economía cuyo tamaño es una fracción de la argentina. El Banco Central dominicano informó además que la IED alcanzó niveles récord y que una parte significativa correspondió a nuevos aportes de capital. En el primer semestre de 2025 ya había recibido US$2.892,8 millones y en el año completo superó por primera vez los US$5.000 millones.

La diferencia se vuelve todavía más fuerte cuando se observa la evolución argentina. En 2023 el país había registrado US$24.757 millones de IED y en 2024 otros US$11.644 millones. En 2025, el flujo se desplomó a US$3.134 millones, una contracción del 73,1% interanual. La propia información oficial argentina, elaborada sobre datos del INDEC, confirma ese resultado anual.

Aquí aparece una cuestión metodológica importante. La IED puede medirse de distintas maneras y no todo ingreso de capital implica necesariamente la construcción de una nueva fábrica o la creación inmediata de puestos de trabajo. El BCRA registra, por ejemplo, reinversión de utilidades, aportes de capital, préstamos entre empresas, fusiones y adquisiciones. Por eso, el número de IED debe interpretarse como un indicador de los flujos de inversión directa y no como sinónimo automático de “nuevas empresas”. CEPAL y UNCTAD también utilizan metodologías que pueden arrojar cifras diferentes.

Pero ese matiz no cambia la conclusión central del ranking: con cualquiera de las estadísticas principales, Argentina no protagonizó en 2025 un boom de inversión extranjera. El BCRA registró durante el primer trimestre apenas US$611 millones de ingresos netos de IED, frente a US$6.258 millones en igual período de 2024; en el segundo trimestre ingresaron US$2.866 millones y en el tercero US$4.248 millones, antes de que el cuarto trimestre terminara con un resultado negativo de US$4.687 millones por cancelaciones de deuda comercial entre empresas vinculadas.

El último trimestre es particularmente revelador porque muestra que no todo lo que se anuncia como inversión termina significando entrada neta de capital fresco. Según el BCRA, los egresos del cuarto trimestre estuvieron asociados principalmente a la cancelación de deuda comercial de empresas vinculadas. En ese período también hubo una salida neta de US$676 millones por fusiones y adquisiciones. En todo 2025, por lo tanto, el resultado positivo de US$3.134 millones quedó muy lejos del volumen que sugerían los anuncios políticos y empresariales.

Y esto es justamente lo que coloca bajo la lupa al RIGI, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones que el Gobierno presentó como una de sus principales herramientas para atraer capitales. La administración Milei sostiene que el régimen está generando un cambio estructural y, en junio de 2026, informó que ya tenía 16 proyectos aprobados por US$29.892 millones y otros 25 en evaluación por US$111.037 millones. Es decir, más de US$140.000 millones entre proyectos aprobados y en estudio.

El problema es que inversión comprometida no es lo mismo que inversión efectivamente ingresada durante un determinado año. Esa diferencia es clave para evaluar el resultado de una política económica. Un proyecto puede anunciar cientos o miles de millones de dólares y distribuir su desembolso durante varios años, mientras que la IED contabilizada registra los flujos efectivamente reflejados en las cuentas externas. Por eso, presentar los anuncios del RIGI como si ya se hubieran convertido íntegramente en dólares ingresados sería mezclar magnitudes diferentes.

La administración libertaria tiene, sin embargo, argumentos para defender su estrategia. Durante 2026 continuó aprobando proyectos vinculados con minería, petróleo, gas, infraestructura y fertilizantes. Entre ellos aparecen San Jorge en Mendoza, ampliaciones de gasoductos y proyectos de producción de urea. El Gobierno también extendió el plazo de adhesión al RIGI y amplió sus alcances con la expectativa de acelerar inversiones de gran escala.

La contradicción aparece cuando se enfrenta ese relato con los números de 2025. El régimen puede tener proyectos importantes en cartera y aun así el país haber recibido poco capital extranjero en términos efectivos durante el año analizado. Ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Lo que no puede sostenerse a partir de los datos es que 2025 haya sido el año del esperado desembarco masivo de capital extranjero en Argentina.

La CEPAL, además, introduce otro dato que debería obligar a mirar más allá de los anuncios. En toda América Latina y el Caribe los proyectos de inversión anunciados en 2025 cayeron 10,2% en cantidad y 34,3% en monto, hasta US$114.100 millones. La incertidumbre internacional, la guerra comercial y los cambios en las reglas de comercio mundial afectaron a toda la región. Argentina, por lo tanto, no opera en un vacío y sería incorrecto atribuir todo su retroceso exclusivamente a las decisiones de Milei.

Pero tampoco puede utilizarse el contexto internacional como explicación total. La propia CEPAL señaló que la mayoría de los países de Sudamérica y Centroamérica recibió más inversión en 2025, mientras que Argentina terminó con uno de los peores desempeños relativos. Brasil recibió US$77.676 millones, México US$43.221 millones, Chile US$14.152 millones, Perú US$11.794 millones, Colombia US$11.469 millones, Guyana US$8.968 millones, Costa Rica US$5.587 millones y República Dominicana US$5.033 millones. Argentina quedó detrás de todos ellos con US$3.134 millones.

Eso plantea una pregunta incómoda para la estrategia de Milei: si la Argentina ofrece un nuevo marco regulatorio, beneficios extraordinarios para grandes inversiones y una política económica presentada como favorable al capital, ¿por qué el flujo efectivo de IED cayó tan fuertemente justo durante el segundo año completo de su Gobierno?

No existe una única respuesta demostrable con estos datos. Misión Productiva señaló entre los obstáculos la debilidad del consumo, la paralización de la obra pública, el acceso limitado al crédito productivo, la apreciación cambiaria y la incertidumbre sobre la sustentabilidad del esquema macroeconómico. Bloomberg Línea, al analizar los datos del BCRA, también destacó que la promesa de un boom de inversión extranjera todavía no se había materializado.

Hay además un dato que merece especial atención: una parte importante de la IED que recibe la Argentina sigue estando concentrada en recursos naturales, energía, minería y actividades vinculadas a empresas ya instaladas. El BCRA registró en 2025 fuertes flujos hacia minería y petróleo, mientras que la industria manufacturera también tuvo movimientos relevantes pero terminó afectada por salidas importantes durante el cuarto trimestre.

Esto conecta con una advertencia histórica de la CEPAL: atraer capital extranjero no alcanza por sí solo. La región necesita que esa inversión se articule con políticas productivas capaces de generar innovación, diversificación, tecnología, empleo de calidad y encadenamientos con empresas locales. El organismo sostiene que el desafío no es simplemente conseguir dólares extranjeros, sino lograr que esos dólares transformen la estructura productiva.

En ese punto también aparece una diferencia con República Dominicana. El país caribeño no solamente aumentó su IED hasta un récord de más de US$5.000 millones: en el primer semestre de 2025 los aportes de capital explicaron una porción significativa del flujo y los sectores minería, energía y comunicaciones impulsaron el resultado. En 2026, además, volvió a registrar un aumento interanual de 7,7% durante el primer semestre, según su Banco Central.

La Argentina, mientras tanto, todavía espera que la lluvia de inversiones prometida termine transformándose en números consistentes. El país posee recursos estratégicos enormes —litio, cobre, petróleo y gas, además de potencial energético— y el Gobierno logró aprobar proyectos relevantes mediante el RIGI. Pero tener recursos debajo del suelo y proyectos anunciados no equivale a haber conseguido el capital necesario para transformar esos recursos en una expansión productiva sostenida.

La paradoja política es difícil de ignorar. Milei llegó al poder prometiendo reglas de mercado, seguridad jurídica y una economía capaz de atraer inversiones que durante décadas, según su diagnóstico, habían sido expulsadas por el intervencionismo y la falta de confianza. Dos años después, la estadística anual de CEPAL devuelve una imagen menos triunfalista: Argentina aparece detrás de República Dominicana, un país considerablemente más pequeño, y termina novena en la región por los dólares de IED efectivamente registrados durante 2025.

El Gobierno todavía puede argumentar que los proyectos del RIGI necesitan tiempo para madurar y que las inversiones más importantes llegarán con rezago. Es una explicación perfectamente posible. Pero justamente por eso el resultado de 2025 no puede presentarse como una victoria de la política de atracción de capitales.

Porque las inversiones no se anuncian en dólares que todavía no llegaron.Se miden cuando llegan.

Y en 2025, mientras Milei prometía convertir a la Argentina en destino privilegiado del capital internacional, República Dominicana recibió más inversión extranjera directa que Argentina.

La promesa sigue en cartera. Los dólares, por ahora, no acompañaron el relato.