A partir del próximo mes de febrero de 2026, el mapa de los derechos laborales en Argentina sufrirá una de sus transformaciones más silenciosas pero letales. No se trata solo de la discusión legislativa en el Congreso, sino de la entrada en vigencia del Decreto 549/2025, una normativa que modifica el sistema de evaluación de enfermedades y accidentes de trabajo. El nuevo "Baremo Laboral" no es un ajuste técnico: es un blindaje financiero para las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) a costa de la integridad física de los asalariados.
El fin de las dolencias "comunes"
La reforma, que reemplaza un sistema con 30 años de vigencia, ataca directamente las patologías con mayor incidencia en el mundo del trabajo manual y administrativo. Según expertos laboralistas, como Gastón Valente, la nueva normativa ha sido diseñada para "controlar" el costo de las aseguradoras eliminando la cobertura de daños que, aunque probados por resonancias y estudios médicos, dejarán de ser considerados indemnizables.
Un sistema diseñado para no pagar
Uno de los puntos más polémicos es la imposición de la metodología de "Capacidad Restante". Bajo este esquema, si un trabajador sufre múltiples lesiones, el cálculo no es una suma aritmética, sino una fórmula combinada que garantiza que el porcentaje final de incapacidad sea siempre menor. Esto, sumado al carácter retroactivo de facto —se aplicará a expedientes abiertos sin dictamen—, configura una trampa legal para miles de trabajadores que esperan una resolución.
Además, el decreto ignora por completo el Convenio 190 de la OIT al omitir las afecciones psicosociales y las secuelas derivadas de la violencia laboral, un retroceso que afecta especialmente a las mujeres en sectores de servicios y educación.
"El trabajador pone el cuerpo y la ART se queda con el vuelto", sintetiza la investigación de Valente, denunciando que mientras las aseguradoras mantienen su recaudación (3% del salario), sus egresos por indemnizaciones caerán en picada.
