El Gobierno nacional avanza en una profunda reestructuración del sistema de subsidios energéticos que, de aprobarse, provocará fuertes incrementos en las facturas de luz y gas desde enero. La propuesta oficial —actualmente en consulta pública hasta el 16 de diciembre— prevé subas que oscilarían entre el 50% y el 75%, lo que pone en alerta a organizaciones de defensa del consumidor y especialistas del sector.
La medida implica abandonar la segmentación vigente del RASE y reemplazarla por un esquema más restrictivo denominado Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). El nuevo modelo divide a los hogares en solo dos categorías: con subsidio o sin subsidio. El criterio de corte será el ingreso familiar, que no deberá superar el equivalente a tres canastas básicas —hoy unos $3,64 millones mensuales— para mantener parte de la ayuda estatal.
Aunque el Gobierno asegura que quienes ya están registrados en el RASE no deberían reinscribirse, admite que existen “irregularidades” en el padrón, lo que abre la puerta a una depuración que podría dejar a miles de usuarios fuera del beneficio.
Organizaciones de consumidores advierten que el impacto será inmediato. De acuerdo con un análisis de DEUCO, si la propuesta entra en vigencia en enero de 2026, el valor del metro cúbico de gas aumentaría entre 48% y 74% según la distribuidora. La electricidad seguiría un patrón similar, impulsada por la eliminación de la segmentación vigente y la reducción de las nuevas “bonificaciones” al 50%.
El esquema también da por terminados los beneficios diferenciales para zonas frías y mantiene la estructura de precios dolarizados, lo que traslada a los usuarios el riesgo cambiario: cualquier devaluación impactará de lleno en las boletas, sin afectar los ingresos de las empresas productoras o generadoras.
En el caso del gas, la Secretaría de Energía propone suprimir subsidios durante los meses cálidos (octubre a marzo) y reducirlos del 65% al 50% en el período invernal. Como referencia, el Gobierno toma el valor del Gas PIST —el precio que cobran las petroleras por el gas en boca de pozo—, cuya actualización repercutirá directamente en las facturas.
Para amortiguar el salto tarifario, la propuesta incorpora una “bonificación adicional y extraordinaria” de hasta el 25% sobre el consumo subsidiado. Sin embargo, este alivio será temporal: se mantendría durante todo 2026 y desaparecería por completo en 2027.
El nuevo esquema, orientado a garantizar el superávit fiscal, redefine quiénes accederán a la ayuda estatal y bajo qué condiciones. Pero también abre una discusión urgente sobre el impacto social de trasladar al bolsillo de los usuarios la mayor parte del costo energético en un contexto de pérdida de poder adquisitivo y tarifas atadas al dólar.
