La morosidad de los hogares argentinos volvió a crecer y ya se convirtió en una de las señales más preocupantes de la situación financiera de las familias. Según el Monitor Mensual de Crédito a las Familias de Eco Go y la Universidad Austral, la irregularidad alcanzó en julio el 18% del crédito total, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales en apenas un mes y de 10,3 puntos en un año. El dato marca, además, el 21° mes consecutivo de deterioro.

El problema se vuelve todavía más contundente cuando se mide por cantidad de personas y no solamente por dinero adeudado: el 26,6% de los titulares de crédito tiene algún nivel de mora, 8,3 puntos más que un año atrás. En paralelo, el stock de deuda de las familias llegó a $99,4 billones a valores de julio de 2026, aunque el crédito real cayó 0,7% en el mes y todavía conserva una expansión del 4,7% interanual.

Detrás de esos números aparece una diferencia que permite entender dónde está la mayor fragilidad. El sistema financiero tradicional concentra el 85,4% del crédito familiar, equivalente a unos $84,9 billones, y registra una mora del 15,8%. En cambio, los proveedores no financieros de crédito —entre ellos fintech, emisoras de tarjetas y otras empresas— representan el 14,6% del mercado, pero concentran una morosidad del 31,3%.

La distancia también explica por qué algunas estadísticas oficiales parecen mostrar un escenario menos extremo. El BCRA informó que en junio la mora de los créditos a las familias dentro del sistema bancario llegó al 12,8%, mientras la irregularidad total del crédito al sector privado se ubicó en 7,6%. El 18% difundido ahora incorpora además el crédito otorgado fuera de los bancos, donde la morosidad es considerablemente mayor.

El deterioro tampoco aparece de golpe. Durante 2026 distintos relevamientos fueron mostrando cómo la mora familiar alcanzaba máximos históricos dentro del sistema bancario. En mayo, por ejemplo, el BCRA registró un 12,8% para las familias y 7,7% para el conjunto del sector privado, mientras estudios privados señalaron que casi seis millones de personas habían quedado fuera de las condiciones normales de acceso al crédito.

La expansión del endeudamiento ayuda a completar el cuadro. Un análisis de El Cronista señaló que las familias prácticamente duplicaron su nivel de deuda en dos años y vinculó el deterioro de la capacidad de pago con la caída del ingreso disponible, las tasas y el rápido crecimiento del crédito. Para junio, estimó que el deudor promedio debía el equivalente a 2,2 salarios privados registrados, o 2,5 salarios si se considera exclusivamente la deuda bancaria.

El fenómeno afecta especialmente a quienes recurren al crédito para sostener el consumo cotidiano. Otro informe citado por La Nación detectó casi cinco millones de personas con deudas que no pueden pagar y advirtió que cerca del 35% de esos préstamos ya se encontraba en una situación considerada irrecuperable, con atrasos superiores a un año. El problema, además, convive con costos financieros que pueden superar ampliamente el 300% en algunos préstamos otorgados por fintech y comercios.

Hay una paradoja en el centro de la escena económica: mientras el Gobierno busca que el crédito vuelva a ser uno de los motores del consumo y la actividad, una parte creciente de los hogares llega al mercado financiero con su capacidad de pago deteriorada. El alto nivel de mora obliga a bancos y fintech a endurecer criterios, restringir el acceso o elevar el costo del financiamiento, justamente cuando muchas familias necesitan endeudarse para cubrir gastos que sus ingresos no alcanzan a cubrir.

Los datos sociales muestran además el contexto en el que se mueve esa deuda. El INDEC informó que durante el segundo semestre de 2025 el 21% de los hogares se encontraba debajo de la línea de pobreza y que el 28,2% de las personas estaba en esa situación. Al mismo tiempo, el RIPTE alcanzó $1.946.028 en julio de 2026, con un aumento mensual del 1,6%, en un escenario donde la evolución de los ingresos sigue enfrentando el desafío de acompañar el costo de vida.

El dato de julio no implica, por sí solo, un riesgo de quiebra del sistema bancario: el BCRA viene destacando niveles elevados de liquidez, capital y cobertura. Pero sí muestra otra cosa mucho más cotidiana y visible: cada vez más argentinos utilizan el crédito para sostener sus gastos y una proporción creciente no consigue devolverlo en tiempo y forma.

La señal de alarma, entonces, no está solamente en ese 18%. Está en los 21 meses de avance ininterrumpido, en el 26,6% de titulares con mora y en una deuda familiar que ya alcanza una escala gigantesca. El crédito puede convertirse en un motor de crecimiento cuando financia consumo e inversión futuros; cuando empieza a utilizarse como salvavidas permanente para llegar a fin de mes, la historia es otra.

La morosidad avanza. Y detrás de cada porcentaje hay una familia que, antes de dejar de pagarle al banco, dejó de poder hacer que sus ingresos alcancen.