La promesa de que el ajuste “lo pagaba la casta” quedó archivada. En su lugar, una medida impulsada bajo la exigencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) trasladará a millones de argentinos el costo pleno de servicios esenciales. El Gobierno decidió avanzar con la eliminación del 75% de los subsidios en luz y agua, un recorte que deja al descubierto el peso del organismo internacional en la política económica local.
Según los datos oficiales del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), alrededor de 9,5 millones de hogares reciben hoy algún tipo de subsidio. De ese universo, el nuevo esquema dejará fuera a 7,5 millones de familias, lo que equivale a cerca del 45% del total de usuarios residenciales del país. Es decir: casi la mitad del país comenzará a pagar tarifas completas en servicios básicos.
Quiénes son los afectados
El impacto será especialmente profundo en la clase media, que hoy representa más de un tercio de los hogares con subsidios. Según los últimos datos disponibles sobre distribución del ingreso, muchos de esos hogares se ubican en niveles de entre $1.120.000 y $1.564.000 de ingreso mensual, montos que ya vienen deteriorados por la inflación y la caída del salario real.
En los estratos más bajos, los ingresos rondan los $585.000 mensuales, un valor incompatible con boletas que, sin subsidios, subirán a niveles difíciles de absorber dentro del gasto familiar. Si bien el Gobierno asegura que mantendrá un programa focalizado para los sectores vulnerables, la experiencia reciente muestra que miles podrían quedar fuera por los nuevos criterios administrativos o de registro.
La factura del FMI
La decisión forma parte de los compromisos asumidos con el FMI para reducir el gasto público. En esa lógica, la prioridad es achicar el déficit aunque eso implique trasladar a las familias el costo pleno de servicios cuya estructura tarifaria ya se volvió prohibitiva para gran parte de la población.
Lo que queda en evidencia es que el ajuste no se distribuye sobre los sectores de mayor poder adquisitivo ni sobre quienes concentran la riqueza, sino sobre quienes dependen de sus ingresos mensuales para sostener consumos esenciales. En términos sociales, el recorte amenaza con aumentar la pobreza energética, profundizar desigualdades y debilitar el consumo interno.
Un impacto que pega donde más duele
La quita del 75% de los subsidios golpeará de lleno en un contexto donde los salarios no alcanzan, el empleo informal crece y el costo de vida sigue corriendo por delante. La clase media, ya castigada, verá cómo sus boletas de luz y agua suben drásticamente, reduciendo aún más su margen económico.
Mientras tanto, el discurso oficial del “ajuste para la casta” se deshace frente a una realidad más cruda: el verdadero ajuste lo están pagando los usuarios comunes. Los mismos que, mes a mes, ven cómo su presupuesto se achica mientras el FMI celebra cada punto de déficit reducido.
