El punto de inflexión de esta última semana fue la purga dentro del oficialismo. Ramiro Marra, un dirigente que supo ser una de las caras más visibles del movimiento libertario, fue eyectado del partido por expresar diferencias. La misma suerte corrió el titular de la ANSES y hasta Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía, quien osó hacer una observación técnica sobre la gestión. En la misma línea, economistas que discrepan con la visión oficial fueron blanco de una ofensiva mediática orquestada desde los sectores más radicalizados del mileísmo, con la complicidad de periodistas funcionales que amplifican el mensaje gubernamental y buscan desacreditar cualquier postura crítica.

Pero la represión simbólica no se limitó al ámbito político y económico. También se trasladó al terreno cultural, con la suspensión del recital gratuito de Milo J en el Espacio de Memoria de la ex ESMA, una decisión impulsada por el gobierno a través de la Justicia. Y mientras la censura avanzaba, el propio presidente, lejos de moderar su discurso, atacó a la cantante María Becerra en redes sociales luego de que ella visibilizara la falta de acción oficial ante los incendios en la Patagonia y recaudara fondos por su cuenta.

El escenario que se configura es peligroso: un gobierno que se presenta como defensor de la libertad, pero que reprime cualquier expresión que se aleje de su narrativa oficial. La conducción del Estado se está volviendo cada vez más hermética, con un círculo de poder reducido en el que Karina Milei, una figura sin legitimidad electoral, ejerce un rol central en la toma de decisiones, convirtiéndose en la guardiana de la “pureza ideológica” del espacio.

Ante este panorama, surge una reflexión ineludible: ¿qué democracia estamos construyendo si el poder se ejerce con una lógica de persecución y censura? ¿Qué mensaje se les da a los jóvenes si la violencia simbólica y el discurso agresivo son los pilares del debate político? En una Argentina con múltiples urgencias, la radicalización del discurso oficialista solo contribuye a la polarización extrema y desvía el foco de los problemas reales.

Los extremos nunca han sido buenos consejeros en política. La democracia se fortalece con el disenso, con la discusión honesta y con la capacidad de construir consensos. Lo que vimos esta semana no es una anécdota aislada, sino un síntoma de algo mucho más profundo: una cultura de intolerancia que, si se normaliza, puede tener consecuencias graves para la vida institucional del país. ¿Es este el camino que queremos seguir?