Este sábado 2 de agosto se inicia en Uspallata la audiencia pública por el proyecto minero PSJ Cobre Mendocino, impulsado por empresas privadas con aval del gobierno provincial. Aunque el evento tiene carácter no vinculante, su magnitud es inédita: más de 3.000 personas se inscribieron, obligando a extender las jornadas presenciales por al menos seis días consecutivos en una carpa instalada en el propio predio minero.

Lejos de garantizar la participación plena, el gobierno optó por realizar la audiencia en un sitio inhóspito, sin transporte público hasta el lugar y con condiciones geográficas que complican el acceso. La elección no fue inocente: organizaciones sociales, vecinales y asambleas ambientales denunciaron que se trató de una maniobra deliberada para obstaculizar la expresión ciudadana, similar a lo ocurrido en diciembre de 2019, cuando una pueblada frenó una reforma minera inconsulta.

Caravanas y resistencia

Desde distintas regiones de Mendoza se organizaron caravanas de vehículos particulares, colectivos autogestionados y movilizaciones espontáneas para llegar hasta el campamento minero, evidenciando que la oposición al proyecto no se diluye ni se desmoviliza. El destino es el mismo: la villa cordillerana de Uspallata, una localidad cuya economía depende mayoritariamente del turismo y que ha manifestado rechazo sostenido a la actividad megaminera en la zona.

El proyecto en cuestión

PSJ Cobre Mendocino, también conocido como Proyecto San Jorge, busca extraer cobre, oro y plata durante más de dos décadas en las nacientes de importantes cursos de agua. Aunque el informe técnico fue presentado como “sustentable”, las comunidades y especialistas advierten sobre riesgos ambientales concretos, impactos acumulativos sobre ecosistemas frágiles y afectación al modelo económico regional.

Pese a estas alertas, el gobierno mendocino avanza con una estrategia comunicacional que presenta la iniciativa como parte de un “cambio de matriz productiva”, omitiendo el historial de conflictos y la vigencia de la Ley 7722, que protege el agua de sustancias tóxicas utilizadas en la minería metalífera.

Un debate desigual

A pesar de la masividad de los oradores –más de 2.200 personas inscriptas para exponer, entre ellas referentes sociales, científicos, habitantes locales y técnicos independientes–, el contexto es desigual. La locación remota, los problemas de conectividad y las restricciones logísticas impuestas por la organización generaron reclamos incluso judiciales, que fueron desestimados.

Mientras tanto, la transmisión virtual mediante Zoom y YouTube fue propuesta como “alternativa”, pero no reemplaza el derecho a una audiencia verdaderamente accesible y transparente.

La disputa por el modelo de provincia

Lo que está en juego no es solo un proyecto minero: es una visión de provincia. De un lado, el extractivismo respaldado por sectores empresariales y oficiales; del otro, una ciudadanía que históricamente ha defendido el agua, el turismo, el ambiente y la vida en la montaña. La audiencia de estos días será testigo, una vez más, de esa fractura profunda entre decisiones de escritorio y demandas populares.