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POLÍTICA

19 de noviembre de 2026 · 14:51

Bullrich volvió a incomodar a Milei y Caputo: ahora reclama alivio fiscal para las pymes

La jefa del bloque libertario en el Senado puso sobre la mesa cambios en el IVA, las retenciones, las percepciones y las cargas sociales. Su propuesta llega en medio de las tensiones dentro del oficialismo y de un escenario en el que las pequeñas industrias acumulan caída de producción, pérdida de empleo y dificultades para sostener la cadena de pagos. Bullrich aclaró que no busca cambiar el rumbo económico, pero sus planteos vuelven a exponer una discusión sobre el costo de sostener el programa de ajuste.

Bullrich volvió a incomodar a Milei y Caputo: ahora reclama alivio fiscal para las pymes

Patricia Bullrich volvió a enviar un mensaje incómodo hacia el corazón económico del Gobierno. Esta vez no habló desde la oposición ni cuestionó públicamente el rumbo general de Javier Milei: lo hizo como jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado y con una lista de modificaciones tributarias y laborales que apuntan directamente a la política que conduce Luis Caputo.


La senadora reclamó que el Estado deje de asfixiar financieramente a las pequeñas y medianas empresas y enumeró cambios que, según su diagnóstico, podrían sentirse rápidamente en la actividad cotidiana: que el IVA se pague cuando se cobre la factura, acelerar la devolución de los saldos a favor, actualizar los montos mínimos de retenciones y percepciones, eliminar estas últimas y establecer un mínimo no imponible para las cargas sociales.

El planteo tiene una dimensión política que no pasa inadvertida. Bullrich eligió cuestionar aspectos concretos del funcionamiento económico sin presentarse como una dirigente que busca romper con el programa libertario. En su publicación fue explícita: “No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo”. Sin embargo, la lista de reclamos abre una discusión sobre cuánto margen existe para aliviar a las empresas sin revisar algunas de las decisiones fiscales que sostienen ese mismo rumbo.

El IVA: pagar antes de cobrar

Uno de los puntos más relevantes de la propuesta es el momento en que las empresas deben ingresar el Impuesto al Valor Agregado. En el régimen general, el hecho imponible para la venta de bienes se perfecciona, como regla, con la entrega del producto, la emisión de la factura o el acto equivalente, según cuál ocurra primero. Esto puede obligar a una empresa a afrontar el impuesto aunque todavía no haya recibido el dinero de su cliente.

La situación golpea especialmente a las firmas pequeñas, que suelen tener menos espalda financiera para sostener plazos de cobro extensos. Una compañía puede haber entregado mercadería, emitido la factura y generado el débito fiscal, pero seguir esperando que el comprador cancele la operación. Mientras tanto, debe organizar sus vencimientos tributarios y el pago a proveedores, salarios y servicios.

Hay un antecedente que conviene tener presente: las micro y pequeñas empresas inscriptas como MiPyME ya cuentan con la posibilidad de ingresar el IVA a 90 días, mediante un beneficio que ofrece el Estado nacional. Se trata de un diferimiento del pago, no de una modificación general del momento en que nace el hecho imponible ni de una regla automática para todas las empresas. La propuesta de Bullrich apunta a discutir precisamente esa lógica: que el impuesto acompañe el cobro efectivo de la operación.

La diferencia no es menor. El sistema vigente ofrece una herramienta de financiamiento tributario para determinados contribuyentes; el planteo de la senadora busca avanzar sobre el criterio de exigibilidad del impuesto. Para convertirlo en una reforma concreta habría que definir su alcance, los sectores comprendidos, los mecanismos de control y el impacto sobre la recaudación.

Saldos a favor, retenciones y percepciones: dinero inmovilizado

Bullrich también puso el foco en los saldos a favor que acumulan las empresas y en los mecanismos de retención y percepción. En términos prácticos, estos sistemas pueden provocar que una compañía adelante recursos al fisco antes de conocer su obligación tributaria definitiva. Cuando los importes retenidos o percibidos superan lo que debe ingresar, aparecen créditos fiscales que pueden tardar en compensarse o recuperarse.

Para una gran compañía, ese dinero inmovilizado puede representar un problema administrable. Para una pyme con capital de trabajo limitado, puede significar menos recursos para comprar insumos, pagar sueldos o sostener una inversión. De allí que la actualización de los mínimos y la revisión de los regímenes de percepción sean reclamos recurrentes del sector empresario.

La discusión, además, tiene una dimensión federal. Una parte importante de las percepciones y retenciones que soportan las empresas corresponde a tributos nacionales, pero también existen regímenes provinciales y municipales que se superponen sobre la misma actividad. En ese entramado, Ingresos Brutos ocupa un lugar especialmente sensible para las empresas que venden o prestan servicios en distintas jurisdicciones.

Bullrich no presentó un proyecto con artículos, plazos ni estimaciones de costo fiscal. Su intervención fue una enumeración de medidas que considera necesarias. La diferencia entre un anuncio político y una reforma aplicable está justamente en esos detalles: qué regímenes se modificarían, cuánto dinero dejaría de ingresar anticipadamente y cómo se compensaría el efecto sobre las cuentas públicas.

Las cargas sociales y el costo de contratar

En materia laboral, la senadora propuso establecer un mínimo no imponible para las cargas sociales y separar las prestaciones sociales de las obligaciones vinculadas al empleo. La idea apunta a reducir el costo que enfrenta una empresa cuando incorpora trabajadores registrados, aunque todavía no se conoce qué conceptos quedarían incluidos ni cuál sería el umbral propuesto.

El sistema ya contempla beneficios diferenciales para las MiPyME. La información oficial establece una alícuota del 18% para las contribuciones patronales de estas empresas y permite, bajo determinadas condiciones, utilizar parte del impuesto al cheque como pago a cuenta de contribuciones destinadas al sistema previsional. Ese beneficio para microempresas tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, según la información publicada por el propio Estado.

Por eso, el planteo de Bullrich no parte de una hoja en blanco. La discusión es si esos mecanismos resultan suficientes para estimular nuevas contrataciones y si corresponde ampliar las exenciones o modificar la estructura de financiamiento de la seguridad social. Una reducción de contribuciones puede aliviar los costos empresariales, pero también obliga a discutir cómo se compensan los recursos que dejan de ingresar al sistema.

La senadora vinculó la reforma tributaria con la necesidad de que las empresas puedan producir, invertir y generar empleo. El diagnóstico coincide con una parte de las preocupaciones que vienen expresando las organizaciones empresarias, aunque la receta y su financiamiento siguen abiertos.

Los números que explican el reclamo

El contexto productivo ayuda a entender por qué estas propuestas aparecen ahora. El Observatorio de la Fundación Observatorio PyME informó que durante el tercer trimestre de 2026 la producción de las pequeñas industrias cayó 11,9% interanual y el empleo retrocedió 5,6%. Ambos indicadores acumularon catorce trimestres consecutivos de bajas interanuales.

El mismo relevamiento describió un deterioro de la rentabilidad: el 75% de las empresas señaló que sus costos aumentaron por encima de los precios de venta y el 69% reportó un empeoramiento de sus márgenes. La debilidad de la demanda continuó como principal preocupación para ocho de cada diez firmas. Además, una de cada siete industrias pyme enfrentó embargos de ARCA, principalmente por atrasos en obligaciones corrientes como IVA, Ganancias y aportes.

No se trata solamente de una discusión sobre impuestos. Los datos muestran empresas que venden menos, enfrentan costos que no siempre pueden trasladar a precios y tienen dificultades para cumplir sus compromisos. En ese escenario, los plazos tributarios y los recursos retenidos adquieren una importancia directa sobre la continuidad de la actividad.

El panorama industrial general tampoco ofrece señales de recuperación contundentes. El INDEC informó que en septiembre la utilización de la capacidad instalada fue del 60,1%, por debajo del 61,4% registrado en el mismo mes de 2025. Algunas ramas mostraron niveles particularmente bajos: la metalmecánica —sin incluir automotores— trabajó al 40,5%, los textiles al 44,1% y el caucho y plástico al 44,8%.

Estos números no permiten atribuir toda la contracción a la carga tributaria. La caída de la demanda, los costos de energía, la competencia importada y las condiciones de financiamiento también forman parte del cuadro. Pero sí muestran que el reclamo de alivio fiscal aparece en un sector que atraviesa una situación productiva delicada.

Una interna que Milei niega, pero que vuelve a mostrar diferencias

Las declaraciones de Bullrich llegaron después de varios días de versiones sobre tensiones dentro de La Libertad Avanza. La senadora había reclamado que los beneficios del esfuerzo económico comenzaran a sentirse en la vida cotidiana y había advertido sobre la necesidad de introducir cambios para que la sociedad acompañe el proyecto político.

Milei respondió el miércoles en una entrevista con Eduardo Feinmann. Negó cualquier enfrentamiento con la exministra de Seguridad, la definió como su “socia política” y descartó que fuera a desplazarla de la conducción del bloque libertario en el Senado. También reconoció que hay argentinos que no llegan a fin de mes, aunque defendió el programa económico y rechazó volver a políticas de estímulo que impliquen aumentar el gasto público.

Bullrich, por su parte, eligió una fórmula que le permite sostener sus diferencias sin desafiar abiertamente al Presidente: pidió modificaciones concretas, pero se apuró a aclarar que no pretende cambiar el rumbo ni recrear el denominado “plan platita”.

La tensión está en el contenido de sus propuestas. Si el Gobierno acepta diferir el IVA hasta el cobro de las facturas, acelera reintegros, reduce anticipos tributarios o disminuye contribuciones patronales, tendrá que definir cómo administra el impacto sobre la recaudación y el financiamiento de la seguridad social. Si no avanza, quedará expuesta la distancia entre el discurso de apoyo a las pymes y la disposición a modificar instrumentos que hoy forman parte del esquema fiscal.

La discusión también revela una diferencia sobre las prioridades de la etapa económica. Para Caputo, el equilibrio fiscal y la estabilidad financiera siguen siendo los ejes centrales del programa. Bullrich introduce otra urgencia: que las empresas puedan sostenerse, invertir y contratar en un contexto de actividad debilitada.

Por ahora, sus reclamos no se tradujeron en un proyecto de ley ni en anuncios del Ministerio de Economía. Pero el mensaje ya quedó planteado dentro del oficialismo: el ajuste puede ordenar algunas variables macroeconómicas, aunque el costo de sostenerlo también se mide en empresas con menos producción, menos empleo y menos margen para seguir funcionando.

La pregunta que deja la intervención de Bullrich no es si el Gobierno va a abandonar su programa económico. Es si está dispuesto a revisar sus instrumentos cuando la promesa de que el crecimiento llegará empieza a chocar con las dificultades concretas de quienes producen y dan trabajo.

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