Hay números que, cuando se los compara, dejan de ser una discusión técnica. Rivadavia tiene más habitantes que Junín, pero las proyecciones municipales indican que en 2027 recibiría menos dinero por coparticipación. También quedaría por debajo de otros departamentos con poblaciones relativamente cercanas, como Tunuyán, General Alvear o Lavalle. Para la administración de Ricardo Mansur, esa diferencia no es una consecuencia inevitable de la fórmula: es el resultado de un sistema que conserva criterios que ya no reflejan la realidad económica del departamento.
El reclamo llegará este jueves 12 de noviembre a la Suprema Corte de Justicia de Mendoza. A las 10 está prevista una audiencia de conciliación entre la Municipalidad de Rivadavia y el Gobierno provincial, en el marco de la acción de inconstitucionalidad que el municipio presentó en 2024 contra artículos de la Ley 9.550. Mansur convocó a legisladores, exintendentes, instituciones y representantes de distintos sectores para acompañar una disputa que pretende presentar como una causa departamental, más allá de su propia gestión.
La cifra que el intendente puso sobre la mesa es contundente: $46.000 millones que, según los cálculos municipales, Rivadavia dejó de percibir durante los últimos tres años. Para 2027, la diferencia proyectada podría superar los $15.000 millones. No se trata de dinero que la Provincia haya reconocido como deuda ni de una sentencia que haya establecido un monto a pagar. Es la estimación que utiliza el Municipio para dimensionar el perjuicio que atribuye al esquema vigente. Pero el planteo abre una pregunta incómoda para el Gobierno de Alfredo Cornejo: ¿qué sentido tiene sostener una fórmula de distribución si sus resultados dejan a departamentos con necesidades similares en posiciones tan diferentes?
El departamento que quedó atrapado en su pasado petrolero
El origen de la disputa está en una particularidad de la historia económica de Rivadavia. Durante décadas, la actividad hidrocarburífera tuvo un peso importante en el departamento y ese perfil productivo fue considerado al diseñar los criterios de distribución de los recursos provinciales. La lógica era que los municipios con mayores ingresos vinculados a determinadas actividades económicas podían recibir un tratamiento distinto dentro de un sistema que buscaba equilibrar las diferencias entre regiones.
El problema, sostiene Mansur, es que la realidad cambió, pero el tratamiento no acompañó esa transformación. Rivadavia ya no ocupa el lugar que tuvo en la producción petrolera provincial y, sin embargo, continúa cargando con un coeficiente negativo que reduce su participación en el reparto. El intendente sostiene que el departamento terminó pagando durante años por una riqueza que perdió peso, mientras sus obligaciones de servicios e infraestructura siguieron creciendo.
La comparación histórica que utiliza el Municipio señala que la participación de Rivadavia en el rubro de minas y canteras pasó del 10,7% en 2003 al 6,4% en 2022. Esos datos forman parte de la documentación municipal presentada para respaldar el reclamo y muestran una caída en su participación relativa. La información oficial de la Dirección de Regalías de Mendoza permite consultar la evolución de la producción y las regalías por departamento, una variable central para analizar si el esquema de distribución todavía responde a la realidad productiva actual.
La discusión no es menor. Una fórmula que nació para compensar diferencias puede terminar generando una desigualdad nueva si los parámetros quedan desactualizados. En ese escenario, el pasado productivo deja de ser una fotografía económica y se convierte en una carga que se prolonga sobre los presupuestos municipales.
La reforma de Cornejo y el coeficiente que volvió a perjudicar a Rivadavia
El conflicto escaló en 2024, cuando el Gobierno provincial impulsó cambios en el régimen de coparticipación mediante la Ley 9.550, sancionada el 11 de junio y publicada en el Boletín Oficial el 18 de ese mes. Mansur cuestionó desde el comienzo la modificación y advirtió que Rivadavia sería uno de los departamentos más perjudicados. En mayo de aquel año llegó a publicar una solicitada dirigida al gobernador, en la que estimaba una pérdida anual cercana a los $2.000 millones con los valores de entonces.
Para entender la controversia hay que mirar la Ley 6.396, que establece cómo se distribuye entre los municipios una parte de los recursos provinciales. En términos generales, el esquema asigna el 25% de la masa coparticipable en partes iguales, el 65% según la población y el 10% restante mediante un coeficiente de equilibrio. La reforma de 2024 sustituyó el antiguo Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Regional por el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal y modificó los valores asignados a cada comuna.
Hay un dato legal que merece atención: la reforma no eliminó el componente de equilibrio del 10%. La nueva redacción mantiene el objetivo de nivelar los montos por habitante entre departamentos con características similares y contempla el impacto de las diferencias en las tasas de crecimiento demográfico. Lo que cambió fue la distribución del coeficiente y su anexo de valores. En esa nueva tabla, Rivadavia quedó con un índice de -0,749, el más negativo de todos los municipios, por debajo incluso de Malargüe, que figura con -0,552.
Ese número es uno de los principales argumentos de Mansur. La comuna sostiene que el nuevo reparto no corrigió la desventaja histórica y que, al contrario, consolidó un esquema que continúa ubicando a Rivadavia en una posición desfavorable. El Gobierno provincial, por su parte, impulsó la reforma con el argumento de actualizar los criterios de distribución frente a los cambios demográficos registrados entre los censos.
La controversia, por lo tanto, no se resuelve con decir que la población debe pesar en el reparto o que las regalías deben tenerse en cuenta. La cuestión de fondo es cuánto debe pesar cada variable y cómo se evita que un coeficiente pensado para equilibrar termine reproduciendo una desigualdad. La Ley 9.550 dejó esa discusión abierta y Rivadavia decidió llevarla a los tribunales.
Los números que incomodan: Junín recibiría más con menos habitantes
La comparación presentada por el Municipio es el argumento más concreto de su reclamo. Según las proyecciones difundidas por la comuna para 2027, Rivadavia cuenta con 63.724 habitantes y recibiría $30.092 millones de coparticipación. Eso representa $472.235 por habitante.
El promedio de los departamentos que la Municipalidad considera comparables —General Alvear, Junín, Lavalle, Malargüe, San Carlos, Tunuyán y Tupungato— alcanza los $713.083 por habitante. La brecha es de $240.848 por persona, aproximadamente un 51% por encima del valor proyectado para Rivadavia.
| Departamento | Coparticipación por habitante proyectada para 2027 |
|---|---|
| Rivadavia | $472.235 |
| Tupungato | $637.750 |
| San Carlos | $671.613 |
| Tunuyán | $685.617 |
| General Alvear | $746.003 |
| Lavalle | $763.855 |
| Promedio del grupo | $713.083 |
Cifras difundidas por la Municipalidad de Rivadavia. No constituyen una liquidación definitiva ni una auditoría independiente de las transferencias.
El caso de Junín es el que más llama la atención. Según los datos utilizados por Rivadavia, ese departamento tiene 46.604 habitantes, casi 17.000 menos, pero recibiría $31.577 millones en 2027: alrededor de $1.485 millones más que Rivadavia. La diferencia no demuestra por sí sola que ambos municipios deban recibir exactamente lo mismo, porque la fórmula contempla distintos componentes y variables. Sí expone una disparidad que el Municipio considera difícil de justificar cuando se comparan departamentos de escala poblacional cercana.
Si Rivadavia recibiera el promedio por habitante del grupo seleccionado, tendría $15.347 millones adicionales durante 2027. Si se tomara como referencia el monto por habitante de General Alvear, la diferencia sería todavía mayor: $17.445 millones. La comparación fue difundida por la comuna.
El impacto no termina en las cuentas municipales
La discusión adquiere otra dimensión cuando se la traslada a los servicios que debe sostener un municipio. Rivadavia tiene una extensión territorial y una distribución poblacional que obligan a cubrir zonas urbanas y rurales, mantener calles, prestar servicios y atender demandas que no se concentran exclusivamente en el casco céntrico. Mansur sostiene que esa realidad encarece la prestación de servicios y que una fórmula que no contempla adecuadamente las diferencias territoriales termina castigando a los departamentos del interior.
El intendente también puso el foco en la población en edad escolar. Según los números presentados por el Municipio, Rivadavia tiene 21.992 chicos y jóvenes en esa franja, la mayor cantidad dentro del grupo de departamentos comparados. Sin embargo, el financiamiento educativo por habitante que surge de sus cálculos sería de $167.584, frente a un promedio de $244.753. La diferencia ronda los $77.170 por cada persona en edad escolar.
La comuna traduce el dinero que reclama en obras posibles: los más de $15.000 millones que estima que dejaría de recibir en 2027 equivaldrían, según sus cálculos, a 15 kilómetros de pavimento, tres escuelas nuevas o tres renovaciones completas de la flota municipal de vehículos de servicios. La diferencia acumulada desde 2024, por su parte, representaría 45 kilómetros de asfalto o nueve establecimientos educativos. Son equivalencias elaboradas por la administración municipal, pero sirven para dimensionar qué está en juego cuando la discusión deja de ser una planilla de Hacienda y llega a los barrios.
El Gobierno también tiene una explicación que defender
La reforma de 2024 no surgió en el vacío. A comienzos de ese año, los resultados definitivos del Censo 2022 habían reabierto el debate sobre la distribución de los fondos municipales. Intendentes de distintos signos políticos cuestionaron cómo impactaban los nuevos datos demográficos en sus ingresos. Godoy Cruz, San Rafael y Guaymallén, entre otros departamentos, presentaron observaciones ante el Ministerio de Hacienda por las diferencias que generaba la actualización de la población.
El Ejecutivo provincial defendió la necesidad de actualizar el reparto y ponderar el crecimiento demográfico. Esa explicación tiene un fundamento: una provincia que cambia su distribución de habitantes también debe revisar cómo asigna recursos para atender a su población. Pero el debate no puede agotarse en el censo. La propia ley mantiene un coeficiente de equilibrio para contemplar diferencias entre municipios, de modo que el resultado final también depende de cómo se asignan esos valores y qué variables se consideran relevantes.
La Provincia publica índices de distribución, liquidaciones acumuladas, retenciones, resoluciones y proyecciones de participación municipal. Esos registros permiten seguir las transferencias y constituyen una fuente necesaria para contrastar las estimaciones de cada comuna. La existencia de esa información también vuelve más importante que el debate se apoye en las planillas completas y no solamente en comparaciones parciales.
En otras palabras, el reclamo de Rivadavia no debería leerse como una simple pulseada entre Mansur y Cornejo. Lo que está en discusión es si el diseño de la coparticipación provincial distribuye los recursos de acuerdo con las necesidades actuales de cada departamento o si mantiene diferencias que ya no encuentran una explicación suficiente en la realidad económica y territorial.
La Corte, ante una disputa que lleva más de dos años
Mansur ya había advertido que recurriría a la Justicia si la reforma avanzaba sin modificaciones. En julio de 2024, el intendente presentó la acción de inconstitucionalidad contra los artículos 21 y 22 de la Ley 9.550, que modificaron el coeficiente y su anexo. La audiencia del jueves llega después de más de dos años de conflicto y abre una instancia para intentar una salida acordada antes de que la disputa avance hacia una definición judicial.
El jefe comunal no descarta una solución política y administrativa. Una de las alternativas que mencionó es que la Provincia compense a Rivadavia mediante transferencias adicionales provenientes de otras partidas, sin necesidad de modificar nuevamente la ley. Como antecedente, citó el mecanismo utilizado para otorgar recursos complementarios a la Ciudad de Mendoza durante la gestión de Rodolfo Suarez. Si no hay acuerdo, anticipó que seguirá adelante con el planteo judicial y no descarta que el conflicto llegue, en última instancia, a la Corte Suprema de la Nación.
La audiencia no significa que la Corte ya haya reconocido el perjuicio ni que vaya a ordenar una transferencia de fondos. Es una instancia de conciliación en la que las partes podrán exponer sus posiciones y explorar una salida. El resultado será relevante no solamente para Rivadavia: cualquier modificación del criterio de reparto puede tener consecuencias sobre el resto de los municipios.
La Constitución de Mendoza reconoce a las municipalidades la administración de los intereses y servicios locales de cada departamento. Esa autonomía necesita recursos para funcionar. Por eso, la discusión sobre la coparticipación es también una discusión sobre la capacidad real de los gobiernos locales para responder a sus vecinos.
El federalismo también se mide dentro de Mendoza
Durante años, los gobiernos provinciales reclamaron a la Nación una distribución más equitativa de los recursos federales. Sin embargo, esa discusión tiene una réplica puertas adentro: cada provincia también debe resolver cómo reparte sus fondos entre los departamentos que la integran. El federalismo no puede ser solamente una consigna cuando se reclama hacia arriba; también debe reflejarse en la relación entre el Gobierno provincial y los municipios.
Rivadavia llega a la Suprema Corte con una cuenta que, según su intendente, supera los $46.000 millones. La Provincia tiene una fórmula legal que defender y una explicación técnica sobre los cambios que introdujo en 2024. Entre ambas posiciones están los habitantes del departamento, que necesitan calles, servicios, infraestructura y recursos para sostener el crecimiento de su comunidad.
La pregunta que queda planteada es tan sencilla como incómoda: si Rivadavia ya no tiene el peso petrolero que justificó su tratamiento histórico, ¿por qué sigue cargando con un coeficiente que lo deja en el fondo de la comparación por habitante? Y si el nuevo sistema buscaba corregir desequilibrios demográficos, ¿cómo se explica que un departamento con casi 17.000 habitantes menos pueda proyectar una coparticipación total superior?
Este jueves, la audiencia tendrá a Mansur y al Gobierno provincial frente a frente. No se discutirá solamente una diferencia de millones: se pondrá a prueba la capacidad de Mendoza para revisar una fórmula que condiciona el desarrollo de sus municipios. Porque cuando el reparto de los recursos queda atado a una realidad que ya cambió, el costo no se queda en los despachos: termina apareciendo en las obras que no se hacen y en los servicios que cada vecino espera.
