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17 de noviembre de 2026 · 18:41

Guaymallén profundiza el ajuste: nuevos recortes salariales y un paro que vuelve a poner a Calvente contra las cuerdas

La reducción de Mayor Dedicación y unidades de servicio volvió a encender el conflicto en distintas dependencias municipales. En Espacios Verdes, los trabajadores denuncian nuevas restricciones horarias y la suspensión de jornadas de los sábados. Las pérdidas salariales informadas llegan hasta los 40% mensuales en determinados casos. Con protestas y una nueva medida de fuerza anunciada para el jueves, la crisis también abre interrogantes sobre el funcionamiento de los servicios y el financiamiento de las obligaciones de fin de año.

Guaymallén profundiza el ajuste: nuevos recortes salariales y un paro que vuelve a poner a Calvente contra las cuerdas

El conflicto municipal de Guaymallén está lejos de haber encontrado una salida. Apenas veinte días después del acuerdo alcanzado entre el intendente Marcos Calvente y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMGM) por los bonos extraordinarios, las tensiones volvieron a trasladarse a las dependencias municipales. Esta vez, el foco está puesto en las unidades de servicio y las mayores dedicaciones, dos componentes que forman parte de los ingresos de numerosos trabajadores y cuya reducción está provocando un nuevo frente de resistencia.


Durante este martes 17 de noviembre, personal de Espacios Verdes recibió la comunicación de nuevas restricciones sobre esos adicionales. De acuerdo con los testimonios recogidos por este medio y las denuncias difundidas durante la jornada, la reorganización dejaría a los trabajadores con jornadas operativas hasta las 15:30, mientras continuarían suspendidas las actividades de los sábados. Las medidas no se limitarían a esa dirección: empleados de otras áreas administrativas y operativas también reportan reducciones en los conceptos que complementan sus salarios.

El impacto económico denunciado es considerable. En determinados casos, las pérdidas acumuladas por las sucesivas modificaciones alcanzarían entre $300.000 y $900.000 mensuales. Se trata de cifras aportadas por trabajadores y testimonios internos, que todavía requieren una comprobación individual mediante recibos de sueldo y liquidaciones. Sin embargo, permiten dimensionar por qué el conflicto ya no gira solamente alrededor de un bono extraordinario, sino sobre la composición misma de los ingresos municipales.

La protesta también recuperó presencia en las calles. Durante la jornada se registraron interrupciones de tareas y manifestaciones con quema de cubiertas, mientras que para el jueves 19 de noviembre se anticipa una nueva medida de fuerza. La administración de Calvente vuelve así a enfrentar un escenario de confrontación laboral que parecía haber quedado momentáneamente descomprimido después de la conciliación obligatoria y el acuerdo de octubre.

El acuerdo de los bonos no resolvió el conflicto de fondo

Para entender la dimensión de esta nueva escalada hay que retroceder hasta los primeros días de octubre. El Ejecutivo municipal comunicó entonces que dejaría de pagar de manera generalizada el Bono Compensación y Estímulo, que rondaba los $325.500 por trabajador, y limitaría su percepción a los empleados con remuneraciones brutas de hasta $1.200.000. La decisión alcanzaba a una porción mayoritaria de la planta y generó el rechazo de los gremios, que denunciaron un deterioro significativo de los ingresos.

El conflicto derivó en un paro de actividades, movilizaciones y la intervención de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza, que dictó la conciliación obligatoria el 15 de octubre. Durante las audiencias posteriores, el municipio presentó distintas alternativas para reemplazar el esquema anterior. Primero propuso bonos escalonados según los ingresos y luego ofreció un cronograma uniforme de pagos, aunque las diferencias sobre montos y fechas demoraron el entendimiento.

Finalmente, el 28 de octubre las partes firmaron un acuerdo que contempló cuatro asignaciones extraordinarias entre noviembre y enero, para los trabajadores con haberes brutos de hasta $2.800.000. El cronograma estableció $300.000 para quienes no habían cobrado el bono de octubre, $200.000 durante noviembre, $150.000 en diciembre y $325.000 en enero. La propuesta fue aceptada, según informó oficialmente el municipio, por aproximadamente el 80% de los trabajadores consultados. 

Pero el acuerdo tenía un alcance delimitado: resolvía la disputa por los bonos extraordinarios, no significaba una restitución general de los adicionales ni una recomposición permanente de los salarios. Las controversias sobre Mayor Dedicación y unidades de servicio continuaron abiertas, al igual que las diferencias sobre las condiciones en que se organizan las tareas extraordinarias.

Ese es el punto que explica la reaparición del conflicto. Mientras el Ejecutivo presentó el acuerdo como una salida para recuperar la normalidad administrativa, los trabajadores continuaron enfrentando modificaciones que afectan otros componentes de sus remuneraciones. La negociación cerró un capítulo, pero no desactivó las causas que habían llevado a los empleados a movilizarse.

Espacios Verdes: recortan jornadas en un área que ya arrastra miles de reclamos

La situación de Espacios Verdes concentra una de las contradicciones más sensibles de esta nueva etapa. La dirección tiene bajo su responsabilidad tareas cotidianas que inciden directamente en la calidad de vida de los vecinos: poda, mantenimiento del arbolado, inspecciones, erradicaciones, retiro de ramas y atención de situaciones que pueden comprometer la seguridad en la vía pública.

Sin embargo, la dependencia ya arrastraba un atraso importante antes de los nuevos recortes. Una investigación publicada el 4 de septiembre por Ecos Mendocinos, basada en documentación interna municipal correspondiente al período enero-agosto de 2026, contabilizó 7.624 reclamos registrados en las distintas categorías del área. De ese universo, 3.181 figuraban sin asignación y otros 328 permanecían pendientes mediante órdenes de trabajo. La suma alcanzaba 3.509 solicitudes sin resolver, aproximadamente el 46% del total relevado.

El mismo registro mostraba demoras promedio de 145 días para los reclamos sin asignación y de 193 días para aquellos pendientes mediante órdenes de trabajo. Los casos más antiguos alcanzaban 875 y 842 días, respectivamente. Entre las principales categorías figuraban pedidos de poda, inspecciones de forestales, erradicaciones y retiro de tocones. No se trata, por lo tanto, de una acumulación abstracta de expedientes: son intervenciones concretas que los vecinos esperan desde hace meses y, en algunos casos, años.

A ese cuadro se sumaron las denuncias de octubre por las restricciones para realizar trabajos durante los sábados. En aquella oportunidad, empleados del sector señalaron que se les impedía cumplir determinadas tareas extraordinarias que les permitían incrementar sus ingresos. Ahora, la reducción de las jornadas hasta las 15:30 y la continuidad de la suspensión de los sábados agregan otra limitación sobre la disponibilidad de personal y tiempo operativo. 

La cuestión trasciende la discusión salarial. Si un área que ya acumula miles de solicitudes pendientes pierde horas de trabajo y capacidad para realizar intervenciones extraordinarias, el impacto potencial no queda encerrado en los recibos de sueldo. Puede trasladarse al mantenimiento de plazas, paseos, espacios públicos y arbolado urbano, precisamente servicios que los vecinos utilizan y reclaman durante todo el año.

La contradicción resulta particularmente significativa para una gestión que ha presentado el sostenimiento de los servicios públicos como uno de los argumentos centrales de su política de ordenamiento financiero. El recorte de adicionales puede reducir determinados costos, pero también obliga a observar qué capacidad efectiva conserva cada dependencia para responder a las necesidades del departamento.

La discusión por los adicionales y las diferencias entre dependencias

Las unidades de servicio y la Mayor Dedicación no son conceptos intercambiables. Las primeras están vinculadas con la asignación y liquidación de servicios extraordinarios, mientras que la segunda representa una modalidad de dedicación laboral que también tiene incidencia sobre las remuneraciones. Su modificación afecta de manera desigual a los trabajadores, según el área en la que se desempeñan y los adicionales que tenían asignados.

La discusión tiene antecedentes que también merecen atención. Una investigación publicada por Ecos Mendocinos el 30 de octubre examinó diez expedientes correspondientes a servicios extraordinarios de septiembre. Allí se identificaron diferencias importantes en la distribución de unidades entre dependencias, funcionarios incluidos en planillas de adicionales y cruces de personal entre distintas áreas. El relevamiento también señaló inconsistencias documentales que requieren controles sobre las tareas efectivamente realizadas y certificadas. 

Ese antecedente introduce una dimensión adicional en el debate: la discusión sobre cómo se distribuyen los adicionales y quiénes los reciben. El problema no se reduce a decidir cuánto se recorta, sino que también involucra los criterios utilizados para asignar esos conceptos, la transparencia de las planillas y la posibilidad de controlar que las liquidaciones respondan a trabajos efectivamente realizados.

En este contexto, también circulan versiones sobre un tratamiento diferenciado para el personal de Servicios Públicos. Según información recogida dentro del municipio, el Ejecutivo estaría evaluando un entendimiento particular con ese sector para evitar nuevas reducciones salariales. La interpretación que circula entre trabajadores es que podría tratarse de una estrategia para descomprimir el área que tuvo mayor protagonismo durante las protestas anteriores.

Por ahora, no hay documentación pública que permita confirmar la existencia de ese acuerdo ni establecer sus condiciones. Presentarlo como una decisión consumada sería anticiparse a los hechos. Lo que sí puede señalarse es que cualquier esquema de protección selectiva de adicionales, si se concreta, abriría una discusión sobre las diferencias entre empleados que pertenecen a la misma estructura municipal y están alcanzados por una política general de restricciones.

El argumento financiero de Calvente y los números del presupuesto

Desde el comienzo del conflicto, la administración municipal justificó las decisiones salariales por las dificultades financieras de la comuna. El Ejecutivo mencionó una caída de los recursos de origen nacional, provincial y municipal, además de las consecuencias del incendio que afectó el centro de procesamiento de datos y habría interrumpido durante meses la recaudación de tasas.

El intendente también vinculó el ajuste con la necesidad de sostener el pago de los salarios, los servicios esenciales y la obra pública. En ese marco, el municipio anunció una reducción del 10% en las remuneraciones de la conducción política, que posteriormente fue aprobada por el Concejo Deliberante y acompañada por el congelamiento de esos haberes durante seis meses. 

Sin embargo, los documentos presupuestarios permiten agregar datos a esa discusión. La Ordenanza 10.297, que aprobó el presupuesto municipal para 2026, estimó recursos y erogaciones totales por $220.339 millones. Dentro de esa estructura, los recursos corrientes fueron calculados en $200.012 millones y se incorporaron otros $20.000 millones como remanente del ejercicio anterior. También se fijó una planta presupuestaria de 4.183 cargos permanentes y temporarios entre el Departamento Ejecutivo y el Concejo Deliberante. 

La programación financiera incorporada al Acuerdo 3949 permite observar otra cuestión. Para el cuarto trimestre de 2026 se proyectaron recursos por aproximadamente $55.980 millones y gastos totales por $69.349 millones, considerando tanto los gastos corrientes como los de capital. La diferencia proyectada antes de las fuentes de financiamiento era negativa en unos $13.369 millones. 

Indicador presupuestario Monto
Recursos totales presupuestados 2026 $220.339 millones
Recursos corrientes anuales $200.012 millones
Remanente del ejercicio anterior $20.000 millones
Recursos proyectados para el cuarto trimestre $55.980 millones
Gastos proyectados para el cuarto trimestre $69.349 millones
Diferencia previa al financiamiento -$13.369 millones

Estos números permiten dimensionar las necesidades de financiamiento que contempla la programación municipal, pero hay una distinción fundamental: son previsiones presupuestarias, no una rendición de cuentas de lo efectivamente recaudado y gastado. Tampoco permiten, por sí solos, establecer que exista una imposibilidad de pagar salarios o aguinaldos. Para determinar la situación financiera real sería necesario contar con la ejecución presupuestaria actualizada, los ingresos efectivamente percibidos, los gastos devengados y las disponibilidades de caja.

La discusión adquiere mayor relevancia porque la política de ajuste no afecta solamente a los bonos extraordinarios. Las nuevas denuncias involucran adicionales que inciden sobre el ingreso mensual de trabajadores de diferentes sectores, mientras el municipio sostiene que necesita ordenar sus cuentas para preservar el funcionamiento de la administración.

Aguinaldo: las versiones internas chocan con una promesa pública del intendente

La preocupación por el pago del sueldo anual complementario comenzó a circular entre trabajadores y personas vinculadas a la estructura municipal. Los testimonios recibidos mencionan inquietud por la disponibilidad de fondos para afrontar el aguinaldo de diciembre, en un contexto de sucesivas reducciones salariales y restricciones presupuestarias.

Por el momento, no existe una comunicación oficial que anuncie dificultades para cumplir con esa obligación ni documentación pública que permita afirmar que el municipio no podrá pagarla. Por eso, las versiones deben mantenerse en el terreno de la preocupación interna y no presentarse como un incumplimiento confirmado.

Hay, además, un antecedente político concreto. Durante las declaraciones que realizó en octubre, en plena escalada del conflicto, Marcos Calvente fue consultado sobre la capacidad financiera de la comuna para afrontar el aguinaldo y aseguró que el municipio garantizaría el pago de sus compromisos salariales. La afirmación fue recogida por MDZ durante la cobertura de la conciliación obligatoria.

Esa declaración cobra ahora relevancia. La administración defendió los recortes como una herramienta para evitar dificultades con las obligaciones salariales. Por eso, el aguinaldo representa una prueba concreta de la situación financiera que el Ejecutivo describió públicamente y del alcance de las garantías que transmitió a los trabajadores.

El acuerdo firmado el 28 de octubre también contempla un pago extraordinario de $150.000 durante diciembre para los empleados alcanzados por el esquema de bonos. Sin embargo, ese adicional no debe confundirse con el aguinaldo: son conceptos diferentes y tienen obligaciones y condiciones de pago distintas. 

El jueves vuelve a ponerse a prueba la relación entre el municipio y sus trabajadores

La nueva convocatoria a una medida de fuerza para el jueves 19 coloca al Ejecutivo frente a un conflicto que ya atravesó paros, movilizaciones, conciliación obligatoria y un acuerdo salarial que no logró desactivar las diferencias de fondo. Las protestas registradas este martes muestran que el malestar sigue presente y que las restricciones sobre los adicionales pueden volver a convertirse en el principal motor de la confrontación.

También hay una cuestión que involucra directamente a los vecinos. Las restricciones laborales, las jornadas suspendidas y la reducción de horas extraordinarias pueden repercutir sobre áreas que ya presentan dificultades para responder a la demanda cotidiana. Espacios Verdes es el ejemplo más visible, pero las denuncias alcanzan a otras dependencias municipales.

Calvente logró cerrar la negociación por los bonos extraordinarios, pero la conflictividad reapareció por otros componentes salariales. El nuevo escenario deja expuesta una tensión que atraviesa toda la gestión: la necesidad de ordenar las cuentas municipales, la política de reducción de gastos y el funcionamiento de los servicios que sostienen la vida cotidiana del departamento.

En Guaymallén, el ajuste ya no se discute solamente en una mesa paritaria. Se discute en los recibos de sueldo, en las dependencias donde se reorganizan las jornadas, en las calles donde vuelven las protestas y en los espacios públicos que esperan respuestas. El jueves será una nueva medida del conflicto, pero la discusión de fondo seguirá siendo cuánto cuesta el ajuste, quiénes lo soportan y qué consecuencias termina teniendo sobre los vecinos.

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