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POLÍTICA

19 de noviembre de 2026 · 14:30

Caputo pone el aguinaldo en la mira para maquillar el cierre fiscal de diciembre

El ministro de Economía evalúa trasladar a enero el pago del segundo medio aguinaldo de los estatales nacionales que perciben más de $1,4 millones. La maniobra permitiría sacar de diciembre más de un billón de pesos, justo cuando el Gobierno enfrenta un cierre de año complejo y una revisión clave del FMI. Pero hay una norma vigente que establece que el SAC debe abonarse durante la segunda quincena de diciembre.

Caputo pone el aguinaldo en la mira para maquillar el cierre fiscal de diciembre

El ajuste tiene una nueva frontera: el calendario. Luis Caputo analiza postergar hasta el primer día hábil de enero el pago del segundo medio aguinaldo de una parte de los trabajadores de la Administración Pública Nacional. La alternativa, que según publicó La Política Online alcanza a quienes perciben salarios superiores a $1.400.000, permitiría trasladar al próximo ejercicio un desembolso estimado en poco más de un billón de pesos.


La cifra no es menor. De acuerdo con las proyecciones de mercado difundidas para diciembre, el déficit primario podría ubicarse entre $3,62 y $3,74 billones, mientras que el resultado financiero —que incorpora los intereses de la deuda— se movería entre $4,15 y $4,29 billones. Si se toma como referencia el billón de pesos que se evitaría desembolsar durante diciembre, el efecto sobre el rojo mensual sería considerable: alrededor del 27% del déficit primario y del 23% del financiero.

La cuenta permite dimensionar el alcance de la operación. El Gobierno no estaría eliminando ese gasto ni reduciendo el compromiso salarial: estaría desplazando el momento en que sale el dinero. Con el resto de las variables sin cambios, diciembre todavía arrojaría un déficit primario de entre $2,6 y $2,7 billones y un resultado financiero negativo de entre $3,2 y $3,3 billones. La diferencia estaría en la fotografía del cierre, no en la desaparición de la obligación.

Una fecha que choca con la normativa vigente

El asunto tiene una particularidad que excede la discusión contable. La Resolución 300/2015 de la Secretaría de Hacienda establece que las cuotas del Sueldo Anual Complementario correspondientes a cada semestre deben abonarse a partir del primer día hábil de julio y durante la segunda quincena de diciembre, respectivamente. La norma alcanza a las jurisdicciones, entidades y empresas comprendidas en el ámbito de la Administración Pública Nacional, incluidas las universidades nacionales.

Por eso, una eventual decisión de llevar el pago a enero no sería un simple cambio administrativo en el calendario. Implicaría apartarse del esquema que la propia Secretaría de Hacienda estableció para el pago del aguinaldo estatal. Hasta ahora, sin embargo, no se conoce una disposición oficial que confirme la postergación ni que detalle cómo se instrumentaría para los trabajadores alcanzados.

La otra pieza del rompecabezas es la Resolución 134/2026, publicada en el Boletín Oficial el 12 de noviembre. La medida establece las pautas para el cierre de las cuentas del ejercicio 2026 y determina que los gastos devengados y no pagados al 31 de diciembre deberán registrarse como deuda exigible del ejercicio y contabilizarse en el pasivo corriente de cada organismo. En cambio, los compromisos que todavía no hayan sido devengados pasarán a 2027 y afectarán los créditos presupuestarios y las cuotas del primer trimestre.

La distinción es decisiva. Si el aguinaldo queda devengado en diciembre, aunque se pague en enero, la obligación debe quedar reflejada como deuda del ejercicio que termina. Si se intenta trasladar también su registración presupuestaria, el problema deja de ser solamente financiero y abre otra discusión sobre el momento en que corresponde reconocer un derecho salarial ya generado.

La Ley 24.156 de Administración Financiera contempla precisamente esa diferencia. Su artículo 21 establece que los gastos del ejercicio son aquellos que se devenguen durante ese período, aunque no impliquen una salida efectiva de dinero. El artículo 42, por su parte, regula el tratamiento de los gastos devengados y no pagados al cierre del año. En otras palabras, el calendario de pagos y el reconocimiento contable de una obligación no son necesariamente la misma cosa.

La caja del Estado y los compromisos que se acumulan

La posible postergación del aguinaldo aparece en un contexto en el que la administración de la caja pública viene ocupando un lugar central en la estrategia económica. Los datos de ejecución presupuestaria muestran que al 31 de octubre la Administración Nacional acumulaba $2,86 billones en gastos devengados que todavía no habían sido pagados, sin incluir los servicios de la deuda pública. La cifra representaba el 2,5% del gasto devengado entre enero y octubre, frente al 1,5% registrado en igual período de 2025.

Ese número, de todos modos, requiere una lectura completa. La deuda flotante se modificó rápidamente: para el 4 de noviembre había descendido a $1,37 billones. La variación muestra que el saldo pendiente depende de la fecha de corte y de los pagos que se concretan en los días posteriores. No alcanza con observar una fotografía aislada para concluir que existe una acumulación permanente de obligaciones impagas.

Pero la discusión sobre el manejo de los pagos no termina en las planillas. En el sistema ferroviario, La Fraternidad viene denunciando deterioro de infraestructura, falta de repuestos y reducción de servicios. Un relevamiento sindical difundido en abril señaló una caída del 33% en las frecuencias de los trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires durante los últimos dos años. Por su parte, las denuncias sobre atrasos en los pagos a proveedores ferroviarios y obras pendientes muestran cómo las restricciones presupuestarias pueden trasladarse a empresas, trabajadores y usuarios.

También existe una controversia por el destino de recursos con asignación específica, entre ellos los vinculados al impuesto a los combustibles y los fondos destinados a infraestructura vial e hídrica. Las denuncias judiciales y los cuestionamientos sobre el uso de esos recursos forman parte de un frente de tensión que excede la discusión puntual por el aguinaldo.

El patrón que aparece en estos episodios es una política de administración de recursos que pone el foco en la contención de los desembolsos. El interrogante es hasta dónde puede sostenerse esa estrategia sin trasladar sus costos a quienes esperan cobrar salarios, proveedores que ya prestaron servicios o sectores que dependen de obras y mantenimiento.

El FMI, diciembre y la necesidad de sostener el relato fiscal

El calendario agrega presión política. La tercera revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional alcanzó un entendimiento técnico a fines de octubre y quedó pendiente de consideración por parte del Directorio Ejecutivo del organismo. Su aprobación habilitaría un desembolso cercano a los 900 millones de dólares. La discusión fiscal, por lo tanto, no se limita a las cuentas internas: forma parte de los compromisos que el Gobierno exhibe ante el organismo.

Sin embargo, hay un dato que también debe incorporarse para evitar conclusiones apresuradas. El Relevamiento de Expectativas de Mercado publicado por el Banco Central en noviembre proyectó un superávit primario de $15,1 billones para el conjunto de 2026. Esa estimación anual no impide que diciembre pueda registrar un déficit mensual por factores estacionales, pero sí obliga a distinguir entre el resultado de un mes y el balance acumulado del año.

La presión sobre diciembre surge de una combinación de gastos que suelen concentrarse al cierre del ejercicio, entre ellos el pago del aguinaldo, y de las metas fiscales que el Gobierno busca sostener. La posibilidad de trasladar un desembolso de semejante magnitud al año siguiente adquiere relevancia precisamente porque puede modificar la presentación de las cuentas en el momento en que el Fondo revisa el desempeño del programa.

El problema es que el equilibrio fiscal no se mide solamente por el dinero que salió de la Tesorería antes de la medianoche del 31 de diciembre. También importa qué obligaciones quedaron pendientes, cuándo se devengaron y bajo qué ejercicio deben registrarse. La propia normativa de cierre que firmó la Secretaría de Hacienda reconoce esa diferencia.

Por ahora, la postergación del aguinaldo permanece en el terreno de una alternativa atribuida al Ministerio de Economía y no de una decisión formalmente anunciada. Pero la sola posibilidad deja expuesta una contradicción política: mientras el Gobierno presenta el equilibrio de las cuentas públicas como una de las principales credenciales de su gestión, el cierre del año podría depender de cuánto logra demorar pagos que igualmente tendrá que afrontar.

Y en esa discusión hay un dato que no admite maquillaje: el aguinaldo no es un gasto optativo ni una cifra abstracta de una planilla presupuestaria. Es parte del ingreso de miles de trabajadores que cuentan con ese dinero para atravesar las fiestas y comenzar el año. Para el Ministerio de Economía puede ser una cuestión de calendario; para quienes esperan cobrarlo, es una cuestión concreta de bolsillo.

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