La tensión que desde hace meses se acumulaba dentro del oficialismo mendocino encontró en el Presupuesto 2027 un escenario para salir a la superficie. Los legisladores que responden a Luis Petri rechazaron acompañar el pedido de endeudamiento impulsado por Alfredo Cornejo y el Gobierno no consiguió reunir los respaldos necesarios para avanzar con el tratamiento legislativo. El resultado fue concreto: no hubo dictamen en la Comisión de Hacienda y el debate del paquete económico quedó postergado, al menos, hasta la próxima semana.
No fue un desacuerdo menor sobre una planilla presupuestaria. El sector petrista, que comparte el espacio político que llevó a Cornejo al gobierno, decidió plantarse frente a una de las herramientas financieras centrales que pretende utilizar el Ejecutivo durante 2027. La negativa dejó al descubierto que la convivencia dentro de Cambia Mendoza atraviesa un momento crítico y que la disputa por el futuro político de la provincia ya empieza a condicionar las decisiones institucionales del presente.
La reacción del ministro de Hacienda, Víctor Fayad, terminó de convertir la diferencia en un enfrentamiento público. El funcionario sostuvo que quienes no acompañan el Presupuesto pasan a ser considerados oposición para el Gobierno y cuestionó la falta de argumentos de los legisladores que se niegan a habilitar el financiamiento. La respuesta llegó desde el entorno de Petri, a través del diputado Gustavo Cairo, quien defendió la negativa con un mensaje que apuntó directamente al corazón del planteo oficial: “A los mendocinos se los ayuda bajando impuestos, no endeudando a la provincia sin saber dónde va esa deuda, cómo y quién la paga”.
El crédito que abrió la grieta
El proyecto enviado por el Ejecutivo contempla una autorización para gestionar hasta 320 millones de dólares en nuevos créditos con organismos multilaterales. El esquema tiene dos destinos diferenciados: 120 millones para infraestructura energética —estaciones transformadoras, líneas de alta tensión y proyectos de generación— y otros 200 millones para un Plan de Desarrollo Productivo destinado a financiar iniciativas vinculadas con la actividad privada y la competitividad de la matriz provincial.
El tramo que concentra buena parte de las objeciones del petrismo es el de los 200 millones de dólares para el programa productivo. Desde ese sector cuestionan que el Gobierno pretenda obtener una autorización de semejante magnitud sin presentar, con suficiente precisión, los proyectos que se financiarían, los criterios para seleccionar a los beneficiarios, los mecanismos de administración y las condiciones bajo las cuales se otorgarían los créditos.
Cairo llevó ese planteo a las redes sociales y reclamó que antes de solicitar financiamiento se conozcan los programas, los costos y los beneficios concretos para los mendocinos. “Cada peso que se pide prestado lo pagan los mendocinos”, sostuvo. También planteó que la provincia debería priorizar un presupuesto sin déficit y una reducción de impuestos antes que sumar nuevas obligaciones financieras.
La discusión no se limita, sin embargo, a los 200 millones destinados al desarrollo productivo. El paquete incluye también los 120 millones para infraestructura energética y una autorización para refinanciar vencimientos de deuda. Son herramientas distintas, con objetivos y alcances diferentes, aunque el debate político terminó agrupándolas bajo una misma disputa: cuánto financiamiento necesita Mendoza, para qué lo utilizará y qué controles tendrá la Legislatura sobre su destino.
Fayad cruzó al petrismo y Cairo devolvió el golpe
La definición del ministro de Hacienda fue una señal política de peso. Al ubicar como oposición a quienes no acompañan el proyecto, Fayad dejó de tratar el conflicto como una diferencia técnica entre legisladores de un mismo espacio y lo trasladó al terreno de la ruptura política. El mensaje también expuso la incomodidad del Ejecutivo frente a un bloque que, sin abandonar formalmente su identidad opositora al peronismo, puede impedirle conseguir una mayoría especial.
Cairo respondió sin buscar una salida diplomática. El legislador insistió en que no se puede pedir un crédito sin explicar con claridad qué se hará con los fondos, cuánto costarán los programas y quién terminará pagando las obligaciones. Su intervención funcionó como una ratificación pública de la postura del sector de Petri y como una advertencia al cornejismo: el acompañamiento político no está garantizado por compartir una alianza electoral.
La dimensión parlamentaria explica por qué el Gobierno quedó en una posición complicada. Para autorizar el endeudamiento se requieren dos tercios de los votos de ambas cámaras. En Diputados, el oficialismo cuenta con 35 voluntades junto a sus aliados, pero ocho legisladores responden al espacio de Petri. Sin ese respaldo, no alcanza el número especial y debe buscar acuerdos con otras fuerzas.
El peronismo también cuestiona el endeudamiento y reclama precisiones sobre el plan productivo, el destino de los recursos y el alcance de la refinanciación. De ese modo, el Ejecutivo se encuentra ante una dificultad política que no puede resolver solamente con sus aliados habituales: necesita convencer a sectores que hoy comparten objeciones centrales al proyecto.
Una autorización millonaria y un plan todavía bajo discusión
El Presupuesto 2027 proyecta un resultado corriente superavitario de aproximadamente 416.118 millones de pesos, pero contempla necesidades de financiamiento por casi 93.963 millones. El Gobierno sostiene que el esquema de inversión se apoya en distintas fuentes, entre ellas el superávit corriente, los organismos multilaterales y los recursos del Fondo del Resarcimiento.
Fayad defendió el pedido al señalar que el financiamiento internacional permite acceder a plazos más extensos y condiciones diferentes de las que ofrece el mercado. También sostuvo que las obras energéticas requieren planificación de largo alcance y que el Plan de Desarrollo Productivo necesita avanzar en su preparación para incorporar a los organismos multilaterales que podrían financiarlo.
Pero la explicación oficial no consiguió despejar las dudas de los legisladores que se oponen. La diferencia central está en el grado de definición del programa: el Ejecutivo busca obtener primero la autorización para gestionar los recursos y avanzar en el diseño de las herramientas, mientras que sus críticos reclaman conocer con mayor detalle qué se financiará y bajo qué reglas antes de habilitar el endeudamiento.
A eso se suma el pedido de refinanciación de vencimientos. El proyecto contempla operaciones de rollover para compromisos de 2027, 2028 y 2029. No se trata de lo mismo que tomar nuevos créditos para obras o programas productivos: el rollover permite reemplazar obligaciones que vencen por otras nuevas, con el objetivo de reorganizar los pagos. Sin embargo, también requiere autorización legislativa y quedó atrapado en la misma negociación política.
La pelea por 2027 ya se metió en el recinto
El enfrentamiento no puede separarse del calendario electoral. Cornejo transita el último tramo de su segundo mandato y tiene un objetivo evidente: conservar la conducción política del oficialismo y ordenar la sucesión provincial. En ese escenario aparecen nombres como Natalio Mema y Tadeo García Zalazar, dirigentes que cuentan con respaldo dentro del cornejismo. También está Ulpiano Suarez, que construye su propio posicionamiento.
Petri, por su parte, no oculta sus aspiraciones de competir por la Gobernación. Su proyecto político tiene una particularidad: busca disputar el liderazgo del oficialismo desde una posición propia, con el respaldo de La Libertad Avanza y una estructura legislativa que ya demostró que puede condicionar al Ejecutivo.
La discusión por la deuda ofrece una primera demostración concreta de ese poder. Los legisladores petristas no necesitan controlar el Gobierno ni conducir la Legislatura para imponer límites: alcanza con retirar los votos que el oficialismo necesita para aprobar decisiones que requieren mayorías especiales. El Presupuesto se convirtió así en una herramienta de negociación y, al mismo tiempo, en un mensaje hacia el gobernador.
La relación entre ambos dirigentes ya venía deteriorada por las diferencias sobre el armado electoral y la candidatura para 2027. Las críticas públicas de Petri a la situación provincial y los movimientos de los distintos sectores radicales habían anticipado una disputa que ahora tiene consecuencias institucionales. La negativa al endeudamiento marca un salto cualitativo: el conflicto dejó de expresarse solamente en declaraciones y empezó a trabar una de las principales iniciativas del Gobierno.
Por ahora, el Presupuesto, el Avalúo y la Impositiva quedaron a la espera de nuevos acuerdos. Cornejo necesita los votos; Petri demostró que puede negárselos. Y el ministro Fayad ya puso en palabras lo que hasta hace poco se intentaba disimular: para el Ejecutivo, quienes no acompañan sus decisiones dejaron de ser aliados confiables.
La pelea por los 320 millones de dólares puede encontrar una salida mediante modificaciones o negociaciones legislativas. Pero el daño político ya está a la vista. En Mendoza, la discusión por el Presupuesto 2027 dejó de ser solamente una disputa sobre cómo financiar obras y programas: se transformó en el primer choque de fondo por quién tendrá la lapicera del próximo gobierno.