El oficialismo llegó al Congreso convencido de que tenía los números para poner en marcha una extensa jornada legislativa. La sesión especial de este miércoles 18 de noviembre tenía un temario cargado y dos iniciativas centrales para el Gobierno de Javier Milei: la denominada Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, vinculada con Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin embargo, el tablero terminó mostrando una realidad bastante menos favorable para la Casa Rosada: 126 diputados presentes, tres menos de los 129 necesarios para habilitar el debate.
A las 12.31, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio por caída la convocatoria. No hubo votaciones, discursos ni discusión de los proyectos. La sesión directamente no pudo comenzar. Y aunque la ausencia de Unión por la Patria, la izquierda y otros bloques opositores estaba dentro de las previsiones, el problema para el oficialismo llegó desde otro lado: los legisladores de espacios que suelen acompañar algunas de sus iniciativas decidieron no aportar el número necesario.
La escena dejó una señal política difícil de disimular. La Libertad Avanza contó con el respaldo de buena parte del PRO, la UCR y legisladores de fuerzas provinciales, pero no consiguió sostener el acuerdo con todos los sectores que necesitaba. Provincias Unidas y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) fueron determinantes para frustrar la convocatoria. También hubo ausencias de representantes de otros espacios provinciales y aliados que no terminaron de completar el número.
El Gobierno había organizado una sesión que, según el cronograma parlamentario, podía extenderse durante más de trece horas. Había acuerdos en Labor Parlamentaria sobre el orden de tratamiento y los tiempos de exposición. Pero una cosa era ordenar la agenda y otra muy distinta conseguir que los diputados se sentaran en sus bancas. Esa diferencia terminó convirtiéndose en una derrota política para el oficialismo.
Los aliados que dejaron al Gobierno sin número
La ausencia más visible fue la de Provincias Unidas. Sus integrantes ingresaron al recinto, pero varios permanecieron de pie y no ocuparon sus bancas. La decisión tuvo un peso decisivo porque el bloque reúne a 18 diputados y representa, entre otros, a los gobernadores Martín Llaryora, de Córdoba, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe.
La postura no respondió solamente a diferencias con los proyectos que se iban a debatir. El espacio provincial arrastra reclamos con la conducción de la Cámara por la representación que considera que le corresponde en el Consejo de la Magistratura y por la falta de avances en la discusión de la ley de biocombustibles. Ambos temas tienen impacto político y económico directo en las provincias que gobiernan Llaryora y Pullaro.
En el caso del Consejo de la Magistratura, Provincias Unidas reclama que Juan Brügge ocupe el lugar correspondiente a la tercera minoría. El espacio cuestiona que el oficialismo avance con una representación para el PRO, que cuenta con menos integrantes parlamentarios. La disputa por los lugares en el organismo encargado de seleccionar y controlar a los jueces terminó convirtiéndose en otro punto de fricción con Martín Menem.
La ley de biocombustibles también aparece como un reclamo concreto. Córdoba y Santa Fe, junto con otras provincias productoras, buscan modificaciones al régimen que permitan contemplar sus intereses industriales y productivos. El proyecto había quedado trabado en Diputados y los gobernadores reclamaban respuestas. La falta de quórum fue, en ese contexto, una demostración de que el acompañamiento parlamentario no es incondicional.
A ese escenario se sumó la ausencia de los dos diputados del MID, Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes también mantienen diferencias con el oficialismo por la distribución de recursos y la falta de obras públicas. Otros representantes provinciales tampoco estuvieron presentes o tuvieron una participación parcial.
En cambio, el PRO y la UCR aportaron buena parte de sus legisladores, al igual que representantes de los espacios provinciales de San Juan, Tucumán, Salta y Misiones. La Libertad Avanza no quedó completamente aislada, pero comprobó que los apoyos que consigue para determinadas votaciones no necesariamente garantizan el funcionamiento de la Cámara.
La oposición aprovechó el desenlace. Agustín Rossi, de Unión por la Patria, cuestionó la estrategia del Gobierno y sostuvo que ni siquiera sus aliados lo habían acompañado. En el recinto, legisladores opositores celebraron la caída de la sesión y entonaron la Marcha de las Malvinas, una escena que terminó de convertir el fracaso parlamentario en una postal política.
La Ley Malvinas: soberanía, seguridad y una discusión que excede el reclamo territorial
El proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional fue uno de los principales objetivos del Gobierno para esta jornada. La iniciativa busca establecer un régimen integral para proteger los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. También incorpora herramientas para sancionar actividades de exploración y explotación de recursos naturales sin autorización argentina.
La propuesta no se limita a la cuestión territorial. Incluye un esquema de defensa de intereses estratégicos, modificaciones al régimen de sanciones y la creación de un Consejo de Seguridad Nacional bajo la conducción del Poder Ejecutivo. Ese organismo tendría funciones de coordinación y análisis sobre amenazas externas e inversiones en sectores considerados sensibles.
Allí aparecen algunas de las objeciones más fuertes. Los capítulos vinculados con la injerencia extranjera en procesos electorales y la protección de información estratégica generaron cuestionamientos por el alcance de las nuevas figuras penales y las facultades que se le otorgarían al Estado. Aunque el Gobierno introdujo modificaciones al texto original y ajustó algunos artículos para acercar posiciones, persistían diferencias sobre las sanciones y el alcance de las atribuciones del Consejo.
La discusión es particularmente delicada porque una iniciativa presentada bajo el objetivo de defender la soberanía también puede involucrar derechos y garantías constitucionales. La preocupación de legisladores opositores y dialoguistas no se concentró únicamente en el propósito declarado del proyecto, sino en cómo quedarían delimitadas las conductas sancionables y qué controles existirían sobre las decisiones del Ejecutivo.
El proyecto había conseguido dictamen de mayoría en las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores, con 60 firmas sobre 104 diputados presentes. Sin embargo, ese respaldo no aseguraba su aprobación en el recinto. La falta de quórum impidió incluso que comenzara el debate.
La reforma del Banco Central y la estabilidad de Bausili
El segundo gran objetivo de la jornada era avanzar con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa forma parte de la arquitectura económica que impulsa Milei y tiene como eje establecer que la misión principal de la autoridad monetaria sea preservar el valor de la moneda.
El proyecto también busca prohibir el financiamiento directo e indirecto del Tesoro mediante mecanismos de emisión, limitar la distribución de utilidades y modificar el régimen de administración de los recursos de la entidad. Para el Gobierno, se trata de reducir la posibilidad de que el Banco Central vuelva a funcionar como fuente de financiamiento de las necesidades fiscales del Estado.
Pero el debate tiene además una dimensión institucional: las condiciones para designar y remover a las autoridades del organismo. El texto regresó a Diputados después de que el Senado introdujera modificaciones. Entre ellas, se estableció que el presidente, vicepresidente y directores del BCRA sean designados con acuerdo de la Cámara alta por mayoría absoluta, que los directores tengan mandatos de seis años y que la eventual remoción por parte del Poder Ejecutivo requiera también la aprobación del Senado.
Ese cambio generó una discusión sobre la independencia de la autoridad monetaria y la estabilidad de quienes conducen el organismo. Santiago Bausili defendió públicamente la reforma ante los legisladores y sostuvo que los funcionarios del Banco Central deben estar protegidos de las influencias políticas coyunturales. La oposición, por su parte, cuestionó el alcance de las garantías institucionales y advirtió sobre el riesgo de dificultar los mecanismos de control y remoción.
El oficialismo pretendía completar el trámite legislativo y definir si aceptaba las modificaciones introducidas por el Senado o insistía con su redacción original. La falta de quórum dejó esa decisión pendiente y volvió a mostrar que una reforma de semejante alcance necesita algo más que el respaldo de la bancada propia.
Otros cinco proyectos quedaron en el camino
La caída de la sesión también dejó sin tratamiento un paquete de iniciativas comerciales, judiciales y productivas. Entre ellas figuraba el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. El convenio busca ampliar el intercambio comercial y reducir barreras para bienes y servicios entre ambos bloques.
También estaba prevista la aprobación de una enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, destinada a actualizar las reglas regionales para ese sector.
En materia judicial, quedaron pendientes dos convenios de transferencia de competencias desde la Nación hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Uno está vinculado con delitos penales y el otro con la transferencia de funciones en materia criminal y correccional de menores. Ambos forman parte del proceso de ampliación de la autonomía judicial porteña.
El temario se completaba con una modificación de la Ley 24.467, que regula a las pequeñas y medianas empresas. La propuesta buscaba facilitar la incorporación de cooperativas a los instrumentos de reconocimiento y beneficios previstos para el sector, entre ellos el acceso al certificado MiPyME.
Ninguno de estos asuntos pudo ser abordado. La falta de quórum bloqueó el conjunto de la convocatoria, independientemente de los acuerdos o diferencias que pudieran existir sobre cada expediente.
El costo político de una mayoría que no alcanza
El episodio deja una conclusión que el Gobierno no puede esquivar: tener aliados no significa tener una mayoría asegurada. La Libertad Avanza consiguió respaldos para avanzar con distintas iniciativas durante el año, pero la relación con los bloques dialoguistas está atravesada por reclamos propios, intereses provinciales y disputas por espacios de poder.
La decisión de Provincias Unidas y del MID mostró que esos sectores están dispuestos a utilizar su peso parlamentario para presionar cuando consideran que sus demandas no son atendidas. Y el oficialismo, que había confiado en contar con los números, terminó dependiendo de negociaciones que no consiguió cerrar a tiempo.
La derrota también llega en un momento sensible del calendario legislativo. El Gobierno pretende avanzar con el Presupuesto 2027 y otras reformas antes de que termine el período ordinario. La caída de esta sesión obliga a recalcular acuerdos y deja una advertencia para las próximas convocatorias: la agenda presidencial no se convierte en ley solamente por decisión de la Casa Rosada.
Milei llegó al Congreso con dos proyectos centrales y un temario de más de trece horas. Se fue sin haber podido abrir la sesión. Le faltaron tres diputados, pero el problema fue bastante más profundo que una diferencia numérica: sus aliados le recordaron que el acompañamiento parlamentario también se negocia y que, cuando los acuerdos se rompen, ni siquiera alcanza con tener la agenda preparada.