La épica patriótica tiene un límite cuando llega la hora de repartir los recursos públicos. El Gobierno de Javier Milei convirtió la causa Malvinas en una bandera central de su discurso político, reivindicó la soberanía argentina, anunció medidas vinculadas con la defensa nacional y prepara una distinción para los veteranos y las familias de los caídos en el marco del 45.º aniversario de la guerra. Sin embargo, el proyecto de Presupuesto 2027 revela una contradicción difícil de disimular: la atención en salud mental destinada a quienes combatieron en el Atlántico Sur y a sus familias queda relegada en la planificación oficial.
El programa Sanidad Militar Conjunta, dependiente del Ministerio de Defensa, tiene prevista para 2027 una meta de apenas 3.000 consultas de salud mental para veteranos de Malvinas y sus familiares. En el presupuesto de 2026, la previsión original había sido de 12.659. La diferencia equivale a una reducción del 76,3% en la cantidad de prestaciones proyectadas. No es un detalle administrativo ni una variación menor: significa que el Estado planifica para el próximo año menos de una cuarta parte de las consultas que había previsto cubrir durante el actual ejercicio.
El contraste con la ejecución de 2026 agrava el cuadro. Durante el primer semestre se registraron 3.242 consultas, según los datos presupuestarios relevados por Perfil. Es decir, en seis meses se realizaron 242 atenciones más que las 3.000 que el Gobierno proyecta para todo 2027. La meta del próximo año queda por debajo incluso de lo efectivamente atendido durante la primera mitad de 2026. La explicación oficial sobre el incumplimiento de la meta de este año fue una reducción de las consultas realizadas por los veteranos y sus familiares, de acuerdo con las estadísticas de los centros de salud mental. Pero el nuevo presupuesto no plantea una ampliación de la cobertura ni una estrategia más ambiciosa: vuelve a achicar el horizonte de atención.
También hay una señal económica que acompaña el retroceso de las prestaciones. La asignación prevista inicialmente en 2026 para estas acciones de salud mental era de $511 millones. Después de modificaciones presupuestarias, el crédito vigente descendió a $130 millones y, hasta el 30 de septiembre, se habían ejecutado $112 millones. Para 2027, el proyecto contempla $220 millones: una cifra nominal inferior a la mitad de la asignación inicial de 2026. La comparación no debe confundirse con una caída frente al crédito vigente de este año —que hoy es menor—, pero deja a la vista la magnitud del recorte aplicado a la planificación original y el alcance limitado de los recursos que se proyectan para el próximo ejercicio.
La decisión adquiere una dimensión política todavía mayor cuando se la contrasta con el relato presidencial. El 2 de abril de 2026, Milei ratificó el reclamo de soberanía sobre las islas y anunció que se destinará el 10% de los ingresos fiscales provenientes de las privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para fortalecer las Fuerzas Armadas. Días después, el Decreto 218/2026 dispuso organizar una distinción para veteranos y familiares de los caídos en el aniversario número 45 del conflicto, y definió expresamente esa actividad como un acto de carácter “conmemorativo, simbólico y testimonial”. Para la ceremonia hay una decisión formal; para la atención psicológica, el proyecto presupuestario propone una reducción drástica de las consultas previstas.
Ahí aparece el verdadero límite de la sobreactuación nacionalista: honrar a los veteranos en un acto oficial cuesta menos políticamente que garantizar una política sostenida de atención, seguimiento y tratamiento. Las banderas, los discursos y las declaraciones de soberanía construyen una imagen pública; los presupuestos muestran cuánto está dispuesto a respaldar el Estado con recursos concretos. Y en este caso, la planificación para 2027 marca una distancia evidente entre la exaltación simbólica de Malvinas y el acompañamiento a quienes todavía cargan con las consecuencias de la guerra.
La atención de salud mental no es un beneficio accesorio. El propio Centro de Salud Conjunto de Veteranos de Malvinas establece entre sus responsabilidades la evaluación y el tratamiento de las patologías psíquicas vinculadas con experiencias traumáticas, además de la prevención, el diagnóstico y el seguimiento de los pacientes. Su alcance incluye a los veteranos de las Fuerzas Armadas, sus familias y los familiares de quienes murieron en el conflicto. Se trata de una política sanitaria especializada, con necesidades que pueden persistir durante décadas y que requieren continuidad profesional. Reducir las consultas previstas a 3.000 no es simplemente achicar una cifra en una planilla: es proyectar una capacidad de atención mucho menor para una población que necesita respuestas concretas.
El Gobierno intenta instalar una nueva épica sobre la soberanía mientras impulsa un programa económico que ordena el gasto bajo el criterio del ajuste fiscal. Pero el presupuesto es precisamente el lugar donde esa narrativa debe demostrar si se traduce en políticas públicas. La Oficina de Presupuesto del Congreso señala que el proyecto 2027 contempla una mayor prioridad para la inversión en defensa, con un aumento del 31,5% respecto de las asignaciones del ejercicio actual. Esa expansión general convive con el retroceso de las metas de salud mental para los veteranos. La defensa nacional puede requerir equipamiento y capacidades militares, pero una política de soberanía que no acompaña adecuadamente a quienes combatieron deja expuesta una contradicción de fondo: se invoca a los héroes mientras se restringen las prestaciones destinadas a atender sus secuelas.
La discusión tampoco puede reducirse a una disputa partidaria sobre quién reivindica con más fuerza la causa Malvinas. La soberanía argentina es una política de Estado y el reconocimiento a los excombatientes debería expresarse en derechos, servicios y recursos sostenidos, más allá de cualquier gobierno. Por eso, la comparación entre los anuncios oficiales y las metas presupuestarias importa: permite medir el compromiso con hechos y no solo con declaraciones. En el caso de Milei, el Gobierno que convirtió el nacionalismo en parte de su identidad política propone atender en 2027 menos de una cuarta parte de las consultas que había planificado para 2026.
El proyecto todavía debe atravesar el debate parlamentario, pero la señal ya está escrita en sus números. En vísperas de los 45 años de la guerra, la administración libertaria se prepara para homenajear a los veteranos mientras proyecta una reducción del 76,3% de las consultas de salud mental destinadas a ellos y a sus familias. La distancia entre el discurso y el presupuesto es el dato político central: Malvinas no se defiende solamente con actos, banderas y declaraciones; también se defiende garantizando atención a quienes regresaron de la guerra.
