La venta de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), una empresa que abastece de agua potable y servicios cloacales a unos 14 millones de habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires, se convirtió en uno de los procesos más controvertidos del programa privatizador de Javier Milei. La apertura de las ofertas económicas dejó al consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX como el mejor postor, con una propuesta de US$340,2 millones por el 90% de las acciones que hoy pertenecen al Estado nacional. Pero el resultado económico abrió una pregunta difícil de esquivar: ¿cómo se determinó el valor de una compañía estratégica si el procedimiento se realizó sin un precio base público y la tasación oficial fue declarada reservada?
La controversia ya tiene consecuencias judiciales. Legisladores nacionales de Unión por la Patria presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por presuntas irregularidades en el proceso de privatización de empresas públicas, con un capítulo específico dedicado a AySA. En paralelo, cuatro legisladores promovieron un amparo para exigir que se publique la valuación oficial de la compañía y solicitaron una medida cautelar para frenar la adjudicación. La ofensiva judicial se suma a una cautelar previa vinculada con las obligaciones de prestación del servicio. El proceso, por lo tanto, avanza con un interrogante de fondo: si las condiciones de venta permiten proteger adecuadamente el patrimonio público y los derechos de los usuarios.
Una precisión sobre la denuncia contra Caputo
La polémica alcanza directamente al Ministerio de Economía. En la denuncia ante la PIA, los legisladores Adán Bahl, Jorge Capitanich, Ana María Ianni y Florencia Carignano apuntaron contra Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas; Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones; y autoridades del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE). El planteo cuestiona el manejo de las tasaciones, los cambios en el procedimiento y las dificultades para acceder a información relevante.
Luis Caputo no está excluído de la responsabilidad política y administrativa por el proceso: el ministro conduce la cartera que lleva adelante la operación y firmó las resoluciones que instrumentaron etapas centrales de la licitación. La discusión es si el Estado garantizó condiciones suficientes de transparencia, control legislativo y protección del patrimonio público al poner en venta una compañía que presta un servicio esencial.
Los números que encendieron las alarmas
La oferta ganadora fue de US$340,2 millones, mientras que el grupo liderado por Roggio presentó una propuesta de US$285 millones. El consorcio encabezado por Rowing superó así a su competidor, pero quedó por debajo de las expectativas de recaudación que el Gobierno había dejado trascender. Distintos medios informaron que Economía esperaba obtener alrededor de US$450 millones y que, en estimaciones anteriores, se había mencionado una cifra cercana a los US$500 millones.
La diferencia entre los US$450 millones y la oferta ganadora es de US$109,8 millones, casi una cuarta parte de la cifra de referencia. Si se toma como comparación la expectativa de US$500 millones difundida previamente, la brecha asciende a US$159,8 millones. Ninguna de esas diferencias demuestra por sí sola que la empresa haya sido vendida por debajo de su valor real: para establecerlo sería necesario conocer la tasación completa, sus supuestos técnicos, los pasivos considerados y las condiciones económicas del contrato. Precisamente, esa información es uno de los puntos que los denunciantes reclaman.
El Gobierno decidió convocar una licitación sin precio base. La Resolución 704/2026 del Ministerio de Economía autorizó la venta del 90% del paquete accionario estatal mediante un procedimiento nacional e internacional, y las resoluciones posteriores organizaron las distintas etapas de evaluación. La Resolución 1722/2026, publicada en el Boletín Oficial, aprobó la primera etapa y convocó la apertura de las ofertas económicas. El cuestionamiento de la oposición apunta a que la valuación de referencia se mantuvo reservada y a que el Congreso no habría recibido la información necesaria para ejercer plenamente su función de control.
Una tasación reservada y un conflicto por el control público
Los legisladores denunciantes sostienen que el Gobierno desplazó al Tribunal de Tasaciones de la Nación del esquema de valuación y concentró funciones en un circuito que involucró al BICE y a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Según el planteo difundido por la prensa, el resultado de la tasación fue declarado reservado y la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones no habría recibido la documentación en condiciones adecuadas para examinarla.
La discusión no es menor. Una privatización de esta magnitud exige determinar cuánto valen los activos, qué pasivos quedan a cargo de la empresa, qué obligaciones de inversión asume el comprador y cuáles son los riesgos que conserva el Estado. Sin esa información accesible, resulta difícil para la sociedad evaluar si el precio responde a una valoración razonable o si las condiciones pactadas trasladan beneficios adicionales al operador privado.
La oposición sostiene que el secreto impide controlar si la venta se realiza por el valor real de la compañía. El Gobierno, en cambio, defiende la licitación como parte de una transformación destinada a reducir la dependencia de recursos fiscales y mejorar la gestión del servicio. La documentación oficial confirma la existencia del procedimiento, pero el debate sobre la publicidad de la tasación y la suficiencia de los controles sigue abierto.
Los US$30 millones que también exigen explicaciones
Otra controversia surge de un informe de auditoría citado por Canal Abierto, que puso el foco sobre un proyecto de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo financiado con apoyo del Banco Mundial. Según esa investigación periodística, el Tesoro nacional habría adelantado US$30 millones que no fueron reembolsados ni quedaron registrados en los estados contables de la manera esperada. El medio vinculó el dato con la discusión sobre la valuación de las inversiones de AySA.
La cifra equivale a casi el 9% de la oferta de US$340,2 millones. Para determinar qué ocurrió se necesita examinar el informe original, el circuito de los fondos, las obligaciones de reintegro y el tratamiento contable correspondiente.
El punto es relevante porque la valuación de una empresa no depende únicamente de cuánto dinero ofrece un comprador. También requiere saber qué inversiones se realizaron, qué activos están efectivamente incorporados, cuáles son las deudas y obligaciones pendientes y cómo se reflejan los compromisos de financiamiento en los balances. Si existen diferencias entre los registros de los proyectos y los estados contables, deben aclararse antes de cerrar una operación de esta escala, cosa que no sucedió.
Quiénes están detrás del consorcio ganador
El grupo mejor posicionado está integrado por Rowing, Arcos Saneamento e Participações, Transclor y PHX Aqua AR BV. Rowing es una compañía de ingeniería e infraestructura vinculada al empresario Walter Román; Arcos es una firma brasileña del sector de saneamiento; Transclor pertenece al empresario Mauricio Filiberti; y PHX está radicada en Países Bajos. El 90% de las acciones que pertenecen al Estado es el paquete en disputa, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores mediante el Programa de Propiedad Participada.
Uno de los puntos que despertó cuestionamientos es la presencia de Filiberti. Transclor es proveedora de insumos químicos utilizados por AySA para potabilizar el agua, y el empresario también participa en Edenor junto con José Luis Manzano y Daniel Vila. La relación plantea interrogantes sobre potenciales conflictos de interés y sobre la necesidad de establecer controles transparentes entre proveedores y la empresa que quedaría bajo administración privada. La existencia de relaciones comerciales vuelve relevante conocer las salvaguardas previstas en el contrato y el régimen de compras.
También se difundieron cuestionamientos por aportes electorales realizados en 2025 por empresas vinculadas al holding de Rowing a La Libertad Avanza, según información citada por el defensor del Pueblo adjunto bonaerense, Walter Martello. La prensa consignó aportes por un total de $40 millones a través de dos compañías. Ese antecedente debe analizarse con los registros electorales y societarios correspondientes: no prueba un intercambio indebido ni que la licitación haya sido direccionada, pero forma parte de las preguntas públicas sobre la relación entre empresarios con negocios estatales y el oficialismo.
La transparencia de la operación requiere, por eso, algo más que publicar el nombre del ganador. También exige conocer quiénes controlan cada sociedad, cómo se distribuyen las participaciones, qué vínculos comerciales mantienen con AySA y qué mecanismos impedirán que la nueva estructura propietaria obtenga ventajas en contratos, tarifas o decisiones regulatorias.
La cautelar vigente y el nuevo pedido para frenar la adjudicación
La disputa judicial tiene dos carriles que no deben confundirse. El primero es la cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo bonaerense, que fue confirmada por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata. Esa medida impide a AySA modificar, reducir, limitar, suspender o alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública, el ambiente sano y la prestación adecuada del servicio mientras se tramita la cuestión de fondo. La causa pasó por una discusión sobre la competencia judicial y su recorrido procesal continúa.
La cautelar no anuló automáticamente la privatización ni ordenó, en esos términos, cancelar la licitación. Su alcance se concentra en las obligaciones de servicio: el cambio de operador no puede utilizarse como argumento para reducir las garantías que deben proteger a los usuarios. Es un límite relevante, pero distinto de una prohibición general de vender las acciones.
El segundo frente es el amparo presentado el 9 de octubre por cuatro legisladores nacionales, que exige que se revele la tasación oficial y pide suspender la adjudicación hasta que se conozca esa información.
La diferencia procesal será determinante en los próximos días. Si la Justicia concede el nuevo pedido, el Gobierno podría enfrentar una suspensión específica de la adjudicación. Si lo rechaza o no lo considera procedente, el proceso podrá seguir avanzando, aunque continuará sometido a los cuestionamientos sobre transparencia, valuación y obligaciones de prestación.
Una empresa estratégica y un servicio que no puede quedar en segundo plano
AySA fue creada en 2006, después de la salida de Aguas Argentinas, concesionaria operada por el grupo francés Suez durante la etapa de privatización de los años noventa. La experiencia anterior estuvo marcada por disputas sobre tarifas, inversiones y expansión de las redes. La recuperación estatal abrió una nueva etapa de obras y ampliación de cobertura, aunque la empresa también acumuló déficits operativos y una fuerte dependencia del financiamiento público.
La nueva privatización busca transferir la gestión a un operador estratégico durante 30 años, con posibilidad de prórroga de acuerdo con las condiciones previstas. Esa duración vuelve todavía más importante que las obligaciones de inversión, la calidad del agua, la cobertura y los mecanismos de control sean verificables y exigibles. El agua potable y el saneamiento no son bienes prescindibles: cualquier cambio en las condiciones de prestación repercute directamente sobre la salud, el ambiente y la vida cotidiana de millones de personas.
El Gobierno afirma que la inversión privada permitirá ampliar el servicio y mejorar su eficiencia. Los cuestionamientos opositores apuntan a que la falta de publicidad de la tasación y las dudas sobre el proceso impiden evaluar plenamente el costo y los beneficios de la operación. Ambas cuestiones deben contrastarse con datos verificables, documentos contractuales y decisiones judiciales, no con consignas.
Por ahora, la oferta de US$340,2 millones dejó al consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX en la primera posición económica, pero la adjudicación formal aún debe distinguirse de la apertura de sobres y de la selección de ofertas admisibles. En paralelo, siguen abiertos los reclamos por la tasación, la denuncia ante la PIA y las causas vinculadas con la protección del servicio.
La pregunta que queda planteada es concreta: ¿puede el Estado transferir el control de una empresa que abastece a 14 millones de personas sin publicar la información central sobre su valuación y sin despejar las dudas sobre los controles? Antes de que la operación quede cerrada, el Gobierno tiene la oportunidad —y la obligación institucional— de explicar los números, transparentar las condiciones y demostrar que el cambio de gestión no pondrá en riesgo el derecho al agua.
