Rodolfo Suarez terminó 2025 con un patrimonio declarado de $820.649.387,67 y sin deudas informadas. El número lo ubicó entre los senadores nacionales con mayores bienes declarados y volvió a poner bajo la lupa el patrimonio del exgobernador mendocino, hoy representante de la Unión Cívica Radical en el Senado. En apenas un año, la cifra pasó de $525,7 millones a más de $820 millones: una diferencia nominal de casi $295 millones, equivalente a un incremento del 56,08%.
El crecimiento, por sí solo, no demuestra que Suarez haya comprado nuevas propiedades ni que exista una irregularidad. De hecho, la comparación de sus declaraciones indica que durante 2025 no incorporó nuevos inmuebles ni vehículos. Sin embargo, la explicación no termina ahí. Cuando se observan los bienes uno por uno, aparecen cambios importantes en sus valuaciones y algunos datos que merecen una explicación pública, especialmente porque se trata de un funcionario que ocupó la gobernación de Mendoza y hoy ejerce una banca nacional.
La mayor parte de su patrimonio está concentrada en el ladrillo. Suarez declaró ocho inmuebles distribuidos entre Chacras de Coria, Godoy Cruz, San José de Tupungato, San Carlos y La Consulta. Entre ellos figuran una casa de grandes dimensiones en Chacras de Coria, departamentos y otros inmuebles en Godoy Cruz, propiedades en el Valle de Uco y viviendas en el sur provincial. A eso se suman un vehículo, depósitos bancarios, bienes del hogar y participaciones societarias. El perfil patrimonial es claro: los bienes inmobiliarios constituyen el núcleo de su riqueza declarada.
Pero el dato que más llama la atención no es únicamente el monto total. Una investigación publicada por MDZ detectó que Suarez consignó en cero el apartado “Diferencia de Valuación de los mismos bienes”, pese a que varias propiedades que ya integraban su patrimonio registraron variaciones sustanciales entre el inicio y el cierre del ejercicio. La casa de Chacras de Coria pasó de una valuación de $192,3 millones a $253 millones; un departamento en Godoy Cruz subió de $65,9 millones a $86,7 millones; y dos propiedades heredadas, una en San Carlos y otra en La Consulta, pasaron de $26,5 millones a $80 millones y de $23,5 millones a $75 millones, respectivamente.
El caso de un inmueble de 10.000 metros cuadrados en San José de Tupungato concentra otra de las observaciones. Al comienzo del ejercicio figuraba como “rural con vivienda”, con una valuación de $59,08 millones. Al cierre apareció como “casa”, valuada en $134,1 millones. La superficie y la fecha de incorporación consignadas se mantuvieron, pero también cambió el origen declarado del bien: de “créditos” a “ingresos propios”. La diferencia entre ambas valuaciones supera los $75 millones. El cambio de descripción y de origen, sumado a la ausencia de una diferencia de valuación consignada en el apartado general, plantea interrogantes sobre la manera en que se completó el formulario y la explicación documental que respalda esas modificaciones.
La declaración también registra $101,7 millones en ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias, además de $152,8 millones correspondientes a ingresos por trabajo y $6,59 millones de renta de capital. Esa composición forma parte de la información patrimonial que deben declarar los funcionarios públicos y resulta relevante para comprender la evolución de sus bienes. El detalle de los ingresos, su origen y su correspondencia con la evolución patrimonial son aspectos centrales del control ciudadano sobre quienes administran responsabilidades públicas.
Hay una cuestión que suele quedar fuera de las comparaciones más superficiales: los valores declarados no equivalen necesariamente a los precios de mercado. Las propiedades pueden estar registradas con valuaciones fiscales y los cambios nominales también están atravesados por la inflación. Por eso, el aumento del 56% no puede interpretarse automáticamente como un enriquecimiento real de igual magnitud. Pero esa salvedad no elimina la obligación de presentar información consistente, comprensible y verificable. Precisamente, la función de una declaración jurada es permitir que la ciudadanía pueda seguir la evolución de los bienes de quienes ocupan cargos públicos.
La transparencia no consiste solamente en presentar un formulario dentro del plazo establecido. También exige que los datos permitan reconstruir de forma clara qué cambió, por qué cambió y cómo se explica la evolución de los bienes y los ingresos. Cuando una declaración muestra variaciones de decenas de millones de pesos en propiedades ya existentes y, al mismo tiempo, consigna cero en el apartado destinado a reflejar diferencias de valuación, la discusión pública debe detenerse en ese punto. No alcanza con mirar el total y dar por cerrada la cuestión.
Suarez fue gobernador de Mendoza entre 2019 y 2023 y ahora ocupa una banca en el Senado de la Nación. Su trayectoria política lo ubica entre los dirigentes con mayor responsabilidad institucional de la provincia. Por eso, el seguimiento de su patrimonio no es una cuestión privada ni un ejercicio de curiosidad sobre la riqueza personal: forma parte del control democrático sobre los funcionarios y de la exigencia de rendición de cuentas que pesa sobre quienes toman decisiones públicas.
La pregunta no es si un funcionario puede tener propiedades, ahorros o un patrimonio elevado. Puede tenerlos, siempre que sean legítimos y estén correctamente declarados. La pregunta es si la información presentada permite comprender con claridad la evolución de esos bienes y si las diferencias detectadas cuentan con una explicación suficiente. En el caso de Suarez, los números están a la vista y las inconsistencias señaladas por la cobertura periodística merecen respuestas precisas.
En una provincia donde los ingresos de buena parte de la población están condicionados por el costo de vida y la pérdida de poder adquisitivo, el patrimonio de sus principales dirigentes debe estar sometido al mayor escrutinio.
