El Gobierno de Javier Milei consiguió este jueves una nueva victoria parlamentaria: el Senado convirtió en ley la modificación del régimen de Zona Fría, una medida que reduce de manera sustancial el universo de hogares que recibe automáticamente una tarifa diferencial de gas. La votación terminó 38 a 8, después de que el bloque peronista se retirara del recinto antes del tratamiento. La reforma había obtenido media sanción en Diputados en mayo y ahora quedó sancionada definitivamente.
El argumento oficial es conocido: el Gobierno sostiene que el régimen ampliado genera un déficit de aproximadamente $485.000 millones y que volver al esquema territorial original permitiría ahorrar $272.099 millones. La secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió durante el debate la necesidad de focalizar los subsidios exclusivamente en quienes considera que necesitan asistencia y cuestionó que el régimen otorgue beneficios por ubicación geográfica independientemente de los ingresos del hogar.
La otra cara de esa cuenta es menos abstracta. El ahorro que el Estado contabiliza como mejora fiscal se traduce, para millones de usuarios, en un descuento que deja de existir automáticamente y, por lo tanto, en facturas más caras. Según las estimaciones expuestas por Energía, alrededor de 1,6 millones de usuarios perderán íntegramente el beneficio de Zona Fría que habían recibido con la ampliación de 2021, mientras que el universo potencialmente afectado por la reforma ronda los 3,35 millones de usuarios.
Y acá aparece una de las contradicciones que atraviesa toda la discusión. Mientras miles de familias deberán asumir un mayor costo energético, el oficialismo celebró la aprobación como una victoria legislativa y como parte de su programa de reformas. El senador libertario Enzo Fullone definió la jornada como “otra gran jornada” para avanzar con las reformas del Gobierno, mientras Flavia Royón sostuvo después de la votación que la iniciativa permite avanzar hacia un esquema de subsidios “más justo”. Es decir: donde una familia verá desaparecer un descuento, el Gobierno contabiliza una reducción del gasto público.
Mendoza: casi toda la provincia pierde el beneficio territorial
Para Mendoza, el impacto es particularmente sensible. La nueva norma deja dentro del régimen territorial automático a Malargüe, mientras que Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz quedan fuera de ese esquema. Es decir, 11 departamentos mendocinos pierden la cobertura territorial automática.
La discusión local ya había puesto sobre la mesa una cifra significativa: documentación de la Cámara de Diputados de Mendoza estimó en más de 400.000 los hogares de la provincia alcanzados por el régimen que quedarían expuestos al cambio. Ese dato fue utilizado por legisladores mendocinos para advertir sobre el impacto económico de la reforma.
El régimen que ahora se recorta no nació con el actual Gobierno. La Ley 25.565 de 2002 estableció originalmente el beneficio para la Patagonia, la Puna y Malargüe. En 2021, la Ley 27.637 amplió la cobertura a determinadas subzonas bioambientales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Luis, San Juan, La Rioja, Salta, Catamarca, Jujuy y Tucumán. La ampliación hizo crecer fuertemente la cantidad de beneficiarios y llevó el descuento a regiones que antes no estaban incluidas.
El Gobierno sostiene que aquella ampliación desvirtuó el objetivo original del régimen y la administración de Milei viene trabajando desde 2025 para reducirla. El Decreto 370/2025 cuestionó expresamente la incorporación de zonas que, según el Poder Ejecutivo, no responden al criterio climático original y señaló que el mecanismo de financiamiento ya no alcanzaba para cubrir el costo del beneficio. La administración también detectó 137.975 titulares registrados más de una vez en el universo de beneficiarios con descuento especial del 50%.
Pero hay un detalle que la discusión oficialista suele dejar en segundo plano: el problema de financiamiento del fondo no significa que el dinero vaya a desaparecer de las facturas de los usuarios como concepto de recargo. El régimen continúa vinculado al Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos de Gas, que se financia mediante un recargo sobre el consumo de gas. El proyecto oficial mantuvo ese mecanismo hasta un máximo del 7,5%. Por eso, el usuario que pierde el descuento puede seguir aportando al fondo que sostiene el sistema, aunque ya no tenga el mismo beneficio automático.
El descuento no desaparece solamente: también cambia cómo se calcula
La reforma no se limita a decidir quién entra y quién queda afuera. También cambia la manera de calcular el beneficio.
Hasta ahora, los descuentos de Zona Fría podían representar 30% o 50%, según la región y las condiciones del usuario. Con la nueva norma, el beneficio para las zonas que permanecen incorporadas se concentra sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) y deja fuera de esa bonificación otros componentes de la factura, entre ellos cargos vinculados al transporte y distribución. Por eso, incluso quienes continúan dentro de una zona beneficiada pueden terminar pagando más.
Tettamanti estimó durante el debate que quienes pierdan el beneficio en las zonas que habían sido incorporadas en 2021 enfrentarían un aumento promedio de alrededor de $15.000 mensuales, mientras que en las zonas frías históricas el mayor impacto vinculado al cambio de cálculo del cargo fijo rondaría los $25.000 mensuales. Son estimaciones del Gobierno, no un aumento uniforme para todas las facturas: el impacto final dependerá del consumo, categoría, localidad y estructura tarifaria.
En Mendoza, las estimaciones previas a la sanción mostraban que la eliminación del descuento del 30% podía representar alrededor de 43% más en la factura final, mientras que para usuarios que tenían una bonificación del 50% el importe podía llegar prácticamente a duplicarse. Esas cifras fueron calculadas antes de la sanción definitiva y deben tomarse como escenarios de referencia, no como un porcentaje garantizado para cada hogar mendocino.
El próximo invierno tendrá otra factura
Hay una cuestión temporal importante: la ley fue sancionada el 24 de septiembre, cuando el invierno argentino acaba de terminar. Por eso, no sería correcto afirmar que la mayoría de los usuarios afectados ya pagó este invierno una factura más cara por esta reforma. El impacto principal de la nueva estructura se proyecta sobre los próximos períodos tarifarios y, especialmente, sobre el invierno de 2027, una vez completado el proceso de promulgación y reglamentación que corresponda.
Eso no significa que la discusión sea menor. Para una familia de ingresos medios que hasta ahora recibía automáticamente un descuento por vivir en una zona incluida, la eliminación del beneficio puede significar decenas de miles de pesos adicionales durante los meses de mayor consumo. Y para una provincia como Mendoza, donde el gas constituye un insumo central para la calefacción durante buena parte del año, el impacto se concentra precisamente cuando las necesidades energéticas aumentan.
El Gobierno consiguió los votos con otra promesa
La sanción tampoco fue solamente producto de una discusión energética. El oficialismo necesitó negociar con gobernadores y senadores de las provincias del Norte. El acuerdo incluyó la promesa de ampliar los subsidios eléctricos para las denominadas zonas cálidas y muy cálidas durante los meses de mayor temperatura: el bloque adicional de consumo subsidiado subiría de 300 a 550 kWh en la zona muy cálida y de 150 a 300 kWh en la zona cálida.
El punto polémico es que esa compensación eléctrica no quedó incorporada en el texto de la ley de Zona Fría, sino que deberá instrumentarse mediante una resolución posterior del Poder Ejecutivo. Según estimaciones difundidas a partir de fuentes oficiales de Energía, ese nuevo esquema podría representar entre US$71 millones y US$90 millones anuales, unos $134.000 millones al tipo de cambio considerado en agosto. Es decir, una parte importante del ahorro que el Gobierno busca con la quita del subsidio al gas quedaría acompañada por un nuevo gasto en subsidios eléctricos.
La cuenta política es evidente: el Gobierno consiguió apoyo de legisladores de provincias que reclamaban una compensación para sus usuarios eléctricos y, a cambio, avanzó con una reducción sustancial del subsidio al gas en otras regiones. No se trata simplemente de eliminar subsidios: también hay una redistribución del esquema energético entre territorios y usuarios. La diferencia es quién gana asistencia, quién la pierde y quién termina pagando la cuenta.
Un debate que vuelve a dejar a Mendoza en el medio
La resistencia mendocina no quedó solamente en discursos opositores. Los senadores Rodolfo Suarez y Mariana Juri anunciaron que votarían en contra de la reforma y argumentaron que el cambio perjudicaba a las familias mendocinas. Juri cuestionó durante el debate que la provincia quedara fuera de la cobertura territorial pese a sus condiciones climáticas y preguntó qué ocurriría con los recursos que seguirían recaudándose mediante el fondo.
También hubo críticas desde municipios mendocinos. Tras la sanción, el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, reclamó contra la medida y sostuvo que las familias de zonas de bajas temperaturas serían las principales afectadas. El intendente de Capital, Ulpiano Suárez, había advertido antes de la votación que una factura de $60.000 podía llegar a $100.000 durante el próximo invierno bajo determinados escenarios. Son declaraciones políticas y proyecciones, no valores que puedan aplicarse automáticamente a todos los usuarios.
La reforma, entonces, puede leerse desde dos números que resumen el conflicto. Para el Gobierno, $272.099 millones son ahorro fiscal y una oportunidad para focalizar subsidios. Para millones de usuarios, la misma reforma significa perder un descuento que estaba incorporado a la economía doméstica. El oficialismo reivindica la reducción del gasto y la focalización; los sectores críticos advierten que el costo termina trasladándose a hogares que calefaccionan sus viviendas en regiones donde el frío no es precisamente una cuestión de confort.
Y Mendoza queda en una posición particularmente incómoda: la provincia que consiguió que la Zona Fría se extendiera mucho más allá de Malargüe en 2021 ahora ve cómo el nuevo esquema vuelve a dejar a Malargüe como única zona con beneficio territorial automático. El Gobierno ganó la votación. Los usuarios tendrán que esperar las próximas facturas para conocer cuánto pesará realmente la decisión en cada bolsillo. Y la discusión sobre si el ahorro fiscal justifica el costo social queda abierta, porque detrás de cada porcentaje de descuento hay una cuestión mucho más concreta: cuánto tendrá que pagar una familia mendocina para calefaccionarse el próximo invierno.
