Alfredo Cornejo volvió a encontrar un tema que conoce bien y que su gobierno ha utilizado recurrentemente para instalar una idea concreta de gestión: el control sobre los empleados públicos. El proyecto enviado a la Legislatura para reformar el régimen disciplinario llegó acompañado por una nueva tanda de sanciones y cesantías, y rápidamente ocupó titulares que pusieron en primer plano el ausentismo, los certificados médicos, el presentismo y la posibilidad de acelerar los mecanismos para separar agentes del Estado.

La coincidencia puede verse incluso en la forma en que fue presentada la noticia. “Sanciones más rápidas”, tituló MDZ. Diario UNO habló de “endurecer los controles” y puso el eje en el ausentismo. Los Andes abrió con “Sumarios y cesantías” y Sitio Andino destacó cambios en sanciones, plazos y notificaciones. MendozaViva, por su parte, volvió a poner en primer plano la reforma de sanciones. No se trata de afirmar que exista una instrucción común a esos medios —no hay evidencia pública de ello—, pero sí de registrar una marcada coincidencia en el encuadre de la información.

El problema es qué queda fuera de ese primer plano. Hace apenas una semana, el INDEC informó que Gran Mendoza llegó al 8,1% de desocupación en el segundo trimestre de 2026, por encima del 7,9% nacional y muy por encima del 5,9% registrado para el conjunto de Cuyo. El salto fue fuerte: un año antes la tasa mendocina era del 6,4%. Son unas 44.000 personas que buscan empleo y no lo encuentran.

El empleo tampoco ofrece una fotografía especialmente cómoda. La tasa de ocupación del Gran Mendoza cayó de 47,5% a 46,2% interanual. Y mientras el Gobierno provincial destinó casi $14.000 millones en 2026 a programas como Enlace y Enlazados para promover la inserción laboral, la desocupación volvió a crecer. En septiembre incluso se anunciaron otros $5.600 millones para reforzar esas herramientas.

Tampoco es una provincia que pueda mostrar un mercado de ingresos particularmente vigoroso. La última medición semestral del INDEC muestra que, en el segundo semestre de 2025, el ingreso promedio de la ocupación principal en Gran Mendoza fue de $860.848. En Gran Córdoba fue de $948.474 y en Gran Rosario de $1.074.770. Es decir, la distancia con otros grandes centros urbanos no es una cuestión discursiva: aparece directamente en las estadísticas oficiales.

La comparación también puede hacerse con el mercado formal privado. Un ranking de remuneraciones elaborado con base en OEDE-SIPA ubicó a Mendoza, en junio de 2025, en $1,93 millones de remuneración promedio, frente a un promedio nacional de $2,38 millones. La provincia aparecía entonces en el tramo inferior del ranking nacional de salarios registrados y muy lejos de las remuneraciones de las provincias patagónicas.

Y en el sector público tampoco sobran motivos para festejar. El propio Gobierno cerró el acuerdo paritario con ATE para el segundo semestre de 2026 con una propuesta de 7% en agosto y 4% en noviembre, no acumulativos y calculados sobre el básico de junio. La discusión salarial, por lo tanto, continúa siendo una parte central del vínculo entre el Ejecutivo y los trabajadores que sostienen los servicios públicos.

El contraste se vuelve más evidente cuando se observa qué ocurrió con los salarios reales durante la última década. Un estudio del Consejo Empresario Mendocino, utilizando datos del INDEC, calculó que entre noviembre de 2017 y enero de 2024 los salarios reales de los empleados públicos mendocinos habían caído 41%. La recuperación registrada durante 2024 fue importante, pero no borró todo el terreno perdido.

A todo esto se suma un dato que también obliga a matizar el relato político sobre una supuesta expansión descontrolada del empleo estatal. El Consejo Empresario Mendocino informó que la cantidad de trabajadores del sector público provincial terminó 2024 en 105.114, frente a 107.689 un año antes. En términos por habitante, el número cayó a 50,6 empleados cada 1.000 habitantes, contra 57,3 en 2015. El empleo público provincial, en otras palabras, venía reduciéndose.

Entonces aparece la pregunta incómoda: ¿por qué la herramienta comunicacional más visible vuelve a ser el castigo al empleado público cuando los indicadores económicos y sociales ofrecen problemas bastante más grandes?

El proyecto de Cornejo tiene una justificación concreta. El Gobierno sostiene que existen sumarios que duran demasiado, procedimientos burocráticos y faltas que podrían resolverse mucho más rápido. La reforma busca fortalecer la Oficina General de Sumarios, permitir investigaciones de oficio, digitalizar expedientes, utilizar notificaciones electrónicas y crear responsables de presentismo en cada organismo. También propone mecanismos más veloces para determinadas causales de cesantía.

Ese argumento puede ser atendible. Un empleado que incumple debe responder y un Estado que tarda años en resolver una falta no funciona bien. Pero una cosa es modernizar el procedimiento y otra muy distinta convertir la disciplina laboral en uno de los principales éxitos comunicacionales de una gestión que todavía tiene problemas bastante más difíciles de resolver.

Porque controlar el presentismo no baja la pobreza.

Un sumario más rápido no genera empleo privado.

Una cesantía no mejora el salario promedio de Mendoza.

Y digitalizar un expediente no modifica que 44.000 personas del Gran Mendoza estén buscando trabajo.

La discusión sobre el empleado público tampoco debería funcionar como sustituto de la discusión sobre la calidad del empleo privado. El propio CEM advirtió que la provincia necesita recuperar empleo registrado privado y mejorar la productividad para que la mejora económica se traduzca en salarios reales más altos.

Hay además una cuestión que merece especial precisión: la pobreza mendocina no se duplicó en una década según la serie oficial comparable del INDEC. En el segundo semestre de 2016, el Gran Mendoza registraba 33,5% de personas pobres; en el segundo semestre de 2025 el indicador fue 31,9%.

Pero eso no significa que no haya habido un fuerte deterioro. En el segundo semestre de 2024 el indicador había trepado hasta 42,2%, antes de bajar 10,3 puntos un año después. Aquel pico sí muestra hasta qué punto Mendoza atravesó un deterioro social severo. Y aun después de la mejora, el 31,9% de pobreza siguió por encima del 28,2% nacional y dejó a 339.887 personas del Gran Mendoza debajo de la línea de pobreza.

La situación tampoco se reduce a una estadística. La propia Cáritas Mendoza viene advirtiendo sobre el crecimiento de familias de clase media que ahora recurren a la asistencia para pagar alimentos, remedios, garrafas o cuotas, aun cuando sus integrantes tienen trabajo. Es la otra cara de una provincia donde trabajar no necesariamente alcanza para dejar de ser pobre.

La economía mendocina, además, no está en recesión permanente: el PBG creció 1,56% en 2025 y mostró una recuperación frente al 0,29% de 2024. Ese dato también debe formar parte de cualquier análisis serio. El problema es que el crecimiento todavía no está consiguiendo transformar con suficiente fuerza esos puntos de actividad en empleo y mejores ingresos para la población.

En ese contexto, la intensidad con la que reaparece el conflicto con los estatales resulta políticamente significativa. Mientras pobreza, empleo e ingresos son problemas estructurales que requieren años de políticas productivas y sociales, las sanciones ofrecen una respuesta de más fácil comunicación: hay culpables identificables, números de cesantías, casos de ausentismo y un discurso sencillo sobre “ordenar el Estado”.

Es precisamente por eso que el Gobierno obtiene una ventaja comunicacional con este tema: la discusión se desplaza del resultado de las políticas públicas al comportamiento de algunos trabajadores estatales. Los casos concretos difundidos por el Ejecutivo —incluido el de agentes con cientos de inasistencias injustificadas— pueden justificar sanciones individuales, pero no explican el comportamiento general de la economía mendocina.

Y aquí conviene mirar el contexto político de fondo. Cornejo ya tuvo un fuerte enfrentamiento con dirigentes sindicales y miembros de la Suprema Corte durante la reforma del Estatuto del Empleado Público de 2025. El gobernador llegó a cuestionar públicamente a magistrados por sus fallos en favor de trabajadores estatales, mientras desde el sindicalismo se denunció una reforma regresiva sobre estabilidad, antigüedad y defensa.

Ahora llega una segunda etapa: menos discusión sobre el estatuto y más velocidad para investigar, sancionar y eventualmente cesantear. El proyecto todavía debe pasar por la Legislatura y podría sufrir modificaciones, pero el mensaje político ya está sobre la mesa.

La pregunta que queda no es si los empleados que cometen faltas deben ser sancionados. La respuesta a eso ya está en la ley y en cualquier principio elemental de administración pública.

La pregunta es otra: por qué la política de disciplina sobre los estatales ocupa con tanta facilidad el centro de la escena justo cuando Mendoza vuelve a exhibir un desempleo superior al promedio nacional, ingresos laborales rezagados y una pobreza que, aun después de bajar respecto de su pico, continúa afectando a casi un tercio de la población del Gran Mendoza.

No hace falta afirmar que exista una orden para “tapar” esos datos. Alcanza con mirar la agenda.

Durante días, Mendoza habló de empleados públicos.

Los números incómodos de Mendoza hablaban de otra cosa.