El oficialismo consiguió este jueves el número mínimo para abrir una sesión que durante semanas estuvo en duda. 37 senadores se sentaron en sus bancas y habilitaron el tratamiento de la reforma del régimen de Zonas Frías, junto con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. El propio Senado confirmó oficialmente que el proyecto figura en el Orden del Día 402/26 y que la sesión fue convocada para tratarlo en el recinto.

El dato político está en cómo se consiguió ese quórum. La Política Online señaló que la presencia de Daniel Kroneberger y de Julieta Corroza resultó decisiva para abrir la sesión, pese a que el pampeano había anticipado su rechazo al proyecto. Corroza, por su parte, pertenece al espacio neuquino de Figueroa y había acompañado el dictamen oficialista en comisión. La propia negociación previa muestra que los votos no estaban garantizados y que el Gobierno debió trabajar con gobernadores y bloques provinciales para llegar al recinto.

La situación de Kroneberger es particularmente llamativa porque el quórum y el voto son dos decisiones diferentes. Los informes previos a la sesión lo ubicaban entre quienes rechazarían el proyecto, junto con los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez. Por eso, que haya ocupado su banca no significa necesariamente que vaya a votar a favor de la reforma. En términos parlamentarios, su presencia permitió que la sesión comenzara; el sentido de su voto debía definirse posteriormente.

En el caso de Neuquén, la negociación fue más directa. El gobernador Rolando Figueroa se reunió en agosto con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y obtuvo el compromiso de que el beneficio correspondiente a la Patagonia no sería alterado. Después de esa negociación, la senadora Julieta Corroza acompañó el dictamen y quedó alineada con la estrategia del gobernador. Es uno de los acuerdos provinciales que permitió al oficialismo acercarse al número necesario para sesionar.

El proyecto que está en discusión no elimina por completo el régimen de Zonas Frías, aunque reduce drásticamente su alcance territorial. La iniciativa pretende volver a concentrar el beneficio automático en la Patagonia, Malargüe y la Puna, dejando afuera a buena parte de las provincias que fueron incorporadas por la ampliación de 2021. La Ley 27.637 había extendido el régimen a nuevas zonas climáticas y prorrogado su vigencia hasta diciembre de 2031.

Actualmente, la Ley 27.637 establece descuentos del 30% para los usuarios generales de las nuevas zonas incorporadas y del 50% para determinados hogares considerados vulnerables, además del tratamiento diferencial para las zonas históricas. El Gobierno argumenta que la extensión de 2021 terminó superponiéndose con otros regímenes de subsidios y generando situaciones que considera inequitativas. Esa fue también la justificación de las medidas de revisión que ya comenzó a implementar en 2025.

La diferencia es que ahora la discusión pasa del reordenamiento administrativo a una modificación legal del beneficio. Según las estimaciones difundidas durante el debate, alrededor de 1,6 millones de usuarios de más de 90 localidades podrían dejar de recibir automáticamente el subsidio. Otras estimaciones contabilizan unos 3,35 millones de usuarios alcanzados en todo el país por el cambio de régimen, dependiendo de cómo se mida el universo afectado.

El impacto puede ser considerable porque el proyecto no se limita a cambiar quién recibe el beneficio. También modifica sobre qué parte de la factura se calcula la bonificación. El esquema propuesto concentra el subsidio sobre el componente correspondiente al precio del gas, mientras otros componentes de la boleta —como transporte, distribución y determinados cargos— dejarían de quedar alcanzados por el descuento. Para quienes permanezcan en el régimen histórico también podría existir un incremento en la factura respecto del esquema vigente.

Para Mendoza, el impacto es directo. Si el texto se convierte en ley sin modificaciones, Malargüe sería el único departamento de la provincia que conservaría automáticamente el beneficio territorial. Mendoza Capital, San Rafael, General Alvear, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Martín, Junín, Rivadavia, Santa Rosa y La Paz quedarían afuera del esquema general de Zonas Frías y tendrían que encuadrarse, si correspondiera, en el régimen focalizado por ingresos y vulnerabilidad.

Durante el debate legislativo, medios mendocinos estimaron que más de 400.000 hogares de la provincia podrían verse afectados por la modificación. Mariana Juri se opuso al dictamen y planteó que el criterio para determinar la condición de zona fría debería contemplar mediciones climáticas y series históricas, señalando específicamente que sectores como el Valle de Uco enfrentan temperaturas invernales muy bajas.

Ahí aparece una de las mayores contradicciones políticas del proyecto: una política que nació para reconocer diferencias climáticas termina redibujando esas diferencias con un criterio principalmente geográfico y fiscal. Para el Gobierno, se trata de corregir un régimen que considera demasiado amplio y costoso. Para las provincias afectadas, el problema es que regiones que efectivamente soportan inviernos severos podrían dejar de recibir un descuento que durante años estuvo incorporado a la economía cotidiana de los hogares.

El Ejecutivo estima que la reforma permitiría un ahorro de alrededor de $272.000 millones, una cifra que constituye uno de los principales argumentos fiscales para impulsar el proyecto. La administración de Milei sostiene que los subsidios energéticos deben focalizarse en quienes realmente necesitan asistencia y que el esquema ampliado genera inequidades entre hogares con ingresos similares.

Pero el ahorro para el Estado tiene su contracara: parte del ajuste puede trasladarse directamente a los hogares. Durante las audiencias y negociaciones en el Senado, la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti estimó que los usuarios de zonas templadas que pierdan el beneficio afrontarían un aumento promedio de unos $15.000 mensuales, mientras que para quienes hoy reciben el beneficio en zonas frías el aumento podría rondar los $25.000 cuando pierdan parte del descuento sobre otros componentes de la factura.

Existen proyecciones todavía más duras para determinados hogares. IERAL Fundación Mediterránea calculó que un usuario de Bahía Blanca que hoy paga unos $19.945 por un consumo promedio podría pasar a pagar alrededor de $39.890 si pierde el beneficio y no ingresa al esquema focalizado. Para quienes sí califiquen para el subsidio por vulnerabilidad, la suba sería mucho menor. Es una proyección, no un valor tarifario definitivo.

El Gobierno, además, necesitaba destrabar el proyecto con gobernadores del Norte Grande que rechazaban quedar afuera de una política de compensación energética. La negociación derivó en un compromiso para crear un esquema de “zonas cálidas”, con subsidios focalizados a las tarifas eléctricas durante los meses de mayores temperaturas. Gustavo Sáenz confirmó el entendimiento y pidió a los senadores norteños que acompañaran la reforma.

Y Sáenz no eligió precisamente un tono diplomático. El gobernador salteño sostuvo que quienes votaran en contra o intentaran dejar sin quórum la sesión deberían explicar en sus provincias por qué habían priorizado “la política” por sobre las necesidades de la población. También advirtió que quienes rechazaran la ley deberían asumir el “costo político”. Esas expresiones fueron formuladas públicamente por el gobernador y generaron un fuerte componente de presión política sobre los senadores del Norte Grande.

La pelea, entonces, no es solamente entre oficialismo y oposición. Se convirtió en una negociación entre provincias que reciben el beneficio de las zonas frías, provincias que reclaman una compensación por el calor y un Gobierno nacional que busca reducir el gasto en subsidios.

En el Senado, esa tensión atravesó a los propios bloques. Mariana Juri y Rodolfo Suárez habían anticipado su rechazo, mientras Julieta Corroza terminó firmando el dictamen. Daniel Kroneberger, según las coberturas previas y de la propia jornada, quedó también ubicado entre los senadores que cuestionan el recorte, pero su presencia en el recinto contribuyó al quórum que permitió iniciar el debate.

La situación también muestra hasta qué punto el Gobierno necesita negociar cada proyecto. En julio el tratamiento había quedado trabado justamente por la falta de votos. Los gobernadores de provincias beneficiadas habían reclamado garantías y modificaciones, y el oficialismo no conseguía consolidar una mayoría. La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete abrió una nueva etapa de negociaciones y permitió avanzar con acuerdos territoriales.

La reforma todavía no estaba sancionada al momento de esta publicación. El Gobierno consiguió el quórum y abrió el debate; el resultado de la votación sobre Zonas Frías dependía de una negociación voto a voto. Si el Senado aprueba el texto sin modificaciones, quedará sancionado; si introduce cambios, deberá volver a Diputados.

Y ese detalle es central para medir lo ocurrido políticamente. Milei todavía no ganó la batalla por el gas: ganó, por ahora, la batalla para que la discusión pudiera darse en el recinto. Para conseguirlo tuvo que aceptar negociaciones con gobernadores, hacer concesiones y apoyarse en senadores que, en algunos casos, no necesariamente comparten el contenido final del proyecto.

Para millones de familias, sin embargo, el debate no es una cuestión de ingeniería parlamentaria. Es una pregunta mucho más concreta: cuánto van a pagar de gas el próximo invierno.

En Mendoza la pregunta es todavía más precisa.

Si el proyecto se convierte en ley tal como está, Malargüe conservará el beneficio y el resto de la provincia tendrá que demostrar vulnerabilidad para acceder a un subsidio focalizado.

El Gobierno lo presenta como ordenamiento y focalización del gasto.

Las familias que pierdan el descuento lo pueden sentir, simplemente, como otra factura que aumenta.