La crisis de la obra social de las Fuerzas Armadas dejó de ser solamente un problema contable. Ahora tiene administrador saliente, trabajadores movilizados, prestaciones que siguen generando reclamos, establecimientos cuyo futuro está en discusión y una deuda que obliga al Estado a definir quién va a hacerse cargo del agujero financiero. El coronel mayor retirado Ariel Guzmán dejó la administración del IOSFA residual después de reunirse con el ministro de Defensa, Carlos Presti, en el momento menos conveniente para un proceso de liquidación que el propio Gobierno había diseñado para cerrar el viejo organismo y transferir sus funciones a la nueva OSFA.
Guzmán había sido designado en febrero de 2026, mediante la Resolución 102 del Ministerio de Defensa, para conducir durante 365 días el proceso de transición, disolución y liquidación de IOSFA. Esa función no era menor: debía ordenar activos, pasivos, personal, bienes, afiliados y obligaciones de una estructura que el propio Decreto 88/2026 calificó como atravesada por un “desequilibrio estructural y desfinanciamiento”. El mismo decreto creó la OSFA para las Fuerzas Armadas y la OSFFESEG para las fuerzas federales de seguridad y ordenó la liquidación del viejo IOSFA.
Pero la liquidación terminó chocando con una dificultad evidente: IOSFA sigue acumulando obligaciones mientras pierde progresivamente el flujo de recursos que tenía cuando funcionaba como una estructura unificada. En un informe elevado el 21 de septiembre, Guzmán advirtió sobre el descalce entre recursos y prestaciones y señaló dificultades para cumplir el cronograma previsto. Distintos medios que accedieron al documento coinciden en que el organismo residual continúa registrando facturas y obligaciones vinculadas con prestaciones que quedaron atrapadas en la transición.
De las cuentas positivas al pasivo millonario
Hay un punto que resulta imposible esquivar cuando se reconstruye la historia. Los números de 2023 no mostraban a un IOSFA financieramente colapsado. La documentación contable publicada por el propio organismo registra para ese ejercicio un resultado positivo de $13.289 millones y un patrimonio neto de $32.260 millones. Además, documentos y reconstrucciones periodísticas difundidas posteriormente situaron las reservas o disponibilidades positivas de aquel momento en torno de los $25.000 millones. No son cifras idénticas ni deben mezclarse: una corresponde al resultado del ejercicio y la otra a la situación de liquidez/reservas que distintos documentos y fuentes utilizaron para describir el punto de partida.
Lo que ocurrió después sí puede medirse. Un informe interno del propio IOSFA registraba que la deuda total había llegado a $105.092 millones al 31 de octubre de 2024 y que, hacia diciembre, se estimaba en torno de $113.000 millones, todavía con facturas de farmacias pendientes de incorporación. Posteriormente, una investigación administrativa llevó el pasivo acumulado al cierre de 2024 a $122.554 millones. El organismo incluso contaba con auditorías específicas destinadas a determinar el origen, composición y evolución de esa deuda.
El último dato que aparece en los informes sobre la transición es todavía más contundente: $213.902 millones de pasivo consolidado al mes de julio de 2026. De ese total, $139.057 millones corresponden a obligaciones vinculadas con Gendarmería y Prefectura, aproximadamente el 65%. El resto incluye compromisos con laboratorios, droguerías, prestadores médicos y proveedores de medicamentos. En otras palabras, la separación entre Defensa y Seguridad no solamente dividió a los afiliados: también abrió una disputa sobre quién debe hacerse cargo de una parte sustancial de la deuda acumulada.
¿$213.902 millones o más de $500.000 millones?
Acá aparece otro dato que exige precisión periodística. ATE sostiene que el pasivo supera los $500.000 millones y Rodolfo Aguiar volvió a plantearlo durante la protesta del 24 de septiembre. Rubén López, delegado del gremio en IOSFA, también cuestionó el deterioro financiero y vinculó la salida de Guzmán con el proceso de endeudamiento y ajuste laboral. Sin embargo, ese monto de $500.000 millones no aparece corroborado como pasivo consolidado en el último estado de situación difundido, que registra $213.902 millones.
La diferencia no es menor y merece una explicación. Puede obedecer a distintos universos de obligaciones, compromisos todavía no consolidados, deudas técnicas, prestaciones en proceso de liquidación y otros conceptos que no necesariamente forman parte del mismo estado contable. Por eso, afirmar que IOSFA tiene “$500.000 millones de deuda” como si fuera un dato oficial cerrado sería ir más allá de la documentación disponible. Lo verificable es que el pasivo consolidado ya supera los $213.000 millones y que ATE denuncia que el problema real es considerablemente mayor.
La gestión Petri queda en el centro de la discusión
La discusión política aparece inevitablemente porque la principal expansión de la deuda ocurrió durante el período en que Luis Petri estuvo al frente del Ministerio de Defensa, desde diciembre de 2023 hasta diciembre de 2025. El propio Estado contabilizaba en 2023 un resultado positivo, mientras que para fines de 2024 la deuda ya se ubicaba en más de $122.000 millones y ahora el estado de situación de julio de 2026 llega a $213.902 millones.
Eso establece una secuencia temporal documentada, pero no prueba por sí sola que Petri haya cometido un delito ni que toda la deuda sea atribuible personalmente a sus decisiones. De hecho, una parte sustancial del pasivo está vinculada con Gendarmería y Prefectura, cuyos aportes y obligaciones quedaron en el centro del conflicto entre Defensa y Seguridad. Esa precisión importa: la magnitud del problema es evidente, pero la asignación de responsabilidades concretas requiere distinguir qué deuda corresponde a cada jurisdicción y qué decisiones de gestión la generaron.
Al mismo tiempo, la gestión de Petri quedó sometida a cuestionamientos políticos y judiciales. En marzo de 2026, la diputada Lourdes Arrieta presentó una denuncia penal contra el exministro por presuntas irregularidades vinculadas con IOSFA, incluyendo acusaciones de administración fraudulenta, malversación e incumplimiento de deberes. En mayo amplió esa presentación con documentación y testimonios. La denuncia existe, pero se trata de una investigación y no de una condena ni de delitos acreditados judicialmente.
También quedó bajo discusión un contrato con la droguería Suizo Argentina. ATE denunció en agosto de 2025 un convenio que, según el gremio, alcanzaba los $50.000 millones, y reclamó que fuera investigado. Además, un pedido de informes presentado en Diputados solicitó información sobre contratos que involucraban montos semestrales de $25.000 millones y reclamó detalles sobre los controles aplicados. El dato debe presentarse como denuncia y pedido de investigación, no como prueba de un ilícito.
La crisis también llegó a las prestaciones
Mientras la discusión contable escala, el problema más concreto aparece del lado de los afiliados. Durante 2025 ATE denunció cortes de prestaciones, falta de medicamentos y farmacias propias sin stock, mientras distintos sectores de retirados y familias militares alertaban por dificultades para acceder a tratamientos. En mayo de ese año, el Foro Argentino de Defensa y otros representantes de retirados hablaron públicamente de una deuda superior a $160.000 millones y de un déficit operativo mensual cercano a $15.000 millones.
La propia administración reconoció posteriormente que existían problemas que debían ser corregidos. En abril de 2026 IOSFA informó oficialmente que comenzaba una “normalización progresiva” de atención médica, reintegros y provisión de medicamentos después de las dificultades registradas durante los meses anteriores. Esa comunicación oficial confirma que la normalidad prestacional había sido afectada y que se necesitó un plan específico para comenzar a recomponerla.
El problema, además, no terminó con la creación de OSFA. En septiembre el propio sistema seguía emitiendo comunicaciones para ordenar la facturación: IOSFA advertía a prestadores que estaban facturando a OSFA sin que existieran todavía convenios o contratos vigentes con la nueva entidad y les pedía emitir notas de crédito. La necesidad de seguir aclarando quién debe facturar, quién debe pagar y bajo qué organismo continúa mostrando que la transición administrativa está lejos de ser prolija.
576 trabajadores en la mira y una red que se achica
La crisis financiera ahora tiene una segunda factura: el empleo. ATE denuncia que 576 trabajadores podrían quedar afectados por la reestructuración y que alrededor de 400 contratos podrían finalizar hacia fines de septiembre, mientras el personal de planta permanente quedaría sometido a mecanismos de disponibilidad. Los números varían según se contabilicen trabajadores, contratos y establecimientos, por lo que deben atribuirse al gremio y no presentarse como una decisión definitiva ya ejecutada.
También está en discusión el futuro de 13 hoteles y dos centros recreativos, además de farmacias y centros médicos propios. La Nación informó preocupación por el posible cierre de 33 farmacias y por la situación de 11 centros médicos; Infobae informó que la reorganización involucra 13 hoteles y dos centros recreativos. La administración plantea transferencias de establecimientos hacia las Fuerzas Armadas, pero la discusión gremial pasa por algo muy concreto: qué ocurrirá con los trabajadores que hoy sostienen esas estructuras.
La situación adquiere incluso una particular dimensión en Mendoza. La red histórica de IOSFA incluye una farmacia propia y un centro médico en la provincia, y en 2025 la Cámara de Diputados mendocina llegó a pedir información sobre la deuda con prestadores locales y sobre las prestaciones suspendidas o restringidas para afiliados mendocinos. La crisis nacional, por lo tanto, también tuvo y tiene impacto concreto en la provincia.
Una obra social disuelta, una deuda abierta y ninguna respuesta definitiva
El Gobierno tomó una decisión extraordinaria frente al problema: no saneó IOSFA como estaba, sino que decidió disolverla y crear dos nuevas estructuras. El DNU 88/2026 estableció un plazo máximo de 365 días para completar la transición y ordenó que el Poder Ejecutivo instrumentara el mecanismo para cancelar los pasivos del viejo organismo. En septiembre, además, el Gobierno aprobó el nuevo régimen administrativo, patrimonial, contable y de control de OSFA mediante el Decreto 986/2026.
El problema es que cambiar el nombre y dividir la estructura no hace desaparecer la deuda. Los $213.902 millones siguen existiendo, los prestadores reclaman, los trabajadores enfrentan incertidumbre y el propio liquidador saliente dejó documentado que la transición estaba generando nuevas obligaciones. Mientras tanto, ATE eleva todavía más la cifra y reclama explicaciones sobre qué pasó con los recursos de la obra social.
La fecha límite para el cierre definitivo de IOSFA quedó prevista para el 5 de febrero de 2027. Hasta entonces, la administración deberá resolver quién absorbe cada parte del pasivo, qué prestaciones continuarán bajo responsabilidad del viejo organismo, qué sucederá con los establecimientos propios y qué destino tendrán los trabajadores que hoy forman parte de esa estructura.
La imagen que queda, a esta altura, es difícil de disimular: una obra social estatal que en 2023 todavía exhibía números positivos terminó necesitando una disolución institucional, acumuló un pasivo consolidado de más de $213.000 millones, atravesó interrupciones prestacionales y ahora enfrenta un conflicto laboral que amenaza con profundizarse. Las responsabilidades políticas, administrativas y eventualmente judiciales deberán determinarse donde corresponda. Pero una cosa ya está fuera de discusión: la crisis no desapareció con la creación de OSFA; simplemente cambió de estructura, mientras la deuda, los trabajadores y los afiliados siguen esperando la solución.
