El episodio comenzó el miércoles 9 de septiembre, cuando un lector de MDZ registró una Ford Ranger del Gobierno de Mendoza circulando a gran velocidad por la Ruta Nacional 143, entre San Carlos y San Rafael. Las imágenes muestran al vehículo realizando sobrepasos en sectores donde la ruta se encuentra en obras y existen tramos de tierra. En uno de los registros, el automóvil que filmaba intentaba seguirlo a unos 160 kilómetros por hora y aun así la camioneta oficial se alejaba. El dominio AH-766-HW figura a nombre del Ejecutivo provincial.

Poco después se pudo establecer que la camioneta era utilizada por Natalio Mema, quien ese día viajó a San Rafael para participar de la Expo Foro Mendoza Industrial Oasis Sur 2026. La presencia del ministro en el evento está confirmada por la Federación Económica de Mendoza, la Cámara de Comercio de San Rafael y publicaciones oficiales y periodísticas del encuentro. Además, imágenes tomadas en el lugar permitieron vincular el vehículo con el funcionario.

La explicación de Mema llegó después de que el episodio comenzara a generar cuestionamientos. El ministro reconoció que regresó de San Rafael en esa misma camioneta, pero afirmó que viajaba como acompañante y aseguró que no era quien estaba al volante. También relativizó el contenido de las grabaciones y sostuvo que no había visto el video completo con detenimiento. Su defensa, en términos estrictamente personales, puede ser sencilla: no manejar no significa haber cometido personalmente la eventual infracción. Pero políticamente la respuesta deja demasiados interrogantes abiertos.

Porque el problema no termina en quién sostenía el volante. El vehículo era oficial, trasladaba a un ministro en una actividad oficial y circulaba por una ruta que, según el propio Gobierno, se encuentra en obra y exige extremar las precauciones. La pregunta razonable, entonces, es quién tenía a cargo el traslado, quién era el responsable del vehículo y qué explicación dio el Gobierno sobre la conducta del conductor. Hasta ahora, la discusión pública terminó concentrándose en la frase de Mema: “yo no iba manejando”.

La cuestión cobra todavía más relevancia porque la normativa vial no contempla una excepción por tratarse de un vehículo estatal. La legislación nacional establece que el conductor debe circular a una velocidad que le permita mantener el dominio del vehículo considerando las condiciones de la vía, el tránsito y la visibilidad. También fija reglas específicas para los adelantamientos y prohíbe realizarlos en lugares peligrosos o sin las condiciones de seguridad necesarias.

En Mendoza, además, existe un sistema específico para recibir registros audiovisuales de terceros sobre determinadas infracciones cometidas en rutas, justamente porque las maniobras peligrosas pueden ser documentadas y denunciadas mediante imágenes. El Decreto 129/2026 contempla, entre otras conductas, los adelantamientos en doble línea amarilla, sobrepasos en curvas, puentes o intersecciones y otras maniobras prohibidas que generen un riesgo concreto para terceros. El exceso de velocidad, en cambio, requiere medición técnica y no puede acreditarse solamente con un video.

Eso último importa porque hay una diferencia entre lo que se ve y lo que todavía debe probarse técnicamente. Las imágenes permiten discutir las maniobras y el contexto de circulación, pero no alcanzan por sí solas para certificar una velocidad exacta. Algunos medios hablaron de velocidades superiores a 160 o 170 kilómetros por hora a partir de las imágenes y registros difundidos, pero ese dato debe ser tratado como una estimación o denuncia y no como una medición oficial.

Lo que sí está fuera de discusión es que se trataba de un vehículo del Estado. Y eso vuelve particularmente incómoda la defensa basada exclusivamente en “yo no manejaba”. El Gobierno de Mendoza sostiene desde hace años que cuenta con herramientas de seguimiento y control sobre su flota. Documentación oficial de la provincia establece mecanismos de geolocalización y gestión de combustible, mientras que el propio Ejecutivo ha presentado sistemas destinados a controlar el rendimiento de los vehículos y de sus conductores.

Incluso la administración provincial ha desarrollado capacitaciones específicas para choferes oficiales en conducción segura y manejo defensivo, con participación de cientos de conductores de distintos organismos. Es decir, la seguridad vial no es un asunto que el Estado mendocino desconozca ni una cuestión secundaria cuando se trata de sus propios vehículos.

Por eso, políticamente, Mema tenía una alternativa bastante más contundente que despegarse del volante: explicar quién conducía, si el Gobierno identificó al chofer, si se revisaron los registros de GPS, qué velocidad llevaba la camioneta, si existió una infracción y, en caso de comprobarse, qué sanción correspondería. En lugar de eso, el ministro eligió poner el foco en una cuestión formal —que no manejaba— y relativizar un video que dijo no haber terminado de mirar.

Y ahí aparece la parte más incómoda de la reacción oficial. Decir “yo no manejaba” puede servir para deslindar una responsabilidad personal sobre el volante, pero no responde la pregunta política sobre lo que ocurrió con un vehículo oficial mientras transportaba a un ministro. Mucho menos explica por qué la primera reacción consiste en minimizar las imágenes antes que informar qué ocurrió y quién deberá responder por ello.

Hay además una cuestión de autoridad. Mema no viajaba como un ciudadano particular en un auto prestado: iba en una camioneta del Gobierno rumbo a una actividad oficial. La propia agenda pública confirma que participaba como ministro en un foro institucional en San Rafael.

No hace falta acusar a Mema de haber cometido una infracción para señalar el problema político. Tampoco hace falta convertir al chofer en culpable antes de que existan controles o actuaciones formales. Lo que sí resulta legítimo exigirle a un funcionario de esa jerarquía es que no se esconda detrás del asiento del acompañante.

Si el conductor cometió una infracción, que se explique y responda. Si el video fue interpretado incorrectamente, que el Gobierno muestre los registros y lo demuestre. Si la camioneta circuló dentro de las normas, que aparezcan los datos objetivos que lo acrediten.

Porque cuando un vehículo oficial es cuestionado por su forma de circular, la respuesta institucional no debería ser simplemente señalar quién no estaba manejando. La responsabilidad política también consiste en hacerse cargo de lo que ocurre bajo la propia conducción del Estado.