La Justicia argentina atraviesa un movimiento de piezas que puede tener consecuencias durante décadas. En lo que va de 2026, el Gobierno de Javier Milei consiguió la designación de 166 jueces, fiscales y defensores públicos, una cifra récord para un solo año desde la creación del Consejo de la Magistratura en 1994. Dentro de ese universo hay 129 nuevos jueces, según informó el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El oficialismo presenta la ofensiva como una solución a una parálisis histórica. A comienzos de año había cientos de vacantes pendientes en el sistema judicial nacional y federal, y las organizaciones especializadas advertían que alrededor del 37% de los cargos de jueces nacionales permanecían vacantes. Para el Gobierno, cubrir esos puestos permite reducir demoras, aliviar los tribunales y poner en funcionamiento una estructura que llevaba años con cargos sin cubrir.

La magnitud de la operación política también queda expuesta por el volumen de pliegos enviados al Congreso. Desde mayo, el Ejecutivo remitió más de 200 postulaciones para jueces, fiscales y defensores, y la mayoría de las que llegaron al Senado consiguió acuerdo con amplios consensos políticos. El propio Gobierno destacó que en agosto la Cámara alta aprobó 67 pliegos con acompañamiento de todos los bloques.

Pero detrás del récord aparece la primera controversia: quiénes fueron elegidos y bajo qué criterios. En abril, ACIJ, INECIP, CELS, Amnistía Internacional, ELA y Poder Ciudadano analizaron 67 candidaturas y señalaron problemas vinculados con idoneidad, vínculos, representación de género y mecanismos de selección. Las organizaciones advirtieron que una Justicia con un número tan elevado de vacantes también puede quedar más expuesta a que los cargos se conviertan en herramientas de negociación política.

La polémica aumentó en junio, cuando Milei modificó mediante el Decreto 467/2026 los procedimientos que desde 2003 permitían la participación ciudadana en la etapa previa a la nominación de magistrados y funcionarios judiciales. El Gobierno justificó la medida señalando que esas instancias duplicaban controles que ya existen en el Senado y que ralentizaban la cobertura de vacantes. Las organizaciones civiles interpretaron exactamente lo contrario: una reducción de los mecanismos de escrutinio público en decisiones que afectan directamente la independencia y la calidad institucional de la Justicia.

El antecedente de la Corte Suprema vuelve todavía más sensible la discusión. Las organizaciones que cuestionaron el nuevo procedimiento recordaron que, durante esta administración, las propuestas de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar el máximo tribunal fueron fuertemente objetadas y terminaron generando un conflicto institucional que incluyó el rechazo del Senado. Para estas entidades, reducir ahora los espacios de participación constituye una respuesta preocupante frente a aquella experiencia.

Dentro de esa arquitectura aparece también el apellido Mahiques. El actual ministro de Justicia es quien conduce buena parte del proceso de nombramientos mientras su padre, Carlos Mahiques, fue propuesto para continuar como camarista de Casación. ACIJ e INECIP impugnaron esa postulación ante el Senado y cuestionaron el traslado mediante el cual había llegado al fuero federal en 2018, al considerar que no había atravesado el concurso exigido para ese cargo.

El Senado, sin embargo, avanzó con su pliego. La Comisión de Acuerdos emitió dictamen favorable con respaldo oficialista y de bloques aliados, mientras desde el peronismo se cuestionó su trayectoria y su permanencia en el máximo tribunal penal federal. El caso funciona como una muestra de una discusión mayor: la disputa ya no gira solamente alrededor de cuántos cargos se cubren, sino también de qué vínculos, antecedentes y criterios pesan a la hora de elegir a quienes ocuparán esos puestos.

La controversia se trasladó entonces de los nombramientos a los expedientes. En los últimos días, la nueva integración de la Sala I de la Cámara Federal porteña dictó una serie de resoluciones que beneficiaron a Milei, a funcionarios de su administración y a aliados políticos. Entre ellas aparece la causa $LIBRA, en la que fueron excluidos querellantes que buscaban intervenir en la investigación; el expediente por el préstamo del FMI durante el gobierno de Mauricio Macri, cuyo archivo fue confirmado; y una investigación contra Luis Caputo por presuntas negociaciones incompatibles, cuyo cierre también quedó ratificado.

Otro expediente que terminó archivado fue el relacionado con el ingreso al país de un avión privado del empresario Leonardo Scatturice, caso que había generado interrogantes por el ingreso de diez bultos sin controles aduaneros. El juez Pablo Yadarola decidió cerrar la investigación en su último día como magistrado del fuero penal económico, una resolución que quedó bajo discusión pública por el momento en que se produjo y por información que había llegado al expediente pocos días antes.

Tomados individualmente, ninguno de esos fallos demuestra que exista una Justicia subordinada al Gobierno. Una sentencia debe evaluarse por sus fundamentos jurídicos, no por quién resulta beneficiado. Pero la sucesión de decisiones favorables, inmediatamente después de una renovación acelerada de cargos y en un contexto en el que organizaciones especializadas vienen reclamando mayor transparencia e independencia, explica por qué la discusión dejó de ser meramente administrativa y pasó a convertirse en un problema político e institucional.

La cuestión adquiere todavía mayor relevancia porque el Gobierno no parece dispuesto a detenerse. Mahiques anunció una reforma de la Justicia Federal que contempla modificaciones en la estructura de los tribunales porteños, precisamente el fuero donde se concentran numerosas causas de corrupción y delitos contra la administración pública. Al mismo tiempo, el Ejecutivo mantiene pendiente el objetivo de completar la Corte Suprema con los dos cargos que permanecen vacantes.

En paralelo, la administración libertaria viene redefiniendo también el funcionamiento del sistema penal. El Ministerio de Justicia decidió postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires y en otros distritos, mientras sostiene que la implementación gradual es necesaria para garantizar recursos, infraestructura y coordinación. La propia cartera informó que el sistema acusatorio ya funciona en numerosas jurisdicciones, pero que todavía quedan zonas centrales del país pendientes de incorporación.

Hay, por lo tanto, dos relatos que chocan. El Gobierno habla de normalización institucional, cobertura de vacantes y modernización. Las organizaciones civiles ven una concentración de poder en el proceso de selección, menos controles ciudadanos, problemas de idoneidad y posibles conflictos de intereses. Y entre ambos relatos aparecen fallos concretos que, en el corto plazo, están favoreciendo a dirigentes del oficialismo.

El punto más delicado no es que Milei nombre jueces: la Constitución establece que el Presidente propone y designa magistrados con acuerdo del Senado, sobre la base de los procedimientos previstos para cada cargo. El verdadero debate es si esos mecanismos están funcionando con suficiente transparencia, independencia y control ciudadano.

Argentina necesitaba cubrir sus vacantes judiciales. Lo que también necesita es que quienes llegan a esos cargos no le deban su legitimidad a ningún gobierno y que sus decisiones puedan resistir la sospecha de haber sido condicionadas por el poder político.

Porque una Justicia que tarda demasiado es un problema. Pero una Justicia que pierde credibilidad frente al poder de turno puede convertirse en un problema todavía mayor.