La Argentina volvió a recibir una señal de alarma sobre el estado de su educación. Y esta vez los números son difíciles de esconder detrás de una discusión partidaria: el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo de desempeño en Matemática en las pruebas PISA 2025. En Lectura la proporción llega al 59% y en Ciencias al 59%. El país obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, todos por debajo de los resultados de 2022.

El retroceso no es solamente interno. Argentina quedó octava entre los 13 países latinoamericanos participantes en las tres áreas evaluadas. En Matemática, además, cayó 11 puntos respecto de 2022, hasta alcanzar su peor resultado de la serie comparable. En el ranking global terminó 75ª en Matemática, 62ª en Lectura y 71ª en Ciencias, sobre 91 sistemas educativos.

La respuesta de la Casa Rosada fue rápida y previsible: mirar hacia atrás. La Secretaría de Educación sostuvo que los resultados son consecuencia de las trayectorias escolares acumuladas desde 2013 y responsabilizó a las gestiones anteriores por la caída de los aprendizajes. El argumento tiene una parte cierta: ningún gobierno puede atribuirse o cargar exclusivamente con lo ocurrido en doce años de escolaridad. Pero convertido en explicación política única, también tiene una evidente comodidad: Milei lleva casi tres años gobernando y la evaluación que hoy se conoce fue tomada en 2025, durante su administración.

Y hay otro dato que vuelve más incómoda la explicación oficial. El deterioro educativo argentino no comenzó con Milei, pero tampoco empezó con el kirchnerismo. En PISA 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina ya mostraba dificultades importantes: ocupó el puesto 63 en Lectura, 71 en Matemática y 65 en Ciencias entre los países participantes. En 2022, bajo la administración de Alberto Fernández, los resultados mostraron estabilidad relativa en Matemática y Lectura y una mejora en Ciencias respecto de 2018. Ahora, en 2025, los tres indicadores volvieron a caer.

La secuencia deja una conclusión política incómoda para todos, pero especialmente para quien hoy conduce el Estado: la crisis educativa es estructural y atraviesa gobiernos de distinto signo, pero el gobierno de Milei no puede presentarse como un espectador externo del problema. Recibió una educación golpeada y, lejos de producir hasta ahora una mejora visible en los indicadores internacionales, los resultados conocidos muestran un nuevo retroceso.

El contraste se vuelve todavía más fuerte cuando se mira qué ocurrió con los recursos. Durante el gobierno de Milei, el ajuste sobre el gasto educativo nacional fue uno de los componentes del programa de reducción del gasto público. Un informe de Argentinos por la Educación estimó una fuerte contracción real del financiamiento nacional de Educación y Cultura desde 2023, mientras que distintos análisis ubicaron la inversión educativa nacional en niveles muy inferiores a los de años anteriores. Para 2026, el propio debate presupuestario ubicó la función Educación y Cultura alrededor del 0,75% del PBI, frente al 1,41% registrado en 2023.

La propia documentación oficial permite dimensionar la discusión. La Ley de Educación Nacional establece que el Estado debe garantizar el financiamiento del sistema educativo y fija, cumplidas las metas previstas, un piso del 6% del PBI para el gasto consolidado en educación. Sin embargo, la estructura del financiamiento educativo nacional se redujo fuertemente durante la actual gestión, trasladando una mayor presión a las provincias y dejando a universidades, escuelas, docentes e investigadores en medio de una disputa permanente por recursos.

El Gobierno responde que el problema no se resuelve simplemente poniendo más dinero y que durante su gestión lanzó un Plan Nacional de Alfabetización y un Plan Nacional de Matemática. También sostiene que el presupuesto 2026 contempla recursos para educación, becas, comedores y programas de alfabetización. Esos argumentos forman parte de la discusión y no deben ser ignorados.

Pero tampoco alcanza con anunciar programas mientras se reduce el peso relativo de la inversión pública. La educación necesita continuidad, docentes con salarios que permitan sostener la profesión, infraestructura, materiales, acompañamiento a los estudiantes y políticas que sobrevivan al calendario electoral. No existe una motosierra que pueda cortar el gasto educativo sin que tarde o temprano aparezca la factura en algún otro lugar del sistema.

Y los resultados de PISA son precisamente una de esas facturas que nadie puede pagar con un tuit.

Hay, además, una cuestión que el discurso oficial intenta esquivar: PISA no evalúa solamente cuánto recuerda un adolescente de un contenido escolar. La prueba busca medir si puede utilizar conocimientos para resolver problemas, interpretar información, razonar y desenvolverse frente a situaciones concretas. Que tres de cada cuatro estudiantes no alcancen el nivel básico en Matemática significa que una enorme proporción de jóvenes llega a los 15 años sin las herramientas que la evaluación considera fundamentales para resolver problemas matemáticos.

El problema tampoco es exclusivamente argentino. La OCDE registró un retroceso internacional y América Latina atravesó una nueva caída en sus desempeños. Pero la comparación regional muestra que existen diferencias entre países que enfrentan dificultades similares. Argentina no solamente está lejos de los países desarrollados: también quedó por detrás de Chile, Uruguay, Costa Rica, México, Brasil, Perú y Colombia en el promedio regional considerado para esta edición.

Por eso, el dato más político de PISA 2025 quizás no sea solamente el 76% que no alcanza Matemática. Es la disputa por quién se hace cargo.

El Gobierno de Milei tiene razón en una cosa: el deterioro educativo argentino no comenzó en diciembre de 2023. Pero utilizar esa verdad para convertir a la gestión actual en una simple espectadora tampoco resiste demasiado análisis. Macri ya gobernó con malos resultados educativos; Alberto Fernández recibió un sistema atravesado por problemas estructurales y la pandemia; y Milei tomó el mando prometiendo una transformación profunda del Estado. En 2025, bajo su administración, Argentina volvió a caer en las tres áreas evaluadas.

Y hay un dato que vuelve todavía más incómoda la explicación oficial: la motosierra también pasó por la educación. En 2024, la función Educación y Cultura sufrió una caída real del 43,2% y el ajuste alcanzó, entre otros puntos, la eliminación del FONID, que aportaba al salario de los docentes provinciales. En 2025 hubo otra reducción real del 7,9%, con fuertes recortes en programas educativos: las becas estudiantiles cayeron 42,5% y Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, 49,5%. Las universidades tampoco quedaron al margen: las transferencias nacionales destinadas a su financiamiento acumulan una caída real cercana al 40% respecto de 2023, mientras los salarios universitarios llegaron a perder alrededor de un tercio de su poder adquisitivo.

El conflicto universitario se convirtió así en uno de los principales frentes de disputa de la gestión Milei. En 2024 hubo paros y movilizaciones masivas en defensa del presupuesto y de los salarios; el Congreso aprobó una ley para actualizar el financiamiento y recomponer los ingresos de docentes y no docentes, pero el Presidente la vetó. Un año después, el Congreso volvió a sancionar la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. El Ejecutivo volvió a rechazarla: el Decreto 647/2025 dejó asentado oficialmente que entre diciembre de 2023 y julio de 2025 los salarios docentes y no docentes universitarios habían aumentado 128,49%, frente a una inflación del 220,45%.

El resultado fue un conflicto que excedió largamente la discusión presupuestaria: universidades funcionando con recursos deteriorados, docentes y no docentes reclamando recomposición salarial, movilizaciones multitudinarias y una pulseada institucional entre el Ejecutivo y el Congreso por quién define cuánto debe financiar el Estado a la universidad pública. Según el IIEP UBA-CONICET, las transferencias a universidades pasaron de representar el 0,73% del PBI en 2023 al 0,47% en 2026, mientras el deterioro salarial acumulado llegó a cerca del 34% real.

La pregunta, entonces, ya no es solamente qué hicieron los gobiernos anteriores. También es qué está haciendo el Gobierno actual para que la próxima generación de adolescentes no sea otra vez la que pague el costo de una crisis que todos diagnostican y que ningún gobierno consigue revertir.

Porque una cosa es recibir una escuela pública deteriorada. Otra muy distinta es hacer de la motosierra una política de Estado y después señalar las ruinas para explicar por qué están ahí.