La discusión sobre el rumbo de la economía argentina vuelve a tener un escenario concreto: las fábricas. A dos años y medio del inicio del gobierno de Javier Milei, un informe elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reconstruyó la evolución de la industria manufacturera y encontró una combinación que atraviesa buena parte del entramado productivo: menor actividad, pérdida de empleo registrado, cierre de unidades productivas, aumento de las importaciones de bienes de consumo y una utilización de las plantas que continúa lejos de los niveles de 2023.

El trabajo, publicado el 1 de septiembre con motivo del Día de la Industria, utiliza información del INDEC, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, ONUDI y otras fuentes sectoriales. Su conclusión central es que la industria argentina perdió capacidad durante la actual gestión, en un contexto marcado por la contracción del mercado interno y una apertura comercial que modificó las condiciones de competencia para los fabricantes locales.

Casi 100.000 empleos industriales menos

Uno de los números más sensibles del informe aparece en el mercado laboral. Según el procesamiento realizado por CEPA sobre datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y mayo de 2026 la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas industriales pasó de 1.215.092 a 1.117.780.

La diferencia representa 97.312 puestos de trabajo menos, equivalente a una caída del 8%. En el mismo período también disminuyó la cantidad de establecimientos manufactureros con trabajadores registrados: de 49.622 a 45.602, es decir, 4.020 unidades menos, una contracción del 8,1%.

El dato no implica que cada una de esas bajas corresponda necesariamente a una fábrica cerrada en sentido estricto. La estadística refiere a unidades productivas con trabajadores registrados y puede incluir diferentes situaciones empresariales. Pero sí muestra una reducción significativa del entramado formal que sostiene el empleo industrial.

El diagnóstico también aparece en las estadísticas de la UIA. La entidad empresaria informa que en mayo de 2026 se perdieron 3.157 puestos industriales respecto del mes anterior y que la actividad se encontraba alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La producción cayó, aunque no todos los meses fueron iguales

El informe de CEPA señala que el Estimador Mensual de Actividad Económica utilizado para analizar la industria acumula una caída interanual de 1,9% durante los primeros seis meses de 2026. Frente al promedio del período enero de 2022-noviembre de 2023, el nivel de actividad resulta 8,1% inferior.

El Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) presenta una fotografía similar: durante el primer semestre de 2026 la producción fue 2,2% menor que en igual período de 2025 y el promedio de la etapa iniciada con Milei aparece 10,2% por debajo del período de referencia utilizado por CEPA.

Pero hay un matiz importante que evita convertir el informe en una fotografía exageradamente lineal. El INDEC informó que en junio la producción industrial manufacturera registró una mejora interanual de 0,9%. Es decir, el acumulado semestral siguió en terreno negativo, pero junio mostró una recuperación respecto de junio de 2025.

La propia UIA observó algo parecido para julio: estimó una caída mensual desestacionalizada de 0,6%, pero un crecimiento interanual de 1,4%, explicado en parte por una base de comparación baja. Aun así, la actividad acumulaba una baja cercana al 2% en los primeros siete meses de 2026 y permanecía alrededor de 10% debajo de los niveles de 2022 y 2023.

La fotografía, entonces, es más compleja que una industria que cae todos los meses: hay sectores y meses de recuperación, pero sobre una base productiva más baja y sin recomponer todavía los niveles previos.

Cuatro de cada diez máquinas permanecen sin utilizar

Otro indicador permite visualizar el problema dentro de las propias fábricas.

En junio de 2026, la utilización de la capacidad instalada industrial fue de 59,1%, según el INDEC. Eso significa que aproximadamente cuatro de cada diez unidades de capacidad productiva permanecían sin utilizar. El dato fue apenas superior al 58,9% registrado en junio de 2025, pero se encontraba 9,5 puntos porcentuales por debajo de junio de 2023.

CEPA utiliza este dato para señalar que la industria trabaja con una capacidad significativamente inferior a la que tenía antes del cambio de gobierno. Entre los sectores más afectados aparecen la metalmecánica excluida de la industria automotriz, con una reducción de 30,9% en la utilización respecto de junio de 2023, y los productos minerales no metálicos, con una baja de 30,4%.

La excepción aparece en actividades como refinación de petróleo, que según el informe aumentó 5,2%, y alimentos y bebidas, con una mejora marginal de 0,3% frente a junio de 2023.

El otro frente de la discusión: las importaciones

El punto que probablemente genere mayor debate político es el comportamiento de las importaciones de bienes de consumo.

Según CEPA, durante el primer semestre de 2026 ingresaron bienes de consumo finales por US$5.362 millones, el mayor valor registrado para un primer semestre desde que existe la serie. En los últimos doce meses acumulados, el monto llegó a US$11.496 millones.

La comparación con 2023 muestra aumentos especialmente fuertes en determinados rubros. Las importaciones de electrodomésticos, baterías y lámparas crecieron 109,2%; las prendas de vestir, 86,3%; motos, bicicletas, yates y otros equipos de transporte, 67,6%; alimentos, 51,9%; y productos farmacéuticos, 27%. Los cinco sectores explicaron el 45,5% de las importaciones de bienes finales durante el primer semestre.

Sin embargo, también aquí existe un elemento que debe ser contextualizado. CEPA señala que el gran salto de las importaciones ocurrió en 2025, cuando los bienes de consumo aumentaron 73,5% interanual. En 2026 el incremento fue mucho más moderado, de 1,8%, aunque sobre una base que ya era extraordinariamente elevada.

La discusión, por lo tanto, no pasa solamente por cuánto crecieron las importaciones este año, sino por el nivel al que quedaron después del salto de 2025 y el efecto que ese cambio tiene sobre fabricantes que compiten con productos extranjeros.

PyMEs: el segmento que aparece más expuesto

El Observatorio de Conflictividad de CEPA relevó 180 casos durante los primeros ocho meses de 2026. Las PyMEs representaron 98 de esos casos, el 54,4% del total. Les siguieron las grandes empresas nacionales, con 26,7%; los conglomerados extranjeros, con 15%; y los grupos económicos locales, con 3,9%.

Por actividad, alimentos y agroindustria concentraron 21,1% de los conflictos; metalurgia y automotriz, 20%; y textiles, calzado y cueros, 18,9%. También aparecen electrónica, electrodomésticos y tecnología, química, petroquímica, plásticos y farmacéutica, entre otros sectores.

El tipo de conflicto muestra la dimensión laboral del proceso: 53 casos fueron despidos, 46 cierres de planta y 28 situaciones identificadas como crisis de empresas. También hubo concursos preventivos, suspensiones, plantas paralizadas y quiebras.

Son casos relevados por una organización privada y, por lo tanto, no equivalen a un registro oficial de todas las empresas cerradas del país. Su valor está en complementar las estadísticas agregadas con situaciones concretas.

Metalurgia, textiles y automotrices: tres sectores bajo presión

La industria metalúrgica aparece entre los sectores más golpeados. CEPA, citando el índice de ADIMRA de julio, señala que la producción metalúrgica se encontraba casi 20 puntos por debajo de 2023 y que durante los primeros siete meses de 2026 acumulaba una baja de 5,5% respecto del período comparable anterior.

La industria textil presenta otro retroceso importante. Según el informe, el promedio de producción entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se ubicó 21,6% por debajo del promedio enero de 2022-noviembre de 2023. El relevamiento incluye cierres, concursos preventivos y despidos en distintas empresas del sector.

En el complejo automotor, el promedio de producción entre diciembre de 2023 y junio de 2026 resultó 10,5% inferior al período de referencia utilizado por CEPA. El informe menciona, entre otros casos, el cierre de una planta de Cabot en Campana, la finalización de la producción del utilitario Berlingo en El Palomar y suspensiones parciales en ZF Argentina.

La situación también tiene relación con la demanda externa. La UIA señaló en julio que la industria automotriz sufrió una caída mensual de 6,8%, en parte por el menor dinamismo de las exportaciones hacia Brasil.

La construcción agrega presión sobre proveedores industriales

El deterioro no termina en las fábricas propiamente dichas.

CEPA ubica a la construcción como el sector de peor desempeño dentro del período analizado: el promedio del ISAC entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se encontraba 26% por debajo del promedio enero de 2022-noviembre de 2023. El informe vincula ese comportamiento con la caída de la obra pública y con el aumento de los costos en dólares de la construcción privada.

Esto tiene un efecto en cadena sobre productores de cemento, acero, cerámicos, vidrio, pinturas, cables, aberturas y otros insumos.

La UIA también registró debilidad en julio: los despachos de cemento cayeron 4,6% mensual y el Índice Construya 0,8%, mientras ambos permanecían más de 20% debajo de los niveles de 2022 y 2023.

¿Qué cambió con el modelo económico de Milei?

La segunda gran discusión del informe de CEPA no está en los números productivos sino en las políticas aplicadas desde diciembre de 2023.

El Gobierno de Javier Milei construyó su programa económico alrededor de la desregulación, la reducción de la intervención estatal, la apertura comercial y una mayor exposición de las empresas argentinas a la competencia internacional. El DNU 70/2023 estableció explícitamente como objetivo una amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria y derogó parcialmente la normativa de Compre Nacional y la Ley 21.608 de Promoción Industrial.

Desde la perspectiva de CEPA, ese cambio constituye un viraje respecto de una política industrial más activa. El informe también cuestiona la reducción de aranceles, la eliminación de instrumentos de crédito productivo y el desmantelamiento o reestructuración de organismos vinculados con la producción y la tecnología.

El Gobierno, en cambio, sostiene que la apertura y la desregulación buscan bajar costos, aumentar la competencia, atraer inversiones y mejorar la productividad, con el objetivo de que las empresas argentinas compitan en condiciones internacionales.

La diferencia no es menor: la discusión no es solamente si la industria cayó, sino si el camino para hacerla competitiva debe ser la protección y asistencia estatal o una exposición mucho mayor a la competencia internacional.

El caso INTI y el giro en la política productiva

Uno de los puntos más controversiales fue el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.

El Decreto 462/2025 intentó transformar al INTI en una unidad organizativa dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio. Sin embargo, ese decreto fue rechazado posteriormente por ambas cámaras del Congreso y quedó abrogado conforme al mecanismo previsto por la Ley 26.122.

El episodio muestra una diferencia importante respecto del relato más lineal del informe de CEPA: hubo efectivamente un intento de reestructuración del organismo, pero esa medida concreta no quedó vigente después del rechazo legislativo.

CEPA, de todos modos, sostiene que el organismo perdió 854 trabajadores entre fines de 2023 y junio de 2026 y advierte sobre las consecuencias que tendría una reducción de capacidades para la asistencia tecnológica a las PyMEs.

La industria también le reclama al Gobierno

El diagnóstico crítico ya no proviene exclusivamente de sectores opositores o de centros de estudios vinculados al peronismo.

Durante el acto por el Día de la Industria, la UIA reclamó al Gobierno un “puente” hacia una economía competitiva y advirtió sobre la pérdida de empleos y la necesidad de mejorar las condiciones para producir. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, sostuvo que la estabilización era necesaria pero que la economía no podía medirse solamente por la evolución de la inflación.

La entidad también viene marcando que la actividad industrial continúa alrededor de 10% por debajo de los niveles de 2022 y 2023.

En paralelo, CAME informó que la producción industrial PyME cayó 3,9% interanual en julio. Aunque registró una mejora mensual desestacionalizada de 0,6%, el uso de capacidad instalada de las PyMEs fabriles quedó en 54,3%.

Es decir: la preocupación por la industria no está limitada a un solo espacio político.

Un modelo que todavía no terminó de resolver la tensión entre apertura y producción

El Gobierno puede exhibir indicadores positivos en sectores vinculados a la energía, la minería y las actividades exportadoras. Por ejemplo, la producción de petróleo alcanzó en julio un récord nacional de 916.200 barriles diarios, con Vaca Muerta creciendo 26,4% interanual.

Ese dato es relevante porque muestra que el modelo económico no está produciendo una caída generalizada de todas las actividades productivas. Hay sectores que están creciendo y atrayendo inversión.

El problema aparece en otra parte: la manufactura destinada al mercado interno todavía no consigue recuperar el nivel de actividad previo y enfrenta simultáneamente menor demanda, mayores costos en determinados segmentos y competencia importada.

Por eso, la discusión de fondo empieza a exceder la pregunta de si la economía crece o cae.

La pregunta es qué tipo de economía está creciendo y qué sectores quedan fuera de esa recuperación.

El desafío: competir sin perder industria

La Argentina enfrenta ahora una tensión que será determinante para los próximos años.

Por un lado, la apertura puede permitir acceso a bienes más baratos, insumos y tecnología, mejorar la competencia y reducir costos para consumidores y empresas. Por otro, si la producción nacional no logra adaptarse con suficiente velocidad, existe el riesgo de que determinados sectores pierdan escala, empleo y proveedores locales antes de alcanzar niveles de productividad capaces de competir con productos importados.

Los datos disponibles muestran que esa transición ya tiene costos concretos.

CEPA calcula una pérdida de 97.312 puestos industriales registrados y 4.020 unidades productivas entre noviembre de 2023 y mayo de 2026. La UIA, desde otra perspectiva institucional, también reconoce un nivel de actividad aproximadamente 10% inferior al de 2022 y 2023. CAME, por su parte, registra nuevas caídas en la producción industrial PyME.
Al mismo tiempo, el INDEC muestra que junio de 2026 tuvo una mejora interanual de la producción industrial y que algunos sectores están creciendo.

La foto completa, entonces, no es la de una industria desaparecida.

Es la de una industria más pequeña, con menor utilización de su capacidad, menos empleo registrado y una estructura productiva que está atravesando una transformación profunda mientras aumenta la competencia importada.

El verdadero resultado del modelo se jugará en los próximos años: si la apertura consigue generar inversiones, productividad y nuevos mercados capaces de reemplazar las capacidades que hoy se están perdiendo, o si la Argentina termina consolidando una economía donde las actividades extractivas y exportadoras avanzan mientras una parte de la manufactura nacional retrocede.

Por ahora, los números disponibles muestran que la transición tiene un costo industrial considerable.

Y ese costo ya se está midiendo en fábricas que producen menos, máquinas que permanecen paradas y miles de puestos de trabajo que dejaron de existir.