La crisis del PAMI dejó de ser solamente una discusión sobre números, presupuesto o estructura administrativa. En los últimos días comenzó a trasladarse de manera cada vez más visible al lugar donde el ajuste tiene su consecuencia más sensible: la atención de los jubilados.

Más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados de Buenos Aires, Córdoba, San Juan y Mendoza suspendieron durante este jueves 27 y viernes 28 de agosto las prestaciones programadas para afiliados de PAMI. Las guardias permanecieron destinadas a emergencias. La medida fue impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (CAPRESS), que reclama actualización de aranceles y regularización de pagos.

El conflicto no comenzó esta semana. Según CAPRESS, el atraso en los valores de las prestaciones se viene acumulando desde el año pasado y se combinó con demoras en los pagos. Su presidenta, María Teresita Ithurburu, describió el escenario como una combinación de problemas que terminó llevando a las instituciones privadas a una situación financiera crítica.

La consecuencia es concreta: turnos suspendidos, estudios reprogramados y una mayor presión sobre los establecimientos que continúan atendiendo. En Mendoza, por ejemplo, clínicas y sanatorios privados también adhirieron al paro de 48 horas, dejando fuera de la atención programada a miles de afiliados durante ambas jornadas.

Un conflicto que ya no se limita a los prestadores

Mientras las clínicas reclaman por sus ingresos, los trabajadores del organismo advierten sobre otro frente: la reducción de la estructura de atención.

ATE denunció que el programa de retiros voluntarios y la política de reducción de personal están dejando a determinadas agencias con dotaciones mínimas. En Mar del Plata, el gremio sostuvo que la Unidad de Gestión Local XI sufrirá una reducción cercana al 30% de su planta y que en la sede central quedarían siete trabajadores destinados a la atención al público y cinco en la Agencia Puerto.

El sindicato también mencionó situaciones todavía más extremas en el interior bonaerense. Según su denuncia, la agencia de Comandante Nicanor Otamendi podría quedar sin personal y una de las oficinas de Tandil quedaría con una dotación muy reducida.

Pero aquí aparece un dato que obliga a ponerle freno a cualquier conclusión apresurada.

La información publicada este viernes por El Eco de Tandil señala que en la oficina local se confirmaron cinco retiros voluntarios, pero que todavía permanecen 26 empleados. Es decir, la versión de que la agencia tandilense quedaría con apenas cinco trabajadores no coincide con la información local disponible.

La diferencia no es menor: demuestra que la discusión sobre el ajuste de PAMI requiere distinguir entre las denuncias gremiales, las proyecciones y la situación efectivamente confirmada en cada dependencia.

El problema de fondo: menos trabajadores para una demanda que no desaparece

ATE sostiene que la reducción de personal no afecta únicamente a empleados administrativos. También denuncia pérdida de profesionales y trabajadores sociales en distintas localidades de la región de Mar del Plata.

El gremio afirma que Madariaga, Pinamar, Tandil y la Agencia Puerto de Mar del Plata quedaron sin cobertura de trabajadores sociales y que las demoras para determinadas prestaciones se profundizaron.

Entre los ejemplos mencionados aparecen demoras superiores a seis meses para vacantes en residencias geriátricas y dificultades en autorizaciones de subsidios y centros de día. Son afirmaciones gremiales que requieren seguimiento caso por caso y que no están acompañadas, en las fuentes consultadas, por una auditoría oficial que permita generalizarlas a todo el país.

El propio PAMI, sin embargo, mantiene publicados y actualizados sus registros oficiales de prestadores. El organismo actualizó en agosto su base de instituciones y profesionales, además de los listados de centros de día y residencias de larga estadía.

Ese dato muestra que la red formal de prestadores continúa funcionando administrativamente, aunque no alcanza por sí solo para determinar si la cantidad de profesionales, camas disponibles o capacidad efectiva de atención resulta suficiente para cubrir la demanda.

El Houssay, el otro foco de preocupación

Uno de los puntos más delicados de la denuncia aparece en el Hospital Bernardo Houssay de Mar del Plata, establecimiento propio de PAMI.

ATE asegura que 25 camas de internación permanecen cerradas por falta de personal y que existen dificultades para realizar cirugías cardiovasculares y procedimientos de alta complejidad. También denunció problemas de mantenimiento y falta de incorporación de enfermeros, instrumentadores, personal de maestranza y otros profesionales.

El dato, nuevamente, debe ser presentado como denuncia gremial y no como una cifra oficialmente auditada.

Lo que sí puede comprobarse es que PAMI continúa realizando procedimientos de contratación para abastecer al Houssay. El registro oficial de compras muestra durante agosto procesos para adquirir insumos médicos descartables, dispositivos de ventilación, catéteres y otros elementos destinados al funcionamiento del hospital.

Además, PAMI presenta oficialmente al Houssay como uno de sus hospitales propios, con guardia de 24 horas y atención de especialidades para sus afiliados.

El contraste es evidente: mientras el organismo sostiene administrativamente una red activa y continúa comprando insumos, los trabajadores denuncian que la falta de personal y recursos limita la capacidad real de funcionamiento. La discusión ya no debería resolverse con comunicados de un lado u otro, sino con información pública sobre camas efectivamente habilitadas, ocupación, cantidad de profesionales, cirugías realizadas y prestaciones suspendidas.

El caso Belgrano encendió otra alarma

El conflicto también tuvo una expresión concreta en Mar del Plata con la salida del Sanatorio Belgrano de la red de prestadores de PAMI.

El establecimiento tenía aproximadamente 8.000 afiliados asignados, que debieron ser redistribuidos entre otros prestadores. PAMI sostuvo que la salida no significaba una pérdida de cobertura porque las cápitas fueron reasignadas y los pacientes internados fueron trasladados a nuevos centros.

Pero la salida tuvo efectos sobre el sistema sanitario local.

El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) registró un incremento significativo de pacientes con criterio de internación y llegó a recibir 25 personas en un solo día, en un contexto en el que coincidieron distintos problemas de prestadores privados.

El episodio revela un punto central: una institución puede ser reemplazada administrativamente por otra en una planilla de prestadores, pero el sistema sanitario real no funciona con la misma facilidad.

Las camas, médicos, quirófanos, especialistas y tiempos de atención no aparecen automáticamente porque una cápita cambie de una institución a otra.

Y en Mendoza, el problema también golpeó

La crisis no quedó confinada a Buenos Aires. Durante el paro de este jueves y viernes, clínicas y sanatorios mendocinos suspendieron consultas, prácticas y cirugías no urgentes para afiliados de PAMI. Las guardias continuaron atendiendo emergencias.

El reclamo provincial forma parte del conflicto nacional por los aranceles y las deudas. La situación adquiere especial relevancia porque PAMI representa una parte sustancial de la demanda del sistema privado de salud. Cuando un prestador deja de atender, reduce servicios o limita turnos, el problema no desaparece: se traslada a otra institución.

En San Juan ocurrió algo similar. Las clínicas que adhirieron al paro suspendieron prestaciones programadas durante 48 horas, mientras las guardias mantuvieron la atención de urgencias. Y la protesta no comenzó el jueves: el lunes 24 de agosto establecimientos privados de Río Negro, Neuquén, Chubut y La Pampa habían realizado una medida similar. Es decir, no se trata de un conflicto aislado de una ciudad o una institución.

La interna política también complica el panorama

El deterioro de las prestaciones se cruzó además con una crisis en la conducción del organismo.

A comienzos de agosto, el director ejecutivo de PAMI, Esteban Leguízamo, y el subdirector Carlos Zamparolo pusieron sus cargos a disposición en medio de la crisis interna. Las renuncias no fueron aceptadas inicialmente y quedaron vinculadas a una eventual reconfiguración del organismo.

La situación alimentó versiones sobre cambios dentro de PAMI y una disputa política por el control de áreas estratégicas del organismo. Medios que siguieron la interna señalaron además movimientos de funcionarios, cambios en estructuras gerenciales y el avance de un esquema de retiros voluntarios y reducción de estructuras.

La discusión, por lo tanto, tiene dos dimensiones que se superponen: la financiera y la política. Mientras el Gobierno busca reducir estructuras y contener el gasto, los trabajadores sostienen que esa reducción termina deteriorando la capacidad operativa. Los prestadores privados, por su parte, reclaman que los valores que reciben no alcanzan para sostener el funcionamiento de las instituciones. Y en el medio quedan los afiliados.

El jubilado como variable de ajuste

El punto más incómodo de esta crisis es que cada sector tiene una explicación distinta. Para los prestadores, el problema es el atraso arancelario y las demoras en los pagos. Para los trabajadores, es el ajuste de la estructura y la pérdida de personal.

Para la administración, la cuestión pasa por reorganizar y hacer más eficiente un organismo históricamente atravesado por problemas de gestión. Pero cualquiera sea la explicación, existe un resultado que empieza a repetirse: el afiliado recibe menos certezas sobre dónde, cuándo y con quién será atendido. Los datos oficiales muestran que PAMI continúa disponiendo de una red extensa de prestadores y mantiene actualizadas sus bases.

El problema es que una red formalmente existente no garantiza por sí sola una prestación suficiente. La pregunta que el Gobierno debería responder no es solamente cuánto dinero ahorra con cada retiro voluntario, cuánto reduce su estructura o cuánto paga por cada prestación.

La pregunta es otra: ¿cuántos médicos, enfermeros, trabajadores sociales, camas, quirófanos y prestadores necesita PAMI para garantizar efectivamente la atención de sus afiliados?

Una crisis que ya exige números, no discursos

El conflicto llegó a un punto en el que las respuestas institucionales deberían abandonar la disputa de comunicados. Si PAMI sostiene que la cobertura está garantizada, debería publicar de manera sistemática cuántas prestaciones se realizaron, cuántos prestadores se dieron de baja, cuántos fueron incorporados, cuánto se adeuda, cuál es el atraso promedio de los aranceles y cómo evolucionó la cantidad de trabajadores.

Si ATE denuncia un vaciamiento, debería poder contrastarse esa afirmación con la evolución de la planta, las jubilaciones, los retiros voluntarios, las vacantes y la capacidad de atención antes y después de los recortes.

Y si las clínicas advierten que el sistema es financieramente inviable, el Gobierno debería transparentar la estructura de pagos y la evolución de los valores de las cápitas frente a la inflación.

Porque el verdadero riesgo no está solamente en que una clínica haga paro durante 48 horas. Está en que el sistema empiece a funcionar por acumulación de excepciones: una clínica que se va, un médico que renuncia, una cama que queda cerrada, un turno que se posterga, una agencia que pierde trabajadores, una práctica que deja de hacerse.

Cada episodio, tomado por separado, puede parecer manejable. El problema aparece cuando todos ocurren al mismo tiempo. Y cuando eso sucede en la principal obra social de los jubilados argentinos, el ajuste deja de ser una discusión contable y empieza a convertirse en una discusión sobre qué nivel de atención está dispuesto a garantizar el Estado para quienes dependen de ella.