El Gobierno de Javier Milei tiene otro problema abierto en el Senado. El proyecto que busca reducir drásticamente el régimen de subsidios al gas por Zona Fría consiguió media sanción en la Cámara de Diputados, pero llegó a la Cámara alta y quedó atrapado entre negociaciones políticas, reparos de senadores provinciales y la falta de un acuerdo que permita reunir los votos.

El expediente 3/26 continúa en tratamiento en el Senado y fue girado a las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. Hasta el momento, el proyecto no tiene dictamen, un dato que explica por qué la iniciativa todavía no pudo llegar al recinto.

Y en ese escenario aparece Mendoza como una pieza particularmente incómoda para la Casa Rosada.

Una media sanción que todavía está lejos de convertirse en ley

La Cámara de Diputados aprobó el 20 de mayo la modificación del régimen de Zona Fría por 132 votos a favor, 105 en contra y cuatro abstenciones. El texto impulsado por el Gobierno busca retroceder sobre la ampliación que el Congreso aprobó en 2021 y concentrar el beneficio geográfico en las regiones consideradas de frío extremo.

La reforma dejaría fuera del esquema general a buena parte de las provincias que fueron incorporadas hace cinco años. Para Mendoza, el cambio tiene una particularidad decisiva: Malargüe conservaría el beneficio, mientras que el resto de la provincia quedaría mayoritariamente fuera del régimen geográfico.

El proyecto contempla, de todos modos, un esquema de subsidios focalizados para determinados hogares según su situación socioeconómica. La iniciativa toma como referencia ingresos familiares equivalentes a tres canastas básicas totales y mantiene excepciones para determinados grupos vulnerables.

El argumento oficial es fiscal. Durante el debate parlamentario se estimó que el régimen actual genera un costo cercano a los $485.000 millones, mientras que la reforma permitiría un ahorro del orden de los $272.099 millones.

El problema para el Gobierno es que el ahorro que aparece en las cuentas fiscales tiene un correlato directo en las facturas de los usuarios.

Mendoza, en el centro de la pelea

La legislación vigente establece beneficios tarifarios para distintas localidades mendocinas. La Ley 27.637 extendió en 2021 el régimen que históricamente había alcanzado a la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para los usuarios comprendidos, el descuento puede llegar al 50% del cuadro tarifario pleno en determinados casos.

El proyecto del Ejecutivo cambia el criterio. En lugar de sostener la cobertura por pertenencia geográfica a una zona templada-fría, la propuesta concentra el beneficio territorial en la Patagonia, la Puna y Malargüe, mientras que en las zonas incorporadas en 2021 el acceso quedaría principalmente atado a condiciones socioeconómicas.

Para Mendoza, el impacto potencial es considerable. Un informe presentado en la Legislatura provincial advirtió que la modificación podría afectar a más de 400.000 familias mendocinas.

Distintos cálculos periodísticos también estimaron que, si la reforma entrara en vigencia en los términos aprobados por Diputados, las facturas de gas de los hogares alcanzados podrían experimentar aumentos importantes debido a la pérdida del descuento. Algunas estimaciones ubicaron el impacto entre el 30% y el 50%, mientras que otros cálculos realizados sobre determinadas facturas proyectaron incrementos superiores.

Por eso, la discusión dejó de ser exclusivamente energética y pasó a convertirse en una disputa política entre Nación y las provincias.

Los tres senadores mendocinos quedaron ante una misma presión

En la Cámara de Diputados, la iniciativa contó con el respaldo de los mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri, ambos radicales alineados con el gobernador Alfredo Cornejo.

Pero el escenario fue diferente en el Senado. Los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Juri manifestaron reparos al proyecto y plantearon que Mendoza no puede quedar excluida de manera automática, especialmente porque existen localidades de la provincia con temperaturas que pueden resultar inferiores a las de algunas regiones que conservarían el beneficio.

Juri fue particularmente clara al explicar la estrategia. En julio señaló que el proyecto ni siquiera había comenzado formalmente su tratamiento en comisión y que no veía una aprobación inmediata. También sostuvo que, junto con Suárez, trabajaba en una alternativa para modificar el esquema vigente sin aceptar la exclusión de Mendoza.

La senadora radical incluso participó de una reunión con funcionarios de la Secretaría de Energía y el jefe de Gabinete Diego Santilli, donde planteó las objeciones mendocinas al proyecto.

La discusión que propone Juri no consiste simplemente en conservar intacto el sistema actual. Su planteo es utilizar la reforma como oportunidad para diseñar un nuevo esquema de subsidios que tenga en cuenta las condiciones climáticas y la situación económica de los usuarios.

En paralelo, Anabel Fernández Sagasti también aparece vinculada al rechazo a la modificación. La documentación del Senado muestra, además, una creciente cantidad de presentaciones de municipios, concejos deliberantes y organismos provinciales que reclaman preservar el régimen establecido por la Ley 27.637.

El dato político es significativo: los tres senadores mendocinos tienen incentivos diferentes, pero la reforma oficial genera resistencia suficiente como para convertir a Mendoza en una provincia clave de la negociación.

El Senado se convirtió en el verdadero problema para Milei

El Gobierno llegó al segundo semestre con una agenda legislativa más complicada de lo previsto.

En julio, distintas fuentes parlamentarias coincidían en que el oficialismo todavía no contaba con los votos necesarios para aprobar Zona Fría. La Casa Rosada decidió entonces postergar el tratamiento y concentrar las negociaciones después del receso invernal.

La situación fue reconocida incluso dentro del propio oficialismo. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se reunió con senadores dialoguistas para intentar destrabar la iniciativa, mientras Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, quedó al frente de las negociaciones legislativas.

El Gobierno necesita construir una mayoría mucho más amplia que la que logró en Diputados. Allí la iniciativa consiguió avanzar mediante acuerdos con sectores provinciales, incluidos compromisos vinculados a beneficios energéticos para las denominadas zonas cálidas.

Ahora esas negociaciones deben repetirse en una Cámara donde los gobernadores y los intereses provinciales tienen un peso decisivo.

Un análisis de Infobae publicado en julio señalaba que la Casa Rosada buscaba sumar a radicales, senadores provinciales y legisladores que se habían alejado del peronismo para alcanzar una mayoría. El problema es que una parte de los radicales ya había anticipado reparos y que el proyecto todavía ni siquiera contaba con dictamen.

El antecedente que preocupa al Gobierno

La dificultad con Zona Fría se produjo al mismo tiempo que otro proyecto oficial sufría modificaciones importantes en el Senado.

La denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada logró finalmente media sanción el 7 de agosto, pero para conseguir los votos el oficialismo tuvo que retirar del texto los capítulos que habilitaban una mayor flexibilización para la adquisición de tierras por extranjeros y el que modificaba las restricciones sobre el uso de determinados suelos después de incendios. La iniciativa fue aprobada con 37 votos a favor y 33 en contra.

Por eso, más que hablar de una caída completa de la Ley de Tierras, el antecedente muestra otra cosa: el Senado está dispuesto a modificar proyectos del Ejecutivo cuando el oficialismo no consigue reunir una mayoría suficiente.

El propio registro oficial de la Cámara alta deja constancia de las dificultades que tuvo el proyecto de propiedad privada y de las negociaciones que obligaron a postergar su tratamiento.

Para Zona Fría, el problema es todavía más sensible porque toca directamente los intereses de numerosas provincias.

La cuenta que debe hacer el Gobierno

La Casa Rosada tiene dos objetivos que chocan entre sí.

Por un lado, necesita avanzar con la reducción del gasto en subsidios energéticos y mostrar que puede transformar en ley el programa de ajuste fiscal que impulsó desde el comienzo de la gestión.

Por el otro, debe conseguir que senadores de provincias cuyos votantes perderían el beneficio acepten acompañar una reforma que puede traducirse en facturas de gas considerablemente más elevadas.

En Mendoza, esa tensión es evidente. El Gobierno pretende mantener a Malargüe dentro del régimen por sus características climáticas, pero el resto de la provincia quedaría sujeto al nuevo esquema. Es justamente esa diferenciación la que genera una de las principales objeciones de los senadores mendocinos.

La pregunta que queda planteada es sencilla: ¿por qué una localidad mendocina puede conservar el beneficio por razones climáticas mientras otras zonas de la provincia, con condiciones invernales severas, quedarían afuera?

Ese es el argumento que los senadores mendocinos pueden llevar a la mesa de negociación.

Una ley que todavía puede cambiar antes de llegar al recinto

La iniciativa no está caída. Tampoco está cerca de convertirse en ley.

El expediente permanece en el Senado, sin dictamen, mientras el Gobierno intenta construir una mayoría que permita llevarlo al recinto. La propia estrategia oficial apunta a destrabarlo durante el segundo semestre y antes de avanzar con el Presupuesto 2027.

El escenario abre tres posibilidades: que el Gobierno consiga los votos y apruebe el texto enviado por Diputados; que deba aceptar modificaciones para sumar a los senadores provinciales; o que la falta de acuerdos vuelva a postergar el proyecto.

Para Mendoza, la diferencia entre esas alternativas puede traducirse directamente en el monto de las próximas facturas de gas.

Y allí aparece la paradoja política: el Gobierno necesita a los senadores mendocinos para avanzar con una reforma que perjudicaría precisamente a buena parte de los usuarios de la provincia.

Por ahora, el frío que complica al Gobierno no está solamente en las facturas de gas. También está instalado en el Senado.