Hay una discusión que el gobierno de Javier Milei convirtió en una de las banderas centrales de su programa económico: el rechazo a los subsidios, a las transferencias estatales y a cualquier mecanismo que, según el oficialismo, premie a quienes reciben recursos públicos sin generar valor.

Pero cuando el beneficiario no es una persona que recibe una prestación social, una cooperativa o una pequeña empresa, sino una de las compañías más poderosas de la Argentina, el discurso adquiere otra dimensión.

El nuevo balance de Mercado Libre, la compañía fundada por Marcos Galperin, volvió a poner ese contraste sobre la mesa.

Durante los primeros seis meses de 2026, la empresa obtuvo en Argentina beneficios fiscales por alrededor de US$42 millones, equivalentes a unos $68.000 millones, según el análisis realizado sobre la información presentada por la compañía ante la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos.

El beneficio se explica principalmente por el régimen de promoción de la Economía del Conocimiento, que permite a las empresas alcanzadas reducir determinados impuestos y utilizar créditos fiscales vinculados con las contribuciones a la seguridad social.

No es un subsidio depositado en una cuenta bancaria por el Estado. Es algo más silencioso: impuestos que la empresa deja de pagar o créditos fiscales que puede utilizar para compensar obligaciones tributarias.

Y ahí aparece la pregunta política.

Una empresa gigante que también recibe ayuda del Estado

Mercado Libre no es una pequeña compañía que recién comienza a desarrollar una tecnología.

Es una de las empresas más grandes de América Latina y su fundador, Marcos Galperin, es uno de los empresarios más ricos de la Argentina.

La magnitud de la compañía quedó reflejada nuevamente en sus resultados de 2026. En el primer trimestre, Mercado Libre informó ingresos netos y financieros por US$8.845 millones, un crecimiento interanual del 49%, aunque con una reducción del margen de rentabilidad.

El crecimiento de la compañía convive así con un régimen fiscal que continúa reduciendo su carga tributaria.

Y no es algo nuevo.

Los balances anteriores presentados ante la SEC muestran que Mercado Libre obtuvo US$64 millones de beneficio en el Impuesto a las Ganancias y otros US$17 millones en beneficios vinculados a la seguridad social durante 2025. En 2024 habían sido US$33 millones y US$24 millones, respectivamente.

Entre 2023 y 2025, la compañía acumuló beneficios por más de US$200 millones solamente en esos dos conceptos.

El régimen, además, continúa vigente hasta diciembre de 2029.

¿De dónde sale el beneficio?

El origen está en la Ley 27.506 de Promoción de la Economía del Conocimiento, posteriormente modificada.

La legislación busca promover actividades vinculadas con software, servicios digitales, producción audiovisual, biotecnología y otras actividades basadas en el conocimiento.

Entre sus beneficios contempla reducciones del Impuesto a las Ganancias y un crédito fiscal vinculado con las contribuciones patronales de determinados trabajadores.

Para las grandes empresas, la normativa establece una reducción del 20% del Impuesto a las Ganancias correspondiente a las actividades promovidas. También contempla un bono de crédito fiscal equivalente, en términos generales, al 70% de determinadas contribuciones patronales, con condiciones y límites establecidos por la normativa.

Mercado Libre fue incorporada al régimen en 2021 y los beneficios fueron reconocidos retroactivamente desde enero de 2020.

Es decir: no se trata de una transferencia creada por Milei ni de una medida exclusiva para Mercado Libre.

El régimen fue creado y modificado durante gobiernos anteriores y continúa vigente durante la actual administración.

Pero precisamente ahí aparece la contradicción que vuelve a instalarse en el debate público.

Milei dice que las exenciones también son subsidios

En febrero de 2024, Javier Milei fue consultado públicamente sobre las exenciones impositivas y sostuvo que ese tipo de tratamientos preferenciales constituyen una forma de subsidio.

La definición resulta relevante porque permite mirar el caso de Mercado Libre desde la propia lógica discursiva del Gobierno. Si una persona recibe una transferencia estatal, el oficialismo suele hablar de dependencia, asistencialismo o privilegios.

Si una empresa deja de pagar parte de los impuestos que debería afrontar bajo el régimen general, la discusión suele presentarse como un incentivo a la inversión, al empleo y a la innovación.

El problema no es necesariamente que exista una política de promoción económica.

La pregunta es por qué el Estado debe seguir financiando mediante beneficios fiscales a una compañía cuyo tamaño, rentabilidad y capacidad de expansión ya la colocan entre las empresas más poderosas de la región.

Galperin y su discurso contra los subsidios

El contraste adquiere otra dimensión cuando se observan las intervenciones públicas de Marcos Galperin.

El fundador de Mercado Libre se convirtió en uno de los empresarios más activos en redes sociales en defensa de las políticas de Javier Milei y en contra del intervencionismo estatal.

En abril de 2024, cuando Mercado Pago comenzó a ofrecer el cobro de determinadas prestaciones sociales, una usuaria cuestionó la medida y sostuvo que se trataba de un negocio millonario para Galperin.

La respuesta del empresario fue contundente.

Galperin afirmó que sentía “placer de cortarle el curro a todos los gerentes cooperativistas de la pobreza y los piquetes” y sostuvo que su empresa ofrecía el servicio gratuitamente.

Cuando otro usuario le reprochó que se beneficiaba de más de US$100 millones anuales en beneficios fiscales mientras cuestionaba los subsidios destinados a sectores vulnerables, Galperin respondió que la Ley de Economía del Conocimiento había sido aprobada y renovada por gobiernos kirchneristas.

Ese argumento es cierto en un punto fundamental: el régimen no fue creado por Milei y Mercado Libre está legalmente alcanzada por él.

Pero no responde a otra cuestión: si Galperin considera legítimo que una empresa multimillonaria reciba beneficios fiscales del Estado mientras cuestiona las transferencias estatales destinadas a otros sectores de la sociedad.

El Estado que se achica también elige a quién beneficiar

La discusión económica que propone el Gobierno suele presentarse como una oposición entre un Estado grande, que gasta demasiado, y un sector privado que produce y genera riqueza.

Sin embargo, los beneficios fiscales muestran que la relación entre Estado y empresas no desaparece cuando el Estado se achica.

Cambia la forma. En lugar de una transferencia presupuestaria directa puede aparecer una reducción de impuestos, un crédito fiscal, una promoción sectorial o una excepción tributaria.

Desde el punto de vista contable, el Estado deja de recaudar. Y cuando deja de recaudar, existe un costo fiscal que alguien debe asumir. La diferencia está en quién recibe ese beneficio.

En el caso de Mercado Libre, se trata de una compañía que durante 2025 informó ingresos por miles de millones de dólares y que continúa expandiendo su negocio financiero, tecnológico y de comercio electrónico.

No es ilegal: la discusión es otra

Hay una aclaración indispensable para no convertir una investigación económica en una acusación sin sustento.

Mercado Libre no está haciendo nada ilegal al utilizar los beneficios previstos por la Ley de Economía del Conocimiento.

La empresa está inscripta en el régimen y cumple las condiciones establecidas para acceder a sus beneficios. La propia compañía informa esos beneficios en sus balances presentados ante la SEC.

Tampoco existe evidencia de que Javier Milei haya creado específicamente este beneficio para Mercado Libre. De hecho, el régimen comenzó antes de la actual administración.

La discusión es política y económica:

¿Tiene sentido mantener beneficios fiscales de esta magnitud para una compañía que ya alcanzó una escala regional y una posición dominante en sus mercados?

Y, sobre todo:

¿Por qué un subsidio a una empresa multimillonaria puede presentarse como incentivo, mientras una transferencia mucho menor destinada a una persona vulnerable es presentada como un problema fiscal?

La doble vara

El caso de Mercado Libre permite observar una de las discusiones más profundas del modelo económico actual. El Gobierno sostiene que el Estado debe abandonar el rol de sostener artificialmente actividades privadas. Pero al mismo tiempo mantiene regímenes de promoción que reducen la carga tributaria de grandes compañías. Eso no necesariamente significa que la política sea incorrecta la pregunta es si existe una doble vara para evaluar el gasto público.

Cuando el beneficiario es un jubilado, una persona sin empleo, una familia vulnerable o una pequeña empresa, el discurso oficial suele poner el foco en el costo para el Estado.

Cuando el beneficiario es una compañía tecnológica de escala continental, el mismo mecanismo aparece bajo conceptos como inversión, innovación, empleo o competitividad.

Y ahí el debate deja de ser solamente sobre Mercado Libre. Pasa a ser sobre qué Estado quiere construir el Gobierno de Milei y para quién utiliza los recursos que todavía administra.

Galperin, el Estado y el silencio

Marcos Galperin tiene todo el derecho a defender el modelo económico que considera correcto y a criticar los subsidios que considere perjudiciales.

También tiene derecho a utilizar los beneficios fiscales que la legislación argentina le reconoce.

Pero existe una contradicción que merece ser discutida públicamente.

Quien cuestiona con dureza los subsidios destinados a sectores vulnerables y reivindica el mérito, el esfuerzo individual y la eliminación de privilegios, también dirige una empresa que obtiene beneficios fiscales millonarios del Estado.

En seis meses, la cifra ronda los $68.000 millones.

No es un subsidio directo.

Es un beneficio fiscal.

Pero para las cuentas públicas, el resultado es concreto: son recursos que el Estado deja de recaudar.

La pregunta que queda flotando es sencilla:

¿El problema son los subsidios o el hecho de quién los recibe?

Porque si el principio es que el Estado no debe intervenir para sostener a los privados, la discusión debería valer tanto para una persona pobre como para el empresario más poderoso del país.

Y si el Estado sí debe utilizar recursos públicos para promover determinadas actividades económicas, entonces el debate debería ser otro: qué beneficios genera ese gasto tributario, cuánto empleo crea, qué inversión produce y hasta cuándo tiene sentido mantenerlo.

Lo que no parece compatible con un discurso de austeridad permanente es denunciar el costo de los subsidios cuando los reciben los de abajo y guardar silencio cuando los beneficios fiscales llegan a los de arriba.