Cada generación de argentinos tuvo su propia discusión sobre la soberanía.

Hubo épocas en las que el debate estuvo centrado en los ferrocarriles, otras en el petróleo, luego en las privatizaciones de los años noventa y, durante las últimas décadas, en la recuperación de empresas estratégicas y los recursos energéticos. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, la discusión vuelve a instalarse con fuerza, aunque con nuevos protagonistas y un escenario internacional completamente distinto.

El eje ya no pasa solamente por la propiedad de una empresa estatal o privada. El interrogante es mucho más amplio: ¿quién tendrá el control efectivo sobre los recursos naturales que definirán la economía del siglo XXI?

El Gobierno sostiene que la respuesta es sencilla: abrir la economía, ofrecer reglas claras y atraer inversiones de gran escala. Para eso impulsó el DNU 70/2023, la Ley Bases, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y ahora busca avanzar con modificaciones a la Ley de Tierras que flexibilicen las restricciones para la compra de campos por parte de extranjeros.

Del otro lado aparecen investigadores, universidades nacionales, organizaciones ambientales, especialistas en derecho agrario y numerosos dirigentes políticos que sostienen que la Argentina corre el riesgo de resignar herramientas estratégicas de control sobre su territorio y sus recursos.

No es una discusión nueva.

Pero probablemente nunca antes había coincidido con un contexto internacional donde el litio, el cobre, el gas, el petróleo, el agua dulce y los minerales críticos adquirieran un valor geopolítico tan elevado.

La tierra vuelve al centro de la discusión

Uno de los proyectos que más controversia generó durante las últimas semanas es la iniciativa oficial para modificar el régimen de propiedad de tierras rurales.

Contrariamente a algunas interpretaciones, la Ley 26.737 sancionada en 2011 nunca prohibió que extranjeros compraran tierras en la Argentina.

Lo que estableció fueron límites.

La norma fijó un tope nacional para la propiedad extranjera de tierras rurales y restricciones adicionales para determinados departamentos, zonas de frontera y superficies que contienen recursos estratégicos.

El argumento oficial sostiene que esas limitaciones desincentivan inversiones y colocan al país en desventaja frente a otras economías que compiten por atraer capitales internacionales.

Sin embargo, investigadores del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires, constitucionalistas y especialistas en desarrollo territorial sostienen exactamente lo contrario.

Advierten que eliminar esos límites podría acelerar la concentración de superficies ubicadas sobre acuíferos, corredores bioceánicos, áreas de explotación minera, reservas energéticas y zonas consideradas sensibles desde el punto de vista estratégico.

El debate, sostienen, trasciende la producción agropecuaria. La discusión es territorial.

El nuevo mapa mundial de los recursos

La importancia del tema también responde a un cambio profundo en la economía global.

La transición energética multiplicó el interés por minerales considerados críticos para la fabricación de baterías, vehículos eléctricos, equipamiento tecnológico y sistemas de defensa.

Argentina integra el denominado "Triángulo del Litio", posee una de las mayores reservas mundiales del mineral y además cuenta con importantes recursos de cobre, hidrocarburos convencionales y no convencionales, capacidad científica en materia nuclear y enormes reservas de agua dulce.

Esa combinación convirtió al país en un destino prioritario para grandes grupos inversores.

El Gobierno interpreta esa realidad como una oportunidad histórica. Quienes cuestionan las reformas consideran que precisamente por esa importancia estratégica deberían fortalecerse —y no flexibilizarse— los mecanismos de control estatal sobre esos activos.

El RIGI: la gran apuesta económica del Gobierno

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones constituye uno de los pilares del programa económico libertario.

El esquema otorga estabilidad fiscal por treinta años, beneficios aduaneros, incentivos cambiarios y condiciones especiales para proyectos que superen determinados montos de inversión.

Desde la Casa Rosada afirman que sin un régimen de estas características la Argentina continuará perdiendo inversiones frente a países vecinos.

Las críticas apuntan a otro aspecto.

Diversos economistas, especialistas tributarios y sectores políticos sostienen que el régimen reduce considerablemente la capacidad futura del Estado para modificar condiciones impositivas o capturar una mayor renta derivada de recursos naturales considerados estratégicos.

El debate no gira únicamente alrededor de cuánto capital llegará. También sobre cuánto margen conservará el Estado argentino para administrar esos recursos durante las próximas décadas.

Una discusión que excede a un gobierno

La tensión entre atraer inversiones y preservar la soberanía económica no comenzó con Javier Milei ni probablemente terminará con su gestión.

Durante los últimos treinta años distintos gobiernos impulsaron modelos muy diferentes para administrar recursos estratégicos.

Sin embargo, la combinación de apertura económica, beneficios extraordinarios para grandes inversiones y la posibilidad de flexibilizar el acceso de capitales extranjeros a la tierra reabrió un debate que atraviesa buena parte de la historia argentina.

La pregunta vuelve a instalarse con fuerza. No es únicamente cuánto capital ingresará al país. También quién tendrá la capacidad de decidir sobre aquellos recursos que definirán el desarrollo económico de las próximas generaciones.