La discusión por el régimen de Zona Fría dejó de ser un debate técnico para transformarse en una de las principales preocupaciones de miles de familias mendocinas. Mientras el proyecto impulsado por el Gobierno nacional avanza en el Congreso, organizaciones de jubilados, sindicatos, entidades sociales y ciudadanos autoconvocados decidieron volver a las calles para exigir que Mendoza continúe siendo considerada una provincia de zona fría y conserve los descuentos que hoy reciben los usuarios del servicio de gas.

La convocatoria, impulsada bajo la consigna "Mendoza es Zona Fría", reunió a distintos sectores que consideran que la reforma representa un fuerte retroceso para una provincia donde las bajas temperaturas durante gran parte del año convierten al gas en un servicio esencial y no en un consumo de lujo.

Durante la jornada también estaba prevista la entrega de miles de firmas reunidas tanto en formato físico como digital, con el objetivo de reforzar el reclamo antes de que el proyecto sea tratado por el Senado de la Nación.

Un cambio que podría impactar sobre unas 400.000 familias

El punto más cuestionado del proyecto es que modifica el actual régimen de subsidios y deja de considerar a Mendoza como beneficiaria en las condiciones actuales.

Según advierten las organizaciones que impulsan la campaña, alrededor de 400.000 hogares mendocinos podrían perder el descuento que actualmente reciben en las facturas de gas natural, lo que implicaría, en numerosos casos, incrementos muy importantes en el costo final del servicio.

La única excepción sería el departamento de Malargüe, que continuaría incluido dentro del esquema especial debido a sus características climáticas.

Los impulsores del reclamo sostienen que el nuevo sistema restringe el beneficio únicamente a determinados sectores de menores ingresos y establece requisitos administrativos que podrían dejar afuera a miles de usuarios que hoy acceden automáticamente al descuento.

Además, remarcan que el beneficio dejaría de aplicarse sobre el total de la factura y pasaría a calcularse únicamente sobre determinados componentes del servicio, reduciendo considerablemente el ahorro efectivo para las familias.

El reclamo también alcanza a quienes utilizan garrafas

Uno de los ejes centrales de la campaña pone el foco en una realidad muchas veces invisibilizada.

En Mendoza existen cerca de 200.000 hogares que todavía no cuentan con acceso a la red de gas natural y dependen exclusivamente de garrafas para cocinar y calefaccionarse durante el invierno.

Las organizaciones sostienen que una familia necesita entre dos y tres garrafas por mes para afrontar las bajas temperaturas, mientras que el precio de mercado supera ampliamente la capacidad de pago de numerosos hogares.

Si bien existe el programa de garrafa subsidiada, los referentes sociales consideran que resulta insuficiente tanto por la frecuencia de distribución como por la cantidad de puntos de entrega disponibles en la provincia.

Por ese motivo también solicitan ampliar la cobertura del programa y aumentar la cantidad de operativos mensuales para garantizar el acceso al combustible durante los meses más fríos.

Una votación que dejó fuertes cuestionamientos

La iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y ahora deberá ser debatida en el Senado.

Uno de los aspectos que generó mayor polémica en Mendoza fue el voto de la mayoría de los diputados nacionales por la provincia. Según denunciaron las organizaciones convocantes, ocho de los diez legisladores mendocinos acompañaron la modificación del régimen, decisión que consideran contraria a los intereses de la provincia.

Ese posicionamiento político se convirtió en uno de los principales ejes del reclamo ciudadano, que ahora busca influir en el tratamiento legislativo que resta en la Cámara Alta.

El argumento oficial y la respuesta de los impulsores

Desde el Gobierno nacional se sostiene que el nuevo esquema busca focalizar mejor los subsidios energéticos y dirigirlos hacia quienes realmente los necesitan, en línea con la política de reducción del gasto público.

Sin embargo, quienes rechazan la iniciativa aseguran que el problema no es únicamente quién recibe el beneficio, sino que Mendoza posee condiciones climáticas objetivas que justifican plenamente su permanencia dentro del régimen de Zona Fría.

Recuerdan que el espíritu de la ley fue compensar el mayor costo que representa calefaccionar una vivienda en regiones con inviernos rigurosos, independientemente del nivel de ingresos de cada usuario.

Una definición que excede el precio del gas

Mientras el proyecto espera su definición en el Senado, el debate continúa creciendo en Mendoza.

Para los sectores movilizados, la discusión ya no pasa solamente por un descuento en la factura, sino por el reconocimiento de una realidad climática que afecta a cientos de miles de mendocinos cada invierno.

Con esa consigna, la campaña "Mendoza es Zona Fría" busca mantener la presión pública y política para impedir que la provincia pierda un beneficio que consideran indispensable para garantizar el acceso a un servicio básico como la calefacción.