En política no todo lo que es legal resulta necesariamente legítimo ante la sociedad.
La reciente designación de la exdiputada radical Flavia Dalmau como asesora del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial volvió a colocar al Gobierno de Alfredo Cornejo en el centro de una polémica que trasciende el decreto de un nombramiento.
El motivo no es únicamente su regreso al Estado. Es el recorrido completo.
Dalmau trabajó durante casi dos décadas en el Instituto de Desarrollo Rural (IDR), organismo que fue disuelto por decisión del Gobierno provincial. Como consecuencia de ese cierre, percibió la indemnización correspondiente. Sin embargo, pocos meses después volvió a integrar la estructura estatal, esta vez como asesora política dentro del Ejecutivo, luego de finalizar su mandato como diputada provincial.
La secuencia despierta un inevitable interrogante político: ¿qué mensaje recibe un ciudadano cuando ve que una dirigente es indemnizada por el Estado y, poco tiempo después, vuelve a ocupar un cargo financiado por ese mismo Estado?
No se trata solamente de una discusión administrativa. Es, sobre todo, una discusión ética.
El costo político de las decisiones
El Gobierno sostiene que la incorporación responde a las necesidades del Ministerio de Gobierno y fue formalizada mediante el Decreto 1009/2026, que además autorizó una excepción a las restricciones vigentes para nuevas designaciones.
Formalmente, la designación se encuentra respaldada por un acto administrativo. Sin embargo, la discusión política aparece en otro plano: el de la oportunidad, el criterio y el mensaje que transmite una administración que reclama eficiencia, reducción del gasto y austeridad mientras continúa reubicando a dirigentes propios dentro de la estructura estatal.
En una provincia donde miles de trabajadores enfrentan incertidumbre laboral, contratos temporarios o dificultades para acceder a un empleo público, la sucesión de reubicaciones de exlegisladores radicales alimenta la percepción de que determinados sectores de la política siempre encuentran un nuevo lugar dentro del Estado.
Siete reubicaciones y un debate que crece
Con Dalmau, ya son siete los exlegisladores oficialistas incorporados al Ejecutivo provincial desde que finalizaron sus mandatos.
El dato, por sí solo, vuelve a instalar una pregunta incómoda: si el Estado necesita reducir gastos, ¿por qué sigue ampliando espacios para dirigentes que acaban de dejar cargos políticos?
La respuesta oficial apunta a la experiencia técnica y política de quienes fueron designados. Pero la percepción social suele recorrer otro camino. Para muchos mendocinos, la reiteración de nombramientos alimenta la idea de una dirigencia que rota entre distintos cargos públicos sin abandonar nunca la estructura estatal.
Los antecedentes que vuelven a escena
La polémica tampoco puede separarse de los antecedentes públicos de la propia Dalmau.
En 2023 fue noticia luego de protagonizar un episodio de alcoholemia positiva mientras conducía un vehículo oficial. Tiempo después volvió a quedar en el centro de la atención pública tras verse involucrada en un siniestro vial en el que una pareja resultó atropellada.
Esos episodios generaron cuestionamientos políticos sobre la conducta esperable de quienes ejercen funciones públicas.
Si bien esos antecedentes pertenecen a ámbitos distintos del actual nombramiento y no impiden legalmente una nueva designación, forman parte del contexto desde el cual hoy la ciudadanía evalúa las decisiones del Ejecutivo.
Una vara distinta
El caso adquiere todavía mayor repercusión porque en los últimos años otros funcionarios provinciales debieron abandonar sus cargos luego de episodios vinculados al consumo de alcohol al volante.
Entre ellos estuvieron Jorge Teves, entonces presidente del EMOP; Diego Silvestre, coordinador del ETI en San Rafael; y Gustavo Villegas, consejero del Tribunal Administrativo de Irrigación.
Cada situación tuvo características particulares, pero todas dejaron instalada una idea: quienes ejercen responsabilidades públicas deben asumir también mayores estándares de conducta.Por eso, el regreso de Dalmau vuelve a abrir un debate sobre la coherencia de esos criterios.
Mucho más que un decreto
Más allá de que la designación cumpla con los requisitos administrativos, el episodio expone un problema político que trasciende a una sola funcionaria. La sociedad exige cada vez más transparencia, igualdad de oportunidades y coherencia entre el discurso y las decisiones de gobierno.
Cuando una dirigente cobra una indemnización producto de la desaparición de un organismo público y meses después vuelve a ocupar un nuevo cargo estatal, la discusión deja de ser exclusivamente jurídica.
Pasa a ser una cuestión de confianza. Y en política, la confianza suele ser un recurso mucho más difícil de recuperar que cualquier presupuesto.
