La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este lunes un capítulo demoledor en los tribunales de Comodoro Py. El contratista Matías Tabar, responsable de las reformas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró bajo juramento que recibió un total de 245.000 dólares en efectivo y sin ningún tipo de factura por los trabajos realizados.
Ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, Tabar detalló que las obras se extendieron entre septiembre de 2024 y julio de 2025. Según el testimonio, el flujo de billetes verdes se dividió en dos etapas: un primer desembolso de USD 55.000 durante 2024 y un segundo pago de USD 190.000 en 2025 para finalizar las tareas. Lo que agrava la situación patrimonial del vocero presidencial es que el costo de la remodelación supera con creces los USD 120.000 que, según consta en la causa, se habrían pagado originalmente por la adquisición del inmueble.
Las reformas en el lote de 400 metros cuadrados no fueron menores. Tabar precisó que incluyeron la renovación total de pisos y paredes, la construcción de un baño, una cocina, un quincho de lujo y mejoras estructurales en la pileta, a la que se le agregó una cascada en el jardín. Para respaldar sus dichos, el arquitecto entregó su teléfono celular a la Justicia y facilitó los datos de contacto de todo el personal que trabajó en la obra, desde albañiles hasta electricistas, quienes serían citados próximamente.
Un alquiler de lujo mientras avanzaba la obra
El testimonio de Tabar no se limitó a los costos de construcción. El contratista reveló que, mientras su casa principal estaba en obra, Adorni alquiló otra propiedad dentro del mismo barrio privado por un valor de 13.000 dólares. Este dato añade una nueva capa de sospecha sobre el nivel de gastos mensuales del funcionario, cuya capacidad de ahorro y origen de fondos están bajo la lupa del juez Ariel Lijo.
La causa también rastrea otros movimientos financieros sospechosos. En el expediente figura la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien confirmó un préstamo de USD 100.000 otorgado por dos mujeres el mismo día que la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, firmó la compra de la casa en Indio Cuá. La Justicia busca determinar si ese préstamo fue una maniobra para blanquear dinero de origen desconocido o si efectivamente existió tal financiamiento.
Con la declaración de Tabar, la situación de Adorni entra en una zona crítica. El contraste entre sus ingresos declarados como funcionario público y el despliegue de dólares en efectivo para refacciones de lujo y alquileres temporarios en moneda extranjera parece difícil de sostener sin una justificación contable que, hasta el momento, brilla por su ausencia.
