Hay críticas que incomodan más cuando llegan desde adentro. Patricia Bullrich volvió a demostrar que no piensa limitar su actividad política a acompañar las decisiones de la Casa Rosada y, esta vez, eligió un terreno especialmente sensible para Javier Milei y Luis Caputo: el vínculo con el campo y el funcionamiento de la economía real. Mientras el Presidente compartía escenario con la conducción de la Sociedad Rural Argentina, la senadora había abierto su propio canal de diálogo con Coninagro, donde escuchó reclamos que terminaron convirtiéndose en una crítica directa al programa económico.
La frase no dejó demasiado margen para interpretaciones: “La tasa subió a niveles imposibles y se abandonaron los créditos”. Bullrich reconoció que las empresas necesitan financiamiento para sostener el capital de trabajo y lanzó otro mensaje dirigido al equipo económico: espera que los anuncios de créditos no terminen concentrados en el sector automotor, sino que alcancen también a las actividades productivas que necesitan recursos para funcionar, invertir y generar empleo. La declaración tiene un peso político particular porque no la formuló un dirigente opositor ni un representante empresarial enfrentado con el Gobierno, sino la jefa del bloque oficialista en el Senado.
Dos reuniones, dos interlocutores y una señal política
La secuencia comenzó el martes 4 de noviembre, cuando Bullrich se reunió con el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, integrantes del Consejo de Administración y representantes de distintas regiones del país. El encuentro se desarrolló en el marco de la reunión mensual de preconsejo de la entidad y tuvo una agenda que excedió ampliamente la cuestión financiera: infraestructura, costos operativos, emergencias climáticas, economías regionales, retenciones, biocombustibles, semillas, INTA y Senasa formaron parte de los planteos.
Dos días después, el viernes 6, Javier Milei visitó el predio de Palermo para participar de la reunión de fin de año de directores y delegados de la Sociedad Rural Argentina, acompañado por Luis Caputo y otros integrantes del Gabinete. El Presidente aprovechó la ocasión para reivindicar al empresariado, defender el rumbo económico y ratificar su promesa de avanzar hacia la eliminación de las retenciones. La presencia presidencial tuvo una fuerte carga política: la Sociedad Rural, conducida por Nicolás Pino, mantiene un vínculo fluido con el Gobierno y se convirtió en uno de los interlocutores privilegiados del oficialismo dentro del sector agropecuario.
No fueron encuentros simultáneos, pero la cercanía temporal dejó una imagen difícil de ignorar. Mientras Milei buscaba consolidar su relación con una de las entidades rurales de mayor peso institucional, Bullrich construía una agenda propia con el cooperativismo agropecuario y recogía demandas que no siempre encuentran respuesta en los anuncios oficiales. La diferencia no implica una ruptura con el Gobierno, pero sí expone una dirigente que procura conservar iniciativa, interlocutores y una identidad política propia dentro de La Libertad Avanza.
La propia Coninagro presentó el encuentro en términos institucionales y destacó la receptividad de Bullrich. Su presidente, Lucas Magnano, habló del inicio de un canal de trabajo para trasladar las necesidades del sector al Congreso. Marcelo Federici, vicepresidente de la entidad, puso el acento en los problemas de las economías regionales, los pasos internacionales, los costos productivos y la necesidad de preservar instituciones como la Corporación Vitivinícola Argentina y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. No se trató, por lo tanto, de una reunión protocolar vacía: hubo una agenda concreta de reclamos que ahora deberá traducirse en respuestas legislativas y políticas.
El crédito: el punto débil que Bullrich le señaló a Caputo
La declaración de la senadora golpea uno de los argumentos centrales del programa económico. El Gobierno sostiene que la reducción de la inflación, el orden fiscal y la normalización financiera permitirán recuperar el crédito y reactivar la inversión privada. Sin embargo, para una empresa que necesita financiar mercadería, pagar salarios, comprar insumos o sostener una campaña agrícola, la estabilidad macroeconómica no alcanza si el préstamo disponible tiene una tasa que vuelve inviable la operación.
Bullrich describió precisamente esa contradicción. Según su diagnóstico, durante el comienzo del año pasado existía una mayor disponibilidad de financiamiento y los bancos prestaban a tasas que permitían sostener la actividad. Esa situación se deterioró y el crédito dejó de ser una herramienta accesible para muchas empresas. Su advertencia fue más allá de una queja sectorial: recordó que toda compañía necesita capital de trabajo y que el financiamiento no puede estar pensado únicamente para impulsar determinados consumos, sino también para sostener a quienes producen.
El planteo tiene un destinatario evidente. En agosto, Caputo había anunciado una flexibilización parcial de los préstamos en dólares para empresas, con el objetivo de ampliar el financiamiento destinado a inversiones y actividades como la construcción y la industria automotriz. La medida permitió ampliar los destinos admitidos para esos préstamos, aunque mantuvo restricciones prudenciales y excluyó a las personas humanas. El ministro presentó la decisión como una forma de canalizar los dólares depositados en los bancos hacia la inversión privada. Bullrich, sin cuestionar explícitamente esa herramienta, puso sobre la mesa una pregunta que el anuncio no termina de responder: ¿qué pasa con el resto de las empresas que necesitan crédito en pesos para sostener su funcionamiento cotidiano?
La distancia entre los anuncios y las posibilidades reales de financiamiento aparece también en los relevamientos técnicos. La Bolsa de Comercio de Rosario analizó las alternativas disponibles para la campaña agrícola 2026/27 y encontró un abanico de tasas muy amplio. En el financiamiento en pesos, los costos variaban según el instrumento, las garantías y los plazos, con numerosas alternativas ubicadas en niveles que podían representar una carga considerable para el productor. En dólares, las tasas relevadas oscilaban entre el 5% y el 13% anual. La diferencia entre ambas monedas es importante, pero también revela que el acceso al financiamiento depende de la capacidad de cada productor para conseguir garantías, disponer de ingresos en moneda extranjera o cumplir con las condiciones exigidas por las entidades financieras.
El dato más incómodo aparece cuando se observa el comportamiento general del crédito. El Banco Central informó que durante septiembre el financiamiento en pesos al sector privado se contrajo en términos reales, mientras que los préstamos en moneda extranjera continuaron creciendo. El organismo también había registrado en julio una caída real del 0,9% en el crédito en pesos y una reducción del 1% en el financiamiento total al sector privado. Es decir, el sistema financiero no dejó de prestar, pero el crecimiento de los préstamos en dólares convive con dificultades en el financiamiento en moneda local, justamente el que necesitan numerosas pymes y empresas que producen y venden dentro del mercado argentino.
El diagnóstico de ABAPPRA, la Asociación de Bancos Públicos y Privados, agrega otro elemento. Su informe de octubre sobre crédito PyME indicó que en agosto el financiamiento total a ese segmento cayó un 0,3% en términos reales respecto de julio, luego de tres meses consecutivos de crecimiento. Aunque el stock acumuló una suba del 2% entre enero y agosto, la cartera en situación irregular alcanzó el 6,9% del valor total del crédito y comprendió al 10,4% de las empresas. El dato muestra una doble dificultad: el financiamiento no crece de manera sostenida y, al mismo tiempo, una proporción creciente de empresas tiene problemas para cumplir con sus obligaciones.
La discusión, entonces, no se resuelve con afirmar que los bancos tienen liquidez o que aumentaron los depósitos en dólares. El interrogante es cómo se transforma ese ahorro en crédito productivo, quién puede acceder y cuánto cuesta. Si el financiamiento termina concentrado en empresas grandes, operaciones dolarizadas o sectores con mejores garantías, una parte importante del entramado productivo seguirá dependiendo de recursos propios, proveedores o instrumentos de corto plazo. Y para las empresas más pequeñas, ese esquema puede significar postergar inversiones, reducir actividad o directamente resignarse a no tomar crédito.
La macroeconomía no llega igual a todos
El Gobierno suele presentar la expansión del crédito en dólares como una señal de recuperación de la intermediación financiera. En agosto, Caputo destacó que los depósitos privados en moneda extranjera habían crecido desde diciembre de 2023 y que también habían aumentado los préstamos en dólares. La flexibilización normativa buscó ampliar todavía más esa capacidad de financiamiento, sin modificar las restricciones que el Banco Central mantiene para proteger la estabilidad del sistema.
Pero esa explicación tiene un límite: una economía no se financia únicamente con dólares depositados en los bancos. Las pymes, cooperativas, comercios y productores que necesitan capital para cubrir gastos corrientes operan mayoritariamente en pesos y no siempre tienen ingresos en moneda extranjera que les permitan asumir una deuda dolarizada. El crédito en dólares puede ser una herramienta valiosa para exportadores o empresas con ingresos vinculados a esa moneda; para otros sectores, puede convertirse en un riesgo adicional.
La crítica de Bullrich pone el foco en esa diferencia. No cuestiona el orden fiscal como objetivo ni propone regresar a los mecanismos de financiamiento que alimentaron desequilibrios en el pasado. Lo que plantea es que la política económica debe producir condiciones para que las empresas puedan financiarse a costos razonables. La estabilidad, si no se traduce en actividad, inversión y empleo, corre el riesgo de convertirse en un resultado que se celebra desde los despachos oficiales mientras buena parte del sector productivo sigue haciendo cuentas para llegar a fin de mes.
En el campo, esa tensión es especialmente visible. La campaña agrícola exige inversiones importantes antes de que llegue el momento de comercializar la cosecha. Semillas, fertilizantes, combustible, maquinaria, arrendamientos y logística deben financiarse con anticipación, muchas veces en un contexto de márgenes ajustados y exposición a contingencias climáticas. La tasa de interés no es un dato técnico para una planilla de economistas: puede definir si un productor siembra, reduce superficie, vende anticipadamente o se endeuda en condiciones que comprometen la próxima campaña.
A esto se agregan los reclamos por infraestructura, costos operativos y presión impositiva. En las economías regionales, donde las distancias, los pasos fronterizos y la logística tienen un impacto directo sobre la competitividad, la falta de inversiones públicas puede terminar encareciendo todavía más la producción. Por eso, la agenda que Coninagro llevó a Bullrich también incluyó el funcionamiento del INTA y el Senasa, la ley de semillas, los biocombustibles y el certificado PyME para cooperativas. El campo no está reclamando solamente una tasa más baja: está reclamando condiciones para producir y competir.
Milei y Caputo prometen el fin de las retenciones, pero con una condición política
La visita presidencial a la Sociedad Rural estuvo marcada por una promesa que el Gobierno viene repitiendo: la eliminación de las retenciones en el largo plazo. Milei afirmó que el campo fue uno de los sectores más castigados por las políticas económicas anteriores y defendió las reducciones impositivas aplicadas durante su administración. También sostuvo que el equilibrio fiscal no será negociado y que su programa contempla una devolución de recursos al sector privado a medida que avance el crecimiento económico.
Caputo fue todavía más explícito ante los dirigentes rurales. El ministro prometió que, si Milei obtiene un segundo mandato, el Gobierno terminará de eliminar los derechos de exportación. Al mismo tiempo, atribuyó la suba del riesgo país —que había llegado a los 925 puntos básicos— al temor de los inversores frente a un eventual cambio de signo político en 2027. La promesa tiene una lectura económica, pero también electoral: la eliminación total de las retenciones quedó vinculada a la continuidad del proyecto libertario.
El mensaje contrasta con las urgencias que planteó Coninagro. Para el productor que debe financiar la próxima campaña, una reducción impositiva futura no resuelve el costo del crédito que enfrenta hoy. Para una cooperativa que necesita capital de trabajo, la promesa de un segundo mandato tampoco reemplaza la aprobación de herramientas legislativas pendientes. Y para las economías regionales, la competitividad no depende solamente de los derechos de exportación, sino también de rutas, infraestructura, logística, financiamiento y reglas estables.
Milei volvió a recibir el respaldo de la conducción de la Sociedad Rural, pero el encuentro no borró los problemas que atraviesan distintos segmentos de la producción. La relación entre el Gobierno y las entidades rurales no es uniforme: las necesidades de los grandes productores, las cooperativas y las economías regionales no siempre coinciden, y la agenda que Bullrich abrió con Coninagro permitió que esas diferencias llegaran directamente al Senado.
Bullrich mira más allá de la Casa Rosada
La reunión con Coninagro no aparece aislada de otros movimientos políticos de la senadora. Días antes, Bullrich había convocado a dirigentes de su confianza para analizar el escenario económico, el desgaste social y las dificultades que enfrenta el oficialismo para sostener sus expectativas electorales hacia 2027. Según reconstruyó Infobae, en ese encuentro hubo cuestionamientos al funcionamiento de la mesa política que conduce Karina Milei y advertencias sobre la necesidad de preservar una autonomía relativa dentro del espacio libertario.
No se trata de una ruptura declarada ni de una construcción opositora. Bullrich continúa siendo una de las principales figuras del oficialismo y conduce el bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Pero sus movimientos muestran que busca mantener una estructura política propia, interlocución con sectores empresarios y productivos y capacidad para instalar temas que no necesariamente ocupan el centro de la agenda presidencial. En un espacio donde el poder de decisión se concentra fuertemente alrededor de Javier y Karina Milei, esa autonomía puede convertirse en un activo, pero también en una fuente de tensión.
En ese contexto apareció la sugestiva referencia a Santiago Peña, el presidente de Paraguay. Juan Pablo Arenaza, uno de los dirigentes más cercanos a Bullrich, lanzó una comparación que llamó la atención: recordó que Peña había tenido, según mencionó, un 62% de imagen positiva la semana anterior y que ahora enfrentaba un pedido de juicio político. La frase apuntaba a la velocidad con la que puede cambiar el escenario político y a la fragilidad de los respaldos que parecen consolidados.
La referencia adquirió una dimensión todavía mayor en cuestión de horas. La crisis financiera de Ueno Bank, las denuncias sobre el manejo de fondos y los cuestionamientos a los vínculos entre el poder político y la entidad bancaria precipitaron la crisis paraguaya. El Senado terminó destituyendo a Peña el viernes 6 de noviembre y Pedro Alliana asumió la Presidencia. La comparación de Arenaza no prueba que Bullrich esté anticipando un conflicto terminal con Milei, pero sí funciona como una advertencia sobre la velocidad con que pueden desmoronarse los escenarios de fortaleza política cuando la economía y las instituciones dejan de ofrecer respuestas.
La contradicción que el oficialismo ya no puede esquivar
El episodio deja una paradoja para el Gobierno. Milei y Caputo buscan mostrar al campo como uno de los grandes beneficiarios del cambio económico, prometen terminar con las retenciones y reivindican la inversión privada como motor del crecimiento. Pero una dirigente central del propio oficialismo salió a escuchar a los productores y volvió con un diagnóstico que golpea directamente la capacidad del programa para llegar a la economía real: el crédito se encareció, las empresas dejaron de financiarse y el capital de trabajo sigue siendo una necesidad sin respuesta suficiente.
Bullrich no necesita romper con Milei para incomodar a Caputo. Le alcanza con repetir lo que le dijeron los representantes del sector productivo y poner en palabras una dificultad que las estadísticas también registran: el financiamiento en pesos pierde terreno, las tasas siguen siendo una barrera y el crédito PyME muestra señales de deterioro. El problema no es solamente financiero. Es político, porque obliga al Gobierno a explicar por qué una economía que presume estabilidad todavía no consigue ofrecer condiciones de financiamiento accesibles para una parte importante de quienes producen.
La pregunta que queda planteada es mucho más concreta que cualquier disputa interna: ¿de qué sirve prometer una Argentina productiva si las empresas no pueden financiar el capital necesario para trabajar? El Gobierno puede celebrar los indicadores macroeconómicos, anunciar nuevas líneas de crédito y prometer retenciones cero para un eventual segundo mandato. Pero mientras la tasa siga funcionando como una barrera, el crecimiento seguirá siendo una promesa que muchos productores y empresarios todavía no pueden llevar a sus propias cuentas.
